Con 109 votos a favor, la derogatoria dejaría sin efecto las reformas laborales que se establecieron entre empleadores y trabajadores para mantener los puestos de trabajo a través de una flexibilización.

Además, se estableció una disposición general en el Código de Trabajo. Se dispone que todas aquellas personas contratadas bajo un contrato emergente y a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, hayan superado los 90 días del período de prueba, esos contratos tengan el carácter de indefinido.

Lo que si se mantiene de la Ley Humanitaria son las reformas a la ley del sector público. Se compensa a los trabajadores del sector médico que laboraron desde el inicio de la crisis sanitaria hasta julio del 2021. En caso de postularse a un concurso de méritos y oposición tendrán un 25% adicional a su puntaje final.

Además, se reformó el Código Monetario y Financiero en el cual se reprograma el pago de cuotas por obligaciones con entidades del Sistema Financiero y no Financiero. Siempre y cuando, hayan sido generadas desde el 16 de marzo de 2020 hasta diciembre de 2021.

Las reformas del Pleno deberán pasar al análisis del Ejecutivo, quien tiene un plazo de 30 días para emitir sus observaciones. Sin embargo, desde la Asamblea se adelantan a opinar que el Presidente, Guillermo Lasso, vetará la derogatoria.

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El documento expone que entre septiembre del 2019 y el mismo período del 2020, el empleo adecuado cayó 24 puntos porcentuales. Es decir, casi 800 mil personas perdieron los derechos laborales mínimos y la calidad de su empleo se deterioró.

El informe sostiene que no es cierto que el empresariado, con las ventajas inconstitucionales otorgadas por esta Ley, protegió el empleo formal. Señala que, al contrario, solo mermaron las condiciones laborales.

Otro efecto, fue la flexibilización de las condiciones para la terminación de contratos. Según el estudio, entre diciembre del 2019 y septiembre del 2020, casi 200 mil personas cayeron en el desempleo. Esto significó el incremento del 27% de la población desempleada.

De igual forma, entre diciembre del 2019 y septiembre del 2020, medio millón de personas entraron en el subempleo; que creció en 28% a nivel nacional, 42% en el área urbana y 4% en el área rural.

La investigación subraya que el aumento del subempleo no se correlaciona con la reducción del sector informal de la economía. Al contrario, la informalidad creció a la par del subempleo.

En conclusión, el informe sostiene que la calidad del trabajo se ha visto perjudicada por la Ley de Apoyo Humanitario. El incremento de personas en condiciones de precariedad laboral y desempleo es innegable.

También destaca que las mujeres son las más afectadas por la pérdida de empleos adecuados. Además, señala que se han visto forzadas a buscar trabajo, aún en condiciones de precariedad e informalidad, para compensar la caída de ingresos en sus hogares.

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Los jueces del Tribunal Primero de lo Penal de Cañar, Mirian Pulgarín, Diana Naula y René García, ratificaron que los derechos de los 15 galenos fueron vulnerados, en lo referente a lo laboral y su seguridad jurídica.

Asimismo, ordenaron al Ministerio de Salud que, en  90 días, convoque a un concurso de méritos y oposición, y declare ganadores a los profesionales.

La Defensoría sustentó la demanda en la Ley de Apoyo Humanitario. Esta señala que, para combatir la crisis del COVID-19, otorgará estabilidad laboral a los profesionales de la salud, que trabajaron durante pandemia con un contrato ocasional o un nombramiento provisional, en cualquier centro sanitario de la Red Pública.

Los 15 médicos laboraron desde abril del 2020, en el hospital Homero Castanier, atendiendo a pacientes con COVID-19.

La Defensoría, en Cañar, acompañará a los 15 profesionales, hasta que se cumpla la resolución judicial y les otorguen sus nombramientos.

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Quito 4 de ene (La Calle).- En el día mundial del Braille se refrescan las demandas de un sector importante como es el de las personas con discapacidad.

El Presidente de la Coordinadora Nacional de Discapacidades del Ecuador (COORDINADEEC), Alfonso Eliecer Morales, aseguró que el país carece de políticas públicas que beneficien a este sector social. En la pandemia por Covid-19, los ciudadanos están siendo desplazados del sistema sanitario, educativo y laboral.

«El problema de comunicación para las personas con discapacidad visual ya era grave antes del confinamiento y ahora es peor. El Estado no toma medidas específicas para implementar el código Braille. No hay un sistema de impresión ni pública ni privada para los textos. Hay deficiencia en políticas públicas que mejoren las condiciones de este sector», dijo.

El representante exigió que se contemplen cambios a la Ley Orgánica de Discapacidades para beneficiar a los ciudadanos. «El sistema de educación virtual es limitado. Las personas pobres con discapacidades son las más afectadas. Las operadoras ofrecen planes míseros. Para un niño con discapacidad que una telefónica otorgue de forma gratuita 50 minutos de saldo, no alcanza para nada. Esta situación influye en el desarrollo de las actividades educativas y laborales», señaló.

Despedidos en pandemia

Desde la emisión de la Ley de Apoyo Humanitario, al menos 60 ciudadanos con discapacidad en la provincia del Guayas fueron apartados del sistema laboral. «Nosotros realizamos planteamientos al Ministerio de trabajo para que las personas que perdieron su trabajo se reinserten a sus puestos, pero aún no nos escuchan», manifestó Victor León, presidente de la Asociación de personas con discapacidad en el Guayas.

De acuerdo con sus declaraciones, al menos 2500 personas con discapacidad fallecieron por Covid-19 debido a la falta de atención en los hospitales del Ecuador. Hasta el 2019, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) registró un total de 274.000 personas con discapacidad visual.

¿Qué es el código Braille?

El alfabeto Braille es un código de lecto-escritura sobre la base de seis puntos; tres a la izquierda y tres a la derecha. El creador de este sistema es Luis Braille, quien a los 15 años inventó este método para personas con discapacidad visual.

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Quito 15 de dic (La Calle).- A vísperas de que se venza el plazo máximo del pago del décimo tercer sueldo, el Gobierno se escuda en la figura de los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo establecida en la Ley de Apoyo Humanitario para violar la política salarial.

Como se conoce, la fecha máxima para el pago de este beneficio es el 24 de diciembre de este año.

«La capacidad adquisitiva de los trabajadores está por los suelos. Es evidente que la política pública es favorable al sector patronal y empresarial. Que no nos sorprenda que sigan tomando acciones de esta naturaleza. La única posibilidad aquí es la reacción social» señaló Eduardo Valdéz, presidente de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl).

El pasado 11 de diciembre, el Ministerio de Trabajo informó que la decimotercera remuneración podría pagarse en cuotas. De acuerdo a la Cartera de Estado es una opción que implica que el empleador y al trabajador lleguen a un acuerdo respecto a las condiciones económicas de la relación laboral.

El expresidente del Consejo Directivo del IESS Hugo Villacrés considera que el derecho del trabajador establece un acuerdo para postergar el pago, pero no para tramitarlo en cuotas. «Eso equivaldría a la violación del código de trabajo y los acuerdos internacionales. En el peor de los casos, el trabajador se enfrentaría al despido si no accede a este acuerdo», acotó.

Una evidente disminución de la liquidez

Villacrés afirmó que esta decisión equivale a la contracción económica del país. «Una parte de los ciudadanos accederán a medios de pago alternativos como tarjetas de crédito y otras, pero la otra mitad dejaría de consumir. Hay una afectación directa al consumo en los hogares», señaló.

El décimo tercer sueldo o bono navideño es un beneficio correspondiente a la 12ava parte de las remuneraciones que reciben los trabajadores hasta el 24 de diciembre de cada año.

Aquellos empleados que trabajaron por un tiempo inferior al año, comprendido desde 1 de diciembre hasta 30 de noviembre, tienen derecho a una parte proporcional al sueldo.

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«Los nuevos contratos que permiten la reducción de la jornada laboral en la Ley de Apoyo Humanitario se están realizando de manera retroactiva. Por ejemplo, el empleador puede firmar un nuevo contrato en octubre, pero lo hace correr desde el 22 de julio y eso es ilegal», explicó a Radio La Calle Pablo Iturralde, director del Centro de Derechos Económicos y Sociales–CDES.

La Ley establece que el traspaso, de un contrato de tiempo completo a otro de reducción de jornada laboral, debe correr de forma posterior al registro. Esta reducción se puede aplicar hasta por un año, renovable por el mismo periodo, por una sola vez.

Sin embargo, datos del Ministerio de Trabajo revelan que 5.888 empresas
dejaron de pagar a sus trabajadores entre USD 18 y USD 25
millones de dólares.

Caso Explocen

Uno de los ejemplos latentes es el caso Explocen. El Gerente General de la empresa, con el respaldo del ISSFA, rebajó la jornada laboral y en consecuencia las remuneraciones de la mayoría de trabajadores. El Gerente perjudicó a 72 trabajadores, con un total de 1.977 días que no fueron remunerados completamente.

La Fiscalía de Cotopaxi solicitó la comparecencia de los miembros directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). Los comparecientes, incluido el Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, deberán responder sobre actuaciones de la empresa EXPLOCEN contra sus trabajadores.

Entre las empresas que afectaron a los trabajadores están nombres reconocidos como: Grupo El Comercio, Universidad de las Américas, Avianca, Dilipa, Deli Internacional y KFC.

Iturralde asegura que la responsabilidad recae sobre el Ministerio de Trabajo. «Tiene la obligación de revisar que los contratos sean legales y que respeten los derechos de los trabajadores».

El CDES en conjunto con el Frente Acción Jurídica Popular evaluarán la situación para tomar acciones con las organizaciones de trabajadores.

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En su programa «De Frente con el presidente» y acompañado del ministro de Trabajo, Andrés Isch, Moreno dijo que «si no fuera por la Ley Humanitaria, el escenario hubiese sido desastroso. La Ley permitía hacer acuerdo entre empresarios y empleados, arrendadores y arrendatarios. En el primer caso permitió el 6.7% de aumento del empleo y el 11% del paso de la informalidad a la formalidad», expresó.

Denuncias resueltas

Isch añadió que existen 40.000 denuncias que fueron resueltas por el Ministerio de Trabajo por desvinculaciones durante la pandemia y que no existen denuncias sobre los acuerdos entre los empleadores. No obstante y por mencionar un ejemplo, los trabajadores de Explocen se mantienen en huelga por el despido de los empleados de la compañía y el Ministerio de Trabajo no ha intervenido de manera definitiva para subsanar el problema.

El Ministro agregó que 75.000 empleos se salvaron, 260.000 empleos formales se crearon y 5.000 empresas realizaron acuerdos de preservación de empleos. Todo, igualmente, bajo el efecto de la Ley Humanitaria.

Posgradistas, desemparados y sin respuesta

Horas antes del programa del Mandatario, los médicos posgradistas realizaron una protesta pacífica en contra del Reglamento de La Ley Humanitaria.

El documento, expedido por Moreno, indica en el artículo 40 sobre el concurso de méritos y oposición en relación a los profesionales de la salud. El mismo indica que el puntaje se basará en requisitos previos a la contratación con la mediación del Ministerio de Trabajo.

“La Ley decreta la estabilidad laboral para todo el personal de salud que trabaja durante la pandemia. Lamentablemente, emitieron un reglamento que contradice la normativa afectando los derechos de los médicos. Es por eso que queremos que se derogue el reglamento 10 y 40. Únicamente se toma en cuenta al personal médico que trabajó directamente con el paciente Covid-19, cuando hay todo un personal que está atrás de ello”, dijo la dirigente Ana Lucía Orozco a Radio La Calle.

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“La Ley decreta la estabilidad laboral para todo el personal de salud que trabaja durante la pandemia. Lamentablemente, emitieron un reglamento que contradice la normativa afectando los derechos de los médicos. Es por eso que queremos que se derogue el reglamento 10 y 40. Únicamente se toma en cuenta al personal médico que trabajó directamente con el paciente Covid-19, cuando hay todo un personal que está atrás de ello”, aclaró la profesional.

La doctora recordó que esperaron seis meses para establecer un consenso con el presidente de la república, Lenín Moreno. “El mandatario nunca nos llamó. Ellos consideran que no es necesario reformar el reglamento, pero para nosotros es imprescindible”, acotó.

Antes, héroes de mandil blanco y ¿ahora?

La asambleísta María José Carrión también se refirió a la desvinculación de alrededor de 1.000 profesionales de los centros hospitalarios. “Nos nombraron ‘Héroes de mandil blanco’, ahora somos desempleados. Rechazamos esa actitud del Gobierno y exigimos sensibilidad para que se vincule a aquellos que han sido separados. Esperamos que todos los compañeros tengan seguridad laboral”, recalcó.

La legisladora aseguró que las organizaciones se mantuvieron en conversaciones para proponer reformas a la Ley. Esta posibilidad no ha sido escuchada durante seis meses. “Nos movilizamos porque no hay voluntad política. No obtuvimos una respuesta oportuna. No queremos un diálogo de sordos. Si ellos no atienden nuestro llamado, plantearemos acciones judiciales”, indicó.

Las organizaciones del gremio de la salud convocaron una protesta este 30 de noviembre en el Arbolito a las 9 de la mañana. Desde este sitio se trasladarán al Ministerio de Trabajo. Ahí realizarán un plantón a fin de obtener respuestas del Gobierno. (GG).

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«La Ley Humanitaria contraría tanto el Pacto de San Salvador, como el Pacto Internacional DESC (arts. 6 y 7), que reconoce el derecho al trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias para los trabajadores». Así lo indicó en un tuit.

Aseguró que en momentos de crisis «el costo no lo deben asumir los trabajadores» y esto está comprendido en «la no regresividad de los derechos laborales».

«Contradice la obligación de los Estados de que ninguna norma interna puede menoscabar los derechos laborales. Por ello, solicité ser recibido en Audiencia Pública para exponer estos argumentos. Siempre promoveremos la Justicia Laboral», finalizó el economista, miembro del Obervatorio de la Dolarización.

Expertos analizan la Ley

A principios de mayo, cuando la Ley aún no se aprobaba, el economista Juan Pablo Jaramillo anunció que «hay problemas de constitucionalidad, una debilidad conceptual en la que no se está dando una real solución a los problemas que se dan producto de la pandemia. Lo cierto es que el proyecto que llegó y el proyecto que va al segundo debate ya no es el mismo».

Por otro lado, el abogado Felipe Gómez analizó el borrador original del Ejecutivo. «Es una ley donde cuidan al máximo el capital privado en desmedro de los derechos de la ciudadanía. Aún así hay temas en la ley como el asunto laboral que es un asunto que es increiblemente agresivo».

Para los asambleístas de la Revolución Ciudadana, Pabel Muñoz y Esther Cuesta, las alianzas del gobierno con sectores políticos de derecha se reflejaron en la votación y posterior aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario. Además su principal perjuicio es la precarización laboral y la vulneración a los derechos del trabajador.

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Varios legisladores criticaron que Moreno y sus acompañantes «jueguen con los derechos de la ciudadanía».

“El Gobierno nos está tomando el pelo. Cómo es posible que se corten los servicios básicos de las personas, cuando en la Ley claramente decía que el plazo se extiende hasta sesenta días después de haber terminado el Estado de Excepción”, fueron las palabras del asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión, durante la reunión.

Y en efecto, el artículo cinco de la Ley de Asistencia Humanitaria prohíbe a las empresas de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones cortar los servicios básicos hasta 60 días después de culminado el Estado de Excepción. Albornoz manifestó que el Gobierno ecuatoriano, en su reglamento, aplica la norma tomando como base la fecha de culminación del primero, que finalizó el 16 de junio.

El último Estado de Excepción se venció el pasado 14 de septiembre, es decir que los ciudadanos podrían gozar de su derecho a los servicios básicos hasta el 14 de noviembre de este año.

La salud también está en riesgo

Pero la tomadura de pelo por parte de Moreno no termina. La Salud nuevamente se ve afectada por el Gobierno. Homero Castanier, asambleísta de la Comisión, criticó que el reglamento de Lenín no otorgue los nombramientos definitivos a los servidores sanitarios que están en primera línea de combate contra el COVID-19, cuando la Ley de Asistencia Humanitaria obliga a hacerlo.

“El presidente de la República no vetó una coma de este artículo ( 25 de la Ley Humanitaria). Ahora, en el reglamento, restringe materias constitucionales.

Propone, además, «dar nombramientos considerando procesos técnicos y administrativos , cuando la ley claramente estipula que deben darse previos al concurso”, manifestó Castanier.

Varios miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo con Castanier y demandaron acciones urgentes. El asambleísta Fernando Burbano, del partido Juntos Podemos, pidió que el Gobierno corrija todas las contradicciones que el reglamento tiene respecto a la Ley. Rubén Bustamante, asambleísta de Alianza País, fue más drástico y solicitó que se anule todo el documento del Gobierno.

Conflictos con la Presidencia de la República

La Comisión de Desarrollo Económico solicitó la comparecencia de Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia de la República, para que explique las anomalías del reglamento expedido por el Gobierno.

Pesántez habría respondido a la Comisión que: «vayan a revisar el reglamento en la página web de la Presidencia».

“Si alguien no puede venir a la Asamblea y presenta una justificación, está bien. Pero que ella conteste de esta manera… debemos hacer constar el incumplimiento de su obligación legal de acudir a la Asamblea”, manifestó Fernando Callejas, asambleísta de CREO. El legislador no descartó la posibilidad de proponer un juicio político en contra de Pesántez. (DR).

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Sin embargo, hasta el momento ni Moreno ni el Legislativo con César Litado como representante se han pronunciado sobre la demanda de inconstitucionalidad a dicha Ley. De manera que el pasado 4 de octubre, los demandantes presentaron un escrito solicitando a la CC informa si hay respuesta del Estado. En caso de no existir, se debe resolver a favor y desechar la ley.

“Lo normal es que la Corte Constitucional nos dé la razón. Ya que si la contraparte, en este caso si la Asamblea Nacional y el Ejecutivo no se han pronunciado con respecto a nuestro pedido. Existe una institución jurídica que se llama aquiescencia. Bajo esa institución que se reconoce en la constitución, la CC debería automáticamente darnos la razón. Esto quiere decir dejar sin efecto la Ley de Apoyo Humanitario”, indicó Fernando Castillo, uno de los demandantes a Radio La Calle.

Otras demandas

Esta no es la única demanda que recibió este articulado. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentó el pasado 26 de junio una demanda contra la Ley de Apoyo Humanitario  a la Corte Constitucional.

“Solicito a los señores jueces que en sentencia declaren la inconstitucionalidad de los artículos 16,17,18,19,20,21 (…) de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Los efectos económicos y sociales [de la Ley] tendrán un impacto de consecuencias inéditas para la sociedad ecuatoriana”, señala parte del documento.

Los artículos en cuestión refieren a las medidas a apoyar la sostenibilidad del empleo que hablan de los «mutuos acuerdos» entre empleados y empleadores, la reducción de la jornada del trabajo y las vacaciones.

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Zúñiga informó a los más de posgradistas que esperaban información del acuerdo, después de una marcha de casi 600 especialistas por el centro de la ciudad y que se detuvo ante Carondelet.

 “Hoy le devolvemos dignidad a los posgradistas, todos los acuerdos del martes pasado se van a respetar.  Los contratos se firmarán a partir de octubre”, manifestó frente a la multitud. Al unísono se agitaron banderas del Ecuador y retumbaron vuvuzelas.

“Quedan pocas cosas por definir en los próximos días, lo importante es que ustedes serán reconocidos como trabajadores con todos sus derechos, seguridad social y otros beneficios”, sostuvo Zúñiga.

Gustavo Jaramillo, anestesiólogo y vocal de la asociación de médicos posgradistas, ratificó los términos del acuerdo y  que dentro de los puntos se encuentra el pago desde julio de 2020 de sus salarios, tal como lo determina la Ley Humanitaria. El Estado desembolsará, según Jaramillo, alrededor de cinco millones de dólares en beneficio de 3500 posgradistas.

Pagar deudas, primera tarea

Juan Cajamarco, también anestesiólogo, al fin podrá ponerse al día en su arriendo. “Mi familia es de Cuenca, mi manutención corre por mi cuenta, el transporte, la comida. Estos recursos son vitales para mí”, sostuvo. De su parte la becaria Lizeth Celi Tobar, sostuvo que cuando reciba su sueldo  repondrá al menos parte del material para la emergencia sanitaria, que compró durante la pandemia. “Es demasiado duro no tener insumos y encima de todos nos reprimieron, es un vergüenza”. De esta forma se cierra las jornadas de protesta de los mandiles blancos por la capital.

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“El 15 de septiembre vamos a iniciar una paralización indefinida de actividades. 3.505 médicos posgradistas del país van a abandonar sus puestos de trabajo porque las autoridades han decidido no cumplir una ley. Hay una ley que entró en vigencia el 23 de junio que dice que tienen un plazo no mayor a 30 días para hacernos firmar contratos de servicios ocasionales durante lo que dure el posgrado”, indicó Pablo Arévalo, secretario de la Asociación.

Arévalo también criticó la falta de participación del Estado, que llevó a tomar esa decisión. “Hemos sido pacientes, hemo sido comprensivos. Tratamos de dialogar, de participar en las mesas de trabajo para llevar esto de mejor manera. Pero la indolencia de las autoridades, la falta de institucionalidad nos ha dejado con más dudas que certezas. Suplicamos a la ciudadanía que entiendan que no podemos seguir así”, concluyó.

Ley de Apoyo Humanitario propone que los médicos posgradistas pueden acceder a una remuneración mediante una firma de contrato ocasional con el MSP o EL IESS. Los galenos son parte del personal de primera línea por la pandemia. Sin embargo, esta promesa todavía no se cumple.

Esta mañana, la ministra de Gobierno, María Paula Romo los invitó a reunirse en el edificio de esa cartera de Estado en Quito.

Pagos con retraso

El pasado 22 de agosto, el Ministerio de Finanzas se puso al día con los pagos de los posgradistas después de una mora de dos meses.

“Entre julio y agosto de este año, (Finanzas) ha pagado más de USD 5 millones a los becarios posgradistas del Ministerio de Salud Pública, poniéndose al día con las transferencias a este sector”, aseguró la cartera de Estado en un comunicado.

A mediados de agosto, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional le preguntó al ministro Juan Carlos Zevallos “¿Para cuándo van a estar al día con los sueldos de los servidores de la salud?”. La respuesta del Ministro fue “No sabría decirle una fecha exacta”.

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