«Hay banqueros que vinieron a seguir juicio al Estado por el famoso vuelto. Ya está en el presupuesto del Estado. En la mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización hay una artículo donde dice que si le ganan al Estado, éste tiene que pagar del presupuesto general del Estado. Está en el Plan Nacional de inversiones y esto no es una inversión», explicó a Radio La Calle.

Los hermanos Isaías se vieron beneficiados por un tribunal del Guayas que ratificó la devolución de los bienes incautados. Los hermanos mantienen la demanda por USD 2 mil millones al Estado ecuatoriano.

Además, los laudos o deudas en contra de Ecuador también saldrán del presupuesto estatal. «Me ha sorprendido que hayan puesto en inversión algo que le llaman programa de preservación de capital y son recursos que van a permitir atender la amortización y costo de obligaciones firmes del Estado (deuda), cumplimiento de sentencias o laudos, cobertura de gastos relacionados a los procedimientos arbitrales y cumplimiento de sentencias «.

Sobre la deuda pública

«La deuda pública ha crecido en los últimos años, pero ya no para incrementar la inversión pública y cada vez es más importante la participación de los multilaterales y los tenedores de bonos», resaltó la experta.

«En el caso de Ecuador, en la auditoría de la deuda, se conoció que muchos de ellos eran banqueros. Los acreedores de la deuda pública están dentro del país. (…) La deuda crece en medida de que no existe crecimiento económico y esta es una condición gravísima». La experta agregó que después de la recesión económica por la COVID-19 ni el gobierno de Moreno ni el de Lasso se han preocupado por una activación real de la economía, la poca reactivación se dio por factores externos como el aumento del precio del petróleo y las exportaciones.

Presupuesto y proforma presupuestaria

«En la Ley de Reordenamiento de las finanzas públicas hay un artículo en el que los excedentes del precio del petróleo que sobrepasen lo presupuesto en la proforma aprobada por la Asamblea tiene que ir a un fondo, es decir que no se lo puede utilizar, eso habría que cambiar».

Además de ese cambio, los ministros de Economía deben entregar el presupuesto a los ministerios. «Han utilizado poquísimo del presupuesto. El Ministerio de Energía utilizó solo el 5%, el de Vivienda solamente el 7% de vivienda para todos pasamos a vivienda para nadie».

Se ha obtenido un superávit fiscal, los ingresos superaron a los egresos. «Tienen el dinero guardado que incluso los Policía no tienen chalecos antibalas y deben comprárselos de su propio bolsillo. Los patrulleros están dañados ¿Por qué? Por la austeridad, un acto bárbaro y criminal contra la población ecuatoriana. Un austericidio».

Pago de impuestos

«El Gobierno se queja del déficit fiscal, entonces debe cobrar los impuestos. Lasso dijo que iba a luchar contra la evasión fiscal. La CEPAL estima que Ecuador pierde alrededor del 7% del PIB en evasión fiscal. Esto es sobre los USD 7.000 millones. Desde el gobierno anterior imperan las excenciones tributarias. Para unos, grandes facilidades», explicó la economista.

En la Ley tributaria se aplican beneficios a los morosos al fisco. «La ley tributaria se volvieron a incluir condonación de intereses, multas y recargos a deudores que pagan sus impuestos en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y que, en consecuencia, se benefician utilizando los recursos que deberían ser del SRI».

Hasta julio del 2022, los 500 deudores en firme del SRI sumaban USD 1.892 millones. Las deudas impugnadas suman USD 882 millones. Entre los dos suman USD 3.800 millones. Salgado afirmó que Lasso «Gasto del personal en obras públicas es parte de la inversión, pero el pago a personal de salud educación o seguridad son gastos corrientes, no inversión». (MIB)

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«En este momento ya una parte de la ley se encuentra vigente, otra se encuentra en régimen de transición, específicamente la creación de las Juntas y la autonomía del Banco Central del Ecuador. Por eso pedimos la suspensión de la vigencia de la ley, por las afectaciones a la seguridad jurídica, que en un caso ya está cometiendo; y, en otro, están por cometerse, configurándose amenazas al derecho ya mencionado. Hoy por hoy, el derecho a la seguridad jurídica implica incluso ser beneficiarios de una seguridad jurídica financiera que, garantizada desde el Estado, promueva al cumplimiento del buen vivir», explicó Toro a Radio La Calle.

Efectos de la Ley

De acuerdo con Miranda, la ley tiene varios efectos económicos, pero los que más destacan son:

– El Banco Central del Ecuador tendría control sobre los ingresos de dinero por deuda pública externa; y, además, tiene prohibido el financiamiento de cuotas sociales como bonos, lo que implicaría que el presupuesto del Estado para gasto en bienestar social, entra en una situación de incertidumbre y afecta a las personas que necesitan de esto.

– Se pone un límite al Estado para que no pueda disponer de recursos propios, extendiéndose a que no puede financiar a los diferentes sectores que son parte de lo público.

– Esta ley evade que los organismos de control constitucionalmente reconocidos auditen al Banco Central del Ecuador, sino que serán firmas auditoras con calificación internacional.

– No hay que olvidar también que esta ley es muy imprecisa en el tratamiento de la deuda de la banca privada. Tal como está redactada la ley, se abre la puerta a que el Estado las estatice haciéndolas pasivos del Banco Central y convirtiendo al Estado en garante

Demanda de inconstitucional

De acuerdo con Toro se detallaron «específicamente, 28 inconstitucionalidades en 26 artículos de la norma».

Si la Corte Constitucional evalúa favorablemente la demanda, ésta se admite a trámite y comparecen las personas interesadas a través del amicus curiae. » De igual manera, tanto los amicus, como nosotros, los demandantes tendremos que comparecer a audiencia», explicó.

¿Y si aceptan la demanda?

«La ley será declarada inconstitucional y expulsada de nuestro ordenamiento jurídico. Volverían a estar vigentes los artículos del Código Monetario y Financiero tal cual antes de la reforma de esta ley demandada», dijo el jurista.

Además de la inconstitucionalidad, los derechos también corren riesgo.» El derecho constitucional a la seguridad jurídica está siendo vulnerado. Y tambien, que se le dé un tratamiento prioritario por ser un tema de trascendencia nacional», agregó.

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“Estamos esperando que se publique en el Registro Oficial porque el Presidente de la República ya ha remitido la información. Una vez se publique haremos el análisis institucional y económica”.

En esta entrevista, el economista Pablo Dávalos revela algunos detalles de la mencionada demanda.

¿Cuál es el sustento de la demanda que presentarán?

Un eje rector es la Independencia del Banco Central. La reforma del artículo 26 de la ley aprobada, establece la independencia de este organismo, lo que entra en contradicción del numeral 5 del artículo 261 de la Constitución y del 303.

La Ley pretende que se entienda al Banco Central como parte de la Función Ejecutiva, esa interpretación la vamos a solicitar la haga directamente la Corte Constitucional.

Adicional, la Ley aprobada no respeta el espíritu de la Constitución, pues rompe “el paralelismo de las formas” que debe tener todo cuerpo legal, por ende, no es eficaz en términos jurídicos, lo que choca con el 424 de la Constitución, artículo que establece que todas las leyes deben tener eficacia jurídica.

¿En definitiva en contra de cuántos artículos se va esta ley?

14 artículos.

¡14!

Sí, solo la reforma del artículo 26, (Banco Central) entra en contradicción del 4, el numeral 5 del 261, el 303, el 424 y 82.

La regla de respaldo a los pasivos privados entra en contradicción del artículo 308, que establece la regulación al sistema financiero privado. La eliminación del artículo 459 violenta el artículo 311 de la Constitución sobre la Economía Popular y Solidaria, quebranta su carácter participativo y la presencia de la Contraloría para ejercer controles. Son demasiadas contradicciones.

¿Tantos puntos en clara contradicción que trasluce este hecho economista Pablo Dávalos?

El problema es el ambiente de incertidumbre que genera la Ley. Además, vamos a demandar medidas cautelares para que el Legislativo no integre la famosa junta, hasta que la Corte Constitucional emita su decisión.

¿Cómo evaluaría la acción del Legislativo?

He sido participe de algunas sesiones en el Pleno y en la Comisión de Régimen Económico, así como en varios talleres de Pachakutik. La verdad llama mucho la atención la actitud de los asambleístas de esta tienda política. Entiendo yo, se estaría pensando en su desafiliación. De la Izquierda Democrática no me extraña, siempre le han dado piso político a Moreno.

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«En el fondo y forma la ley viola la Constitución y no le entrega autonomía al Banco Central, sino que lo vuelve un instrumento como fue en los años 90», explicó el exministro a Radio La Calle.

Agregó que «esa normativa permitió los créditos entre accionistas que se vería reflejado en el feriado bancario del año 1999. No van a bajar las tasas de interés. Ya tuvimos una ley así y eso no pasó».

«Este proyecto no es nuevo. Es el intento nuevo de Moreno y un viejo anhelo de la banca para el control del sistema financiero. Quisieran hechar abajo el artículo de la Constitución que indica que el Banco Central responde al Ejecutivo», expresó el exministro.

Junta Monetaria

El exfuncionario criticó las confirmaciones de las Juntas en el proyecto de Ley. «Si es tan importante la conformación de las Juntas porque hay tres funcionarios a tiempo parcial para seguir haciendo cualquier cosa para beneficiar al sector privado y no tener una verdadera Ley Financiera».

Nuevo gobierno

«Estoy seguro que está allanado el camino para aprobar la Ley. Lasso fue muy claro que está en la línea de privatización de los activos del Estado, el achicamiento del gasto público. El no lo escondió», expresó Borja.

Para el exministro, el nuevo gobierno debe tener prioridades. «Un objetivo básico de la ciudadanía es el acceso a la salud, educación, tener puestos de trabajo ¿Son esos los objetivos del nuevo Gobierno? Es lo que tenemos que ver. Los recursos deben aprovecharse en esos objetivos».

«El Ecuador es un país muy sufrido. La ciudadanía está muy golpeada. Se agravó con la pandemia, pero antes ya se recibieron golpes. Ojalá el gobierno de Lasso puedan retener y traer inversión, generar empleo», sentenció.

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«Las Superintendencia de Bancos se convirtió en una institución de vigilancia de las cooperativas de ahorro y crédito. Con la Ley se eliminarían el 90% de las cooperativas. Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), las cooperativas le hacen la competencia a los bancos. En 2008, representaban el 9% de la cartera financiera, ahora representan el 30%», dijo a Radio La Calle.

La eliminación de las cooperativas, a juicio del experto, sería la consecuencia de los requisitos que propone la ley y que el sistema cooperativo no podría cumplir.

El FMI redactó la Ley

Dávalos también indicó que el proyecto de Ley estaba en la agenda del FMI. «Los abogados del FMI redactaron las leyes. No tienen la más remota idea del sistema jurídico – financiero y la Constitución. Más que un proyecto de ‘defensa de la dolarización’ es una reforma parcial a la Constitución porque la Carta Magna prohíbe la independencia del Banco Central del Ecuador».

Poder de la Banca

«En 1998, el Congreso recibió la propuesta de la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), votada por los social cristianos. Si se hubiera alertado a la ciudadanía lo peligroso de esa acción, se habría evitado el feriado bancario», expresó Dávalos.

En ese año, los bancos aprovecharon las reservas, lo que llevó al congelamiento de los fondos en 1999. «En este proyecto de ley, el Banco Central debe respaldar los pasivos del sistema financiero con reservas que son recursos públicos. Eso ya sucedió», alertó el especialista.

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