Quito,  3 mar (La Calle).- Los últimos altercados ocurridos en la Asamblea Nacional dejaron ver que la presidenta del organismo Guadalupe Llori se ha quedado sin el apoyo y la aprobación de la mayoría legislativa. Para el analista político Mauro Andino, la apelación de la presidencia, podría consumarse y dar paso a la destitución.

“Una presidenta sin legitimidad y sin apoyo de los bloques parlamentarios es una presidenta caída”, dijo Andino en una entrevista en Radio La Calle. “Si ella tiene algo de conciencia y de sensibilidad con el país tiene que darse cuenta que si se inicia el proceso de destitución del cargo debe permitirlo”, dijo.

Asimismo, cuestionó sus pocas intervenciones en los medios de comunicación para dar respuesta a las situaciones engorrosas que ha dejado a su paso en la Asamblea. “No debemos tener una presidenta de la Asamblea, que únicamente haga comunicado leyendo en el teleprompter. Tiene que comparecer y argumentar”, insistió Andino.

“Yo no recuerdo un presidente de Asamblea tan precario”, dijo.

Argumentó que una causal de destitución es el incumplimiento de funciones y lo ejemplificó de una manera práctica. “Les aseguro que en la gaveta del escritorio debe haber un montón de solicitudes. Solo eso daría pie al incumplimiento de funciones, pues la presidenta está obligada a dar una respuesta rápida, en un plazo de 72 horas, a las inquietudes o solicitudes de los Asambleístas», mencionó.

Asimismo, recordó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), no se ha dado trámite a la calificación de proyectos de ley y tampoco se ha verificado los requisitos las solicitud de juicios políticos.

Andino afirmó que Llori está abusando de su autoridad para controlar la Asamblea como le plazca. Prueba de ello, sostuvo, fue la suspensión de la reunión del jueves en la que se pedía apelar su cargo.

Además, reprochó que se haya convocado el sábado de Carnaval, a las 10 de la noche, para que se reinstale una reunión que fue suspendida de manera ilegal. “No recuerdo que se haya hecho esto ni en las peores épocas del Congreso Nacional”, argumentó el sociólogo.

¿Sesiones de medianoche?

Andino explicó que se incorporó la opción de sesionar virtualmente, pero únicamente cuando haya motivos de fuerza mayor o caso fortuito. Señaló que hay un apartado en el que consta una frase que él considera demasiado ambigua: “cuando existan justificaciones que amparen aquello». Reiteró que Llori «estira las normas de forma absolutamente abusiva y arbitraria.

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El movimiento solicitó, este lunes, a la Corte Constitucional (CC) revisar la inconstitucional de la ley de Desarrollo Económico que pasó por el Ministerio de Ley, el 30 de octubre.

En los exteriores de la CC, los asambleístas y la dirigencia de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (CONAIE) indicaron que la normativa “permite legalizar capitales en paraísos fiscales. Además, abre las puertas a la privatización en el sector hidrocarburífero sobre la comercialización de combustibles, dejando al libre mercado el ajuste de precios. También establece que los tributos recaudados no se definirán como ingresos permanentes. De manera que esos rubros no se considerarán para garantizar la salud y la educación”.

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«No es hablar de igualdad ni equidad entre iguales cuando quien adquiere un patrimonio por herencia de miles, a diferencia de quien lo adquiere por millones. No podemos seguir metiendo la mano al bolsillo de la gran mayoría de ecuatorianos», dijo el asambleísta proponente, Peter Calo.

Apoyo de la CONAIE

“Respaldamos al bloque de asambleístas que están apegados a las decisiones de los movimientos populares. Invitamos al resto de asambleístas que acojan y escuchen al pueblo, a la clase media”, dijo el presidente de CONAIE, Leonidas Iza.

Añadió que “no es posible que el pago de estos tributos terminen en el abono de la deuda externa. No se está recuperando para salvaguardar los intereses de los trabajadores y la clase popular en este país”.

El pedido de acción pública deberá ser revisado por los miembros de la Corte Constitucional y no tiene una fecha límite para su trámite.

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Quito, 2 dic (La Calle).- Si existe voluntad política en la Asamblea Nacional, haría falta solo 60 días para derogar la Ley de Desarrollo Económico, que entró en vigencia por el ministerio de la Ley, aseguró la asambleísta de Pachakutik (PK), Patricia Sánchez, en entrevista con Radio La Calle. 

“De no tener un bloqueo político, el proceso no debería durar más allá de entre 45 y 60 días en los que el Pleno debería estar pronunciándose sobre la derogatoria”, dijo la legisladora. Asimismo, explicó que para lograr este proceso se necesita una mayoría simple, es decir 70 votos.

La Ley de Desarrollo Económico, conocida también como Reforma Tributaria, entró en vigencia por el ministerio de Ley desde el pasado 28 de noviembre, debido a que en la Asamblea no  fue aprobada ni negada.

Según Sánchez, el Proyecto de Ley Derogatoria presentado por PK el pasado martes debería entrar a la Comisión de Régimen Económico para su análisis. Esta propuesta consta de dos artículos que incluyen la derogatoria de la Reforma Tributaria y la reversión de los efectos que haya ocasionado su aplicación. La legisladora asegura que la propuesta se ampara en el artículo 140 de la Constitución, que faculta a la Asamblea a realizar este procedimiento. 

Relación con UNES

Sánchez afirmó que existe una actitud de apoyo entre de las bancadas, sobre todo con la de Unión por la Esperanza (UNES). “La Asamblea sabe que no tuvo la mejor actuación el día viernes y hay un sentimiento generalizado de que eso se quiere remediar”, aseguró.

En este sentido, al referirse a la votación del informe de minoría de UNES, en el que PK no votó a favor, defendió la postura del bloque porque «había un artículo que ampara la legalización de las empresas offshore».  

Consultada por un posible acercamiento con UNES, manifestó que a pesar de tener coincidencias coyunturales con PK, no establecerán acuerdos. Según ella, ese movimiento político defiende un proyecto de modernización del capitalismo.

Un tema relevante que marcará la jornada de este jueves en la Asamblea es la votación del informe de Pandora Papers en el que el presidente Lasso está involucrado. La asambleísta manifestó que la bancada de PK aprobará el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por su coiderario Fernando Cabascango. 

¿Qué dice la Ley?

El artículo 140 de la Constitución, en su parte pertinente dice:

Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto-ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución.

Mire aquí la entrevista completa:

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Para quienes no lo han leído este es el segmento correspondiente.

“La postura ha sido la reactivación de la economía del país, sin embargo, no se debe permitir la afectación de la mayoría del pueblo ecuatoriano con mayores impuestos.

Hoy se debate un proyecto del que dependerá el futuro económico, productivo y fiscal del país, Se debe perfeccionar, eliminando inconstitucionalidad, contradicción o afectación a los derechos del pueblo ecuatoriano.

Es claro que se necesita una reforma fiscal, tributaria, pero NO la que propone el Gobierno. El peso de la crisis no debe caer sobre el bolsillo de los ecuatorianos, sobre la clase media, el peso debe recaer sobre los grandes grupos económicos que evaden impuestos.

Según información del SRI, 140 grupos económicos que tuvieron ingresos por 32 millones de dólares apenas tributaron el 0,97 % de los ingresos porque evaden responsabilidades.

No se puede exigir tributos a quienes si cumplen con sus obligaciones.

SI bien las observaciones presentadas, no fueron acogidas, se presentará un informe de minoría con las observaciones planteadas

Observaciones:

No modificación en el Impuesto a la Renta para personas naturales.

Se respetarán los gastos de las personas en educación, salud, vivienda, vestimenta, etc. Como gastos deducibles de la renta.

Eliminación de las contribuciones temporales al patrimonio, por ser desiguales entre ciudadanos y empresas, además de ser antitécnicas.

Eliminación definitiva del antitécnico impuesto del 2% para los microempresarios.

Se INCORPORÁ UN ESQUEMA DE TRIBUTACIÓN MÍNIMA PARA LOS GRANDES GRUPOS ECONÓMICOS, que ellos, sí paguen el 2% de los ingresos gravables. Con esto recaudaremos $1.131 millones de dólares en los próximos 4 años, NO con MÁS IMPUESTOS, pero sí con una MENOR EVASIÓN Y ELUSIÓN.

Se incorporará además, un incentivo tributario por generación de empleo. Asimismo, se incorporará una disposición moratoria para la suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato e incremento de cánones de arrendamiento, toda vez que los efectos de la crisis tras la pandemia covid-19, aún no han podido ser superados, tal y como lo define el Proyecto de Ley del Ejecutivo.

ELIMINACIÓN DEL RÉGIMEN PARA LA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR (que fácilmente podría prestarse para un blanqueo de capitales).

Yo, y también las 46 curules más de mis compañeros legisladores de la Bancada de la Revolución Ciudadana, claramente le decimos NO AL CONFLICTO DE INTERESES ENTRE EJECUTIVO Y GRUPOS DE PODER, y le decimos NO A LAS GUARIDAS FISCALES.

Eliminación del régimen de transacción o remisión de tributos entre el SRI y los deudores, toda vez que abriría la puerta a la corrupción, sin una adecuada legislación.

No se realizarán reformas al Código Monetario y Financiero por no ser materia de esta Ley. Tampoco se realizarán reformas a Telecomunicaciones, debido a que en la misma Comisión de Desarrollo actualmente ya se encuentra en tratamiento otro paquete de reformas a este mismo cuerpo legal, cuyo procedimiento legislativo está avanzado”.

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