Según la organización, la normativa presentada como herramienta contra el crimen organizado podría convertirse en un mecanismo de «persecución política, financiera y social» que vulnera derechos fundamentales.

En un comunicado, la CONAIE denunció que la iniciativa otorga facultades «desproporcionadas» a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), permitiéndole congelar cuentas sin orden judicial previa y presumir culpabilidad sin pruebas, lo que violaría la presunción de inocencia y el debido proceso.

«Esta ley podría usarse para criminalizar la oposición y silenciar a quienes defendemos la vida y los territorios», sostuvo la confederación, señalando que afectaría especialmente a organizaciones indígenas, juntas de agua y colectivos que manejan fondos comunitarios.

¿Qué dice la ley?

El proyecto, dirigido a ONG, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, exige nuevos estándares de transparencia financiera, auditorías obligatorias y registro en el Sistema Unificado de Información (SUIOS) bajo amenaza de disolución. Además, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) tendría facultades para intervenir entidades, mientras que la UAFE podría inmovilizar fondos por ocho días sin autorización judicial —con validación posterior— e identificar a sus analistas mediante voz e imagen distorsionadas.

La CONAIE rechazó la iniciativa al considerarla parte de un patrón de «medidas autoritarias» que, bajo discursos de seguridad, limitan derechos. A esto sumó su preocupación por más de cinco mil despidos en el sector público, que calificó como un golpe a familias e instituciones. «La lucha contra el crimen no puede convertirse en persecución de los pueblos», afirmó el texto, exigiendo el archivo del proyecto y llamando a la comunidad internacional a mantenerse vigilante.

La entrada CONAIE alerta graves riesgos en la nueva ley de Noboa se publicó primero en La Calle.