La normativa, cuestionada en la Corte Constitucional por múltiples demandas, reforma al menos seis cuerpos legales, desde la Ley de Servicio Público hasta la Ley de Contratación Pública. Originalmente enfocada en compras estatales, la ley amplió su alcance durante su trámite legislativo. Dejando de lado la unidad materia, el proyecto de ley incorporó ajustes laborales que hoy generan rechazo en sectores de servidores públicos.

Evaluación y destituciones

El reglamento detalla que los funcionarios serán evaluados dos veces al año —frente a una anual anterior— con consecuencias escalonadas: quienes obtengan «insuficiente» en dos ocasiones consecutivas serán destituidos.

Si el servidor obtiene una calificación regular, puede ser evaluado nuevamente en tres meses y si tiene la misma puntuación o menos también será despedido del cargo. Solo las notas «excelentes» o «muy buenas» permitirán acceder a promociones o capacitaciones. Adicionalmente, se reduce el monto de indemnizaciones por despido.

Teletrabajo condicionado

Los empleados con evaluación inferior a «satisfactorio» podrán perder su modalidad de teletrabajo y retornarán a la presencialidad. Las instituciones deberán emitir normativas internas para aplicar este cambio. La decisión también podrá tomarse si el superior jerárquico determina que las funciones requieren asistencia física.

De igual manera, el decreto establece directrices para aplicar reformas en leyes como la de Contraloría, Movilidad Humana y Economía Popular, aunque el grueso de sus disposiciones se concentra en contratación pública.

La asambleísta opositora Gabriela Molina denunció que el gobierno busca «cesar a miles de servidores». Resaltó que la normativa paraliza iniciativas de estabilidad laboral, reflejando la tensión política que rodea a esta normativa.

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La UNE sostiene que la Ley de Integridad Pública vulnera de forma directa la carrera administrativa, al permitir la contratación sin procesos adecuados y habilitar despidos arbitrarios. Esto, según el gremio, debilita el principio de estabilidad laboral garantizado en la Constitución y genera incertidumbre entre los funcionarios públicos, en especial docentes que durante décadas han exigido procesos transparentes y justos para el ingreso y permanencia en el sistema educativo.

Además, alertan que la reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) contenida ante esta aprobación impacta directamente a los docentes, al eliminar el derecho a una jubilación digna con compensaciones justas, prolongando el tiempo de servicio sin garantías claras. Lejos de mejorar la gestión estatal, la ley consolida un modelo de flexibilización laboral que afecta derechos históricos conquistados por el movimiento sindical.

UNE convoca a la acción

El presidente del movimiento, Andrés Quishpe, convocó a organizaciones sociales, sindicatos y a la ciudadanía a unirse en la defensa de los derechos laborales y a exigir una reforma pública que no afecte a los trabajadores. Señaló que la demanda presentada este 30 de junio ante la Corte Constitucional es apenas el primer paso para ser escuchados, frente al rechazo a las modificaciones encubiertas dentro de la normativa, que afectan directamente al magisterio.

Además, anunció que el jueves 11 de julio, a las 09h00, se realizará una movilización en Quito. La marcha partirá desde la sede de la UNE y se dirigirá al órgano constitucional, como una forma de alzar la voz ante el abandono estatal al sistema educativo.

Finalmente, UNE afirma que la Ley de Integridad Pública no solo va en contra de la Constitución, sino que también perjudica los años de esfuerzo por tener un servicio público justo. Manifiestan que la demanda busca detener un sistema que aunque habla de supuesta eficiencia, en realidad quita derechos básicos a los trabajadores. (C.M)

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La entidad confirmó hoy que, derivado de la Ley Orgánica de Integridad Pública publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 68, dejará de emitir los informes de pertinencia y favorabilidad previos a toda contratación pública. La normativa —aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de junio— deroga el artículo 22.1 de la Ley de Contratación Pública y reforma el artículo 18.1 de la Ley Orgánica de la Contraloría, eliminando este mecanismo de control anticipado.

Según el comunicado oficial, únicamente se procesarán los informes de procedimientos cuya fase preparatoria haya iniciado hasta el 26 de junio de 2025. La Contraloría aclaró que, pese a la modificación, mantendrá la vigilancia sobre el uso de fondos públicos mediante sus atribuciones constitucionales.

Reformas de amplio espectro

La ley, originalmente planteada por el presidente Daniel Noboa como proyecto económico urgente para reformar la contratación pública, experimentó un giro de 180 grados en la Comisión de Desarrollo Económico. El texto final incluye reformas a más de 20 cuerpos legales, abarcando ámbitos judiciales, de servicio público, financieros, monetarios y de protección a la niñez, trascendiendo el objetivo inicial.

Instituciones públicas deberán ajustarse a la nueva estructura desde este jueves 27 de junio. La Contraloría enfatizó que la omisión del informe previo no exime a las entidades de garantizar transparencia. También advirtió auditorías posteriores para fiscalizar el manejo de recursos, es decir, cuando el daño ya está hecho.

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Quito, 27 jun (La Calle).- Entre el ruido mediático de Fito, Fede y las cárceles, una reforma silenciosa está golpeando el corazón del servicio público en Ecuador: la eliminación de la compensación por jubilación a los 60 años. El artículo 81 de la LOSEP fue modificado por la nueva Ley de Integridad Pública, y aunque pocos lo notaron, miles de docentes, médicos y funcionarios ahora tendrán que esperar hasta los 65 años para retirarse con compensación.

El cambio es significativo. Antes, la ley permitía acceder a la jubilación desde los 60 con todos los requisitos del IESS cumplidos, accediendo a una compensación que podía alcanzar hasta 150 salarios básicos unificados. Pero ahora, esa posibilidad ha sido aplazada cinco años. Para muchos, eso equivale a una vida entera de proyectos rotos.

¿Qué dice la reforma?

Quien tenga 65 años, cumpla los requisitos del IESS y solicite retirarse voluntariamente, podrá hacerlo y recibir una compensación. A los 70, el retiro será obligatorio. Se exceptúa a docentes universitarios, quienes podrán continuar hasta los 75. Así consta en el nuevo texto aprobado por la Asamblea y pendiente de publicación en el Registro Oficial.

¿Y qué implica?

Pierden quienes planificaron su vida para acceder a la jubilación a los 60 con dignidad. Pierde el sistema educativo, porque la renovación generacional se posterga. Pierde el sistema de salud, porque muchos profesionales deben seguir trabajando más allá de sus capacidades. Pierde la institucionalidad, porque se rompe el principio de progresividad de derechos consagrado en la Constitución.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) ya anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad en cuanto la norma sea publicada. “Este retroceso es inaceptable”, declaró su presidenta, Isabel Vargas. “No solo afecta a los servidores, sino al funcionamiento del Estado”.

¿Quién gana?

No es difícil adivinarlo. Mientras los servidores públicos se ven obligados a esperar cinco años más para una jubilación digna, los grupos empresariales ligados al poder siguen siendo beneficiarios de condonaciones tributarias y silencios legislativos. La narrativa oficial habla de integridad, pero en los hechos se consolidan los privilegios para unos pocos y se recortan los derechos de la mayoría.

¿Qué podemos hacer?

Informarse. Organizarse. Resistir. La jubilación no es un regalo: es el resultado de décadas de trabajo. Y modificar sus condiciones de forma unilateral, sin diálogo, sin transición, sin evaluación del impacto social, es una traición a quienes sostienen el Estado todos los días.

Mientras tanto, entre leyes troleadas y titulares sensacionalistas, nos van despojando sin que nos demos cuenta. Pero no es tarde para alzar la voz.

Porque jubilarse con dignidad no debería ser un privilegio, sino un derecho.

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Sin embargo, diversos sectores sociales y críticos han expresado preocupación por los vacíos que presenta la Ley de Integridad Pública, especialmente en lo relacionado con mecanismos de control ciudadano, sanciones efectivas y la independencia de los organismos fiscalizadores.

¿Reforma o Riesgo?

Ante la recién aprobada Ley de Integridad Pública, se evidencian una serie de reformas que, en teoría, buscan fortalecer la ética y la eficiencia en la gestión estatal. Sin embargo, su contenido abre el debate sobre varios ejes sensibles que no han sido suficientemente cuestionados. Más allá del discurso anticorrupción, la normativa introduce cambios que podrían poner en riesgo pilares fundamentales del sector público y del funcionamiento institucional del Estado.

Garantías laborales en cuerda floja

Tras su aprobación, el sector público enfrenta la aplicación de evaluaciones de desempeño que, aunque buscan mejorar la eficiencia, carecen de criterios técnicos claros y de mecanismos efectivos para garantizar la defensa de los trabajadores. Esta ausencia de garantías puede convertirse en un pretexto para justificar despidos arbitrarios y la precarización laboral. Durante años, los servidores públicos han gozado de estabilidad y beneficios colectivos que hoy están en riesgo.

La reforma plantea un modelo en el que el concepto de “integridad” podría ser utilizado para legitimar purgas internas y restringir el derecho a la negociación colectiva, afectando especialmente a sectores vitales como salud, educación y justicia. En este contexto, la incertidumbre crece y la confianza de los empleados públicos en el sistema se ve gravemente afectada.

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Banco Central en la mira

El fondo de esta discusión, llamada “coordinación” entre el Gobierno y el Banco Central del Ecuador (BCE), se establece con la nueva ley. Aunque menciona que esta medida busca que las decisiones económicas estén mejor alineadas, expertos advierten que esto podría afectar la independencia del Banco Central, una institución clave para cuidar la economía del país.

Cuando el BCE es autónomo, puede tomar decisiones importantes como manejar las reservas de dinero del país, controlar la cantidad de dinero que circula o decidir sobre el dinero electrónico sin presiones del Estado, pero al no haber límites claros en esta ley, existe el riesgo de que el poder político se meta en temas que deberían ser técnicos, generando desconfianza para los ecuatorianos en subir los precios o desestabilizar la economía de futuras generaciones.

El BID y las condiciones que no se cuentan

La ejecución de proyectos energéticos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientados a la transición hacia fuentes renovables. Aunque la iniciativa es presentada como un avance hacia la sostenibilidad, existe preocupación por la falta de transparencia en los términos de estos créditos multilaterales. Hay que recordar que el BID suele imponer condiciones que facilitan la participación privada en sectores estratégicos, lo que puede derivar en una privatización encubierta de la matriz energética.

Además, el endeudamiento necesario para financiar estos proyectos puede afectar la estabilidad fiscal y económica del país, generando una dependencia que compromete la soberanía energética.

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En conclusión, aunque el gobierno muestra la Ley de Integridad Pública como un gran avance hacia la transparencia, existen varios puntos poco claros y consecuencias que visibilizan un cambio profundo en cómo funciona el Estado, este cambio puede deteriorar seriamente los empleos públicos, la economía del país y el control que deben tener las instituciones.

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