El mandatario calificó a la ley como “un resumen de todas las reformas económicas que, desde nuestro punto de vista, requiere Ecuador, para generar empleo, oportunidades y prosperidad”, así lo dijo en Concordia un foro en el que participó en Estados Unidos.

Las contradicciones

Lasso también dijo que no cuenta con una mayoría en el Legislativo para que el proyecto se califique de forma rápida. Indicó que recurrirán al diálogo con las bancadas legislativas.

“Nosotros tenemos, en conjunto, con una alianza, un total de 26, 27 legisladores, y estamos conversando con todos los bloques de oposición para resaltar los beneficios que para el Ecuador tiene este proyecto de ley, que lo presentaré personalmente en la Asamblea Nacional”, agregó.

El presidente espera que lleguen a un consenso para que el proyecto no deba pasar por el Ministerio de Ley.

“Esperamos que así lo haga la Asamblea Nacional, en caso de no ser aprobado, una de las alternativas es que el proyecto de ley entre en vigencia por lo que se llama el ministerio de la ley porque el plazo se cumplió. No quisiéramos que eso sucediera, por eso estamos conversando, dialogando, buscando apoyo y respaldo para un objetivo que, ¿quién se puede negar?, crear empleo”, precisó.

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Según explicó Donoso, en una entrevista con Radio Quito, la nueva Ley estipula que todos los trabajadores reciban el 15% de utilidades, independientemente de sus cargas familiares.

“No se establecerá aquello que del 15 % del reparto de utilidades, el 66 % va a los trabajadores y el 33 % a las cargas familiares. Nosotros establecemos que, el total del 15 % de reparto de utilidades, sea totalmente repartible a los trabajadores. Esto independientemente de sus cargas”, dijo el funcionario.

Es decir, el reparto de utilizades ya no se dividiría en dos partes: 10% para todos, por igual, y 5% para los que tienen cargas familiares. El principal cuestionamiento a esta propuesta es que atenta contra el sentido social de la norma y el principio de equidad.

Para el presidente nacional del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Mesías Tatamuez, este cambio sería injusto para las esposas y los hijos menores de edad de los trabajadores.

Por su parte, el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicencio, dijo que esta Ley, paralela al Código de Trabajo, es inconstitucional e ilegal.

“Lo único que está haciendo el ministro de los empresarios es cumplir una vieja aspiración de seguir cercenando los derechos individuales y colectivos de los trabajadores», sancionó

Asimismo, dijo que si el Gobierno pretende realizar una consulta popular debería preguntarse al soberano sobre temas urgentes. Por ejemplo, si está de acuerdo con la privatización del patrimonio o si quiere dos o una sola ley laboral.

Tanto Tatamuez como Villavicencio coinciden en que esta medida no soluciona uno de los principales problemas del país, que es la falta de empleo.  

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“Al menos puedan vivir con un trabajo estable, firme de por lo menos USD 120 al mes y que lo puedan pagar muchas empresas que están viendo en sus narices una grave crisis que no les va a permitir pagar los salarios que en este momento han estado pagando. Seamos sinceros, necesitamos una ley de oportunidad laboral para generar empleo”, dijo Lasso en una entrevista.

Propuesta de Lasso

En el plan de Gobierno de Guillermo Lasso consta el tema de Ley de Oportunidades Laborales. “A través de la nueva ley de Oportunidades Laborales crearemos mecanismos de contratación que fomenten una transición adecuada entre el ambiente académico y el mercado laboral.

¿Qué dice la ley?

De acuerdo al artículo 328 de la Constitución del Ecuador: “ La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora así como de su familia”.

Hasta noviembre de 2020, la canasta básica tenía un valor de USD 711,12. El salario básico unificado de USD 400 que regirá para 2021 no alcanza a suplir la canasta básica si no existen dos personas o más que trabajen en un hogar.

El artículo 81 del Código de Trabajo indica que los sueldos se estipulan libremente, pero que en ningún caso pueden ser inferiores a los mínimos legales.

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