Cuando la “canasta” se come el sueldo

• +USD 9,72 en solo un mes: de USD 802,58 en abril a USD 812,30 en mayo.
• Canasta Vital (lo mínimo indispensable) ya cuesta USD 564,41.
• Con un salario básico anclado en USD 460, los números no cuadran: faltan casi USD 100 solo para la vital y más de USD 350 para la canasta completa.

Resultado: seis de cada diez familias tiran de crédito, recortan proteínas o giran a la informalidad para sobrevivir.

¿Dónde pegaron más los precios?

*Quito bajó levemente porque el tarifazo eléctrico se golpeó antes; el alivio será pasajero.

El “verde” que se puso rojo (+24 %)

El plátano verde —piedra angular del bolón y del tigrillo— lidera la inflación alimentaria con un 24 % de alza mensual. Enfermedades como el moko, poca tecnificación y la migración de agricultores hacia cultivos más rentables (cacao) redujeron la oferta. Una caja tipo B pasó de USD 5 a USD 12.

Luz, pastillas y almuerzo: el tridente asfixiante

1. Electricidad: fin del subsidio = planillas 97 % más caras → 0,85 pp de la inflación de mayo.
2. Salud: antibióticos +4,57 %; otros fármacos y consultas también suben.
3. Restaurantes: el “almuerzo popular” subió 0,27 %; cada aumento de insumos se traslada al plato.

¿Solidaridad sin salario?

Mientras el Gobierno celebra la Ley de Solidaridad Nacional y pide “apretarse el cinturón”, la realidad golpea: el ingreso familiar promedio (USD 817) ya casi no cubre la canasta y la inminente subida de combustibles promete más fuego al bolsillo.

Preguntas que arden

• ¿Hasta cuándo el salario básico seguirá congelado en USD 460?
• ¿Por qué el Estado subsidia grandes empresas con deducciones “solidarias” mientras el mercado encarece el plato de arroz?
• ¿Qué políticas de control de precios y apoyo a la agricultura familiar se activarán antes de que la canasta pase la marca de los mil dólares?

La economía real no se mide en índices, sino en “¿alcanza para el almuerzo?”. Y, por ahora, la respuesta mayoritaria es un rotundo ¡NO!

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Entre ajustes útiles y riesgos de control excesivo, este es su impacto empresarial:

SAS bajo lupa: ¿control o muro?

Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), diseñadas para agilizar emprendimientos, ahora enfrentan obstáculos:

• Prohibidas en sectores claves como minería, finanzas o mercado de valores.
• Obligadas a transformarse en sociedades anónimas si tienen más de 5 socios o más de USD 460 000 de capital.
• Exigen tasación pericial de aportes no dinerarios con respaldo legal.

Justificación oficial: evitar el lavado de activos, fomentar el aporte privado al Estado ante el conflicto armado. Pero el superintendente Luis Cabezas-Klaere aclara: las SAS democratizaron el emprendimiento, y las mafias ya utilizan estructuras alternativas más costosas. ¿Será esta ley una barrera para emprendedores legítimos?

Sociedades deportivas: nueva figura legal sin revuelo futbolero

Surge la figura de sociedades anónimas deportivas: empresas con personalidad jurídica, fines lucrativos y doble supervisión (Ley del Deporte + Compañías). Su objetivo declarado: profesionalizar y transparentar el sector deportivo, evitando que se convierta en refugio de actividades ilícitas.

• Supervisión cruzada entre Superintendencia y ente deportivo.
• Prohibiciones explícitas contra lavado de activos y triangulación financiera.

Bienvenida la figura, pero su diseño se insiste en el enfoque empresarial: riesgo real de que el Estado ponga más atención a formularios que a partidas presupuestarias opacas en subnivel.

Donaciones con rebaja fiscal… ¿qué solidaridad?

Las empresas que donen bienes a policías o Fuerzas Armadas obtienen hasta 30 % de deducción del impuesto a la renta. Esta medida incluye:

• Equipos, insumos o inmuebles, siempre trazables y auditables.
• Mecanismo de fiduciarios privados para compras colectivas, transparentes.

¿Un acto de altruismo fiscal, o una manera de suplir falencias presupuestarias del estado? Si las grandes empresas asumen funciones estatales, ¿quién vigila esa filantropía?

Grandes deudas, cero indulgencia

La ley establece que las empresas con capital mayor a USD 30 millones y deudas tributarias firmes serán cobradas en 30 días bajo vigilancia del SRI y el Ministerio de Economía.
Por fin un gesto hacia la justicia fiscal que aún no llega a pymes, informalidad o grandes multilatinas que negocian contra el tiempo.

¿Solidaridad real o control selectivo?

Esta ley es ambivalente. Por un lado, fortalece controles, penaliza a grandes evasores y busca evitar lavado; por otro, impone rigideces a los emprendimientos jóvenes y blinda la implantación empresarial en temas bajo la sombrilla de “emergencia económica”.

Un Estado fuerte debe proteger a los pequeños y no solo vigilar a los grandes. La solidaridad no debe ser sinónimo de sufrimiento administrativo. Los emprendedores que ya cargan con trámites, ahora deberán costear transformaciones empresariales automáticas. El verdadero reto es que la ley incluya mecanismos de apoyo real, capacitación y eficiencia institucional, no solo barreras administrativas.

¿Control o valla? Esa es la pregunta clave mientras Ecuador redefine el contrato entre empresa, Estado y sociedad. Ojalá la voluntad de recaudar no termine asfixiando la creatividad y la esperanza emprendedora.

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