El Ejecutivo pretende “corregir las ambigüedades existentes en la Ley y permitir una actuación legítima de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el combate de la inseguridad en el país”, detalló el documento.

Además, expresaron que emitir el Reglamento General a la ley asegura entregar a la Policía Nacional lo que el Legislativo le negó.

Objeciones enviadas por el Ejecutivo

Guillermo Lasso, envió 21 objeciones al proyecto de ley que ya se aprobó el pasado 07 de junio. Algunas de las objeciones presentadas por el Ejecutivo se enmarcan en el siguiente contexto:

• Uso de animales durante las manifestaciones

• Rendición de cuentas

• Participación de la Fuerza Armada en estado de emergencia y excepción, así como la fiscalización de sus acciones.

• Investigaciones luego de haber usado la fuerza.

• Finalmente, que, Policías y Militares no cometen ninguna infracción penal en el cumplimiento de su deber legal.

Reacción del Legislativo

El 06 de agosto, el Pleno a lo que ya habían aprobado con 123 votos a favor. Decidió atender solo a la observación quinta del artículo 14 que enmarca el nivel de uso legítimo de la fuerza ante una amenaza.

En ésta se plantó utilizar los mecanismos de fuerza combinados, con el fin de neutralizar la resistencia o agresión del sujeto intervenido. La Asamblea explicó que esto se debe realizar atendiendo subniveles. Algo con lo que no concordaba el Ejecutivo.

Por su parte, Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, mencionó que el proyecto enviado por el primer mandatario contiene una serie de inconstitucionalidades que pondrían en riesgo la integridad de la Corte Constitucional.

“Se han encontrado observaciones que contravienen la Constitución de la República y permiten la subjetividad en la aplicación de ala fuerza”, enfatizó.

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“Lo que sucedió ayer era algo que bien se pudo haber hecho desde mucho tiempo atrás, pero la señora Guadalupe Llori siempre trató de evitar su destitución a toda costa”, dijo durante una entrevista con Radio La Calle.

Cedeño recalcó que la crisis de la Asamblea se dio cuando se produjo una ruptura del bloque de Pachakutik, dividiéndose en un grupo denominado los «rebeldes» de Pachakutik.

“Un grupo de Asambleístas no estaban de acuerdo con la actitud de Guadalupe Llori de colaboracionismo con el gobierno y empezaron su oposición”, afirmó el asambleísta.

Además, comentó que es importante ver hasta qué punto tiene responsabilidad el Ejecutivo porque apoyó a Guadalupe Llori. Esto a la vez, también otorga desprestigio a la institución.

Ley del uso de la Fuerza

Por otro lado, sostuvo que el Proyecto de Ley de uso progresivo de la fuerza no está represado por culpa de los legisladores, sino por culpa de Guadalupe Llori.

“El viernes vamos a convocar a un nuevo Pleno para que se trate y se apruebe la Ley», aseveró Cedeño. El asambleísta reiteró que las leyes terminan siendo vetadas y no aplicadas porque simplemente al Ejecutivo no le interesan.

“La Asamblea puede aprobar una ley y el presidente de la República termina vetando. Ahora todo es veto”, aseguró Cedeño.

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«En medio del debate de la Ley de Uso de la Fuerza, militar saca su arma durante un acto artístico en medio de manifestación pacífica en Guayaquil», publicó a través de Twitter el colectivo.

La Alianza manifestó que el Legislativo debe garantizar que policías y militares en servicio porte «identificación visible», ya que el militar implicado fue identificado solo por su apellido: Borja, el cual estaba bordado en su uniforme.

Asimismo, la Alianza señala que el porte de armas «con munición letal, debe estar prohibido a policías y militares en manifestaciones», ya que supone un riesgo para los civiles desarmados. También considera que el abuso protagonizado por el militar deberá se tenido en cuenta por la ley para generar mecanismos de no repetición.

Además, la ciudadanía exhorta a que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y el Ejército se pronuncien públicamente sobre el hecho registrado.

En abril de 2022, la INREDH envió una carta abierta al Legislativo para que contemple la prohibición del uso de armas de fuego a las FF.AA. cuando actúan fuera de sus funciones constitucionales. Asimismo, para que reconsidere la autorización de que las FF.AA puedan utilizar la fuerza para el control público, y el accionar militar en manifestaciones sociales.

El proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo tiene como uno de sus planteamientos el autorizar la intervención de las FF.AA. en operaciones de control y seguridad.

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