“Por un lado, tenemos los delitos sexuales por la vía digital. Por otro lado, encontramos que en nombre de proteger a las víctimas de delitos sexuales, se merma otro derecho, el de la libertad de expresión, que es fundamental”, explicó a Radio La Calle.

El silencio de los grandes medios de comunicación sobre este tema, a juicio de la catedrática, se explica porque «a ellos no les afecta». «Estos medios no cuidan a los ciudadanos sino a sus propios intereses», dijo.

Para la experta, hay que entender que la información pública debe ser transparentada sin necesidad de cambiar la ley. “La problemática en esta reforma, es que el artículo que prohíbe la difusión de productos de violencia digital ya existía. Lo que se hace es eliminar la excepcionalidad cuando la información es pública, es decir, relativa a las instituciones del Estado, que ya se transparenta en la LOTAIP”, sostuvo.

De acuerdo con Chavero, la modificación de la Ley hace que algunos derechos choquen entre sí, en una evidente incoherencia del articulado. “Los derechos humanos están por encima de todo. Aquí chocan el derecho a la intimidad contra el derecho a la libertad de expresión, por lo que no se puede interpretar la norma de manera favorable al ciudadano y deben acudir a la justicia. Se burocratizan los derechos primarios”, señaló.

Internet, redes sociales y derecho

Sobre las redes sociales e internet no existe un debate serio y profundo. “En Ecuador, la mayoría de los medios de comunicación son privados y tienen intereses económicos y políticos. Vimos en Octubre del 2019, los medios cerraron filas en torno al gobierno. Si no tenemos una fuerza mediática plural no mejorará el sistema de comunicación. El ciudadano va a las redes sociales porque busca información que no consigue en los medios tradicionales”, dijo.

A juicio de la catedrática, no hay que mirar solo la Ley de violencia digital, sino también la Ley de Defensa de Dolarización y la Ley de uso progresivo de la fuerza que sigue en debate. “Lo que se busca es reducir el espacio del ciudadano, y con esto se achica la protección del Estado. Se reduce la posibilidad de reclamo, la responsabilidad de los medios. Se amplía lo privado y se disminuye el rol del Estado”, concluyó.

¿Qué dice la reforma?

La reforma al artículo 178 del Código Integral Penal indica que “la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, grabe, revele, difunda, publique, o dé algún tratamiento indebido o no autorizado a contenidos de terceros […] por intermedio de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, será sancionada con pena privativa de la libertad de uno a tres años”.

La entrada Ecuador disminuye cada vez más los derechos de los ciudadanos se publicó primero en La Calle.

El proyecto de Ley, apoyado por 107 legisladores, fue presentado para proteger a las víctimas de violencia sexual digital y ciberacoso.

No obstante, la ambigüedad en las figuras reformatorias modificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) restringe la libertad de expresión y obstaculizarían la lucha contra el crimen.

La reforma del artículo 178 del COIP resalta la mayor polémica al señalar que “la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, grabe, revele, difunda, publique, o dé algún tratamiento indebido o no autorizado a contenidos de terceros, datos personales, mensajes de datos, voz, audios o video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, contenidos digitales o comunicaciones privadas o reservadas, por cualquier medio o por intermedio de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, será sancionada con pena privativa de la libertad de uno a tres años”.

La decisión del legislativo no tardó en generar respuestas por parte de entidades y organizaciones de la sociedad e internacional.

La Fiscalía General del Estado (FGE) expresó su preocupación debido a que “la reforma causa un efecto negativo en las investigaciones penales que dirige la FGE, tomando en cuenta que muchas de las evidencias importantes contra la corrupción se obtienen mediante esta clase de excepciones (…) esta ley elevaría el índice de impunidad, pues dichas actuaciones se considerarían ilegales y no podrían ser utilizadas como prueba en los juicios penales”, señaló la entidad en un comunicado en su Twitter.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló que  “la norma criminaliza en forma agravada y desproporcionada algunas expresiones o acciones en el ámbito digital que están contempladas en los códigos Civil y Penal”.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que «preocupa que el nuevo estatuto pueda afectar a periodistas que, en el ejercicio de su trabajo, tienen que revelar información».

Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras, añadió que «la generalidad de la ley permite que los periodistas puedan ser demandados por incurrir en el delito de violación de la intimidad, sin establecerse diferencias respecto de asuntos de interés público».

De igual forma, Estudio de Medios (Fundamedios) rechazó la aprobación de la normativa ya que “representa una vulneración extrema a los derechos y a las garantías constitucionales; además incluye contenido relacionado con el manejo e incautación de contenido digital que como se señaló anteriormente no responde a la finalidad del proyecto”. La  también encontró restricciones a los derechos y libertades en los artículos 18,497 y 499.

Fiscalía informó que remitirá un informe técnico a Presidencia, mientras que las organizaciones esperan que el presidente Lenín Moreno reconsidere los contras de la Ley y la vete antes de finalizar su mandato.    

La entrada Ley de Violencia Digital pondría en riesgo investigaciones penales y periodísticas se publicó primero en La Calle.