“Como bancada de UNES hemos venido hoy a presentar la demanda de inconstitucionalidad a La Ley de Reforma Tributaria del Presidente Lasso. Una ley que afecta a la clase media, al pueblo ecuatoriano y que fue promulgada de manera inconstitucional y negada por la Asamblea Nacional. Estaremos vigilantes del trámite que tenga esta demanda”, sostuvo Paola Cabezas, de UNES. 

De igual forma, la bancada de Pachakutik y los dirigentes de la CONAIE presentaron un recurso de inconstitucionalidad. El presidente de la organización, Leónidas Iza, advirtió que la Ley de Desarrollo Económico es lesiva para la mayoría de los ecuatorianos. 

Organizaciones sociales como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unidad Popular (UP) también llegaron a la Corte Constitucional para demandar la normativa, que consideran beneficia a los que más tienen, permite el blanqueo de capitales y pone el peso de los impuestos sobre las clases medias y pobres.

La reforma tributaria entró en vigencia por el ministerio de la Ley, pues la legislatura no aprobó ninguna de las alternativas mocionadas. No se aprobó el informe de mayoría, tampoco el de minoría ni el archivo de la misma. 

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Ante ello, el presidente Lasso envió, este lunes, la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, para su publicación en el Registro Oficial.

A través de un comunicado, indicó que la decisión “procede bajo el sistema democrático del país, pues al ser una ley enviada con carácter económico urgente, han transcurrido los 30 días que establece la Constitución para su tratamiento y la Asamblea Nacional certificó que ninguna de las mociones consideradas para tratar el documento tuvo los votos necesarios para su aprobación»

Al no haber acuerdo legislativo, el Gobierno reitera que el proyecto de Ley, enviado por el Ejecutivo, entra en vigencia por mandato de la Constitución.

Durante el tratamiento de este proyecto de Ley, la Asamblea cuestionó que este instrumento no recogiera las observaciones enviadas por las minorías de la Asamblea.

Asimismo, criticaron que el proyecto de Ley de Desarrollo Económico permita la impunidad a los grandes empresarios que no pagan impuestos; pretenda blanquear los paraísos fiscales; y golpee los bolsillos de los ecuatorianos, específicamente, de los que menos tienen, la clase media, los trabajadores, agricultores, indígenas y pueblos afrodescendientes.

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Desde la bancada de UNES se cuestionó la decisión de Pachakutik de no aprobar el informe de minoría, propuesto por un legislador de la Revolución Ciudadana. Mientras que desde Pachakutik, la ID e incluso el Partido Social Cristiano, las críticas fueron hacia UNES por no apoyar la moción de negación y archivo de la Ley.

Sin embargo, entre todo el fuego cruzado, un sector se ha mantenido en silencio: el oficialismo. Ni el presidente Guillermo Lasso ni la bancada del Acuerdo Nacional ha emitido algún pronunciamiento sobre lo que sucedió en el Pleno legislativo.

El viernes, al clausurar la sesión, solo la asambleísta de CREO, Ana Belén Cordero, dijo que hay “una disquisición jurídica en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de qué es lo que ocurre en estos momentos”

Aseguró, que no tienen una definición concreta, pero que no ven un escenario posible para que la normativa entre por el ministerio de la Ley, porque la Asamblea se pronunció.

El silencio del Gobierno

El sociólogo Agustín Burbano de Lara dijo a Radio La Calle que hay tres posibles lecturas. La primera, sostiene, es que al Gobierno no le conviene pronunciarse. Esto, explica el experto, “porque hay una conversación negativa y lesiva que está afectando las condiciones de posibilidad, en el mediano plazo y corto plazo, del voto conjunto o de la coincidencia en la votación de UNES, Izquierda Democrática y Pachakutik para elegir, en algún momento, una alternativa respecto a las políticas de Guillermo Lasso”.

Afirma que, en estos momentos, hay fuego cruzado entre las tres organizaciones. Sobre todo entre Pachakutik y UNES y, en este escenario, no es inteligente para el Gobierno interceder en la conversación pública, porque el poder de destrucción de estos intercambios perdería efecto.

Otra lectura es que el Gobierno está evaluando cuál discurso sostener ante sus bases comunicacionales e ideológicas más dogmáticas e intransigentes, como Carlos Vera, Los Pelagatos y algunas instancias de Ecuador Libre.

“De una u otra manera la reacción y la disputa interna, en el seno de UNES, a cualquier lector externo da la impresión de que en realidad hubo un pacto y eso es inadmisible. Entonces, si en algún momento hay temores o dudas de un pacto por la posible prelibertad de Jorge Glas o la unificación de penas, para estos sectores intransigentes va a ser algo innegociable”, argumenta.

Reitera que es posible que el Gobierno esté tratando de ver como detiene eso. Finalmente, la tercera opción sería la expuesta por Ana Belén Cordero, que no esté clara la situación jurídica y se considere que el proyecto no pasará por el ministerio de la Ley, aunque asegura que esto es erróneo.

Por su parte, la socióloga política, Paulina Mogrovejo, en entrevista con Radio La Calle, dice que posiblemente el Gobierno esté estudiando la situación jurídica de lo que ocurrió en la Asamblea Nacional. “Es inédito que se haya negado dos informes, uno de mayoría y otro de minoría, y que esto no se haya definido desde la Asamblea y la Presidencia, si es que en verdad tiene como efecto jurídico que pase por el ministerio de la Ley”, sostiene.

A su criterio, el Gobierno está analizando jurídicamente todos los efectos y, quizá, sobre esa base se pronuncie mañana sobre lo que viene con el proyecto de Ley económico urgente.

«Ese vacío de respuestas, de parte de las funciones Ejecutiva y Legislativa, hace que desde la opinión pública se trate de interpretar este tema, pero evidentemente es necesario un pronunciameinto, que esperamos sea lo más pronto posible, para terminar con esta incertidumbre.

Negativas y abstenciones

Mogrovejo sostiene que no quisiera hablar de pactos entre UNES y el Ejecutivo, en contra del propio proyecto político histórico, que llevó a ganar varias elecciones a Rafael Correa. “Si podría hablar de una irresponsabilidad con el pueblo ecuatoriano, en relación a las consecuencias jurídicas de abstenerse. Ayer leía tuits del propio Rafael Correa, que es quien tiene el liderazgo de esta organización, y señalaba que lo hicieron porque Pachakutik y Social Cristianos no votaron por su informe. Yo no creo que ese sea un argumento válido para justificar y mirar para otro lado en este tema”, cuestiona.

Resalta que hay una crisis política en la Asamblea Nacional, pues ninguna bancada ha podido articular diálogos, consensos o proponer debates en favor de los intereses de la ciudadanía, más allá de sus propios intereses partidistas y de grupos.

Por su parte, Burbano de Lara señala que en lo personal, si es que existiría un pacto, llama muchísimo la atención que en los espacios direccionales de UNES, luego de la constante agresión en términos de golpistas, desestabilizadores, terroristas, corruptos, guerra sucia, de la persecución política, de la cuestión con fiscalía, contraloría, pensar que hay un mínimo de confianza para tener amplitud con el Gobierno.

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El informe de minoría propuesto desde la bancada de UNES, no fue aprobado. Por ello, desde Pachakutik se mocionó negar la Ley y archivarla, sin embargo, tampoco fue aprobado este planteamiento. Sin más alternativas, contempladas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que quedaría es la vigencia de la Ley, a través del ministerio de la ley.

Tras, la clausura de la sesión 743 del Pleno, los análisis e interpretaciones de las mociones de la Asamblea no se hicieron esperar. El analista Mauro Andino sostiene que solo la moción de la asambleísta Mireya Pazmiño, de Pachakutik, se ajustó a estos parámetros de la «negativa y el archivo» del proyecto económico urgente.

“Ninguna de las otras mociones previas propusieron el archivo, cuestión clave de este asunto”, argumentó. Asimismo, acude a los precedentes parlamentarios para clarificar la situación.

Andino ejemplificó con el archivo del proyecto de Ley de Crecimiento Económico, enviado por Lenín Moreno. Para este proceso, el legislador del PSC, Vicente Almeida, mocionó “la negación y su consecuente archivo de este perverso proyecto de Ley”.

“Ahí se actuó de manera correcta y se aprobó, con el apoyo de 70 voluntades, negar y ARCHIVAR dicho proyecto. El bloque de UNES votó a favor de esa moción del PSC y viabilizó el archivo”, explicó.

Andino cuestiona ¿por qué UNES no votó a favor de la moción de archivo? ¿En qué les perjudicaba? ¿Fue puro resentimiento y ego porque no les apoyaron en su informe de minoría? ¿Existen otra clase de intereses o acuerdos?

Del otro lado, varios expertos han señalado que la Ley de la Función Legislativa pide aprobar, modificar o negar el proyecto, antes de que pueda entrar por el ministerio de la ley. Aseguran que la Ley fue negada en la moción del Social Cristiano, Esteban Torres, y que, en ningún lado de la ley, se exige el archivo. 

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La organización política sostiene que el proyecto fue rechazado por la mayoría de la Asamblea Nacional, por tanto su aprobación es ilegítima.

La CONAIE rechaza también la postura de la bancada de UNES, que decidió abstenerse de votar por la moción propuesta desde Pachakutik, para negar y archivar el proyecto de Ley.

“Es lamentable que la bancada de UNES-Revolución Ciudadana le haya dado la espalda a la propuesta de los asambleístas de Pachakutk de archivar el proyecto, favoreciendo a Lasso y al FMI, para que cumplan con su cometido”, sostiene la CONAIE, en el documento.

Asimismo, saluda la postura de los legisladores del Movimiento Pachakutik que fueron consecuentes con los principios ideológicos políticos, en consonancia con las demandas sociales y la lucha popular.

Indican que el Consejo Ampliado CONAIE analizará la actuación integral de la bancada de Pachakutik en la Asamblea Nacional.

“UNES-Revolución Ciudadana tuvo una nefasta actuación que merece una crítica y rechazo contundente, pues no es consecuente con una postura progresista, ni de izquierda votar abstención, con un posible pacto con un gobierno neoliberal antipopular, sabiendo que esto significaba que la ley entraría en vigencia por decreto. Cumpliendo el cometido de cobrar más impuestos al pueblo, mientras el país se cae a pedazos y las familias intentan recién superar la pandemia, en medio de una compleja crisis económica, el aumento del precio de los combustibles, salarios bajos, emergencia en el campo y más desempleo, temas sobre los cuales el gobierno no ha dado ninguna respuesta”, argumentan.

Reiteran que la CONAJE pronunció con insistencia que esta ley no corresponde con el momento de grave crisis económica del país, que requiere de incentivos para generar un crecimiento económico con generación de empleo digno e inclusión social.

Señala también que el presidente Guillermo Lasso carece de legitimidad para imponer más impuestos al contribuyente común, pues él usa paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos.

“Desde un primer momento llamamos a rechazar la reforma tributaria, fortaleciendo un frente plurinacional y popular que empuje propuestas para superar la crisis económica, pensando en el bien común y superando los pactos oscuros de los poderes políticos”, dicen.

La CONAIE advierte que cada vez es más claro que la responsabilidad de conformar un frente patriótico, plurinacional y popular será responsabilidad del propio pueblo. “La clase política decepciona con su falta de coherencia y sus pactos de poder. Llamamos a consolidar la resistencia social”, sentencian.

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“Así que no caben suspicacias por parte de ciertos sectores políticos en relación a nuestra votación final”, enfatiza el movimiento en el documento.

Asimismo, el asambleísta Carlos Zambrano, proponente del informe de minoría, dijo que “la Ley fue archivada y no puede entrar por el Ministerio de la Ley, porque fue negada”.

La bancada asegura que es coherente y responsable con sus principios, por ello, presentó un Informe de Minoría como alternativa al proyecto de Ley de Desarrollo Económico, remitido por el Ejecutivo.

“Dicha propuesta no fue acogida por la mayoría del Pleno de la Asamblea Nacional, pese a que el proyecto recogía las inquietudes de los sectores más diversos del país, sin afectar a quienes menos tienen y proponiendo la carga tributaria a los sectores que evaden impuestos”, argumentan en el comunicado.

Reiteran que han sido responsables con sus mandantes al presentar un informe que garantiza más recaudación y sin golpear a los sectores más vulnerables, así como a las clases medias. Sin embargo, no explican por qué no votaron favorablemente por el archivo de la Ley.

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Los votos afirmativos fueron prncipalmente de las bancadas de Pachakutik y Social Cristianos, mientras que las abstenciones fueron de la bancada del Acuerdo Nacional y UNES.

La asambleísta de Pachakutik, Mireya Pazmiño, mocionó negar y archivar de la propuesta de Ley de Desarrollo Económico, tras ser rechazado el informe de minoría, propuesto por el asambleísta Carlos Zambrano, de UNES.

Pazmiño propuso negar y archivar el proyecto porque, explicó, no hay mecanismos para controlar la elusión y evasión tributaria. Igualmente sostiene que la carga impositiva recae sobre los sectores populares y la clase media. También cuestionó la eliminación del impuesto a la herencia.

Asimismo, la legisladora recordó que no se tomaron en cuenta las observaciones hechas por las minorías parlamentarias y que el proyecto de Ley no ha sido socializado con los sectores de la sociedad. «Un proyecto de Ley se debe contruir con la participación del pueblo ecuatoriano». dijo.

Pazmiño hizo un llamado a hacer una «minga» y contruir un proyecto a favor de la ciudadanía, que permita una verdadera reactivación económica para los ecuatorianos.

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Los votos negativos corresponden, principalmente, a los legisladores de UNES, Pachakutik e Izquierda Democrática.

La Bancada del Acuerdo Nacional votó favorablemente, pero solo alcanzaron 30 votos afirmativos. Mientras que 19 asambleístas se abstuvieron, entre ellos, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe LLori.

Posteriormente, el asambleísta Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, mocionó negar el informe de mayoría y proceder a decidir sobre el informe de minoría. La propuesta de Torres fue aprobada con 90 votos afirmativos, 28 negativos y 19 abstenciones.

En estos momento, el asambleísta de UNES, Carlos Zambrano, da a conocer el informe de minoría. Indica que es un día histórico para el Ecuador y señala que desde el principio, la bancada de UNES, se opuso al proyecto del Ejecutivo y propuso un debate amplio.

«No se acogió el pedido de los legisladores, por eso es la negativa. Ojalá les quede de lección. Esto no es una propuesta del correísmo, es de los campesinos, los migrantes y los legisladores. Es una propuesta seria», sostuvo.

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Mireya Pazmiño, legisladora de Pachakutik, aseguró que el proyecto de Ley no recoge las observaciones enviadas por las minorías de la Asamblea. En este sentido, anunció que tienen dos alternativas: apoyar el informe de minoría o mocionar el archivo del proyecto.

“Vamos a apoyar el informe de minoría, siempre y cuando hayan recogido todas las observaciones, que nosotros enviamos al inicio, a la Comisión de Desarrollo Económico. De no alcanzar los votos, el informe de minoría, nos vamos por la negación del proyecto y, por ende, el archivo del mismo”, dijo Pazmiño.

Reiteró que la bancada de Pachakutik toma esta decisión porque no se dio paso a los mecanismos democráticos ni se han recogido las observaciones hechas por las minorías de la Asamblea.

De igual forma, explicó que el proyecto de Ley de Desarrollo Económico permite la impunidad a los grandes empresarios que no pagan impuestos; pretende blanquear los paraísos fiscales; y golpea los bolsillos de los ecuatorianos, específicamente, de los que menos tienen, la clase media, los trabajadores, agricultores, indígenas y pueblos afrodescendientes.

“A estos sectores se les está cargando más impuestos, mientras los evasores dejan de pagar impuestos. Por ello, vamos a pedir el archivo de este proyecto de Ley”, enfatizó.

Desde la bancada de Pachakutik indicaron que la votación del proyecto deberá resolverse esta tarde, considerando que mañana vence el plazo.

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Hasta el momento, la reforma tributaria no cuenta con apoyo ni votos favorables en la Asamblea Nacional. Uno de los principales cuestionamientos es que se pretenda cargar impuestos a la clase media, con el incremento del IR y la reducción de los gastos personales, mientras se limitan los controles para la evasión fiscal.

El legislador independiente Cesar Rohon indicó que no hay votos. “Esta Ley estaría en el limbo jurídico este momento, por lo tanto, quizá lo mas conveniente sería plantear una moción de archivo”, sostuvo.

La asambleíta de Pachakutik, Mireya Pazmiño, indicó que algunas bancadas han señalado que no darán paso al informe de mayoría, pero tampoco se escucha respaldo al informe de minoría.

“Los del Partido Social Cristiano han sido muy claros en decir que nada de impuestos. Y siendo así, si ninguno de los dos informes tiene los votos necesarios, creo que es oportuno el archivo de esta Ley. Caso contrario entraría por el ministerio de la ley el primer proyecto que envió el ejecutivo a la Asamblea Nacional”, dijo Pazmiño.

La legisladora advierte que si el proyecto entra en vigencia por el ministerio de la ley sería más complicado, pues en los informes de mayoría y minoría ya existen cambios. Por ejemplo, comenta, tratar por separado la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Comunicación.

La bancada de UNES tiene como alternativa el informe de minoría. Si este no logra el apoyo necesario, mocionaría el archivo del proyecto de Ley.

Por su parte, Yeseña Guamaní, de la ID, dijo que esperan que la reforma tributaria no vaya hasta el ministerio de la ley, porque necesita cambios antes de ser aprobada.

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El líder de la organización indígena, a través de su cuente de Twitter, expresó que esta Ley perjudica a las mayorías populares y a la clase media, afecta a los productores, promueve el extractivismo y la privatización. “Beneficia solo a la banca y al FMI”, advirtió.

En un comunicado de la CONAIE, emitido el pasado 17 de noviembre, la organización argumenta que la propuesta de Ley es, principalmente, un intento de desregularización financiera para debilitar los controles de fuga de capitales, empresas offshore, corrupción y evasión tributaria.

Asimismo, enfatiza en que es una reforma tributaria regresiva que pone la carga de la crisis en los hombros del contribuyente común y la clase media.

La organización explica que el Proyecto de Ley no contempla el fortalecimiento de regulaciones para las operaciones de residentes con los paraísos fiscales. “La publicación de los Pandora Papers vinculan al presidente Guillermo Lasso con empresas fantasmas: la evasión tributaria y el crimen organizado mundial operan mediante fideicomisos y compañías con responsabilidad limitada, ubicados en paraísos fiscales; sobre esto la Ley de Lasso no propone nada”, puntualiza.

¿Qué implica la Ley?

La CONAIE indica que en el título sobre Régimen Impositivo, Voluntario, Único y Temporal para la Regularización de Activos en el Exterior, se busca repatriar capitales que se encuentran en el exterior, incluyendo el blanqueo y el lavado de los activos de personas que tienen su riqueza en fideicomisos offshore, empresas fantasmas y paraísos fiscales (Art. 20.b).

Además, sostiene que se abre la posibilidad de regularizar activos de origen ilícito que forman parte de entramados de corrupción, crimen organizado y evasión tributaria. (Art. 20.b y c). También pone en evidencia la Disposición General Segunda, donde se reconoce que el blanqueo puede dar lugar a la intervención de grupos ilegítimos o ilegales.

Entre otras aristas, la CONAIE expresa su preocupación por la parte de la reforma que apunta a cobrar más impuestos a la clase media, antes que a los sectores de ingresos altos.

«Con la reforma del impuesto a la renta, una persona que gana USD 2.000 mensuales, tendrá que pagar 16 veces más de lo que pagaba antes; mientras que una persona que gana USD 10.000 mensuales, solamente tendrá que pagar 0.5 más de lo que pagaba antes», puntualiza.

Reitera que al incrementar el impuesto a la clase media, disminuirá el consumo, las ventas y habrá menos incentivos para la producción y la recuperación económica, lo cual afectará a la sostenibilidad de las industrias y los comercios con intereses nacionales.

De igual forma, considera que este Proyecto de Ley no responde a las necesidades de recuperación económica y generación de empleo tras la pandemia. En realidad, dice la CONAIE, es una legislación que pretende cumplir con las condiciones impuestas por el FMI, para desembolsar USD 700 millones de dólares hasta el final de este año.

Enfatiza que esos recursos serán usados para pagar deuda externa, apoyar las importaciones de grandes emporios comerciantes y la fuga de divisas de los grupos financieros.

«El Proyecto de Ley no corresponde con el momento de grave crisis económica, que requiere incentivos para generar un crecimiento económico con generación de empleo digno e inclusión social. El Proyecto de Ley es un intento por brindar mayores privilegios al capital financiero en contra de toda la economía real. Los más afectados son las personas y los pueblos históricamente empobrecidos, pero también está en juego la salud del sistema económico nacional y sus posibilidades de desarrollo», advierten.

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“La propuesta de Ley es, principalmente, un intento de desregularización financiera para debilitar los controles de fuga de capitales, empresas offshore, corrupción y evasión tributaria. Es una reforma tributaria regresiva que pone la carga de la crisis en los hombros del contribuyente común y la clase media”, señala el documento.

La organización explica que el Proyecto de Ley no contempla el fortalecimiento de regullaciones para las operaciones de residentes con los paraísos fiscales. “La publicación de los Pandora Papers vinculan al presidente Guillermo Lasso con empresas fantasmas: la evasión tributaria y el crimen organizado mundial operan mediante fideicomisos y compañías con responsabilidad limitada (LLC) ubicados en paraísos fiscales; sobre esto la Ley de Lasso no propone nada”, puntualiza.

La CONAIE indica que, al contrario, en el título sobre Régimen Impositivo, Voluntario, Único y Temporal para la Regularización de Activos en el Exterior, se busca repatriar capitales que se encuentran en el exterior, incluyendo el blanqueo y el lavado de los activos de personas que tienen su riqueza en fideicomisos offshore, empresas fantasmas y paraísos fiscales (Art. 20.b); y abriendo la posibilidad de regularizar activos de origen ilícito que forman parte de entramados de corrupción, crimen organizado y evasión tributaria. (Art. 20.b y c).

También pone en evidencia la Disposición General Segunda, donde se reconoce que el blanqueo puede dar lugar a la intervención de grupos ilegítimos o ilegales.

Entre otras aristas, la CONAIE expresa su preocupación por la parte de la reforma que apunta a cobrar más impuestos a la clase media, antes que a los sectores de ingresos altos.

«De esta manera, con la reforma del impuesto a la renta, una persona que gana USD 2.000 mensuales, tendrá que pagar 16 veces más de lo que pagaba antes; mientras que una persona que gana USD 10.000 mensuales, solamente tendrá que pagar 0.5 más de lo que pagaba antes», indican.

Reiteran que al incrementar el impuesto a la clase media, diminuirá el consumo, las ventas y habrá menos incentivos para la producción y la recuperación económica, lo cual afectará a la sostenibilidad de las industrias y los comercios con intereses nacionales.

La CONAIE considera que este Proyecto de Ley no responde a las necesidades de recuperación económica y generación de empleo tras la pandemia. Sostiene que en realidad es una legislación que pretende cumplir con las condiciones impuestas por el FMI para desembolsar USD 700 millones de dólares hasta el final de este año, que serán usados para pagar más deuda externa, apoyar las importaciones del negocio de los grandes comerciantes y para apoyar la fuga de divisas de los grupos financieros.

«En general, el Proyecto de Ley no corresponde con el momento de grave crisis económica que requiere de incentivos para generar un crecimiento económico con generación de empleo digno e inclusión social. El Proyecto de Ley es un intento por brindar mayores privilegios al capital financiero en contra de toda la economía real. Los más afectados son las personas y los pueblos históricamente empobrecidos, pero también está en juego la salud del sistema económico nacional y sus posibilidades de desarrollo», aseveran.

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