Aclaró que si la ley obtuvo los 107 votos afirmativos es porque no es una norma que eleve los impuestos, no tiende los primeros puentes para la privatización y no restringe los derechos laborales de la población a diferencia de reformas pasadas. Resaltó que pese a no ser una ley que acapare todo el déficit, muestra una alianza pública-privada (APP) sólida y con zonas francas limitadas.

Explicó que el grado fiscal del país es un problema estructural en el presupuesto, debido a que hay más gastos que egresos. Remarcó que uno de los principales puntos cuestionables es que el proyecto aspira a recuperar solo USD 800 millones para el 2024, pero hay USD 5 mil millones faltantes en las arcas del Estado.

«Habrá que pensar en el 2025 porque para ese tiempo ya no habrá dinero si solo pretenden implementar la remisión tributaria», dijo.

Jaramillo indicó que en caso de existir una APP en el sector de salud o educación al servidor final, es decir, el ecuatoriano, no pagará una tarifa, pues ese cargo será exclusivamente del Estado. «No se pierde gratuidad en servicios públicos», aclaró.

Enmarcó que a diferencia de otras reformas, esta vez se atendió en un plazo de 20 días y no existió ningún veto. A diferencia de las reformas de Guillermo Lasso en las que pretendía «imponer lo que él quería y no se cambie ni una nota».

Sobre la votación sobre Glas

Jaramillo mencionó que todo presidente, vicepresidente o expresidentes y exvicepresidentes tienen inmunidad política. Resaltó que la sesión y votación el 21 de diciembre en el Pleno responde a ese dictamen legal y con eso se evitaría que la política se judicialice.

«Aquí lo que no se menciona es que en 2019 César Litargo, quien estaba al frente de la Asamblea, se saltó los procedimientos e hizo lo que quiso a partir de una resolución», resaltó.

Explicó que esto se activa porque los presuntos delitos se habrían cometido en el ejercicio de sus funciones, por lo que la participación del Legislativo es pertinente.

En cuanto a la solicitud de asilo político para Glas, señaló que el presidente Daniel Noboa deberá entregarla el salvoconducto y él exsegundo mandatario podría irse.

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Chamba ratificó que el proyecto solo pretendería condonar las deudas de los 10 grandes grupos económicos. Aseguró que no apoyarán las decisiones que afecten a la clase media.

«Todo lo que beneficie al pueblo ecuatoriano estará presente Construye, de lo contrario no (…) El beneficio lo tendrá la familia del presidente Noboa y del titular de la Asamblea, Henry Kronfle», repitió.

Enmarcó que se mantendrán en la oposición ante las «acciones equivocadas» que pretenda tomar el Ejecutivo. Cuestionó que el presidente pretenda «darle de baja a USD 48 millones», cuando hay un millón de personas pobres que se mantienen en la central de riesgo.

«No es posible que se intente privilegiar a los grandes empresarios y a los pobres no se los tome en cuenta», apuntó.

Los mayores deudores

Según el portal del Servicio de Rentas Internas, el país tiene un listado de 25 empresas que mantienen deudas en firmes. La lista la encabeza la Exportadora Bananera Noboa con USD 89,379,134.97.

Le sigue Licores Nacionales y Extranjeros Liqours CIA. Ltda., con USD 55 ,984,236.51. A continuación, Bonanza Fruit CO S.A. Corpbonanza con USD 47,090,903.06. López Calle Manuel Ruperto con USD 42,490,242.98.

Sevenseas CORP. S.A. adeuda un total del USD 39,294,056.37. Posterior a eso, Kimtech S.A. con USD 38,630,994.18. En el séptimo puesto está Ode Kronfle Jorge Salomón con USD 37,181,363.58.

La reacción de los analistas

Varios analistas ecónimos y políticos coincidieron en que el proyecto de Daniel Noboa no beneficia en nada a la clase media del país. Por el contrario, continuaría con la línea de económica de los últimos gobiernos.

Además, señalaron que el punto de las zonas francas son una alternativa que no ha mostrado resultados en los países que lo han implementado. Enfatizaron que hay mucho puntos flacos en la propuesta que genera más dudas sobre la hoja de ruta del Gobierno Nacional.

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