Este 21 de julio, Guillermo Lasso remitió al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquisela el documento donde indica la «Objeción Total» al proyecto de ley que derogaba casi en su totalidad a la Ley Humanitaria.

El Proyecto de Ley se aprobó el pasado 16 de junio con 119 votos a favor y enviado al Ejecutivo para su posterior revisión.

Razones de la objeción

Lasso indicó que el Proyecto de Ley tiene 9 artículos que aboradan temas importantes.

Sin embargo, alegó que se manejan con «absoluta ligereza técnico-legislativa«.

Así también, el presidente sostuvo que no se especifica qué artículos van a derogar.

«La disposición puede interpretarse de dos formas: a) se estaría efectuando una derogatoria total, que no está motivada en el Proyecto o b) esta dispoción degoratoria no tendría efecto alguno. No puede derogarse parcialmente una norma sin indicarse qué parte es la que se deroga», dice el oficio.

De esta manera, el Proyecto deberá archivarse durante por lo menos un año.

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Toapanta dice que la Corte debería dar las pautas para el alcance de los derechos laborales en un contexto de crisis, lo que epresentaría un ‘paraguas’ para las futuras reformas laborales. También sostuvo que la Corte, apenas conoció el caso, decidió tratarlo como ‘preferencial’, no obstante, eso no ocurrió y solo se convocaron a dos audiencias que no significaron un mayor avance.

Añade que se van a cumplir ya dos años de estas demandas sin respuesta. Pero, también hay otra vía para declarar la inconstitucionalidad de la «Ley Humanitaria»: la Asamblea Nacional. Cuando se implementó la ley, se determinó que su derogación era solo a través de la decisión del Pleno Legislativo.

Sin embargo, ello no sería tan factible ya que se trata de decisiones políticas y no técnicas, como las de la Corte por lo que su resolución no sería inmediata ni óptima. Aunque, Toapanta expresa que a pesar de haber presentado más de 20 demandas de inconstitucionalidad a la «Ley Humanitaria» y no haber recibido sentencia, la Asamblea no podría impartir estándares de derechos laborales.

Es decir, podría derogar o modificar la norma, mas no definir las pautas de derechos, lo que sí puede hacerlo la Corte. «La Asamblea trata otros temas de mayor prioridad debido a la coyuntura actual», acotó.

¿Cómo trata la Corte la inconstitucionalidad de la Ley Humanitria?

«Hay jueces y juezas de la Corte que en su libre ejercicio profesional también representan al sector empresarial. O que cuando estaban en instituciones públicas, tuvieron una inclinación al sector empresarial», afirmó refiriéndose al ‘temor’ de que la votación de la sentencia se podría ver limitada.

El colectivo exige que no solo declare inconstitucional a esta ley, sino que sea «un fallo reparador para las miles de personas que en este momento se encuentran precarizadas por esta ley». Pero, explica que si la Corte emite un fallo negativo, volverán a acudir a la Asamblea «con menores posibilidades de actuar».

Dijo que en casos puntuales que lo requieran, acudirán a instancias internacionales, pero que esto tarda mucho más tiempo.

La ley humanitaria

En 2015 se eliminó la norma de contrato a plazo fijo en el Código Laboral, pero esta se volvió a implementar en 2020, con la excusa de la pandemia y el mantener las plazas de trabajo. Esta vez se denominaron «Contratos Especiales Emergentes».

Esto significa que el empleador puede reducir la jornada laboral junto con la remuneración correspondiente. Actualmente, hay al rededor de 100 mil personas que cuentan con este contrato.

Toapanta explica que incluso los microemprendimientos y negocios que recién empiezan se acogen al uso de estos contratos de plazo fijo. Ella explica que ninguno de estos negocios puede justificar el uso de los contratos especiales emergentes ya que se deberían usar en un caso de crisis económica como el de la pandemia de COVID-19 en el año 2020.

La coordinadora del colectivo aseveró que a dos años de la implementación de esta ley, se han perdido más de un millón de empleos estables. Muchas personas fueron obligadas a firmar ‘renuncias voluntarias’ para luego, en el mejor de los casos recontratarlas con un contrato de plazo fijo, según explica.

El empleo precario alcanza el 30%; miles buscan trabajo y otros abandonan el país

Con ello, dice Toapanta, se perdió estabilidad y antigüedad de los trabajadores y, actualmente, el contrato especial emergente es el segundo más usado en el país. .

¿Quienes son los beneficiarios de la Ley Humanitaria?

Toapanta revela los sectores en los que se encuentran la mayoría de este tipo de contratos: sector agroindustrial, florícolas, empresas de lácteos, comercio y floricultoras. Estos sectores se han visto beneficiados por estos contratos que ni siquiera contemplan una diferenciación o focalización de qué tipo o qué empresas pueden incorporarlo.

«Nos preocupa que no exista ningún control por parte del Estado, porque no es necesario que el empleador alegue que está pasando por una crisis de cualquier tipo. Sino que la ley se convirtió en una facultad de cualquier empleador en cualquier momento sin necesidad de que atraviese una crisis», manifestó Toapanta.

Mencionó que el Estado también resultó beneficiado con la Ley Humanitaria, pues la Corte declaró al artículo 25 de esta ley -que ratificaba el nombramiento permanente del personal médico- inconstitucional. Por ello, gran parte del personal público de la salud fue desvinculado a pesar de su derecho al nombramiento permanente expuesto en la norma.

Ante esta situación se han presentado numerosas demandas y el sector empresarial no se ha quedado atrás durante estos años, pues logró que se apruebe esta ley que les ha convenido en cuanto a sus ganancias. No obstante, buscan más retrocesos laborales, advierte Toapanta.

Con ello se refiere al impulso de la reforma Laboral por parte del Ejecutivo, la cual es «altamente precaria», en cuanto a derechos laborales y favorece al sector empresarial.

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La sentencia ordena «declarar la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 y de la Disposición Transitoria Novena de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19».

El artículo 25 de la Ley Humanitaria proponía que a los trabajadores y profesionales  de la salud, que laboraron durante la emergencia sanitaria con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo, en algún centro de la Red Pública de Salud, previo el  concurso de méritos y oposición, se los declare ganadores del respectivo concurso público y se proceda con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. “En la campaña eran héroes. Ahora se declara inconstitucional el artículo 25, lo único positivo de esta Ley. Realmente este país va camino a ser un Estado fallido. Masacre en las cárceles, Pandora Papers y ahora un nuevo golpe a la salud”, expuso la asambleísta de UNES, Viviana Veloz.

Por su parte, Victoria Desintonio, de UNES, afirmó: “La Corte Constitucional del Trujillato atenta de forma vergonzosa contra los derechos de los trabajadores. A esos que llamaron héroes. Y echa abajo el trabajo mancomunado con diferentes colectivos que pertenecen al sistema de salud. Les niega los nombramientos a nuestros héroes”.

Ximena Garzón compareció en la Asamblea

Precisamente, hoy compareció ante la Comisión de Garantías Constitucionales, la ministra de Salud, Ximena Garzón. Desintonio, que es parte de la Comisión, lamentó que la ministra haya evadido sus preguntas sobre las denuncias de personal de primera línea, que enfrentó la pandemia y fue desvinculado irrespetando el artículo 25.

Por su parte, Garzón enfatizó en que no pueden pretender que, en apenas cuatro meses, se pueda resolver los problemas que, según ella, se desencadenaron por décadas en el país. Sin embargo, dijo, que están dando soluciones,

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Hoy, comenzaron a circular videos en redes sociales que daban cuenta de una compleja situación laboral en la empresa productora de bebidas PEPSI. Ecuador. Se trata de una trasnacional muy conocida por sus gaseosas y su auspicio a la Champions Europea, como se puede verificar en sus redes sociales.

Los videos dan cuenta del malestar de los trabajadores luego de recibir la noticia de que no continuarían en la empresa. Al recibir la noticia se organizan en los exteriores de la empresa y, a gritos, solicitan «sus cheques» y la presencia de una personal de talento humano. Los videos pronto se volvieron tendencia a nivel nacional.

Hace poco, situación similar se presentó en la empresa de productos lácteos Toni, y más recientemente en la firma Juan Eljuri, en Quito.

Para el abogado y escritor, Jorge Luis Cáceres, no es casual que estos problemas se presenten a fines de abril, inicios de mayo. “El asunto es las utilidades, las empresas prefieren, inclusive, despedir empleados que pagar este derecho”.

En algunos casos, señala Cáceres, la situación se origina porque estas empresas se rigieron por lo dispuestos por la Ley Humanitaria. Analizando el panorama a futuro, el abogado señala que estas situaciones serán todavía más frecuentes.

“Van a reaparecer en el escenario nacional las empresas tercerizadoras, que utilizarán vericuetos jurídicos, simplemente para no incluir a los empleados en la nómina principal y como es lógico para no pagar lo que por ley les correspondería”. Es decir, agregando a lo que manifiesta el entrevistado, sobresueldos y utilidades.

“Ahora que va a tener un empuje el sector privado, se espera que abran más puestos de trabajo, pero sin pagar lo que en realidad le corresponde al empleado”, sostuvo.

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Exigen que se cumpla el Artículo 25 de la Ley Humanitaria. “Exhortamos a las autoridades que cumplan con el compromiso que hicieron en las mesas técnicas que hemos trabajado”, dijo el doctor José Jácome, vicepresidente de la Comisión Médica Voluntaria del Ecuador.

Jácome dice que no existe un documento oficial del trabajo y los compromisos establecidos en las mesas técnicas. Por esa razón, el personal de talento humano está haciendo “las cosas a su antojo”.

El Artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario establece

Por su parte, el Colegio Nacional de Técnicos en Atención Primaria en Salud (Taps) presentarán una acción de protección en la Corte Constitucional. “El ministro de Salud Juan Carlos Zevallos nos planteó realizar una mesa técnica la semana pasada. Lamentablemente no cumplió con el tiempo, por eso presentaremos esta acción”, dijo a Radio La Calle,  Víctor León, asesor jurídico del Colegio Nacional  de lo Taps.

“El Ministro de Salud no los considera como profesionales, aun cuando tienen un título de tercer nivel. Se están vulnerando derechos de igualdad”, añadió León.

La mañana de este martes, el presidente de este gremio discutirá el tema en una mesa técnica de la Asamblea Nacional (AN). Son 2.500 técnicos afectados a nivel nacional que esperan respuestas por parte de la Asamblea, de lo contrario tomarán acciones legales.

Concentración Deportiva de Pichincha

La Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) también salió a exigir sus derechos. Jaime Ruiz, presidente de la CDP explicó a Radio La Calle que “la Comisión de Salud, sin el debate suficiente, envió un informe para tratar la Ley Orgánica del Deporte en el país”. Ruiz afirma que se trata de una ley que “ha destrozado el deporte ecuatoriano, ha desparecido las asociaciones provinciales por deporte y ha fortalecido la manipulación en el deporte de los gobiernos de turno”.

Según Jaime Ruiz, los afectados son alrededor de 200.000 profesionales del deporte, 3.000 deportistas en Pichincha en proceso formativo; además de organizaciones, trabajadores y clubes de deporte parroquial, barrial y estudiantil.

Los trabajadores de la CDP permanecen tres meses con sueldos impagos. Entregará una demanda de pago inmediato y un amparo para los deportistas, entrenadores y trabajadores del deporte ecuatoriano en el Ministerio de Economía y Finanzas.

“No podemos estar al arbitrio de una propuesta gubernamental que pretende usar el deporte para fines políticos”, finalizó Ruiz.

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La petición de los trabajadores y empleados es la derogatoria de dicho Reglamento, firmado por Lenin Moreno, pues afirman que afecta su estabilidad laboral.

Marcia Paredes, trabajadora del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Guaranda, dice que la Ley Humanitaria está bien, pero no el Reglamento. Ella sostiene que éste atenta a los derechos de los trabajadores del sector de la salud.

“Hemos estado al frente de la pandemia, pero no solamente el médico y la enfermera, somos un equipo multidisciplinario, gente del administrativo, bioquímicos farmacéuticos, laboratoristas. Sin embargo, no se nos está tomando en cuenta para darnos nuestros nombramientos”, agregó.

Incongruencia entre el Reglamento y la Ley Humanitaria

Carlos Villacreces, médico de Ambato, aseguró que las peticiones que realizan son específicamente dos: primero, la modificación del art. 10 y el art. 40 del Reglamento a la Ley Humanitaria y segundo, la emisión de los nombramientos definitivos.

El art. 10 del Reglamento a la Ley Humanitaria sostiene que “previo al otorgamiento de nombramientos definitivos […] se deberá definir las necesidades del contingente humano de acuerdo a la racionalización del personal requerido en los establecimientos de salud”.

Los trabajadores de la salud consideran que el Reglamento a la Ley Humanitaria es incongruente a los beneficios que la propia Ley y el Gobierno les garantizó durante la pandemia. (EQ)

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“Trabajamos más de 80 horas semanales sin un sueldo. Estamos cumpliendo el papel de los médicos sin un título. Hacemos nuestro trabajo y merecemos ser reconocidos con dignidad”, dijo un posgradista que pidió no ser identificado.

Un acuerdo inconcluso

La tarde del 16 de septiembre de 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo; la Asociación Ecuatoriana de Posgradistas y el Viceministro de Salud, Xavier Solano se reunieron para establecer un acuerdo preliminar que se consolidaría el 18 de septiembre. Los estudiantes resolvieron no retornar a sus puestos de trabajo, mientras no se resuelvan sus pedidos.

“Desde que se aprobó la Ley Humanitaria, el Gobierno no ha cumplido. Nuestras familias cuentan con nosotros y nosotros contamos con el Estado para que nos pague. Exigimos solo lo que establece la ley”, añadió

El FUT y los estudiantes contra las medidas

Ayer, posgradistas, trabajadores y estudiantes se movilizaron hasta la plaza de Santo Domingo, a pesar de las condiciones climáticas. Los ciudadanos no llegaron al palacio de Carondelet por los bloqueos dispuestos por el cuerpo policial. Durante la marcha, los protestantes fueron reprimidos.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó a la marcha contra el oficialismo por la precarización del trabajo. Los universitarios se sumaron a la movilización para demostrar su descontento por el recorte presupuestario a la educación superior. La Corte Constitucional respaldó el recorte presupuestario que ordenó el Ministerio de Finanzas por ser una «acción constitucional». (GG)

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“Gracias a la Ley Humanitaria y las medidas laborales que impulsamos para cuidar el trabajo, se han logrado mantener más de 56 mil empleos y generar 104 mil nuevas plazas de trabajo. El esfuerzo de todos está dando frutos”, dijo el mandatario.

“Desde mayo de 2017, el Gobierno Nacional ha promovido políticas y normativas para fomentar el emprendimiento y generar fuentes de empleo. Entre las iniciativas que se destacan están la Ley de Crecimiento Económico, que brindó soluciones a miles de pequeños empresarios. La Ley de Emprendimiento e Innovación que brinda facilidades a quienes han optado por tener su propio negocio”, indicó el comunicado de la Secretaría de Comunicación.

Despidos en la emergencia

El pasado 1 de mayo, el Ministerio de Educación, indicó la finalización de contratos y la reducción de salario para los trabajadores de la educación.

«El Ministerio de Economía y Finanzas realizó la suspensión y por tanto el recorte del presupuesto correspondiente a los proyectos SAFPI, Alfabetización y Post alfabetización».

Agrega que, al no disponer de recursos en la partida, se debe notificar la desvinculación del personal el 30 de abril, exceptuando grupos vulnerables».

El 28 de mayo, 670 personas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senecyt) perdieron su empleo.

«Me permito informar que esta cartera de Estado mantiene una nómina de 493 servidores, de los cuales 73 pertenecen a grupos de atención prioritaria. Por lo que el análisis de la optimización se realiza sobre 371 personas que pueden desvincularse conforme a la ley», indicó el secretario de la institución, Agustín Albán.

Además, 170 trabajadores de la salud que laboraban bajo contratos por servicios ocasionales salieron de sus puestos el 31 de julio. A pesar de ser trabajadores de primera línea y ofrecer sus servicios en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.

El sector privado también se vio afectado por los despidos. Trabajadores de Indurama, Colineal, Ecuavisa, TC Televisión, Canal Uno y Diario La Hora aún no reciben sus indemnizaciones ni su salario pendiente.

Desempleo

De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en 2019 habían 366.163 personas en el desempleo. En 2020, en cambio, son 1’009.583 las personas que no cuentan con empleo. Los números contradicen la promesa de Moreno en 2017, cuando ofreció un millón de empleos. Sin embargo, la realidad demostró una situación totalmente distinta.

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“Independiente de la respuesta que nos dé el ministro de Agricultura, vamos a demandar al Estado por violación de derechos en el sector de los trabajadores”, aseguró en una entrevista para Radio La Calle.

El problema del sector bananero comenzó en el año 2010, según Acosta. Desde entonces hay una forma moderna de esclavitud que mantiene al trabajador en condiciones inhumanas de trabajo. “Álvaro Noboa se presenta como un candidato salvador cuando es el mayor explotador de las bananeras”, denunció.

De acuerdo con las declaraciones de Acosta, la crisis sanitaria empeoró la situación de los trabajadores. El Estado obligó a laborar, pero no exigió que las empresas cumplan con un sueldo digno. “Este gobierno se ha preocupado sobre todo por la economía de los más poderosos pero ha olvidado a los trabajadores”, concluyó.

Desempleo y pobreza en el Ecuador

El asambleísta Pabel Muñoz (RC), expuso su malestar por las cifras referentes a la Economía del Ecuador. Los datos provienen del Banco Central (BCE) y el Ministerio de Finanzas (MEF). “No solo entristecen, sino que indignan los datos de economía, empleo, pobreza y confianza institucional.” expresó el asambleísta.

Estos datos son aproximados y atraviesan varios puntos en la economía; uno de ellos es la disminución del -9,6% en el crecimiento económico, según cifras del BCE. También, se evidencia un déficit fiscal de USD 10.162 millones, de acuerdo con el MEF.

Por otro lado, el saldo total de deuda pública es de USD 42.677 millones, cuando al mismo tiempo, se despedían a los trabajadores, y se concesionaban varias empresas, del sector público. Otro rubro que se menciona, es el controversial pago anticipado de la deuda externa, por 1.909 millones de dólares durante la pandemia. (GG)

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“El gobierno de Moreno no entiende ni dimensiona el nivel y las características de la actual cris. Por ello, somos de los únicos en el mundo en no inyectar sino en retirar la poca liquidez existente en la economía. Somos un caso inédito de sumisión, aprovechando la pandemia para cumplir con los mandatos del Fondo Monetario Internacional”, dijo Pabel Muñoz, representante de la bancada de la Revolución Ciudadana.

“Nuestras propuestas encaran a los morosos con el Estado, a quienes tien su riqueza en el país pero la ocultan en paraísos fiscales, a quienes no les importa la quiebra de miles de sueños mientras ellos sigan cobrando sus cuotas, sus intereses, sus moras, sus comisiones. Siempre lo dijimos, alternativas sí hay, lo que falta es un Gobierno con liderazgo y voluntad, un presidente al que le duela el país”, concluyó.

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