El asambleísta Adrián Castro mocionó a Jhajaira Urresta, Lucía Jaramillo, Nicole Saca, Pedro Velasco y Sandra Rueda para que conformen la Mesa Legislativa.

La parlamentaria Jhajaira Urresta, por la Revolución Ciudadana (RC), que obtuvo 103 votos a favor, 15 en contra y 12 abstenciones, se convierte en la primera integrante del Comité.

Lucía Jaramillo del Partido Social Cristiano (PSC) y aliados se consagra como la segunda integrante con 119 votos afirmativos. El tercer integrante es la legisladora Nicole Saca de Acción Democrática Nacional (ADN) con 124 votos a favor, 0 negativos y 6 abstenciones.

Pedro Velasco, llegó a la Asamblea Nacional por el partido Actuemos; sin embargo, ahora se considera independiente. Es el cuarto integrante del Comité con 122 afirmativos.

Finalmente, Paúl Buestán, representante del movimiento Construye, fue nominado como el cuarto integrante. No obstante, el legislador solo alcanzó 34 votos afirmativos, 48 en contra y 46 abstenciones, por lo que revisaron si existía otra nominación. Al no existir, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, suspendió la sesión y la reanudará el jueves 30 de noviembre de 2023 a las 9:00 am.

Esta última moción se hizo en reemplazo de Sandra Rueda para cumplir con la paridad de género que exige la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Prohibiciones de los asambleístas

Tanto el artículo 127 de la Constitución como el 163 de la LOFL detallan las prohibiciones que tienen los legisladores. Entre ellas:

• No desempeñar otra función pública o privada ni dedicarse a sus actividades profesionales si son compatibles con su cargo;
• Ofrecer, tramitar o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los
• destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional;
• Gestionar nombramientos de cargos públicos;
• Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas;
• Aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado; y,
• Celebrar contratos con entidades del sector público.

¿De qué se encarga el Comité?

El Comité tendrá la función de conocer los hechos denunciados que incurran en las infracciones señaladas en el artículo 127 de la Constitución y 163 de la LOFL. Las atribuciones que tienen son:

• Iniciar, previa denuncia y de conformidad con la Ley, el proceso de investigación en contra de cualquier asambleísta que haya incurrido en infracciones detalladas.
• Emitir un informe motivado, que enviarán a la Asamblea Nacional.
• Proponer o pronunciarse respecto a iniciativas que fomenten la ética y transparencia.

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«El partido de Izquierda Democrática ha dado su pronunciamiento claro. Nosotros no vamos a ser parte de este proceso. Ellos han mencionado que la abstencion fue una resolución que se tomó con los presidentes provinciales, representantes del exterior y asambleístas«, manifestó Moreira.

Además, reveló que el moviento político al que pertenece analizó y debatió cómo se gestó el proceso de enjuiciamiento antes de tomar una postura definitiva. «Nosotros hemos sostenido que el Artículo 142 no puede aplicarse a un juicio político porque este es un proceso especial. Como también un procedimiento de juicio político a un presidente y vecepresidente», planteó la funcionaria al respecto.

Según el Artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, «El voto podrá ser afirmativo, negativo, de abstención y en blanco. En este último caso, estos votos se sumarán a la votación mayoritaria, y se computarán para la conformación de la mayoría absoluta».

La legisladora argumentó que en el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, se menciona que debe regirse el procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. «Esto no puede entenderse, como lamentablemente lo hicieron en un inicio, de citar por ejemplo un procedimiento de juicio político a cualquier ministro o jefe de Estado. Entonces tiene su procedimiento especial», añadió.

Según Moreira esto se trata de «politiquería» y no de política

«Debemos entender que existe una agresión al Estado de Derecho, que quieren decirnos que un juicio político no tiene que ser jurídico: cuando lo político es elemental que tenga un base jurídica. Nos quieren meter ‘politiquería’ como política», enfatizó la asambleísta respecto de la composición de elementos alrededor del proceso de enjuiciamiento.

«Hasta este momento cómo podemos entender, y debo volver a mencionarlo, que los mismos ponentes hayan firmado un informe en el que sostenían este contrato, y digo ponentes porque se aprobó con los votos del Partido Social Cristiano y la bancada correísta. Entonces estos elementos hacen ruido y esos discursos cambiantes, no pueden dejar de estar en la mente de la ciudadanía».

La representante de ID concluyó su intervención tras afirmar que el país se encuentra dividido a causa del odio. «Nos quieren poner en dos extremos que son distintos y que son incapaces de ver que hay personas que pueden criticar y exigir al Gobierno, pero que podemos tomar decisiones responsables«.

JR

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