“El presidente Noboa es un ignorante, no conoce la realidad de este país”, señaló Leonidas Iza presidente de la CONAIE, durante un plantón en los exteriores de la Embajada de Canadá, en Quito.

Las protestas por la minería ilegal en los territorios indígenas han trascendido con el paso del tiempo sin la respuesta favorable de los gobiernos de turno. Hoy la situación no es diferente y empeora con el decreto conflicto armado interno emitido por el presidente Daniel Noboa a inicios de enero del 2024.

El conflicto en Palo Quemado

El pasado 19 de marzo se desató la represión militar y policial en la zona. El movimiento indígena denunció un violento ataque a los comuneros y familias que se oponen a las actividades mineras de Atico Mining, una empresa canadiense.

Videos en redes sociales expusieron a un ciudadano herido por el impacto de una bomba lacrimógena que habrían lanzado las fuerzas del orden. La herida se presentó en su pierna izquierda. Moradores del sector alertaron la llegada de 500 efectivos para resguardar la consulta ambiental que pretenden imponer las autoridades por el proyecto La Plata.

Acciones jurídicas

El mismo día la CONAIE acudió a los exteriores de la Corte Constitucional (CC) para interponer una demanda de inconstitucionalidad al manual emitido por el Ministerio del Ambiente. El objetivo del Estado con este documento era aparentemente regular el derecho a la consulta previa e informada ante las concesiones mineras.

Iza detalló que esta acción es mínima, pues un manual o un decreto no se asemeja al valor de una ley. Enfatizó el respeto a los derechos ciudadanos.

También solicitó a la entidad la suspensión provisional de la consulta ambiental en Palo Quemado, pedido que fue admitido por el juez de Sigchos, Darwin Paredes. El alcalde del cantón, Óscar Monge, presentó una acción de protección y pidió el retiro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La audiencia se realizará el próximo 2 de abril a las 10h00.

Vuelven los ataques

Después de la resolución jurídica, el movimiento indígena reportó nuevos ataques y más refuerzo militar y policial en la zona minera. Según las publicaciones de redes sociales, varios campesinos resultaron heridos, incluso, un ciudadano recibió un disparo en el rostro y los trasladaron de urgencia a un hospital, de acuerdo al Frente Nacional Antiminero.

El líder de la Conaie no ha ocultado su enojo frente a esta situación y sostuvo que este Gobierno es ignorante, pues no conoce la realidad del país y resaltó que un manual no es lo adecuado para una consulta ambiental.

También señaló que el Grupo Nobis, perteneciente a la familia del presidente Noboa, participa de capitales mineros en el país y que el manejo político del actual gobierno tiene la intención de garantizar las ganancias del grupo económico del mandatario.

La respuesta de las FF.AA.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, detalló que »un grupo organizado fuertemente armado» hirió al personal de las fuerzas del orden y destruyó propiedad privada.

»Este ataque me obliga a recordarle a la ciudadanía que un ataque terrorista es aquel que tiene como objetivo causar la muerte o lesiones físicas contra cualquier persona», resaltó. (AGM).

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Este 14 de enero el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó la Ley Orgánica para enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, la cual plantea incrementar el IVA al 15 %, las asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz y Esther Cuesta votaron en contra.

»En el CAL no votamos a favor o en contra de leyes. Solo verificamos se cumpla la normativa y este proyecto de ley no cumple», resaltó Cuesta.

De acuerdo a la bancada no se cumplió con el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) que especifica que será la comisión de Régimen Económico la que trate leyes en materia fiscal, presupuestaria, «tributaria» monetaria y financiera, es decir, este proyecto de ley no debió remitirse a la otra mesa parlamentaria.

Pese a esta observación el trámite pasará a manos de la Comisión de Desarrollo Económico presidida por la legisladora del oficialismo, Valentina Centeno. Posteriormente, el Pleno de la Asamblea tendrá la última palabra.

»Mi total compromiso para tramitar este cuerpo legal de manera técnica y responsable», fue la única respuesta de Centeno ante la decisión del CAL. (AGM).

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