Dicha Ley eximía a las personas que se acojan al Régimen Voluntario Impositivo, Único y Temporal (RIVUT) de investigaciones por ciertos delitos como el enriquecimiento privado no justificado.  Es decir, las personas con bienes en el exterior presentados voluntariamente como “legales”, no eran susceptibles a impugnaciones por juicios de defraudación tributaria.

La Corte Constitucional del Ecuador rechazó parcialmente la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, casi un año después de entrar en vigencia. ¿Por qué se demoró tanto en actuar? Según el economista y analista público, Juan Pablo Jaramillo, esto sería por un problema burocrático.

La Corte actúa bajo demandas

Jaramillo explicó que la Corte no pudo actuar de forma inmediata, ya que trabaja en función a las demandas presentadas para enfrentar los casos de inconstitucionalidad. “La Corte tiene que ir detrás de cada una de las demandas, que en este caso fueron diez las que se presentaron en un año. Una de ellas por un grupo de asambleístas de UNES”, dijo el analista.

El informe de mayoría del Legislativo ya había negado antes el proyecto de Ley. Sin embargo, entró en vigencia puesto que dicho informe refería a un proyecto antiguo y no el último borrador de la norma de Ley impulsada por el Ejecutivo en 2021.

Lo que quedó fuera

La decisión de la Corte contó con cuatro votos salvados del magistrado. Esos cuatro jueces también habrían apostado por la inconstitucionalidad del impuesto a la renta para personas naturales. No obstante, la votación no fue suficiente para tomarla en cuenta.

“Ha quedado claro que la mayoría de la Corte no actuó así, a pesar de presentar pruebas contundentes sobre el último punto”, dijo Jaramillo.

La decisión de la Corte

El 28 de octubre, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos 112 a 116 y 131 a 145 de la conocida como “Ley Tributaria”. El pleno dictó que en sentido de forma (no pertenecer a un mismo eje temático) y fondo (incompatibilidad con la Constitución del Ecuador), debían eliminarse varios puntos.

Entre ellos, artículos referidos a la reforma petrolera, impuestos a la renta, activos en el exterior, impuestos a la herencia y reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos, fueron derogados inmediatamente. Excepto el Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE), cuya sentencia le da un año más de vigencia hasta finales del 2023. (J.P.C)

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«La Ley tiene dos artículos: El primero indica la derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico. El segundo es la eliminación de los efectos tributarios que esta ley tuvo desde el momento de su registro oficial y aplicación”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

La asambleísta explicó que la naturaleza de la Ley Tributaria es recaudatoria de fondos públicos. No hay nada de desarrollo, ni sostenibilidad.

“El objetivo de esta ley y de estos tributos no son orientarlos al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, sino más bien a fortalecer el fondo internacional que tiene el Ecuador”, afirmó Sánchez.

No hubo beneficios con la ley

Además, recalcó que esta ley lo que hizo es agudizar las contradicciones sociales, aflorar más la crisis económica y aceleró estas condiciones de precariedad que vive la sociedad ecuatoriana.

“La ley es cuestionada incluso por los mismos sectores empresariales que no ven ninguna posibilidad de crecimiento, de desarrollo y de reactivación productiva”, aseveró Sánchez.

También sostuvo que hay la posibilidad de que el presidente vete este proyecto, pero también hay otra posibilidad y es que esta ley se reforme y que se aporte con una normativa que realmente genere una reactivación económica.

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«Yo no me siento incómodo siendo incómodo para el poder actual», manifestó el Jarrín. Asimismo, se refirió al Gobierno de Lasso como contrario a la dignidad humana y a la justicia social.

El legislador precisó que el Gobierno y sus aliados descalifican las decisiones que no les resultan convenientes.

En cuanto a las amenazas de muerte cruzada, desde asambleístas alineados al Ejecutivo, Jarrín expresó que «no le tienen miedo a las amenazas del Gobierno» y si llega a darse el caso, procederán con la muerte cruzada.

«Eso es desesperación y eso es miedo de la democracia, miedo de la verdad», manifestó Jarrín.

Pugna en la Asamblea por Guadalupe Llori

«Nos regimos por la ley», dijo en referencia a la comisión multipartidista que deberá evaluar la gestión de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. El asambleísta supone que Llori está atemorizada y para ella, estos procesos significan su destitución.

En esta misma línea, el legislador dijo que Llori tiene miedo y por ello evade todo proceso relacionado a su función. También indicó que suspendió todas las sesiones y convocó al pleno a las 22h00 del sábado, lo que es ilegal.

De acuerdo a Jarrín, el oficialismo entorpece y obstaculiza mociones propuestas desde UNES y los sectores no aliados.

Por último, en referencia al último conflicto en el pleno, el legislador comentó: «Queremos que se prendan las luces para que deje de haber oscuridad en lo que está haciendo la Asamblea y lo que hace el Gobierno».

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«La pandemia neoliberal tiene una de sus principales dagas en la economía de las microempresas, los medianos productores, las familias de clase media y el incremento al impuesto a la renta», aseguró el legislador.

«El asambleísta indicó que la ciudadanía se está viendo afectada. «Cuando hacen su programación o  el cálculo de sus sueldo, se está evidenciando un aumento de 1.500% , 1.600% y en los sectores más altos el incremento es de 25%, y esto es lo que no es legítimo. No había ninguna razón legal o constitucional para aprobar Ley tributaria”, dijo.

El asambleísta manifestó que fue necesario el envío de una demanda de inconstitucional contra el “paquetazo Lasso”. Por ello, pidió apoyo constante a la ciudadanía para fortalecer las voces críticas y pedir el urgente pronunciamiento de la Corte sobre la promulgación inconstitucional de este decreto, que beneficia a los sectores más ricos del país.

Por esta razón, dijo, es importante que se analice y se dictamine desde la Corte Constitucional la aplicabilidad de este paquete tributario, como primer camino. “No tenemos confianza en la Corte, pero seguiremos insistiendo con la denuncia», añadió.

El otro camino es valerse del artículo 140, pero recalcó que llevaría más tiempo. Advirtió que aún con todas las incongruencias de la Asamblea Nacional y el CAL, seguirán presionando para que se derogue esta ley.

“De los creadores de si te botan del trabajo debes pagar a tu empleador, llega el impuesto a la renta como impuesto al sueldo”, ironizó.

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De acuerdo con el grupo, las decisiones de los miembros del CAL al dilatar el proceso pidiendo ayuda a la Corte Constitucional en la interpretación del artículo 140 es una posición de la mayoría gobiernista.

“Nuestro compañero Ronny Aleaga presentó la moción para que el CAL califique los proyectos derogatorios, sin embargo, Yessenia Guamaní de la Izquierda Democrática solicitó se pida ayuda a la Corte Constitucional para interpretar el artículo 140. Es decir, dilataron el trámite y la posibilidad de derogar ese paquetazo tributario. Esta decisión fue apoyada por Nataly Arias (CREO), Virgilio Saquicela (Independiente) y la presidenta de la Asamblea Guadalupe Llori”, dice parte del comunicado.

Sin recuperación económica

Aseguraron que no es nada nuevo pues “la mayoría oficialista se entrega al gobierno y da la espalda al pueblo ecuatoriano”. Añadieron que el Ecuador necesita un verdadero programa de recuperación económica, pero que la ley de Lasso le mete la mano al bolsillo de la clase media. No genera empleo. Tampoco regulariza capitales en paraísos fiscales o amplia los negocios de la banca. Además, elimina el impuesto a la herencia. “Guadalupe Llori y Yessenia Guamaní ya no guardan ni las formas. Se autodenominan representantes de los menos favorecidos, pero responden a los intereses del gobierno”.

El pronunciamiento de PK

Algunos asambleístas de la bancada de Pachakutik (PK) también rechazaron el actuar de los miembros del CAL. “Rechazamos la decisión de los asambleístas Yeseña Guamaní (ID), Nataly Arias (CREO), Virgilio Saquicela (Independiente) y Guadalupe Llori (PK). Miembros del CAL que dilatan la calificación de los proyectos de derogatoria a esa ley injusta, favoreciendo con su actitud mojigata al gobierno nacional en desmedro de las grandes mayorías”, dice parte de su pronunciamiento.

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Quito, 29 ene (La Calle).- Frente a la negativa en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Izquierda Democrática (ID) de revisión y apoyo a los proyectos que buscan derogar la Ley Tributaria, esta bancada difundió un comunicado en el que pide que se consulte a la Corte Constitucional sobre la posible derogación.

El CAL suspendió el viernes la revisión de dos proyectos enviados por UNES y Pachakutik “hasta que este Consejo pueda contar con el pronunciamiento de la Corte Constitucional”, según el comunicado emitido por el órgano legislativo.

Durante la sesión, el CAL aprobó la moción de la Segunda presidenta de la Asamblea, Yeseña Guamaní, con el fin de solicitar la acción de interpretación de la Constitución sobre las competencias constitucionales de la Asamblea. Esta solicitud de interpretación se refiere al inciso de algunos de los artículos por los cuales el informe de la Unidad Técnica Legislativa recomendó no aprobar los proyectos de derogatoria de la ley debido a que incumplen con la normativa formal establecida en los artículos 134, 135, 136 y 301 de la Constitución.

Al final de comunicado ID expresó que es <<respetuosa con la institucionalidad y es consecuente con la realidad del país>>.

Contradicciones

En días pasados, Marlon Cadena, asambleísta y jefe de la bancada de la ID, aseguró a Radio La Calle que su bloque tramitará con urgencia estos proyectos de ley, que han afectado directamente a los bolsillos de la ya empobrecida clase media ecuatoriana.

Además, sostuvo que la designación de Guamaní como vicepresidenta -acto que tuvo la anuencia del primer mandatario y su bancada- no significa que ese bloque se iba a poner al servicio del Ejecutivo. Tal parece que no será así.

Los votos de Guadalupe Llori (PK), Virgilio Saquicela y Nataly Arias (BAN-CREO) y Yeseña Guamaní (ID) impidieron el paso de los proyectos para derogar la reforma tributaria.

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Según Muñoz, la Asamblea Nacional tiene en sus manos la posibilidad de eliminar la Ley del Gobierno y así aliviar la economía de los ecuatorianos, que cada vez está empeorando por políticas que no están pensadas para el bienestar ciudadano. El legislador insistión en que el CAL está en la obligación de actuar en defensa de los intereses de la gente y no del Gobierno.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, puntualizó que el CAL, “procede siempre de manera legal y respetando el principio de prelación, (…) se actúa con respeto a la Constitución y la ley”.

Muñoz sostiene que el presidente Lasso promulgó de manera arbitraria una normativa que no está pensada en el bienestar de la ciudadanía. Reiteró que  los sectores de clase media, las pequeñas y medianas empresas están horrorizadas por los nuevos impuestos.

“El Gobierno del Encuentro, con esa ley, modificó la tarifa del impuesto a la renta, modificó la fórmula del cálculo del impuesto a la renta, incluso, eliminó las deducciones», expresó Muñoz.

Para Muñoz y la bancada de UNES es necesario trabajar en una solución real y concreta, donde se evidencien leyes que cumplan con las peticiones ciudadanas.

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El movimiento solicitó, este lunes, a la Corte Constitucional (CC) revisar la inconstitucional de la ley de Desarrollo Económico que pasó por el Ministerio de Ley, el 30 de octubre.

En los exteriores de la CC, los asambleístas y la dirigencia de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (CONAIE) indicaron que la normativa “permite legalizar capitales en paraísos fiscales. Además, abre las puertas a la privatización en el sector hidrocarburífero sobre la comercialización de combustibles, dejando al libre mercado el ajuste de precios. También establece que los tributos recaudados no se definirán como ingresos permanentes. De manera que esos rubros no se considerarán para garantizar la salud y la educación”.

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«No es hablar de igualdad ni equidad entre iguales cuando quien adquiere un patrimonio por herencia de miles, a diferencia de quien lo adquiere por millones. No podemos seguir metiendo la mano al bolsillo de la gran mayoría de ecuatorianos», dijo el asambleísta proponente, Peter Calo.

Apoyo de la CONAIE

“Respaldamos al bloque de asambleístas que están apegados a las decisiones de los movimientos populares. Invitamos al resto de asambleístas que acojan y escuchen al pueblo, a la clase media”, dijo el presidente de CONAIE, Leonidas Iza.

Añadió que “no es posible que el pago de estos tributos terminen en el abono de la deuda externa. No se está recuperando para salvaguardar los intereses de los trabajadores y la clase popular en este país”.

El pedido de acción pública deberá ser revisado por los miembros de la Corte Constitucional y no tiene una fecha límite para su trámite.

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“Finalmente la ley de Desarrollo Económico pasó por el Ministerio de la Ley, a pesar de que en el bloque Pachakutik tuvimos una iniciativa para su archivo. […] Desde la bancada presentamos un proyecto de ley de derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico y se promulgó en el Registro Oficial», indicó la legisladora Patricia Sánchez.

“Esta ley no favorece a las familias ecuatorianas, favorece a los grandes empresarios que llevan su dinero a paraísos fiscales y con ese dinero quieren evitar pagar los impuestos que deben pagar como todos nosotros”, indicó el legislador Salvador Mailla.

Por su parte, Salvador Quishpe dijo que no pueden quedarse cruzados de brazos viendo como entra en vigor una ley que por un lado aplica impuestos a quienes ganan USD 2.000 y por otro lado se perdonan los USD 30 millones que el Estado cobraba a las telecomunicaciones”.

Sobre la votación del 30 de noviembre añadió que «nosotros cumplimos con nuestra obligación. Algunos sectores votaron por el archivo. Otro sector dijo que fue un error involuntario, les tomamos la palabra. Con este proyecto pueden remediar el error que cometieron».

El proyecto de ley seguirá el procedimiento ordinario. La bancada no descarta recursos ante la Corte Constitucional que presentarán el 1 de diciembre. «La democracia está siendo pisoteada. El único que salvará al país es el propio pueblo».

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«Considerando que el proyecto de ley se presentó con fecha 28 de octubre del 2021 como se desprende del oficio que adjunto y en vista de que el Pleno de la Asamblea no ha aprobado, modificado o negado el Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico tras la Pandemia COVID-19 solicito su publicación en el Registro Oficial», dice el oficio al director del Registro Oficial, Hugo del Pozo.

Oficio de la Asamblea

El mandatario indicó que se envió un oficio desde la Secretaría de la Asamblea Nacional indicando sobre el estado del debate y la votación del proyecto de ley el pasado 26 de noviembre. «Se puso a consideración en el Pleno de la Asamblea varias mociones con respecto a los informes al mencionado proyecto de ley sin que ninguna de ellas obtuviera los votos necesarios para su aprobación».

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“Respecto a la decisión de UNES hay dos explicaciones. O son perfectamente incompetentes todos o hay un acuerdo con el Gobierno de Lasso. Como yo me resisto a pensar que en una bancada tan grande todos sean incompetentes, es evidente que hubo un juego de manos para querer embaucar a la gente y terminar legitimando el paso del proyecto por el Ministerio de Ley”, explica para Radio la Calle el abogado y analista Ramiro Aguilar.

Sin embargo, no hay una explicación del porqué o lo que pactaron con el Gobierno. “Si UNES esta vez habría estado del lado de la gente, habría votado el archivo. Todo lo que digan sobre eso es una tontería o mentira. Este proyecto es absolutamente nocivo para la gente y en consecuencia había que darle el tiro de gracia”.

El objetivo del Gobierno

Para el jurista, el Gobierno siempre jugó a que su proyecto pase por el Ministerio de Ley. “Pachakutik, ID, los socialcristianos y UNES estuvieron en ese juego para que luego digan: no, nosotros no votamos por el proyecto de ley”.

“En este caso lo que habría que preguntarle al expresidente Correa y a UNES es ¿qué pactaron? Hay oposición, pero en este caso hay que preguntarse qué negociaron. Me resisto a pensar que 35 personas sean tontas”, precisó.

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Del lado de Pachakutik

La legisladora de Pachakutik, Mireya Pazmiño, señala que están muy consternados y preocupados por lo ocurrido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Respecto a la abstención de la bancada UNES, frente a la moción de archivo del proyecto de Ley de Desarrollo Económico, la legisladora dice que de parecería que están buscando intereses personales.

“Ahora estamos viendo que el correísmo no es de izquierda. No es la voz del pueblo ecuatoriano. Realmente estamos muy tristes, porque el resultado de esta votación acarrea más pobreza para el pueblo ecuatoriano”, asegura.

Explica que queda una última opción que sería pedir la reconsideración de la votación y convocar al Pleno el día de mañana. “Se debería ingresar la petición para solicitar la reconsideración, a través de un oficio de cualquiera de los asambleístas. Pero considerando que mañana vence el plazo, esto debería hacerse lo antes posible hoy; a más tardar mañana, e inmediatamente la presidenta de la Asamblea debería convocar a votación”, indica.

El archivo

Pazmiño cuenta que su propuesta consistía en archivar todo el proyecto económico urgente, tal como ingresó al Pleno de la Asamblea Nacional. Luego de eso el presidente tenia la oportunidad de presentar un nuevo proyecto económico urgente.

“Estábamos llamando también a que entre todos propongamos un proyecto, aportemos y entreguemos esto en la Secretaría de la Presidencia. Pero ahora, que entre el proyecto por el ministerio de la Ley es algo muy perjudicial para todos los ecuatorianos”, afirma.

La legisladora de Pachakutik sostiene que su bancada no apoyó el informe de minoría porque estratégicamente era más conveniente archivarlo. Explica que al aprobar este informe quedaba abierta la posibilidad de que cuando regrese al Ejecutivo sea vetado por el presidente. Con el veto, explica Pazmiño, se podría ingresar nuevamente el proyecto del Ejecutivo tal cual se envió la primera vez.

Por ello, la asambleísta asegura que la mejor opción era construir un nuevo proyecto que realmente beneficie a la mayoría de los ecuatorianos, que genere una verdadera reactivación.

“Ahora quedará en el pueblo, si nos vamos a las calles. Creo que el pueblo no se va aquedar tranquilo porque esta Ley afecta a todos los sectores. Además, tendrá un costo político muy alto para la bancada de UNES”, señala.

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El ponente designado, Francisco Jiménez, explicó los cambios que realizó en el texto final. En el artículo 22 se modificaron los porcentajes de las contribuciones temporales que, dependiendo de las fechas de pago serán de: 4.5%, 5.5% y 6.5%.

Además el artículo 39 numeral 13 se sustituyó que se podrá reducir el 100% adicional para el cálculo del impuesto a la renta en sectores específicos, en el caso de donaciones en temas ambientales.

Un punto importante fue el articulo 42 numeral 2 del “impuesto a la herencia” que se mantiene, pues lo asambleístas consideran necesaria la exoneración de este impuesto se dará a los beneficiarios dentro del primer grado de consanguinidad”. El Artículo 44 queda así: se sustituye por “las utilidades que perciban provenientes de la enajenación de acciones estarán sujetas a un impuesto a la renta único con tarifa progresiva.

Otros cambios son las especificaciones en las tablas de Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y el artículo 118 para los contratos de operación turística que tendrán una vigencia 10 años.

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El debate

Los compañeros de bancada de Jiménez (BAN) estuvieron presentes para defender este proyecto de ley. Natalie Arias indicó que “El artículo 53 beneficia directamente a las mujeres y sus hijos porque hablamos de productos sanitarios y pañales. Fue una promesa de campaña. Hay una preocupación en ese sentido. Hay que tener presente que los planteamientos de la ley deben ser en función de lo que se ha hecho en estos seis meses”.

El independiente John Vinueza afirmó que algunos cambios eran totalmente necesarios. “Cuando el asambleísta del gobierno indica que habrá cambios es difícil de creer, pero si indican que van a mantener el impuesto a las herencias es importante. Ya veo al menos una luz. Sobre el artículo 39 sobre las donaciones al tema ambiental, creo que es importante añadir las enfermedades catastróficas”.

Impuestos para pagar una nueva secretaría

La asambleísta del PCS, Natalie Viteri, hizo un señalamiento importante. La creación de la Secretaría de Asociaciones Publico – Privadas, una entidad adscrita a la Presidencia y que usará recursos públicos para mantenerse. “Pregunté porque no usan a funcionarios que ya estén trabajando en el sector público y me indicaron que ninguno en Ecuador está capacitado por lo que tendrán que traer gente de afuera que ganará grandes sueldos”, dijo.

También puntualizó que se beneficia a las asociaciones de empresas que ya existen en el país y quieren fusionarse. “No hay nada para los emprendedores, pero si para las clases pudientes que ya tienen compañías” dijo.

Finalmente indicó que la ley permiten que las acciones que se negocien en la bolsa de valores no paguen impuestos. “¿A qué clase media queremos beneficiar con esta ley?”, precisó.

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«Me apena el trabajo que hemos hecho, pero lamentablemente nos deja mucho que decir. Mañana en el pleno de la Asamblea Nacional se va a someter a votación un informe ¿Si recoge o no las observaciones que hicieron los legisladores? No lo sabemos, pero es lamentable lo que sucede en esta Comisión», dijo el asambleísta Carlos Zambrano, miembro de la Comisión. La sesión se suspendió y volvió a retomarse a las 9:46 del 26 de noviembre.

Votación

El proyecto de ley necesita 70 votos para aprobarse en la Asamblea, sin embargo, solo los votos de la Bancada del Acuerdo Nacional son de apoyo a esta normativa.

Las bancadas del Partido Social Cristiano y Unión por la Esperanza manifestaron su rechazo a la tabla del impuesto a la renta y la eliminación del impuesto a la herencias que se plantea en el proyecto. Independientes como César Rohon recomendarían el archivo de la ley de no llegar a un acuerdo.

Por otra parte, Izquierda Democrática y Pachakutik tiene opiniones divididas, donde varios de sus legisladores han realizado observaciones sobre las tablas de impuestos que la ley quiere imponer.

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Entre las objeciones está el artículo 31, sobre los impuestos a consumos especiales (ICE), donde el Ejecutivo plantea una lista de productos a los que se exonera de este impuesto.

Cerveza más cara para el pueblo, whisky más barato para los panas

Algunos de los productos a los que el gobierno pretende exonerar de impuestos están el alcohol importado o nacional con más del 70% de productos nacionales en sus ingredientes. Esto se lo quiere hacer pasar exonerando también a los productos lácteos y sus derivados, fundas plásticas, productos para la exportación, entre otros.

Otros temas con los que el ejecutivo objeta son las especificaciones de las bebidas gaseosas, alcohólicas y energizantes que tendrán el ICE, especialmente el sector cervecero.

Más objeciones

El Ejecutivo también plantea una objeción sobre las tarifas de sectores como los adultos mayores y discapacitados al acceso a las telecomunicaciones, que supuestamente disminuirá de la brecha digital en el país.

La Ley de Simplicidad Tributaria se aprobó el lunes 9 en el pleno del Legislativo y tuvo el visto bueno de 83 legisladores.

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Con esta ley, el Gobierno plantea recaudar alrededor del USD 600 millones de dólares para el 2020 y así cumplir con los acuerdos pendientes que se tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ese año.

Entre los principales temas que fueron aprobados está la eliminación del pago de anticipo al Impuesto a la Renta; se aplica un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% a plataformas digitales como Netflix, Spotify y Uber. Además, de un incremento al Impuesto de Consumos Especiales (ICE) para algunos productos como el tabaco y servicios como los planes de telefonía móvil.

“La situación económica del país requiere el aporte de todos para lograr la prosperidad que deseamos. Será un beneficio para los ecuatorianos”, publicó el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, en su cuenta de twitter.

El presidente Lenín Moreno tiene un máximo de 30 días para aprobar o rechazar estas reformas antes de ser puestas en vigencia.

CP/LP

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La sesión inició con 116 asambleístas en el Pleno. El informe de la Comisión de Régimen Económico explica que para el segundo debate de este proyecto de Ley, la Comisión escuchó a directivos del BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional (CFN). Además, a la  Unidad Técnica Nacional de Acopio y Comercialización, agricultores, Cámaras de Agricultura y Ministerio  de Telecomunicaciones.

El informe además menciona que la Ley perdona el 100 % de intereses, multas y recargos de créditos educativos y becas; el 100 % del capital, intereses y multas, por el copago derivado de programas de vivienda de emergencia para los damnificados del terremoto en Manabí y Esmeraldas.

“Buscamos un gran consenso para el beneficio del país, dejando de lado cualquier ideología partidista. Queremos proteger la dolarización y buscar las mejores formas para salir adelante”, dijo Daniel Mendoza, presidente de la Comisión.

Las participaciones en el debate

El asambleísta Esteban Melo (RC) mencionó que la ley debe ser equitativa y con perspectivas de desarrollo. “Buscamos como proyecto político que el ámbito fiscal sea progresivo, solidario y redistributivo”, enfatizó.

Por otro lado, la asambleísta Wilma Andrade (ID) expresa que se deben fortalecer las regulaciones en las concesiones de las telecomunicaciones. Además solicitó que “en los beneficiarios de las remisiones” se coloque al sector turístico, ya que es de los más golpeados en momentos de crisis.

“Protejamos el producto nacional, pues el 35% de la población vive del trabajo en el sector agrario y el 80% de los alimentos es producido por los campesinos”, mencionó José Agualsaca (RC), quién pide también que se trabaje en una política para el sector agrícola.

El asambleísta Jorge Corozo (AP) manifestó que tributos deben ser para los que más tienen. “Es necesario que este proyecto de ley genere empleo, genere esperanzas para los emprendedores”, señalo Corozo.

En medio del debate en la Asamblea. El presidente de la república, Lenín Moreno colocó dos tuits donde mencionó que la ley ya fue aprobada. Sin embargo, los borró minutos después.

Desenlace y Votación

Después de las intervenciones de los asambleístas, Daniel Mendoza pidió un receso de 10 minutos. Petición aceptada por el presidente del Legislativo, César Litardo. Con 129 legisladores en Pleno la sesión volvió a instalarse.

Posterior a la aprobación del proyecto de ley, el asambleísta Fernando Flores plantea la reconsideración de la votación. Sin embargo, el planteamiento no fue aprobado y se ratificó la aprobación. El siguiente paso está en manos del Ejecutivo.

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“La Ley Económica igual que anteriores propuestas del Ejecutivo trae beneficios escondidos para la banca. El pacto con el gobierno es claro, ahora los exoneran del pago de intereses aduciendo supuesto apoyo al emprendimiento”, expresa Marcela Aguiñaga, asambleísta por Guayas, en su cuenta de twitter.

Vicente Almeyna, asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), votó en contra del informe, ya que considera que no recogió sus observaciones. “Han metido artículos a última hora, que jamás se discutieron en la Comisión. Ya se hizo práctica común estos tapetazos legislativos”, dijo.

La Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador manifestó su inconformidad en redes sociales ante la decisión de la Comisión “Dejaron a un lado nuestro sector productivo, a más de 1.300 emprendedores. Nos Pusieron a desventaja para beneficiar al monopolio, la importación y empresas corruptas”.

Ahora el informe pasará al Pleno de la Asamblea Nacional para ser debatido la siguiente semana.

RM

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