Quito, 26 julio (La Calle).- La molestia ciudadana se desbordó la tarde del viernes 25 de julio, cuando cientos de trabajadores públicos, gestores culturales y gremios sindicales protestaron frente al Ministerio de Cultura. La razón: el Decreto Ejecutivo Nº 60, firmado por el presidente Daniel Noboa, que ordena la fusión de ministerios y la salida inmediata de 5.000 servidores públicos. Aunque el Gobierno asegura que se trata de una “optimización del Estado”, los afectados denuncian el desmantelamiento institucional y la precarización del empleo público.

La cultura en riesgo: artistas rechazan fusión con Educación

Los gestores culturales alzaron su voz contra la decisión de fusionar el Ministerio de Cultura y Patrimonio con el de Educación. Consideran que esta medida no solo invisibiliza su sector, sino que vulnera el derecho a políticas públicas específicas para las artes. Con pancartas, performances y consignas como «¡Fuera, Noboa, fuera!», exigieron respeto al sector y transparencia sobre el impacto de esta reestructuración.

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Sindicatos convocan marcha nacional y acciones legales

La Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), en conjunto con otras organizaciones, convocó una movilización nacional para este miércoles 31 de julio. El objetivo: rechazar los despidos masivos y presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública. Además, se anunciaron al menos diez acciones inmediatas para defender la estabilidad laboral y exigir al Gobierno una explicación clara sobre los recortes.

Exfuncionarios deben declarar su patrimonio en 20 días

La Contraloría General del Estado recordó que los funcionarios desvinculados tienen un plazo de 20 días hábiles para presentar su declaración juramentada de fin de gestión. Esta obligación, establecida en la Ley de Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas, busca prevenir el ocultamiento de bienes y promover la transparencia. El primer grupo separado el 24 de julio deberá entregar el documento hasta el 22 de agosto.

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Entre recortes y rechazo social, el Gobierno se queda sin narrativa

El llamado “Plan de Eficiencia Administrativa” del Ejecutivo no ha convencido a la ciudadanía. Lejos de calmar las aguas, los despidos y fusiones ministeriales han provocado una reacción masiva de rechazo. Mientras el país enfrenta una crisis de empleo y servicios públicos debilitados, crece la presión sobre la Corte Constitucional y sobre el propio presidente Noboa para que rectifique o al menos explique. Ecuador, una vez más, se encuentra en la cuerda floja institucional.

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Admisión sin medidas cautelares

La Corte comunicó la decisión este viernes 4 de julio, tras aceptar los expedientes 50-25-IN y 51-25-IN al comprobar que cumplían con los requisitos jurídicos exigidos por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Sin embargo, la Corte aclaró que no se concedieron medidas cautelares, ya que los pedidos de suspensión de la norma no cumplieron con las condiciones legales requeridas.

En contraste, la Corte rechazó una tercera demanda que presentó el ciudadano Gabriel Salvador Lema, al determinar que no cumplía con lo establecido en el numeral 5 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Críticas desde la oposición

El partido Unidad Popular (UP) fue uno de los actores que presentó una de las acciones legales. Geovanni Atarihuana, su director nacional, calificó a la Ley de Solidaridad como una amenaza al orden democrático.

TUIT Geovanni Atarihuana: https://x.com/geovanni_atari/status/1941271342252544345

 “El Gobierno busca consolidar un esquema de poder autoritario, usando como excusa la lucha contra la delincuencia”, afirmó Atarihuana. Además, denunció que la normativa otorga facultades excesivas al presidente, poniendo en riesgo derechos fundamentales y abriendo la puerta a detenciones sin garantías judiciales.

El debate de fondo: seguridad o concentración de poder

Aunque el Ejecutivo ha defendido la Ley como una herramienta legal para combatir el crimen organizado y restablecer el orden interno, varios expertos constitucionalistas advierten que sus disposiciones abren la puerta a una peligrosa concentración de poder. Según juristas consultados por este medio, la normativa permite al presidente emitir decretos con fuerza de ley y restringir derechos sin control legislativo efectivo, lo cual “viola el principio de separación de poderes y el equilibrio institucional”. El riesgo, señalan, es que bajo el argumento de enfrentar una emergencia, se naturalice el estado de excepción como forma de gobierno.

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Mientras el Gobierno defiende la Ley de Solidaridad como una herramienta para enfrentar la crisis de seguridad, crecen las alertas sobre posibles abusos de poder. La Corte Constitucional será ahora la encargada de dirimir si esta norma se ajusta al marco jurídico vigente o si vulnera las libertades fundamentales de los ecuatorianos.

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El propósito de la propuesta enviada como tercera Ley con calificación económica-urgente es incentivar el turismo ecológico, la investigación científica, los servicios ambientales y otras formas de “inversión privada responsable” para generar empleo y ampliar las economías locales en territorio catalogado como reserva natural del país. Así como lo mencionó la Secretaría General de Comunicación del Gobierno mediante un comunicado oficial en sus redes sociales:

TUIT PRESIDENCIA:

¿A quién favorece, realmente, esta ley?

Desde una mirada crítica, esta nueva propuesta del Ejecutivo levanta serias dudas sobre las verdaderas intenciones del actual Gobierno ¿Realmente se busca generar empleo e inversión, o es otro mecanismo para favorecer a las élites económicas del país? La propuesta no es aclara en quién controlará los recursos ni cómo se distribuirá la riqueza, lo que abre la puerta a una gestión poco transparente y excluyente. Aunque se anuncia la condonación del 100 % de intereses en las deudas del sector pesquero artesanal, esto solo beneficia a un grupo reducido, mientras miles de comunidades siguen sin un plan integral que garantice mejoras reales en sus condiciones de vida. En lugar de atender al pueblo, parece que una vez más se legisla para proteger intereses privilegiados.

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¿Por qué es tan urgente?

Debemos tener claro que, aunque este proyecto se presenta como algo positivo, podría ser solo un disfraz para avanzar en la privatización de lo público. Detrás del discurso de inversión y desarrollo, se esconde el riesgo de entregar nuestros recursos al sector privado, poniendo en peligro a la naturaleza y a las comunidades locales. En lugar de convertir la tierra, el agua y la biodiversidad en mercancías, se debería proteger la naturaleza como un bien común, no como un negocio.

Sin embargo, este proyecto es la tercera ley urgente que emite el Presidente Daniel Noboa eso significa que la Asamblea tiene solo 30 días para aprobar, y si no lo hace, el presidente puede imponer directamente como en situaciones anteriores ya lo ha hecho.

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El colectivo LOA, impulsor de la primera propuesta junto a la Defensoría del Pueblo, exige al Legislativo el archivo de la ley que representa un retroceso histórico para los derechos que los animales habían conquistado en el país.

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LODA: Un retroceso de décadas en protección animal

La nueva legislación, aprobada con 96 votos a favor, elimina garantías establecidas en la anterior Ley Orgánica de Bienestar Animal (LOA) y desconoce la sentencia 253-20-JH/22 de la Corte Constitucional que marcó un avance histórico en los derechos de los animales en Ecuador. La nueva propuesta de ley desconoce el estatus de los animales como seres sintientes y contradice lo dispuesto por la Corte Constitucional a reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, y abre la puerta a la explotación indiscriminada de animales en nombre del «interés social y económico».

“La Lopda quiere reconocer como tradiciones a prácticas crueles como las peleas de gallos, corridas de toros y otras formas de entretenimiento con animales. Esto haría que retrocedamos en lo que el pueblo ya decidió en la consulta popular”, expresó el colectivo LOA mediante un comunicado.

COMUNICADO LOA. https://x.com/LoaEcuador/status/1921950246709465114

«Estamos viendo cómo nuestros legisladores traicionan a los animales y desechan años de avances en materia de protección», denuncia Lucía Fernández, activista por los derechos animales. «La LOPDA permite que los animales sean tratados como objetos y no como seres sintientes que merecen respeto», aseguró.

La crueldad se legaliza bajo el disfraz de «tradición»

La nueva propuesta de ley, que desdibujó la iniciativa del colectivo de defensores y activistas, permite prácticas crueles como peleas de gallos, corridas de toros y rodeos, disfrazándolas como «expresiones culturales». El texto ignora deliberadamente el sufrimiento animal en nombre de supuestas tradiciones, contradiciendo la evidencia científica que demuestra que los animales sienten dolor y miedo durante estos eventos.

«Las pruebas científicas son contundentes: los animales utilizados en espectáculos sufren estrés, terror y dolor extremo», afirma el Dr. Eduardo Ramírez, veterinario especialista en bienestar animal. «Con esta ley, Ecuador legitima la tortura animal como entretenimiento».

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Propuestas de LODPA que retrocede en derechos:

• Elimina la obligación de proporcionar condiciones adecuadas de bienestar a animales de producción
• Reduce las sanciones por maltrato animal hasta hacerlas prácticamente simbólicas
• Permite el abandono de animales bajo circunstancias ambiguas
• Autoriza el sacrificio de animales callejeros sin garantías de métodos humanitarios
• Desprotege a animales silvestres frente a la explotación comercial

«Esta ley condena a millones de animales a condiciones de vida miserables y muertes dolorosas», advierte María Torres de la Coalición por los Derechos Animales. Asimismo, indica que los asambleístas han elegido ignorar el sufrimiento animal en favor de intereses económicos particulares.

Protestas masivas contra la regresión de derechos

Frentes ciudadanos y colectivos sociales se han manifestado frente a la Asamblea Nacional para expresar su rechazo a la LOPDA. Las protestas, que continúan creciendo en todo el país, evidencian que la ciudadanía rechaza mayoritariamente la crueldad animal institucionalizada. Carlos Mena, dirigente de varias organizaciones protectoras, indica que la propuesta de la Comisión representa un retroceso de al menos 15 años en materia de derechos animales. «Esta ley no refleja los valores de la sociedad ecuatoriana moderna que cada vez es más consciente del respeto que merecen todos los seres vivos».

TUIT MANIFESTACIONES. https://x.com/radiolacalle/status/1922011449175461961

Un llamado a la acción

Las organizaciones defensoras de los animales anuncian que presentarán recursos legales ante la Corte Constitucional para revertir esta ley regresiva y llaman a la ciudadanía a mantenerse movilizada.

«No permitiremos que esta crueldad quede normalizada», concluye Fernández. «Los animales en Ecuador merecen protección real, no una ley que legitima su explotación y sufrimiento».

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»Se puede conversar, se puede tener un punto medio. Yo estoy de acuerdo de que sea temporal, pero otra parte debe ser de ingresos permanentes». dijo en entrevista para Teleamazonas.

Agregó que esta es una medida económica que ya aplicó expresidente Rafael Correa durante el 2016, en donde incrementó el IVA al 14 %. »Lo que pasa es que tienen memoria selectiva y la RC no se acuerda lo que hicieron», resaltó.

El pasado 21 de enero, la Comisión de Desarrollo Económico planteó un informe borrador en torno a esta normativa denominada »Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno». En este documento, la mesa parlamentaria planteó lo siguiente:

• Incremento de la tarifa del IVA al 13% de manera permanente y el alza del IVA al 15% de forma temporal hasta el 2026.
• Contribución de las empresas, por utilidades extraordinarias durante el período fiscal 2022 frente al 2021.
• Impuesto a los bancos que hayan tenido una utilidad superior a USD 10 millones durante los ejercicios fiscales del 2022 y 2023.
• Dar paso al mandatario para que pueda modificar o subir la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

¿Otras salidas?

La Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC), las bancadas que forman parte del famoso acuerdo con el oficialismo expresaron su postura negativa al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.

La asambleísta de la RC, Viviana Veloz, dijo públicamente al gobierno que »es momento de tocar a los intocables», es decir, cargar el peso de la crisis del Estado a lo que más tienen. Ratificó que la postura de la fuerza política es negarse rotundamente a esta medida.

“Esperamos que el presidente no intente pasar el proyecto de ley que busca subir el IVA, por el Ministerio de la Ley”, alertó la legisladora.

En este sentido, la bancada presentó a la mesa parlamentaria algunas opciones que podrían reemplazar la ley del IVA. En su planteamiento, la RC prevé acumular más USD 2.800 millones:

• Impuesto a las Salida de Divisas del 3.5% al 6%
• Contribución de la banca
• Impuesto a las fortunas que sobrepasen el millón
• Impuesto del 3% a los 500 grandes capitales

Desde la bancada de Construye no se definirá ninguna postura hasta analizar el informe para primer debate de la Comisión de Desarrollo Económico. Sin embargo, el asambleísta Jorge Peñafiel indicó que no tiene sentido que se pretenda utilizar la guerra para financiar el déficit.

Por otro lado, el asambleísta PSC, Otto Vera, también manifestó su rechazo a este proyecto de ley y expuso otras alternativas. Por ejemplo, dijo que el camino para sacar adelante la economía del país es la explotación petrolera en el Yasuní ITT, pues genera ingresos anuales entre USD 700 y USD 800 millones, una idea que también contempló el presidente Noboa. (AGM).

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Acosta recalcó que no existe una sola crisis, sino que son múltiples: economía, social y una crisis de la institucionalidad. «Ahora vemos lo que sucede con el narcotráfico y el crimen organizado que permea todas las estructuras del Estado. Tenemos una situación compleja y difícil», dijo en entrevista con Radio La Calle.

De acuerdo con las cifras del gobierno, el déficit fiscal llega a USD USD 5.000 millones, el 5% del presupuesto general del Estado. Además de un desfinanciamiento de USD 10.000 millones para el próximo año. «No se trata que la situación de todos ha retrocedido, sino que unos cuantos han retrocedido más que otros. En el tema de la pobreza, cinco millones de personas viven con menos de USD 3 al día».

En ese sentido, el economista expresó que el patrimonio del expresidente Lasso subió en USD 21 millones. «Ese es el Ecuador que tenemos. Un Ecuador complejo, donde las soluciones no se darán de la noche a la mañana».

Proyecto de ley

Sobre el proyecto económico urgente que Noboa envió a la Asamblea, el experto explica que «se busca resolver, sobre todo, dos problemas: el déficit fiscal, que es muy grande, y generar empleo. Todo en el marco de una recuperación de la economía ecuatoriana».

Acosta añadió que no se resuelve el tema del déficit, pero tampoco las medidas de generación de empleo en la normativa son suficientes. «Noboa empezó su gestión sin recurso que puedan sostener siquiera el pago de los salarios y de los sueldos a los servidores públicos. Uno de los rubros de ingresos importantes son las remisiones de recargas y multas de los grandes económicos con el Estado. La deuda bordea los USD 2 mil millones. Se les perdona una parte de esa deuda y a cambio se recibe USD 960 millones. Este tema no es nuevo. En el gobierno de Rafael Correa se hizo en el año 2008 y 2015. Con Moreno fue en 2018 y con Lasso estuvo a punto de suceder», dijo.

El economista agregó que entre los beneficiarios se encuentra el grupo Noboa que tiene una deuda de más de USD 120 millones, que se reduciría a USD 80 millones de dólares con esta medida. «El beneficio que se da a este grupo es enorme. Tiene que ver con la ética y la remisión se vuelve costumbre para que los grupos económicos terminen pagando mucho menos de la deuda que tienen».

El beneficio no solamente se mira en la remisión sino también en los beneficios tributarios con las exoneraciones por la generación de empleos. Para 2024, el Estado recibiría USD 892 millones enfrentándose a USD 5.000 millones de déficit.

Acosta rescata de la ley, la renegociación de pagos que tiene el Ministerio de Economía al Banco Central. Ese movimiento le dejaría al Estado con USD1.200 millones. En total, contaría con USD 2.000 millones. Por lo que el economista se pregunta ¿de dónde más sacará el dinero para revertir esa cifra negativa? (MIB)

Mire la entrevista completa:

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«Y ya se han empezado a adelantar ante esta posibilidad, algunos voceros de estas organizaciones golpistas a decir. «Ah, van a vender cargos, van a repartir puestos». Si, señor así funcionan las democracias, los cargos se reparten. Es que el poder cuando está concentrado en pocas manos hace daño, por eso hay que repartir el poder», dijo en una entrevista con i99.

¿Qué dice la ley?

Aunque el periodista saque el término democracia a colación, la repartición de cargos que den un beneficio económico para la persona que los percibe o para terceros, además de ser antiético, está tipificado en el Código Integral Penal (COIP). Así también la gente que ofrezca estos beneficios para sus propios intereses.

Dos de esos delitos son:

Tráfico de Influencias (Art. 285): servidores públicos o personas con potestad estatal que abusando de su cargo, funciones o relación jerárquica ejerzan influencia en otro servidor público para obtener un acto o resolución favorable a sus propios intereses o el de terceros.

Oferta de Realizar Tráfico de Influencias (Art. 286): persona que acepte o solicite a terceros, presentes o cualquier otra remuneración, con el fin de ejercer influencia en otro servidor público para obtener un acto o resolución favorables a sus propios intereses o el de terceros.

Para muestra, un botón. Tras la salida de la asambleísta Karen Noblecilla de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), la organización política denunció públicamente la supuesta venta de cargos a cambio de votos favorables al presidente Lasso en el contexto del juicio político en su contra.

Ella y su equipo habrían recibido, con la venia de Pascual del Cioppo y el ministro Henry Cucalón, cargos en instituciones estatales de El Oro. El presidente de las Juventudes social cristianas, Marco Castillo lo acusó en un comunicado. (MIB)

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«Uno ha hecho lo que ha hecho en su vida y esto es un tema temporal. Yo no voy a cambiar mi vida por una cosa que puede durar entre un día o seis años. Esto es un tema temporal. Yo no tengo ningún conflicto de intereses», dijo en entrevista con Carlos Vera.

¿Qué dice la ley?

El artículo 152 numeral 2 de la Constitución de la República indica que:

Art. 152.- No podrán ser ministras o ministros de Estado:

2. Las personas naturales, propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderadas de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que mantengan contrato con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual.

Según la Superintendencia De Compañías, Sebastián Corral tiene un capital de USD 2’518.557 como accionista en el CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. la empresa a la que pertenece Teleamazonas. Es el segundo mayor accionista, el primero es la empresa peruana La República Internacional (USD 3’865.683) a quien Fidel Egas, exdueño de este canal, vendió las acciones.

Su nombre aparece también en la lista de beneficiarios finales de la empresa.

En la ley de Servicio Público, también está la prohibición de mantener relación directa o indirecta con una empresa que tenga contratos con el Estado.

Art. 24: Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos.- Prohíbese a las
servidoras y los servidores públicos lo siguiente:

i) Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o
indirectamente, con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado, en los casos en que el servidor público, en razón de sus funciones, deba atender personalmente dichos asuntos. (MIB)

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Entre los abogados que presentaron la demanda está el presidente del Centro de Investigación y Estudios de Derechos Humanos (CIEDH), Alexander Barahona, que anunció en redes sociales esta acción legal para dejar sin efecto lo dispuesto por el Ejecutivo.

La demanda argumenta que los artículos que regulan los requisitos para el porte y tenencia de armas de fuego letales y no letales a nivel nacional por parte de civiles tienen reserva de ley por su incidencia en derechos como la vida, la integridad y la libertad.

Asimismo, estos letrados consideran que el Ejecutivo debía haber efectuado una consulta prelegislativa a pueblos indígenas, ya que la normativa modificada ya contemplaba previamente el uso de armas ancestrales en territorios indígenas para usos tradicionales como la caza y la pesca.

«El riesgo a los derechos es evidente», afirmó Barahona, que confió en que la Corte Constitucional admita a trámite la demanda y disponga medidas cautelares urgentes.

Dizque aclaraciones del Gobierno

Antes de emitir los decretos que autorizan que un civil pueda llevar armas de fuego para defenderse de un delincuente, el Gobierno aclaró que no se trata de un libre porte de armas y que para hacerlo hay que lograr el permiso que otorga el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Lo que se modificó en la normativa son los motivos esgrimidos para demandar el permiso de porte de armas e incluir el de defensa personal, para lo que se requieren todos los requisitos previamente dispuestos en la ley.

Entre las exigencias para lograr el permiso está ser mayor de 25 años y presentar una petición donde se justifique la necesidad de adquirir el arma.

También se requiere una certificación de dirección domiciliaria, la factura o contrato de compraventa del arma, un certificado biométrico emitido por la Policía Nacional, un certificado que acredite que no se cuentan con antecedentes penales y otro que demuestre no contar con denuncias o procesos de violencia familiar.

Asimismo, será igualmente necesario un certificado psicológico y toxicológico, así como uno que acredite destreza en el manejo y uso de arma de fuego.

Redacción: EFE

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¿Deberíamos preocuparnos por la Ley Orgánica reformatoria a varios Cuerpos Legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral? ¿Qué cambios son los más alarmantes?

Creo que, si hay que preocuparse, precisamente por el hecho de que hay al menos cuatro cambios que amplían el poder punitivo del Estado. Esto quiere decir que le reduce la capacidad de control democrático a través de la intervención de los jueces, sobre todo para que Policía y Fiscalía puedan llevar a cabo investigaciones criminales. No solo por medio de espionaje de fuentes humanas, sino fundamentalmente por el ciberespacio.

Creo que este es un primer elemento clave porque la ley reformatoria permite no solo que se pueda crear la figura del agente encubierto informático, sino que permite que todas las grabaciones de audio y video de cámaras de vigilancia, ojos de águila, pero también las que realicen policías y militares con equipos de dotación propios, puedan servir como medios probatorios de incriminación.

El segundo cambio demuestra una mayor influencia de las Fuerzas Armadas en asuntos que no son ni de defensa ni de seguridad. Esta delegación de competencias o esta restitución de facultades le da mayor peso político y económico a las FF.AA., lo cual da cuenta de la debilidad que hoy tiene el poder civil sobre ellas.

El tercer cambio tiene que ver con la visión narcotizada de la seguridad que se basa en ampliar algunos tipos penales como el terrorismo o incluir nuevos tipos penales bajo la lógica de que eso va a ser suficiente para contrarrestar la ola criminal en la que vivimos.

¿El espionaje y la influencia de las FF.AA. en otras áreas no atentaría contra la democracia?

Tiene que ver con la base conceptual de la política de seguridad que ha planteado el gobierno. Esto se basa en la idea de que al estar en una guerra contra los narcotraficantes se requiere mayores facultades para la persecución de los delitos del crimen organizado. El dilema que propone esta base conceptual es más seguridad a cambio de menos derechos y libertades civiles. Lo podemos ver en el caso de El Salvador, donde un presidente, Bukele, ha logrado contrarrestar las pandillas a costa de un enorme desgaste de las reglas democráticas.

Se debe a esta base conceptual de guerra contra las drogas que evidentemente va carcomiendo el margen democrático bajo el pretexto de garantizar y dar seguridad. Es un error que se plasma en las normas. Lo peligroso de esto es que, al abrirse las puertas para un mayor poder punitivo, las víctimas de la persecución y hostigamiento no serán solo criminales relacionados a organizaciones transnacionales sino también opositores políticos, periodistas incómodos, generadores de opinión que molesten al gobierno de turno.

Esto se vivió en el caso del gobierno de Rafael Correa, que compró el programa Galileo a la empresa Hacking Team para hacer espionaje y persecución político y lo hizo con los dirigentes indígenas, con los yasunidos y una serie de opositores políticos. Lo hizo al margen de la ley, ahora lo grave es que se está creando un marco legal para que esto se permita y legalice.

¿Esto se relaciona de alguna forma con las compras en seguridad que ha estado haciendo el Gobierno Nacional?

Eso es parte de lo que podríamos especular. No hay datos ni evidencia concluyente al respecto, pero si hemos visto el acercamiento que se ha dado con el Gobierno de Israel que entre sus productos estrella tiene la oferta del programa Pegaso, un spiceware para hacer espionaje cibernético, no es difícil pensar que una de las adquisiciones que haga el gobierno o que ya hizo fue precisamente la de este programa con toda la asesoría y equipamiento que eso implica.

Con respecto a la tenencia de armas ¿hay beneficiados allí? Porque el presidente ha dicho que lo han pedido las empresas de seguridad privada, los agricultores ¿quién se beneficia de esos cambios?

Sin duda yo creo que hay un sector claramente beneficiario que son los grupos económicos vinculados a ciertas agroindustrias que han venido presionando desde algunos años atrás para que se les dé mayores facilidades en la tenencia y porte de armas y constantemente las empresas de seguridad privada, no así los guardias, cuyo gremio ya salió a manifestar su rechazo. Los guardias seguramente no estarán de acuerdo porque los expone a mayor riesgo letal, pero los dueños están de acuerdo porque esto supone mejorar su servicio y por lo tanto rentabilizar mejor la oferta de protección privada.

Esto tiene que ver mucho con el modelo neoliberal y la política económica del gobierno porque ese es uno de los grandes puntos ciegos en el análisis de la seguridad. Normalmente se suele pensar que la seguridad no tiene nada que ver con la política económica cuando es todo lo contrario. Hay una relación intrínseca entre ambos campos de acción porque la política económica del gobierno que apuntala un gobierno neoextractivista, privilegiando ciertos sectores económicos, fomentando la acumulación a nivel del capital financiero. Es absolutamente congruente con esta liberalización del mercado de las armas y con la conversión de la protección en una mercancía.

En el fondo lo que está pasando es eso. El Estado ya no administra ni garantiza la protección del ciudadano, sino que le convierte a la protección del ciudadano en una mercancía que, así como se la compra, también se la vende. Por lo tanto, quien tenga mayores recursos, tendrá mejor capacidad de comprar la protección. Es a lo que nos avoca, tanto la Asamblea con su ley como el decreto ejecutivo 707.

Entonces no es que todo el mundo se va a armar sino los que tengan el dinero para hacerlo…

Sin duda alguna. Es una política súper elitista porque parte de un presupuesto falso pretendiendo que los ciudadanos y los civiles vamos a poder armarnos cuando es evidente que lo harán los sectores socioeconómicos que primero cuenten con los recursos para capacitarse, entrenarse y comprar las armas y municiones permanentemente. Eso es un poco la ilusión que genera, pero que evidentemente tiene un enorme redito en los sectores más acomodados de la sociedad que también están asustado y ven en esta opción la garantía de protección y cuidado.

Lo riesgoso de esto es que además se constituya lo que se conoce como vigilantismo, es decir, estrategias que utilizan los que son víctimas de crimen para poder enfrentar a los criminales y evitar ser victimizados. El vigilantismo en América Latina ha tomado varias formas, pero tal vez la más popular sea los linchamientos colectivos y las autodefensas. Los linchamientos normalmente son esporádicos, las autodefensas son más bien sostenidas en el tiempo.

Lo que podemos encontrar es que, si uno analiza la economía en ciertas zonas del Ecuador y la captura criminal del aparato policial, donde cada vez se muestra una policía más corrompida es muy probable que el país con esta flexibilización de la tenencia y porte de armas, más estos otros dos ingredientes, faciliten la creación de grupos de autodefensa vinculados a agroindustrias.

Ya hemos visto las denuncias de los gremios de pescadores artesanales por el tema de la piratería en el mar y también se ha autorizado el servicio de seguridad privada en espacios acuáticos. Es lo que ha pasado en la región y Ecuador no es un país excepcional, está en la norma general de lo que ha ocurrido en otros países violentos. (MIB)

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“La problemática tiene diferentes matices, pero principalmente ocurre que los graduados como psicólogos generales no son considerados como personal de salud o profesional médico. Esto hace que las ofertas académicas, por las cuales cursaron esta carrera, no estuvieron claras y ellos estudiaron pensando que iban a ejercer la profesión”, explicó a Radio La Calle, Washington Andrade, jurista a cargo del caso.

Estas limitaciones para los psicólogos se impusieron desde el Ministerio de Salud y el Consejo de Educación Superior (CES). “Un psicólogo general no podría beneficiarse ni beneficiar a sus pacientes con una tarifa cero. Debe facturar con el 12% del IVA. Adicionalmente no puede cumplir funciones en las instituciones públicas de salud. Tampoco puede dirigir Centros de Psicología. Están limitados, incluso en las terapias dentro de su área”, agregó.

Además, tampoco cuentan los postgrados. “Un psicólogo general, a pesar de que haga una maestría o doctorado, tampoco es considerado personal de salud. Hay varias aristas en esta problemática. Por un lado, la limitación por parte del Estado y por el otro, la falta de claridad en la oferta de las Universidades.

El caso de la USFQ

En el caso de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) hay una gran cantidad de estudiantes a los que esta Universidad les dio también la posibilidad de un posgrado. “No obstante, a pesar de que pueden graduarse tampoco recibirán los beneficios de ser personal de salud. Vemos que hay un gran número de perjudicados”.

Los estudiantes decidieron asociarse y acudir a la ayuda legal. “Hay que hacer un análisis de si las resoluciones de las instituciones estatales violan sus derechos como profesionales. El derecho al trabajo, el derecho a la igualdad, etc. Tenemos previsto mantener las acciones constitucionales correspondientes ya sea en colectivo o individual”.

Estas acciones no implican quitar la responsabilidad a las universidades que no aclararon la oferta académica. “Tenemos muchos reportes. En las páginas web de las universidades se podría establecer que hubo publicidad engañosa en cuanto a la malla curricular”.

Entre las instancias legales se propone una acción de protección o medidas cautelares, de manera individual o colectiva en contra de los organismos. También están reuniendo información sobre la oferta académica que hicieron las universidades y si estas ofertas se cumplieron. La cantidad de estudiantes perjudicados alcanzaría los 700. MIB

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Asimismo, con 134 votos a favor se acogió las 12 sugerencias planteadas en la objeción parcial del presidente Guillermo Lasso.

La Ley fue debatida la tarde de este miércoles 2 de febrero y será publicada en el Registro Oficial en las próximas horas.

“Gracias al trabajo de esta nueva Asamblea Nacional, el pueblo ecuatoriano por fin cuenta con una ley que nos defienda de los cobros abusivos y de las malas prácticas que se han venido produciendo en el sistema financiero”, indicó la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori.

El asambleísta por UNES, Pabel Muñoz, resaltó que “la regulación pretende ampliar los derechos de los clientes de los bancos y evitar que sean afectados”.

Ahora las entidades financieras tienen prohibido hacer llamadas o mensajes de hostigamiento sobre cobros u ofertas de servicios no solicitados. Además, si ocurren este tipo de llamadas deberán realizarse desde un número identificable, no sin antes la autorización del cliente o destinatario.

Otras normas de la Ley

La normativa obliga a las instituciones financieras a realizar y reforzar los controles sobre los servicios que dan a través de la banca electrónica y demás canales electrónicos. También dispone que las entidades bancarias lleven a cabo sistemas de seguridad más estrictos que protejan el dinero de sus usuarios y clientes.

Otro aspecto del proyecto determina que deberán informar a sus usuarios y clientes sobre las medidas de seguridad que adoptarán respecto al uso de claves y contraseñas.

Desde ahora los bancos presentarán informes

El proyecto establece que las instituciones financieras deberán remitir un informe de rendición de cuentas a la Asamblea Nacional. Este informe deben realizarlo durante el primer trimestre de cada año basándose en el ejercicio económico del anterior trimestre.

“(…) en él se incluirá una descripción general del estado financiero nacional, así como los resultados del control y de la defensa de los derechos de los usuarios y clientes”, reza el comunicado del Legislativo.

En el caso de servicios no financieros prestados por terceros, entidades financieras deberán dar la información relacionada con el proceso de cobro o cargo.

Los usuarios cuentan con el derecho a elegir libremente productos y servicios, financieros o no financieros. Todo esto “en función de los precios, tarifas, gastos, costos, así como los beneficios existentes y a suscribir instrumentos, sin ser presionados, coaccionados o inducidos”, finaliza el escrito.

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De acuerdo con el Informe Delloite, una auditora internacional, de 2018, en junio de 2007 “Banco de Guayaquil y Gea firmaron un acuerdo por alianza comercial y uso de marca para prestar servicios de asistencia a los afiliados del Banco que acepten incorporarse a los programas de asistencia de GEA Ecuador”, indica el documento.

El acuerdo

Como sucede con este tipo de servicios, los clientes que acepten deberán pagar una tarifa fija mensual. Parte del contrato es que “la Compañía se obliga a cancelar mensualmente al Banco por cada cliente que se haya afiliado al servicio por ser el medio de cobro. El contrato dura dos años y se renueva sistemáticamente, en caso de que una de las partes termine el acuerdo”.

Además del contrato, ambas compañías firmaron anexos por cada servicio que ofrece GEA, el cobro varía dependiendo de la cuenta del cliente. Ahorros, corriente o tarjeta. Entre los principales programas de GEA que ofrece mediante el Banco de Guayaquil están: “Pronto asistencia”, “Multiasistencia Banco de Guayaquil”, “Multiasistencia PC”, entre otros.

EN 2017, GEA reconoció una ganancia de USD 6.3 millones y el pago al Banco de Guayaquil de USD 4.3 millones.

Veto a la ley de cobros indebidos

Con este antecendente, el presidente Guillermo Lasso vetó el proyecto de Ley para evitar Cobros Indebidos y Servicios No solicitados. De acuerdo con el Ejecutivo, las empresas no podrían procesar cargos de servicios financieros y no financieros sin contar con la autorización de los clientes.

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«Este tema requiere que muchas aristas se revisen antes de presentar la ley. Hay un proceso de socializaciones y reuniones con expertos en el tema y esperamos, en los próximos días, presentar la ley que se llamará de Defensa Pública. Además de esta ley, el presidente ha anunciado la posibilidad de presentar una consulta popular para reformar el sistema de justicia», anunció Bonilla en entrevista con KCH FM.

Pronunciamiento de la Fiscalía

Ante las expresiones de apoyo a Olmedo del presidente Guillermo Lasso; la ministra de Gobierno, Alexandra Vela y la Policía Nacional, la Fiscalía respondió. «Las conductas penales se juzgan y se sancionan con independencia del cargo que pueda ostentar un procesado, sea servidor o funcionario público, o no, siempre y cuando se pruebe -más allá de toda duda razonable- que adecuó su conducta a un delito tipificado como tal en la ley”.

La institución indicó que trabaja con base en la normativa y persiguiendo delitos, no personas.

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“Fallo que yo respeto más allá de no coincidir, pero lo respeto porque es mi obligación ¿Qué está sucediendo ahora? Aprovechan esa ventana para ir más allá de lo que estableció la Corte Constitucional. Téngalo por seguro que ya no solo en el campo personal sino como presidente de la República, mi obligación será vetar esa ley a efectos de que no vaya más allá del fallo Constitucional que se resolvió en abril de 2021”, dijo el mandatario a Ecuavisa.

El anuncio se realiza cuando el informe para segundo debate de este proyecto de Ley se está armando en la Comisión de Justicia del Legislativo, es decir ni siquiera el Pleno de la Asamblea ha revisado y debatido esta normativa.

De acuerdo con la Constitución, si el veto es parcial, el proyecto deberá obtener 90 votos para su aprobación, sin embargo, si el veto es total, la Asamblea Nacional tendrá que esperar un año para volver a debatir.

Intervención de la Iglesia

No solo el Ejecutivo criticó este proyecto de ley. En un comunicado, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana también se queja de la normativa. “El actual proyecto de ley se concentra en el aborto como única alternativa para las mujeres víctimas de violación y reduce al ser humano a un simple producto sin ningún derecho humano”, dicen.

Empatía

En las sesiones de la Comisión de Justicia se analiza artículo por artículo. “Estamos construyendo un proyecto de ley para que las niñas, jóvenes y mujeres puedan tomar las decisiones. A veces hay hombres que comentan cosas que no pueden vivir. Hay que ser empáticos y ponerse en los zapatos del resto. Si no pensamos así y actuamos de forma torpe y machista no podemos llegar a conclusiones reales”, expresó por su parte el asambleísta Alejandro Jaramillo, miembros de la Comisión.

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Antes de iniciar el debate se convocó a una Comisión General. Allí 23 personas entre: médicos, representantes de colectivos feministas y ciudadanos comparecieron sobre el tema. Sin embargo, algunos de ellos ignoraron que el aborto por violación es legal y solicitaron que el proyecto de ley no se cumpla.

«Es importante que la denuncia la haga el servicio de Salud para que los casos no queden en la impunidad. En el caso de una niña de 12 años cuya madre no quería poner la denuncia. Ella accedió al aborto y el caso fue a Fiscalía y se supo que el perpetrador fue el padre», expresó Ana Cristina Vera, representante de Surkuna.

Legalidad ignorada

El debate de los asambleístas, salvo algunas excepciones, también ignoró la legalidad de este tipo de aborto y expresaron sus posiciones personales.

«Este bebé que está aquí es culpable de todo. Resulta que este bebé de aquí hace justicia a una mujer violada», dijo la asambleísta Geraldine Weber (PSC).

«En un país justo, ninguna niña es madre. Les digo que denunciar no es nada fácil, asimilar una agresión nos dura años, muchas de nosotras no estamos dispuestas a denunciar porque nos culpa de lo ocurrido», expresó Jahiren Noriega (UNES).

El segundo debate decidirá el destino de la ley de aplicación del aborto por violación. Cada día, la Fiscalía recibe 11 denuncias de abuso sexual, el 60% de menores de 14 años, de las cuales el 95% fueron abusadas por personas de su círculo personal.

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«Nosotros hemos hecho seguimiento a las reuniones de la Comisión. Las organizaciones nos dimos el tiempo de entregar por escrito nuestros apuntes para que los tengan en cuenta en la ley, sin embargo, ayer qué se reunieron, la asambleísta Sofía Espín no leyó el informe para dar sus observaciones»,  dijo a Radio La Calle, Consuelo Arequipa de la Organización de Mujeres Interculturales.

Añadió que es preocupante la demora de la Asamblea debido a que las víctimas de violación se dan diariamente y necesitan la ley como una herramienta para hacer valer sus derechos.

De acuerdo con las organizaciones, el proyecto de ley de Ricardo Vanegas sobre este mismo tópico entorpece el tratamiento de la ley enviada por los colectivos y la Defensoría del Pueblo.

Ya es ley

Arequipa indica que algunos asambleístas parecen estar confundidos. «Piensan que debe despenalizarse el aborto y no es así, la ley es para que la interrupción de embarazo tenga una normativa. Las mujeres somos muchas y dimos el voto a las asambleístas. Nos apena que cuando las necesitemos, hagan oídos sordos».

«Hay algunos derechos que por falta de presupuesto no se ponen en marcha. No sólo este tema, también otros como la violencia. Queremos que entiendan que esta lucha es para las mujeres empobrecidas que no pueden viajar y pagar su aborto en los países donde ya se aplica la ley»

La Asamblea Nacional tiene hasta el 17 de diciembre para promulgar esta ley de aplicación de acuerdo con lo ordenado por la Corte Constitucional.

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“Finalmente la ley de Desarrollo Económico pasó por el Ministerio de la Ley, a pesar de que en el bloque Pachakutik tuvimos una iniciativa para su archivo. […] Desde la bancada presentamos un proyecto de ley de derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico y se promulgó en el Registro Oficial», indicó la legisladora Patricia Sánchez.

“Esta ley no favorece a las familias ecuatorianas, favorece a los grandes empresarios que llevan su dinero a paraísos fiscales y con ese dinero quieren evitar pagar los impuestos que deben pagar como todos nosotros”, indicó el legislador Salvador Mailla.

Por su parte, Salvador Quishpe dijo que no pueden quedarse cruzados de brazos viendo como entra en vigor una ley que por un lado aplica impuestos a quienes ganan USD 2.000 y por otro lado se perdonan los USD 30 millones que el Estado cobraba a las telecomunicaciones”.

Sobre la votación del 30 de noviembre añadió que «nosotros cumplimos con nuestra obligación. Algunos sectores votaron por el archivo. Otro sector dijo que fue un error involuntario, les tomamos la palabra. Con este proyecto pueden remediar el error que cometieron».

El proyecto de ley seguirá el procedimiento ordinario. La bancada no descarta recursos ante la Corte Constitucional que presentarán el 1 de diciembre. «La democracia está siendo pisoteada. El único que salvará al país es el propio pueblo».

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“¿Puede existir un pacto con un Gobierno que nos ha catalogado como golpistas? Un gobierno que nos ha perseguido. Les recuerdo que soy parte de la Comisión de Garantías Constitucionales que investiga Pandora Papers y tenemos abierta una investigación en Fiscalía. No, rechazamos categóricamente esos intentos de posicionar que UNES tiene un pacto con el Gobierno”, dijo Cabezas a los medios.

Añadió que fueron los únicos que presentaron un informe de minoría. “Pregunten si las demás bancadas hicieron alguna observación, aporte adicional o dieron alguna alternativa al país. La bancada de la Revolución Ciudadana le dio a esta Asamblea otra posibilidad”.

Agregó que la presidente Guadalupe Llori y el secretario de la Asamblea deben dar respuestas al país por el oficio entregado al Ejecutivo indicando que la ley no fue aprobado, modificada o negada y en consecuencia llegó al Ministerio de la Ley.

Sin pacto

La asambleísta se apresuró a decir que no existe un pacto por la libertad de Jorge Glas. “Todos los privados de la libertad están en riesgo por las políticas nefastas del Gobierno de Moreno. No es un tema exclusivo de nuestro compañero Jorge Glas. Rechazamos categóricamente el intento mediático de posesionar un pacto con el Gobierno”.

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«Considerando que el proyecto de ley se presentó con fecha 28 de octubre del 2021 como se desprende del oficio que adjunto y en vista de que el Pleno de la Asamblea no ha aprobado, modificado o negado el Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico tras la Pandemia COVID-19 solicito su publicación en el Registro Oficial», dice el oficio al director del Registro Oficial, Hugo del Pozo.

Oficio de la Asamblea

El mandatario indicó que se envió un oficio desde la Secretaría de la Asamblea Nacional indicando sobre el estado del debate y la votación del proyecto de ley el pasado 26 de noviembre. «Se puso a consideración en el Pleno de la Asamblea varias mociones con respecto a los informes al mencionado proyecto de ley sin que ninguna de ellas obtuviera los votos necesarios para su aprobación».

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