El Observatorio de Candidatos y Partidos Políticos que son Inclusivos con Personas LGBT+ realizó su quinta encuesta de intención y percepción del voto con cierre al 10 de octubre. Los resultados demuestran un bajo porcentaje del nulo (2,7 %), blanco (0,7 %) e indecisos (2,7 %).

Las personas LGBT+ consideran que Luisa González es percibida como la candidata más inclusiva con un 40,3 %; en cambio, Daniel Noboa apenas logra una apreciación positiva del 26,8 %.

Por otro lado, el 16,8 % de los participantes opinó que ninguno de los candidatos es inclusivo. El 6,4 % se mantuvo indeciso, mientras que el 5 % aseguró que ambos partidos políticos buscan aprovecharse de la comunidad LGBT+.

En cuanto a los candidatos a vicepresidente, casi la mitad (49 %) de los encuestados cree que Andrés Arauz es el binomio más inclusivo. En contraste, solo a un 21,1 % opta por Verónica Abad en este apartado.

Sobre el debate

Con respecto al debate presidencial, el 52,3 % de los encuestados estima que Luisa González superó a Daniel Noboa. Por el contrario, el 25,5% cree que fue Daniel Noboa quien ganó. 

Sobre la encuesta

La muestra para esta encuesta incluyó diversas identidades de género y orientaciones sexuales. También abarcó una amplia gama de niveles educativos.

El 4,7% de los encuestados fueron personas de edad de entre 16 y 17 años; el 54,7% de 18 a 29 años; el 26,2% entre 30 y 39; el 7,4% entre 40 y 49; el 6% entre 50 y 59; y el 1% mayor a 60 años.

La mayor representatividad proviene de las provincias de Guayas y Pichincha, seguido de Azuay y Los Ríos, y con menor presencia en El Oro, Carchi y Santo Domingo. Las encuestas se realizaron a 1298 personas, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de +/- 2,9 %. (L.T.M.)

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La publicación demuestra que 31.2 % de estudiantes y el 43.4% del alumnado LGBTIQ+ en Ecuador ha sufrido algún tipo de violencia desde algún integrante de la comunidad universitaria desde que comenzó sus estudios.

Esta realidad es normalizada y hasta invisibilizada por las instituciones de educación superior. Se trata del estudio «De la evidencia a la prevención: cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas». Este es realizado por el Programa PreViMujer, parte de la Cooperación Alemana y la Universidad San Martín de Porres. Más de 23 mil estudiantes de 16 universidades del Ecuador participaron.

El acoso ocupa el primer lugar de modalidad más habitual hacia las estudiantes agredidas (20%), le sigue el acecho (19.7%), ataque psicológico (13.9%), abuso sexual (9.1%), violencia física (5.9%) y la violencia económica (4.8%).

Las cifras son similares con respecto a lo vivido por estudiantes LGBTIQ+. Igualmente el acoso en primer lugar (31%), acecho (27.5%), ataque psicológico (22.1%), abuso sexual (16.8%), violencia física (10.7%) y violencia económica (6.5%). A menudo, los agresores son estudiantes, profesores, personal administrativo o asociado a la universidad.

El doctor Alfredo Vara, investigador del informe, asegura que gran parte de la responsabilidad es de las universidades. «Aquí el problema es de omisión, las universidades no han visto esto como un problema que tengan que discutir, así que lo han omitido, no lo discuten, no generan espacios para reflexionar y asumir una postura correcta y mientras tanto va ocurriendo esto: porcentajes de violencia que son muy altos», explicó a EFE.

La Universidad resulta ser un espacio inseguro

Vera añadió que hicieron el estudio para demostrar la inseguridad que prevalece en los espacios universitarios. Recalca que estos espacios son muy inseguros tanto para mujeres como para personas LGBTIQ+. Por ello se corresponde a las consecuencias en el rendimiento académico y el estado de salud física y mental de quienes han sido víctimas de estos ataques.

Nicole Abad, estudiante universitaria relató su experiencia al medio Efeminista. Abad sufrió acoso por ser lesbiana. Según relató, un profesor la hostigó hasta llegar a modificar sus notas, reprobarla y obligarla a repetir el examen final de su materia.

«En el supletorio él me dijo: ‘Bueno, yo sé que usted igual iba a pasar, no se preocupe’ y yo: ‘entonces, ¿para qué me dejó a supletorio?’ Me dejó por casi 40 décimas y al final de toda esta discusión que él tenía con la cuestión de los supletorios me dijo: ‘Bueno mi hijita, salúdenme a su novia’. Fue rarísimo porque con él nunca habíamos hablado ni de mi novia ni de nada. Lo hizo para hacerme saber que tenía control tanto como para borrarme las notas, hacerme preocupar y dejarme supletorio», lamentó.

Debido a ese y otros ataques verbales, Abad decidió no denunciar este hecho ante las autoridades y omitirlo. «No quería volver a verlo», manifestó. Ella afirma que la comunidad universitaria no se encuentra capacitada para tratar con las diversidades sexogenéricas y, por ello, ocurren este tipo de problemas.

«Hay muchos casos sueltos incluso, eso es preocupante porque eso evidencia lo invisibilizados que están estos casos. Yo que trabajo en el medio y hago activismo no conozco muchos de los casos. Tengo que rebuscar en el amigo del amigo del amigo del amigo del amigo para que me cuente y no hay canales de denuncia tampoco. En las universidades le han puesto mucho refuerzo a entender la violencia solamente contra la mujer y nos falta activar muchos protocolos para las diversidades, incluso para las mujeres a las que se nos puede violentar en el entorno de mujeres», asevera.

Mujeres y personas LGBTIQ+ rodeadas de violencia

El estudio también revela que aparte de la violencia recibida en los centros de estudio, mujeres y personas LGBTIQ+ no reconocen a la Universidad como un espacio seguro para ellas.

Las cifras indican que el 33.7% de las estudiantes sufrió algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja eventualmente, desde que empezó a cursar sus estudios universitarios. En el caso de las personas LGBTIQ+ la cifra asciende a 44.8%.

«Hay demasiada tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres, se la ve como normal, se la ve como algo esperable o que no es importante ni grave y cuando ocurre se la justifica, se le echa la culpa a la mujer o se le echa la culpa al contexto, pero no se hace cambios importantes y esto es terrible», mencionó el doctor Vara.

Planteles educativos no manejan la violencia correctamente

El experto acotó que más del 80% de estudiantes expresó no saber a dónde acudir en caso de verse obligados a buscar ayuda o denunciar casos de violencia en la Universidad. A pesar de que algunas universidades trabajan en protocolos de prevención parecen no funcionar, según dijo. Además, en redes sociales aumentan los testimonios de estudiantes violentadas impunemente. A ello agregan que no existía un protocolo o no lo pusieron en práctica.

Vera calificó a las cifras como «llamado de atención para que la universidad asuma su responsabilidad en la formación de profesionales con sólidos valores éticos y morales y eso no puede existir habiendo tanta violencia dentro». No obstante, víctimas como Nicole Abad aseguran que son los mismos estudiantes quienes se han organizado para guiar a sus compañeras y compañeros en situaciones de violencia.

La deuda de la violencia de género en Ecuador

Aun a pesar de los avances legislativos para prevenir la violencia contra mujeres y personas LGBTIQ+, eso no se materializa, apuntó Vera.

«Hay impacto en la salud mental, la salud física, tienen peores notas y rendimiento. Hay más tasas de deserción, en el caso de las personas LGBTIQ+ tienen más dificultades para acceder atención sanitaria adecuada, más discriminación en el empleo, incluso en la vivienda para alquilar casas. Es decir, socialmente el cambio es mucho más lento y las universidades tienen un rol fundamental para asegurar ese cambio y si la universidad logra cambiar la mente de sus estudiantes va a cambiar la mente de muchísimas personas más en cuanto egrese», precisó.

La publicación muestra que tanto estudiantes como personal administrativo femenino pierde en torno a 28 días al año debido al problema. Las situaciones de violencia que sufren ocurren tanto fuera como dentro de las universidades.

«Justamente estas estadísticas lo que tratan de demostrar es que no es un problema aislado, no es un problema de dos o tres personas, es una gran cantidad de la población que está siendo sistemáticamente agredida por razones de género», zanjó el experto.

Foto: Observatorio / Instituto para el Futuro de la Educación de México

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El 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, la Corte Provincial de Justicia del Guayas anunció el dictamen del juez. La resolución indica que el GAD Municipal de Guayaquil y Policía Nacional deberán prestar las facilidades para el desarrollo, resguardo y protección de los asistentes.

Ante el fallo judicial, el festival y la marcha serán el 1 de julio en las calles Malecón y Olmedo hasta el Parque Centenario, lugares que habían solicitado al Municipio.

Sin permisos

El 21 de junio colectivos LGBTQ+ denunciaron que el Municipio de Guayaquil vulneraron sus derechos al impedirles que marchen el próximo 1 de julio como tenían previsto. La comunidad no recibió el aval de la entidad.

El director de Control de Tránsito de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, Manolo Agurto, indicó no es pertinente que la marcha se ejecute por la obstrucción que generaría en el tránsito de la ciudad.

Según las autoridades, el desfile podría realizarse en el Paseo del Parque Samanes, ubicado al norte de Guayaquil. (A.G.M)

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Ugsha, que busca la reelección por la lista SUMA 23, acusó a la comunidad de ser un demonio contra la ley de Dios. “No quisiera que mi hijo este besando a un hombre, no quisiera que me hija esté entre mujeres besándose y abrazándose” afirmó el candidato.

¿Quién es Luis Ugsha?

Ugsha es un ingeniero, nacido en el GAD de Pujilí.  Su vida política cobró protagonismo desde que fue elegido como alcalde del cantón en 2019. Actualmente pelea la candidatura por relección al mismo puesto. El político es afiliado a la lista SUMA 23, fundada por Mauricio Rodas, ex alcalde de Quito y Guillermo Celi, candidato a la presidencia.

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La campaña incentiva a movimientos y partidos políticos del Ecuador, a que incluyan en sus listas a la diversidad sexo-genérica y llegar a acuerdos de respeto e inclusión de estas poblaciones históricamente discriminadas.

La organización LGBTIQ en Guayaquil lanzó esta propuesta por primera vez en el año 2016 en el Consejo Nacional Electoral del Guayas y promueve la campaña en cada periodo electoral del país.

El activista multisectorial LGBTIQ, Emilio Cruz, manifestó que la particularidad de la actual campaña es que aquellas personas que cumplen un perfil idóneo pueden contactarlos para participar como aspirantes a candidatos y que alguno de los partidos políticos los acoja.

“Todos los movimientos y partidos políticos legalmente registrados en el CNE, tendrán la posibilidad de incluir en sus filas a los aspirantes”, expresó el activista.

Cruz también comentó que participará dentro de la campaña como aspirante a candidato y que su objetivo principal es representar a este sector de la población y atender a sus necesidades.

“Nuestros candidatos no solo velarán por derechos LGBT+ sino por un reencuentro de todos, todas y todes, donde los derechos sociales, políticos, civiles y económicos se apliquen en igualdad de condiciones”, detalla el comunicado de la organización.

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El lanzamiento de la agenda se llevó a cabo con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM Ecuador) y la Oficina de Población, Refugio y Migración de Estados unidos (PRM).

“La Agenda Joven LGBTIQ+ propone la creación de una mesa interinstitucional de juventudes, que permita crear políticas públicas con impacto local y nacional que garanticen y promuevan los derechos de este público prioritario”, reza el documento.

Esta es la primera herramienta nacional que busca construir una sociedad inclusiva y libre de violencia. La agenda aborda los problemas de la población joven LGBTIQ+. Entre ellos, el derecho a una vida sin violencia o discriminación, el derecho a la educación, trabajo, salud, participación y libre organización.

Se realizó un estudio…

Para la presentación de la Agenda, Diálogo Diverso levantó 600 encuestas a nivel nacional a la ciudadanía en general sobre sus percepciones sobre esta población. Asimismo, realizó una encuesta digital a 306 personas LGBTIQ+. Además, el estudio fue complementado con grupos focales y un taller de validación con activistas de esta comunidad.

El estudio reveló que el 46% de las personas LGBTIQ+ encuestadas han sufrido algún tipo de agresión física, verbal o psicológica. En el hogar, el 45,1% ha sido “obligado a vestirse o comportarse de manera diferente a la que es”, indica la organización.

Además, el 22,3% señaló que ha sido víctima de acoso sexual, relaciones sexuales obligadas o cambio de favores. Mientras que un 15% expresó que no le permitieron acceder o mantener un trabajo por su condición.

En cuanto a las denuncias, el 84% de personas encuestadas mencionó que nunca ha denunciado un hecho de violencia. Un 73,7% dijo que no ha denunciado por desconocimiento de los procesos para hacerlo. Solamente un 14% ha denunciado, mientras que de este porcentaje, el 9,1% considera que no sirvió para nada.

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Este domingo a las 11 de la mañana personas trans se congregaron en las afueras de la Basílica. Con carteles, cantos y bailes se manifestaron en apoyo a las chicas que sufrieron discriminación en días pasados.

El acto de discriminación

A través de un vídeo la actriz de Enchufetv, Gabu Córdova, denunció un acto de transfobia en la Basílica del Voto Nacional. Las amigas de la actriz habían llegado desde Cuenca a visitar Quito. Ella junto a sus amigas se tomaban fotos, como todo turista, en los exteriores de la iglesia. En el vídeo se ve como un guardia del lugar les pide retirarse, pues no tienen permiso para tomarse fotos en dicho lugar, alegando que se trata de una propiedad privada. Sin embargo, el vídeo muestra a otras personas tomándose fotos en el lugar sin la necesidad de “permisos”.

El vídeo se viralizó en redes sociales y diversos colectivos se pronunciaron frente al hecho de transfobia.

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De acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTIQ+, este dictamen representa la primera sentencia en la que se condena a una persona por este crimen.

Según las investigaciones, el 28 de marzo de 2020, Javier Viteri conversó vía Facebook con Hilmar Corozo, quien estaba cumpliendo el servicio militar en el Cuartel Militar Batallón de Infantería N1 Constitución, en Arenillas, provincia de El Oro.

El chat revela un acuerdo para encontrarse en el departamento de Javier. Una vez en el lugar, el servidor militar asesinó al joven gay con 89 puñaladas en el tórax, espalda, abdomen y cuello. El cuerpo fue hallado por los moradores del sector junto a tres objetos corto punzantes cubiertos con sangre.

Según un informe de Runa Sipiy de la Asociación Silueta X, un total de siete personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ han sido asesinadas y una desaparecida en lo que va del año 2021.

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Quito 29 de junio (La Calle). – El Gobierno creó la Subsecretaria de Diversidades, en el contexto del mes del orgullo LGBTI.

Diane Rodríguez, directora de la Federación de Organizaciones LGBTI indicó que, “estamos de acuerdo y aplaudimos su creación, pero no me parece correcto es que no hayamos sido convocados como Federación”.

Rodríguez explicó que el nacimiento de la subsecretaria representa una lucha de la Federación LGBTI. La idea de su creación, se había planteado ya al inicio del Gobierno del expresidente Lenin Moreno. Esta sería una de las razones por las que este Colectivo reclamó ese espacio.

La Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez afirmó que, “Ecuador marcó un hito histórico en la lucha contra la discriminación. Esta Secretaría es muestra de un compromiso para generar una sociedad más equitativa y justa”. 

La Cartera de Estado delegó a Felipe Ochoa como subsecretario de Diversidades. En su discurso inaugural mencionó la clausura de las “clínicas de deshomosexualización”, atención a las personas que ingresaron a estos lugares y la creación de medidas administrativas que garanticen los derechos laborales de la comunidad.

#SinJusticianohayOrgullo

En lo que va del año, se han registrado seis asesinatos a integrantes del colectivo. Dos de estos asesinatos ocurrieron en contra de mujeres trans, una semana antes de la celebración del mes del Orgullo.

El viernes 11 de junio, La Asociación Silueta X y La Federación Nacional de Organizaciones LGBTI denunciaron un presunto asesinato en Monte Sinaí, ciudad de Guayaquil. Danny Benavides fue encontrado en su hogar sin vida y con signos de violencia en todo su cuerpo.

Una semana más tarde, se registró un nuevo asesinato trans. Carla, más conocida como “La Guaraca”, fue asesinada en Naranjal, provincia de Guayas. El suceso se dio el 22 de junio, después de recibir ocho disparos. El caso de las dos mujeres trans asesinadas en este último mes se encuentran en proceso de investigación.  Rodríguez explicó que no se han entregado información a las autoridades. “Tuve una llamada de la Secretaria de Derechos pasa solicitarme el número de los familiares de las víctimas. Yo les dije que, antes, debíamos reunirnos con la secretaria de derechos humanos, Bernarda Ordóñez”.

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“Desde 2013 el Estado no realiza un proceso de estadística pública sobre violencia sobre la población GLBTIQ+. Nos hemos reunido con colectivos que solicitaron incluir a Bernarda Ordoñez, secretario de Derechos Humanos. En un segundo momento nuestro compromiso es reunirnos con el Registro Civil con la finalidad de articular acciones alrededor del manejo de la información estadística sobre hijos de familias monoparentales”, dijo para Radio La Calle.

Ochoa añadió que la ayuda internacional será vital para hablar sobre hechos de violencia en esta comunidad. “Vamos a mantener reuniones con cooperantes internacionales que utilizan una metodología interesante en territorio para concientizar sobre el tema. Nos permitirá llegar a las 24 provincias del país. No solo a las ciudades grandes sino a las poblaciones rurales”.

Sin bases de datos

Christian Paula, de la Fundación Pakta, corroboró la información del subsecretario. No existen datos actualizados en el INEC  sobre la población GLBTIQ+ desde 2012. “Nos reunimos a inicios de este mes y les planteamos que se abran mesas de trabajo participativas a nivel nacional. Que la prioridad sea: las políticas públicas LGBTI, reformar las actuales barreras discriminatorias del Registro Civil y la metodología de generación de cifras por parte del INEC”.

Agregó que todavía no saben si en las políticas públicas entran enfoques como la discriminación laboral y la violencia y si, esa información, entra en el Plan de Trabajo de la institución, que todavía no tiene una fecha de publicación.

El representante de la Red Interuniversitaria LGBTIQ+, Ricardo Chica explicó que es importante transparentar los datos. “No tenemos un espacio al que acceder para transparentar la información de los delitos que se cometen en contra de las diversidades sexogenéricas. Nosotros necesitamos políticas públicas afirmativas para recopilar estos datos. Con estos datos podríamos crear acciones colectivas para incidir en contra de estos crímenes”.

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