Volvimos a la república del siglo 19, el siglo del panóptico, los exilios de los revolucionarios y las órdenes de destierro contra los republicanos y demócratas que alzaban su voz, su machete o su pistola, contra las continuas tiranías oligárquicas que sabotearon y destruyeron el sueño de una Patria Grande. Debimos esperar 40 años para echar abajo la tiranía de los hacendados y los niños ricos, y hacer una revolución que duró menos de 15 años y terminó en una hoguera bárbara que hoy también se levanta, mientras la población, con sus ojos en la red social, como en aquel 1912 tras las cortinas de la ventana enmudecida, ve pasar a los linchadores y gobernantes crápulas, arrastrando a una mujer y periodista ecuatoriana.

Porque ser ecuatoriano no significa haber sido parido aquí, sino que significa amar la Patria , ésta Tricolor de la infancia, bandera que ahora duele tanto. Porque la eligieron como su país por opción, porque lo decidieron así, aunque nacieran en Cuba, Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay, donde hayan nacido: porque accidente es el lugar, opción es el amor. ¿Verdad, mi Nikita?

Las 3/4 partes de la población demográfica que nació aquí y habita este suelo, NO es ecuatoriana, ni tiene derecho a llamarse tal: no defiende la soberanía, la dignidad nacional, la salud pública, la energía eléctrica de todos, ni a sus niños con cánceres o violados, ni al IESS ni a los jubilados y pensionistas, ni a los enfermos oncológicos o sin diálisis, ni defiende la paz, ni sale con honor a la calle a exigir el fin de esta tiranía. «¿Cuál tiranía?» preguntan los verdaderos antipatrias, y añaden: «Si no hay comunismo». Ésa es la bajeza de quienes perdieron en la amnésica memoria la noción de PATRIA.

Prefirieron sobrevivir en una Bananera gigante, aplaudiendo a «la Amu Patrona yutúber ha sido, qué linda ropa, me muero!», mientras los amus patrones les tratan con la punta del zapato como a huasipungueros idiotas que posan con un cartón, sin importarles su destino escrito en en la ya olvidada novela de Icaza.

No, no hay Patriotas. Hay colores partidarios, pequeñas siglitas, deditos emoticones de pulgares arriba, miedo, cobardía, demasiado hijeputismo.

¿Patriotas? ¡Ellas!, las que no nacieron en el Ecuador, pero fueron y son más novias enamoradas de este país y su destino, que millones de castrati.

¿Patriotas? mi Luz Helena Arismendy (+), mi Pedro Restrepo, mi Nelly Valbuena (+), y con ellas y él, patriota fue Manuela Picq (deportada) y hoy Alondra Santiago, desterrada, exiliada, echada del país que amó y que ama más que millones de eunucos que dicen amar sin amor.

Esta mujer, Alondra la bella, amó y ama a un país que, por desgracia, se acostumbró, en tercera persona, a mirar el delirio de un tiranuelo y a cerrar los ojos ante la injusticia, el delito y la tiranía.

Duele su partida. Como la de tantas y tantos patriotas: policías investigadores del narco-banco, militantes y dirigentes progresistas, mujeres dirigentes sindicales de la Bananera Noboa amenazadas de muerte, periodistas mujeres, que -de una en una-, en silencio, en la clandestinidad, han debido dejar el país entre lágrimas de sus familias, llantos que usted nunca oyó ni le importa, y que han debido exiliarse -¡decisión tan dura, tan dolorosa siempre!- para salvar la vida o la libertad.

Eso es el Ecuador ahora y no quieren reconocerlo. Una mazmorra, un huasipungo, una bananera, un circo sangriento.

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¿Abuso de poder o poder en abuso? No cabe duda de que el presidente Daniel Noboa, cada vez que puede (porque ha demostrado que puede), hace conocer sobre los alcances que tiene el Ejecutivo sobre los tentáculos de los otros poderes, pasando por encima de lo que la misma Constitución dicta para un Estado de Derecho. Esta vez la periodista de nacionalidad cubana, Alondra Santiago Rodríguez, fue alcanzada por otro argumento carente de validez jurídica y la racionalidad que últimamente determinan acciones, hasta penales, sobre algunos ciudadanos. En horas de la mañana de este martes 25 de junio, la periodista dio a conocer en sus redes sociales la notificación de revocatoria a su visa remitida por la Cancillería ecuatoriana. Varias han sido las reacciones que profundizan aún más la politización de un tema, o situación, que le incomoda al gobierno del “Nuevo Ecuador”.

La Resolución emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana determinó que Santiago “ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado”, luego de que el 12 de junio de 2024 la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la entidad emitiera un criterio en favor de un proyecto de Revocatoria de Visa de Residencia Permanente; solicitud de la que se desconoce procedencia y argumentos legales ante la luz pública. Lo cierto es que, una vez más, el presiente Noboa ha usado los poderes del Estado para sacar del camino a quienes le incomodan o, como lo ha dicho en otras ocasiones, van en contra de su línea de gobierno.

El concepto de inseguridad, para el primer mandatario, parece no estar del todo claro o puede estar claro que es la pieza comunicacional clave en su estrategia de crear enemigos internos que marquen la agenda política y mediática en el país. Asimismo, las seguridades jurídicas, la soberanía y las garantías constitucionales tampoco están bien definidas para su neonato gabinete que más que hacer política pública está bastante ocupado en saciar los caprichos presidenciales y mantenerse en el poder, algo que parece no haber cumplido su exministra de Energía, Andrea Arrobo.

Si bien la banda presidencial tiene inscrito el lema “Mi Poder en la Constitución”, no significa que el primer mandatario pueda, éticamente, usar deliberada e interpretativamente lo que dicta la Carta Magna en un Estado de Derecho para atropellar derechos. Y es que, hoy, el tema sobre Alondra Santiago va más allá del supuesto irrespeto al Himno Nacional, incluso, más allá de la libertad de expresión. Pues, paradójicamente, a Santiago no se le acusa de hacer periodismo, se le acusa de “activismo” en favor de la línea ideológica contraria a su corto gobierno. Situación que la opinión pública no ha dejado de comparar con los casos de su vicepresidenta Verónica Abad y de su exesposa Gabriela Goldbaum.

Sin embargo, y para sorpresa de pocos, lejos de que esto pueda ser una clara violencia de género, para su trasnochado electorado, atentar a la democracia ya no es la falta de cumplimiento a un plan de gobierno ni la escaza gestión estatal o la insistencia renuente de implementar políticas neoliberales, sino que una periodista hable o que una ministra desobedezca, una vicepresidenta se defienda y que una madre proteja a su hija. Lo peor, para una sociedad fragmentada, es que este tipo de vulneraciones son legitimadas por ciertos actores que hacen catarsis de su odio, discriminación y polarización ideológica a través de acciones que rebasan la delgada línea entre gobernar y abusar del efímero poder.

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Para la periodista el discurso de odio se ha convertido en una cacería de brujas. «Me siento como las brujas en la edad media, que las están buscando para quemarlas», expresó. Asimismo, sostuvo que si alguien piensa que ella es una bruja que prepare la cacería porque seguirá haciendo periodismo.

«Estamos en un país donde el Gobierno y la derecha odiadora ha institucionalizado todos los discursos de odio y la violencia, que sus simpatizantes se creen con todo el derecho de agredir a otros porque piensan diferente», dijo antes de mostrar el video sobre el presunto caso de acoso.

El hombre después de ver que ella lo estaba grabando, sacó su celular y empezó a victimizarse diciendo que él había sido insultado por ella. «El artículo 471 me permite grabarla porque ella es una persona pública», alardeaba.

Incluso una persona que estaba por ahí defendió a la comunicadora y resaltó que ella jamás lo insultó.»Ya pare, esto es un tipo de acoso«, le decía el joven que la ayudó.

Alondra Santiago puso la denuncia formal en Fiscalía General del Estado por delito de odio. Según la afectada, esto es un atentado no solo a la libertad de expresión, sino a la libertad de prensa. (DCJ)

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El presidente Guillermo Lasso no hizo muchas cosas importantes en su labor como presidente, pero lo que sí hizo al pie de la letra fue condecorar a SUS periodistas. Hay que ser sinceros. Poder y medios de comunicación han sido sinónimos desde que salieron los primeros periódicos y en Ecuador esto no ha sido la excepción.

El 23 de marzo del 2022, Lasso condecoraba a Emilio Palacio, periodista de El Universo que exilió en Miami por 10 años debido a una sentencia judicial por «injurias calumniosas graves contra la autoridad», en ese caso, el expresidente Rafael Correa. Dijo, entre líneas, que el exmandatario mandó a matar a los caídos del 30 del septiembre del 2010 para propiciar su rescate. A veces es más lo que no se muestra que lo que dice.

A pesar de ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó su demanda al Estado y eso le permitió regresar al país y recibir remuneración. Palacio es ferviente defensor del presidente Lasso y en sus columnas (sí, aún escribe) es implacable con su oposición. En un tuit de abril de este año decía «Los que sueñan con preparar un estallido ‘social’ terrorista tienen que saber que esta vez los van a estar esperando como la ciudadanía espera». Lo expresó en referencia al uso de armas letales por parte de la fuerza pública.

A Alfonso Espinoza de los Monteros lo condecoró el 3 de mayo del 2022. Don Alfonso guarda un récord mundial por sus años como presentador en Ecuavisa y se retiró de las pantallas el 1 de mayo del 2023. Habría que preguntarse ¿cuántas veces no calló este presentador las malas acciones, los errores de este gobierno? El silencio es una fuerza poderosa, nos muestra que quien lo guarda, también es cómplice, aunque no haya hecho nada.

El 08 de agosto, Lasso condecoró a Gonzalo Rosero Chávez, el fundador de radio Democracia y un defensor a muerte del presidente, «por su destacada defensa de la libertad de expresión durante seis décadas», dice Presidencia.

¿Saben qué más dijo el mandatario? «Ecuador ha avanzado tanto en libertad de expresión, en los últimos dos años, que a ningún Gobierno le será fácil construir, nuevamente, un sistema inquisidor que fustigue a periodistas, que les instaure juicios, que los persiga en su intento por callarlos».

El cinismo de Guillermo Lasso duele al leer esas declaraciones, cuando él y su gabinete saben muy bien que cinco periodistas han salido del país por continuas amenazas contra su vida. Ecuador no es seguro para ello y el presidente dice que «ningún gobierno podrá construir un sistema que persiga periodistas para callarlos». Por su puesto que no, el suyo ya lo hizo.

El director de La Posta reveló que el gobierno sabía que la mafia tenía en la mira a Andersson Boscán y a Mónica Velasquez por la publicación del caso El Gran Padrino, que involucra al cuñado del presidente y a su amigo, el asesinado Rubén Cherres. Un tema que llevó a Lasso a juicio política, después a muerte cruzada y ahora a las elecciones anticipadas.

Karol Noroña, periodista de GK, que cubría con una gran destreza el tema seguridad y sistema carcelario debió salir del país. Al gobierno se le salió de las manos el control de las bandas delincuenciales. La vida de Karol estaba en riesgo por la falta de acción de un Ejecutivo al que le quedó grande el país

¿Por qué defender lo indefendible? ¿Para recibir el favor del presidente? ¿Para recibir una condecoración? No es mi intención romantizar este oficio, ya que tiene muchos vacíos. La falta de un sindicato, por ejemplo, para proteger los derechos de quienes ejercemos el periodismo. Sin embargo, defender a rajatabla un gobierno que solo ha traído miseria y desastre al país, no es propio de un periodista.

Tenemos una responsabilidad grande con los ciudadanos. A pesar de que el oficio esté atravesado por los intereses políticos y económicos, no podemos olvidar el compromiso de informar con claridad, precisión, pero también ofrecer sustancia a nuestra audiencia. La crítica de los periodistas, cuestionar preguntar, indagar. Eso nos hace mejores profesionales. Equilibrar la razón y la emoción para ofrecer un trabajo de calidad sin importar quien esté sentado en Carondelet.

Por eso a los muy periodistas, les recuerdo que todavía existimos periodistas que intentamos cada día mejorar. Siguiendo el ejemplo de los grandes referentes, esos que creían en que una idea, un relato, una persona podía ser la chispa para un gran cambio. Aún existimos los obreros de la comunicación.

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En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el mandatario condecoró al periodista Alfonso Espinosa de los Monteros por sus 56 años de trayectoria, en el Palacio del Carondelet.

Durante su intervención, el jefe de Estado se refirió a la importancia de precautelar la libertad de expresión como herramienta para »detener el autoritarismo, la corrupción y la violencia que ejercen los gobiernos despóticos y populistas a los que la prensa tanto incomoda», resaltó.

Señaló que una de las principales acciones del Gobierno fue enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación.

La famosa Ley de Comunicación

En 2021, Lasso envió las propuestas de la Ley de Comunicación al Legislativo. Sin embargo, fueron rechazadas ya que el proyecto permitía a los medios autorregularse a conveniencia.

La bancadas de Pachakutik (PK) y Unión por la Esperanza (UNES) presentaron un informe de minoría con las reformas a varios artículos que atentarían contra los derechos de la ciudadanía. De este documento, Lasso vetó 17 artículos por »inconstitucionalidad» y el 11 noviembre envió la ley al Registro Oficial.

Como acto simbólico, el Jefe de Estado botó la anterior Ley de Comunicación del 2013 con el lema “Tacho de basura de la historia”.

“Hoy culminamos una lucha que ha significado años, de ustedes y también mía. Esta es una victoria que no pertenece solo al Gobierno, sino a todo el Ecuador”, precisó el presidente.

También Lasso…

En su propuesta de ley destacaba que ningún periodista podía ser sancionado por opinar, denunciar o criticar al poder. Sin embargo, en varias ocasiones ha resaltado su incomodidad por la prensa.

»Hay dos Ecuadores: el que mira la prensa y el de la realidad que miran los ecuatorianos”. En este sentido, criticó dos noticias de diario El Universo en referencia a la falta de medicinas y la migración en Guayaquil.

“Típica noticia de medios de comunicación para escandalizar, pretenden arrinconar al Gobierno y al presidente”, dijo en una entrevista con Carlos Vera, en 2022.

Según Carolina Ávila, experta en comunicación, pareciera que la estrategia de Lasso es levantar frentes en varios sectores y crear nuevos villanos ante un Gobierno que es “víctima y héroe”. La responsabilidad ya no recae en la narcopolítica sino en el “terrorismo mediático” y en los otros poderes del Estado, incluido el Legislativo.

Periodistas exiliados

En lo que va del 2023, dos periodistas salieron del territorio en un protocolo para preservar su vida de las continuas amenazas por la cobertura de noticias relacionadas a la violencia e inseguridad en el Ecuador.

Entre ellos se encuentra la periodista de GK, Karol Noroña y otro comunicador que pidió la reserva de su identidad. Recientemente a la lista se sumó el periodista de La Posta, Andersson Boscán, que admitió recurrir a la autocensura para preservar su integridad y la de los suyos. (A.G.M).

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El distintivo en un inicio era para los medios abiertamente dependientes de un estado. Se aplicó por primera vez para las empresas comunicacionales rusas tras el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Luego Twitter amplió el rango hacia periodistas, políticos y medios de comunicación no alineados con Estados Unidos y la Unión Europea.    

Los medios de comunicación apelan a que esta medida pone en riesgo su imparcialidad. La Radio Televisión Española (RTV) mostró su desacuerdo públicamente.

Los canales informativos que se sienten afectados consideran que la etiqueta provoca una perspectiva errónea de su independencia editorial. Además, que la moderación ha sido tomada de manera unilateral ya que no se les ha consultado cuáles son sus fuentes de financiamiento.

Que les digan «Medio financiado públicamente»

Twitter recogió solicitudes de medios en las que se pide que se cambie la etiqueta por  “medio financiado públicamente”. La BBC fue la primera en acceder al cambio y RTVE se encuentra en espera del cambio.

De la misma manera, la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisual (CCMA) están realizando las “gestiones oportunas” con la red social para que cambien la calificación, según Segre.

Salida de Twitter

El servicio de radiodifusión de Estados Unidos, National Public Radio (NPR), fue la primera en abandonar Twitter tras ser etiquetado como “medio financiado por el gobierno”. NPR dejó de usar las 52 cuentas que mantenía en la plataforma digital y ya no se mostrará como activa. 

“Hemos tomado esta decisión después de que Twitter rechazara repetidas peticiones para eliminar una etiqueta inexacta que designaba a NPR como «medio de comunicación afiliado al Estado», dijeron.

La red pública de televisión de EE.UU, Public Broadcasting Service (PBS), se sumó a la protesta de NPR y también se retiró de Twitter. (D.C.)

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La revelación de los presuntos vínculos del Gobierno con la mafia albanesa pusieron en evidencia a varios funcionarios y allegados al presidente. Sin embargo, estos “15 minutos de fama de los mercenarios del entretenimiento noticioso terminaron”, resaltó Lasso.

Agregó que todas estas “historias perversas y malintencionadas” son para dañar a la democracia ecuatoriana. Aunque reconoció que su cuñado “pudo no haber tenido suficiente suspicacia”, aclaró que su Gobierno es honesto y no hay una estructura de corrupción.

Una guerra tapiñada

“Si alguien más ha luchado por la libertad de expresión en el Ecuador”, dijo Lasso en una entrevista con Carlos Vera, en 2022.

Además, resaltó que la primera acción de su Gobierno fue enviar el proyecto de Ley de la Libertad de Expresión en la Asamblea Nacional. En esta propuesta se destaca que ningún medio de comunicación y periodistas podrán ser sancionados por opinar, denunciar o criticar al poder.

Mencionó que se sentía cómodo con la prensa, pero resaltó “hay dos Ecuadores: el que mira la prensa y el de la realidad que miran los ecuatorianos”. En este sentido, criticó dos noticias de diario El Universo en referencia a la falta de medicinas y la migración en Guayaquil.

“Típica noticia de medios de comunicación para escandalizar, pretenden arrinconar al Gobierno y al presidente”, dijo.

Según Carolina Ávila, experta en comunicación, pareciera que la estrategia de Lasso es levantar frentes en varios sectores y crear nuevos villanos ante un Gobierno que es “víctima y héroe”. La responsabilidad ya no recae en la narcopolítica sino en el “terrorismo mediático” y en los otros poderes del Estado, incluido el Legislativo.

Un Gobierno “honesto”

El caso de “El Gran Padrino”, revelado por La Posta, . En este entramado figuraría como cabecilla Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, y su “mejor amigo”, Rubén Chérres.

La primera emisión de esta investigación provocó la fuga de Chérres y Hernán Luque, expresidente de EMCO, incluso, se produjo un allanamiento en el mismo Carondelet, pero Carrera seguía inmune a las acusaciones.

No obstante, minutos antes de comparecer en la Asamblea Nacional el equipo de La Posta reveló “El Gran Informe”, un documento de 145 páginas archivado por Fiscalía. Ahora existen pruebas más contundentes de la influencia de Carrera para colocar funcionarios “a dedo”. Entre los favores realizados está el ascenso del general de la Policía, Víctor Araus y cargos en BanEcuador.

El mandatario resaltó que nunca conversaron con él para abogar por el general Araus. Por el contrario, manifestó que emitió un decreto para darlo de baja, en 2021. (A.G.M).

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Castillo emitió estas amenazantes declaraciones en plena transmisión nacional de Ecuador Debate 2023, la noche del domingo 8 de enero.

«Vamos a cerrar las instituciones que no le sirven a la provincia. Hasta luego Radio Pichincha. Nos vemos señor Orlando Pérez y Alexis Moncayo. Pondremos la casa en orden y tendremos un buen ambiente», señaló Castillo.

En cada intervención, Castillo atacó la gestión de la prefecta de Pichincha Paola Pabón. En algunas de sus participaciones expresó sus planes. Sin embargo, sus declaraciones aparecieron al responder el cuarto eje temático sobre administración local y provincial.

En ese momento, Castillo expresó que trabajará sobre tres puntos. El primero, una reestructuración del personal de la Prefectura. El segundo, un proceso de optimización de recursos. Y finalmente, lanzó una amenaza hacia Radio Pichincha. Aseguró que cerrará este medio de comunicación y atacó a los periodistas Orlando Pérez y Alexis Moncayo.

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“En el informe de minoría planteamos la democratización del espectro radioeléctrico para realmente alcanzar los porcentajes de frecuencias que corresponden”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Castro comentó que lo único que se está plegando con el informe de minoría es sostener los avances de derechos por todos quienes hacen periodismo.

“Los medios tradicionales han dicho que el informe de minoría es un retroceso. Desde sus intereses dicen retroceder a una ley mordaza, pero no podemos desconocer los contenidos en cuanto a derechos que se tiene en la Ley”, afirmó Castro.

Además, sostuvo que ven el tema de la autorregulación y el manejo del espectro radioeléctrico con mucha lejanía,

«Hay una decisión anticipada del Presidente de la República al veto. Esperamos que la Asamblea Ecuador busque los mecanismos para sostener el avance de derechos de la ciudadanía en general. No se está contraviniendo la libertad de expresión», aseveró Castro.

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El Gobierno Nacional no aprueba las reformas planteadas por las bancadas UNES y Pachakutik. Considera que la «reforma carece de lógica y sentido para comprender la finalidad de la misma Ley», reseñó el medio.

«Tomaremos la decisión de vetarla y buscar una vía constitucional para arreglar todos los errores y mal entendidos que tiene y afectan directamente a los derechos de todos los ecuatorianos», mencionó Marcos Molina, subsecretario General Jurídico de la Presidencia.

Artículos que no cuadran a Lasso

Entre las preocupaciones del Régimen está el artículo 12, que señala «habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en el ámbito civil o de otra índole». Para Molina, esto es una «inconsistencia» porque al decir «otra índole» da cabida a muchas posibilidades que pueden desembocar en arbitrariedades.

«Cuando se redacta una ley de esta forma, que no es específica, se está vulnerando la seguridad jurídica. Estas deben ser tácitas, estar expresas y fijadas en la ley. Al no definir qué tipo de responsabilidades caería sobre estos actores, se está dejando abierto un abanico de posibilidades», dijo Molina para Expreso.

Otro de los puntos flacos que considera el funcionario de Lasso es la censura. En el apartado que solicita «suprimirse las palabras «u opinión» del artículo 3 de la Ley en que establece que se entiende por contenido «todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación». Molina dijo que el contenido ahora sería netamente informativo y no habría espacio para emitir opiniones.

¿Qué tiene la nueva Ley?

El informe de minoría expone agregar incisos y artículos a la Ley Orgánica de Comunicación. Entre ellos está un artículo sobre las Normas de regulación voluntaria de los medios de comunicación social, Libertad de expresión e Internet. También se reforman algunos artículos como el 18:

“Art. 18.- Prohibición de censura previa. – Queda prohibida la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en el ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona o perjudicar a un tercero.”

o el artículo 20:

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. – Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en el ámbito civil o de otra índole, cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a una persona.

Así también se recomienda a los medios de comunicación y al Consejo de Comunicación realizar cursos sobre el manejo de información y contrastación de la misma.

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“La ministra María Elena Machuca revisó junto a César Ricaurte, director de Fundamedios, el proyecto Casa de la libertad de expresión. Una asociación público-privada, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Pichincha”, escribió la cartera de Estado en un tuit.

El Ministerio también informó que Machuca indicó que “el objetivo de la celebración del Bicentenario no es solo rememorar los actos históricos. También realizar un análisis de las libertades obtenidas en estos 200 años. Y añadió que el punto focal debe ser la investigación”.

El Museo de la memoria

No obstante, el Ministerio de Cultura todavía tiene pendiente una deuda con las víctimas de delitos de lesa humanidad: el Museo de la memoria. Forma parte de la ley de Reparación de las víctimas de delitos de lesa humanidad de 2013. Hechos ocurridos en Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.

En su disposición general segunda, la ley obliga al ministerio rector en materia de cultura, en el plazo de 90 días, iniciar la creación del Museo de la Memoria. Cuyo fin es documentar y conmemorar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Ecuador.

“Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de coordinación que realizó la Defensoría del Pueblo y las demandas de las víctimas, luego de más de seis años desde la promulgación de la norma, este espacio no se creó. El museo debe preservar nuestra memoria histórica y ser un mecanismo de reparación. Un trabajo no solo para las víctimas directas e indirectas documentadas en estos hechos, sino para la sociedad en general”, indicó la defensoría del Pueblo en un pedido de mayo de 2020.

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Este exhorto lo hace en relación a las acusaciones, sin pruebas, que el presidente Guillermo Lasso emitió en contra del presidente de la CONAIE, Leonidas Iza. El pasado martes, durante una entrevista en Carondelet, Lasso dijo que Iza era un «hombre violento» y que su intención era «tumbar la democracia».

El organismo insistió en que dicha obligación del Estado corre el riesgo de ser vulnerada «cuando los funcionarios con cargos de alta relevancia en las funciones del Gobierno profieren expresiones de amenaza, hostigamiento o descrédito en contra de los ciudadanos que ejercen la representación política de organizaciones sociales, políticas, indígenas, de derechos humanos, entre otras».

En este sentido, el CDES hizo un llamado al Gobierno Nacional para que restaure los mecanismos de gestión democrática para responder a la oposición social y política y asegurar la participación ciudadana activa en condiciones de libertad e igualdad.

Asimismo, pidió a las instituciones de derechos humanos, en especial a la Defensoría del Pueblo, que activen mecanismos para prevenir las vulneraciones en tema de derechos en contra de Leonidas Iza y cualquier otro líder o lideresa social, por parte de instituciones públicas y sus funcionarios.

En varias ocasiones, el presidente Guillermo Lasso ha atacado sin mesura al líder indígena, Leonidas Iza. Durante varias emisiones del programa ‘Encontrémonos por la ciudadanía’, Lasso acusó a Iza de incendiar el edificio de la Contraloría y de secuestrar a periodistas.

Analistas políticos sostienen que la intención del primer mandatario, a través de estos discursos, es construir un enemigo interno. «Otra vez la construcción del enemigo interno. Un discurso bélico y estigmatizante en contra de Leonidas Iza. El Presidente Lasso quiere que la población tenga una fe ciega en sus políticas, que no cuestionen y no se movilicen. Solo refleja intolerancia e inseguridad en sí mismo», sostuvo el analista Mauro Andino.

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Un policía advertía a los manifestantes mientras la periodista ponía su micrófono para escucharlo. Tras tres advertencias, inició la represión. Los gendarmes arremetieron en contra de los manifestantes y la periodista, que en vano invocaban la Constitución de la República. La periodista trabaja en el medio Daule Visión y reportaba desde el sector de la T.

Los gritos de la periodista se vuelven desesperantes. Su angustia y el dolor ante los golpes que le propina la Policía la llenan de indignación. Todo eso sucedía en vivo. 

Esta es la primera respuesta de los policías ante la orden del presidente Guillermo Lasso de mantener la normalidad en las vías del país. 

Hasta el momento, al menos 16 provincias se suman al paro convocado para este martes en el marco de un Paro Nacional por las medidas económicas del Gobierno Nacional.

La Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas (Conaie) prevé que sus bases hagan uso del derecho a la resistencia en cada uno de sus territorios.

Se esperan marchas en las provincias de: Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Esmeraldas, Sucumbíos, Napo, Manabí, Tungurahua, Guayas, Los Ríos, Morona Santiago, Azuay, Loja, El Oro, Cañar y Zamora. En Guayaquil y Quito se realizarán varias movilizaciones dónde estarán los dirigentes de los principales movimientos sociales.

Movimientos sociales

Organizaciones sociales y sindicales como el FUT, FENOCIN, FEINE, UNE y Conaie ratificaron que las movilizaciones empezarán desde las 6:00. «Ayer fueron los combustibles, mañana buscarán una reforma laboral que precarice a los trabajadores», dijo Nelson Erazo, presidente del Frente Popular en rueda de prensa.

Al menos 42 vías estarán cerradas, a pesar de los señalamientos del Gobierno de enviar a la fuerza pública a despejar esos cierres.

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“Tenemos que retroceder al 2008 cuando la Constitución dispuso la creación  de una Ley de Comunicación para defender el derecho de las audiencias, de los ciudadanos incluidos los periodistas y los medios de comunicación a manifestarse de manera correcta. Lo más importante es que el Presidente demostró que es rehén de ciertos grupos de presión poderosos”, explicó a Radio La Calle.

Nuevo proyecto

El nuevo articulado plantea la eliminación de los primeros 90 artículos y deja de lado la autorregulación, los derechos laborales y la tipología de medios. “Creo que existía una suerte de legitimación de las prácticas económicas y políticas de los grandes grupos económicos. Esta propuesta que hace Lasso a la Asamblea Nacional debe analizarse profundamente por los asambleístas. Destruye prácticamente la Ley de Comunicación, elimina la institucionalidad”, expresó.

Para Barriga, la comunicación implica el uso de una normativa. “La libertad de expresión implica ciertas limitaciones democráticas para que no afecten los derechos de las otras personas. No se está considerando los derechos de niñas, niños, adolescentes, pueblos y nacionalidades”.

Autorregulación vs. control

La autorregulación no se cumple en los medios de comunicación. “Nosotros tuvimos experiencias y esa autorregulación entregaba códigos de ética que nunca se cumplían, eran simplemente letra muerta. Es importante que esto se considere. Busca hacer un guiño a los grandes medios de Comunicación en detrimento de los usuarios”, declaró.

Es importante que exista control. “Los medios de comunicación tienen la obligación de estar sometidos a una auditoría. Si yo publico mil periódicos, debe existir ese número. Dentro de esto, los derechos laborales son parte importante. Yo puedo decir como un editor con el que yo trabajaba tenía un juicio porque no querían pagarle su indemnización”, dijo Barriga.

“La responsabilidad ulterior es el producto de la construcción de la noticia con verificación y contrastación. Debo hacerme cargo de la información que difundo como periodista y medio de comunicación”, precisó.

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“Por un lado, tenemos los delitos sexuales por la vía digital. Por otro lado, encontramos que en nombre de proteger a las víctimas de delitos sexuales, se merma otro derecho, el de la libertad de expresión, que es fundamental”, explicó a Radio La Calle.

El silencio de los grandes medios de comunicación sobre este tema, a juicio de la catedrática, se explica porque «a ellos no les afecta». «Estos medios no cuidan a los ciudadanos sino a sus propios intereses», dijo.

Para la experta, hay que entender que la información pública debe ser transparentada sin necesidad de cambiar la ley. “La problemática en esta reforma, es que el artículo que prohíbe la difusión de productos de violencia digital ya existía. Lo que se hace es eliminar la excepcionalidad cuando la información es pública, es decir, relativa a las instituciones del Estado, que ya se transparenta en la LOTAIP”, sostuvo.

De acuerdo con Chavero, la modificación de la Ley hace que algunos derechos choquen entre sí, en una evidente incoherencia del articulado. “Los derechos humanos están por encima de todo. Aquí chocan el derecho a la intimidad contra el derecho a la libertad de expresión, por lo que no se puede interpretar la norma de manera favorable al ciudadano y deben acudir a la justicia. Se burocratizan los derechos primarios”, señaló.

Internet, redes sociales y derecho

Sobre las redes sociales e internet no existe un debate serio y profundo. “En Ecuador, la mayoría de los medios de comunicación son privados y tienen intereses económicos y políticos. Vimos en Octubre del 2019, los medios cerraron filas en torno al gobierno. Si no tenemos una fuerza mediática plural no mejorará el sistema de comunicación. El ciudadano va a las redes sociales porque busca información que no consigue en los medios tradicionales”, dijo.

A juicio de la catedrática, no hay que mirar solo la Ley de violencia digital, sino también la Ley de Defensa de Dolarización y la Ley de uso progresivo de la fuerza que sigue en debate. “Lo que se busca es reducir el espacio del ciudadano, y con esto se achica la protección del Estado. Se reduce la posibilidad de reclamo, la responsabilidad de los medios. Se amplía lo privado y se disminuye el rol del Estado”, concluyó.

¿Qué dice la reforma?

La reforma al artículo 178 del Código Integral Penal indica que “la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, grabe, revele, difunda, publique, o dé algún tratamiento indebido o no autorizado a contenidos de terceros […] por intermedio de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, será sancionada con pena privativa de la libertad de uno a tres años”.

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El medio catalán El Periódico indicó que hoy miércoles se ha convocado nuevas concentraciones en diversos puntos de España para denunciar el encarcelamiento del artista.

Según medios internacionales aproximadamente 50 personas han sido detenidas por actos de disturbios y una joven perdió un ojo durante las manifestaciones.

Arresto y presuntos delitos

El rapero español fue arrestado el pasado martes por los Mossos d’Esquadra (la Policía Autonómica Catalana). Según las autoridades, Hasél fue condenado a nueve meses de cárcel por los delitos de “injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo”. Por ser la cuarta condena impuesta contra el artista, la justicia española dispuso su ingreso en prisión.

En sus letras, Pablo Hasél señala al rey emérito Juan Carlos I como un “capo mafioso”, “tirano” y “ladrón”. De forma similar, las autoridades apoyan su condena por sus tuits entre 2014 y 2016. En ellos “sus palabras invitan a otros a recurrir a la violencia y hace apología al delito de terrorismo”.

Juez: ¿Jura decir toda la verdad? / Hasél: Estoy aquí por decir toda la verdad

En 2018, durante la audiencia de juicio, Hasél fue acusado de injurias por señalar en sus letras que el Rey gastó dinero público para cubrir sus gastos de caza en un viaje a África. El rapero indicó que no se tratan de injurias ya que el tema fue investigado, contrastado y señalado por numerosos medios de comunicación españoles.

Valtónyc, un caso similar

El rapero Valtónyc, de igual nacionalidad, fue condenado en 2018 a tres años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias graves a la Corona. Sus letras de 16 canciones fueron el impulso fiscal que ratificó el Supremo del país europeo.

Ante su inminente encarcelamiento, José Miguel Arenas, alias Valtónyc, huyó a Bélgica para evitar la cárcel.

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“Está en riesgo la libertad de expresión y el derecho de opinión, los dos consagrados en la Constitución”, dijo la prefecta de Pichincha Paola Pabón. Ella aseguró que el asunto está vinculado con el anuncio que hizo la alianza Unión por la Esperanza (UNES) de su binomio presidencial Aráuz – Correa.

“No nos parece casual que el día de ayer (martes 18) UNES haya lanzado el binomio presidencial. A reglón seguido viene la persecución contra una institución que no tiene nada que ver con los procesos de las distintas organizaciones que integran UNES. Rechazamos esta persecución”, añadió la prefecta.

El abogado del Pichincha Universal, Cristian Pérez, aseguró que en los próximos días tomarán dos acciones legales. Presentarán una acción extraordinaria de protección para apelar la revocatoria y de no ser favorable empezarán acciones vía contenciosa administrativa.

En el marco del paro nacional de octubre 2019, Arcotel sacó del aire la señal de Pichincha Universal con base en un informe de un miembro de las Fuerzas Armadas, sobre el programa de opinión “La Oreja”.

La página oficial de este medio también ha recibido varias denuncias y bloqueos a lo largo de este año.

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“Ver lo que quieras ver, escuchar lo que quieras escuchar y leer lo que quieras leer” es la consigna que estos grupos proponen. Consigna que no refleja la realidad que viven los profesionales de la comunicación, como resultado, los Medios Públicos desaparecen, miles de trabajadores quedan en el desempleo y la Secretaría General de Comunicación censura a los medios no tradicionales, aquellos que no ocultan las atrocidades del Gobierno de Lenín Moreno.

Recordemos el allanamiento a las instalaciones del medio de comunicación Pichincha Universal, durante el paro nacional de octubre 2019; o la suspensión de su sitio web. De la misma forma, el Gobierno de Moreno también censuró a Radio La Calle por publicar un comunicado público y oficial de 2019.

Esta es una acción conjunta entre La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión de Pichincha, la Asociación de Canales de Televisión, Canales Comunitarios y Regionales, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y la Asociación Nacional de Periodistas

El evento tendrá lugar en la intersección de las Avenidas 10 de Agosto y Naciones Unidas, este 10 de agosto a las 18h00.

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