Nájera reveló que, desde octubre de 2024, presentó ocho memorandos ante la presidencia del CNE, dirigida por Diana Atamaint, exigiendo que el Pleno se pronuncie sobre el incumplimiento del artículo por parte del presidente Daniel Noboa, quien optó por declararse en «ausencia temporal por fuerza mayor» mediante decretos, en lugar de pedir licencia. Sin embargo, el 30 de diciembre, su pedido fue rechazado bajo el argumento de que no contaba con el respaldo de al menos dos consejeros.

El pasado 11 de febrero del 2025 la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea cuestionó que Noboa mezclara actos de gobierno con campaña, aprovechando recursos estatales. Aunque la Corte Constitucional anuló dos de sus decretos de «ausencia», no aclaró si estos equivalían a una licencia. Por su parte, la OEA advirtió que la incertidumbre jurídica generó «tensión y desconfianza», especialmente porque Noboa es el primer presidente en reelegirse tras la «muerte cruzada».

Contexto político: TCE define futuro de Abad

La solicitud de Nájera coincide con la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad, acusada de violencia de género por la canciller Gabriela Sommerfeld. La consejera vinculó este escenario con una supuesta intención del CNE de favorecer al oficialismo, al actualizar el calendario electoral.

Nájera exigió al CNE convocar una sesión urgente para resolver el tema de la licencia, tal como se modificó ágilmente el calendario electoral. «La ley debe aplicarse con igualdad», insistió, recordando que el artículo 93 busca evitar el uso indebido de recursos públicos.

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Según un documento firmado por el secretario jurídico de Presidencia, Stalin Andino, la medida se tomó debido a una «situación compleja» generada por actores políticos, lo que llevó al jefe de Estado a optar por una «ausencia temporal por fuerza mayor» en lugar de solicitar una licencia sin sueldo, como establece el Código de la Democracia.

Acción de inconstitucionalidad

La Corte Constitucional está evaluando una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Gabriel Pereira Gómez, quien impugnó el Decreto Ejecutivo 500, emitido el 7 de enero. A través de dicho decreto, Noboa encargó temporalmente la Presidencia de la República a su secretaria de la Administración, Cynthia Gellibert.

El abogado demandante cuestiona la legalidad de la decisión, argumentando que se vulneran los artículos de la Constitución relacionados con las causales de cesación de funciones del presidente, especialmente el artículo 145. Sin embargo, el Gobierno defiende que la medida no constituye una infracción electoral.

Justificación del Gobierno por «fuerza mayor»

En la respuesta presentada ante la Corte Constitucional, el Gobierno, a través del secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, señaló que Noboa, en su calidad de presidente, mantiene una responsabilidad política y democrática con sus seguidores. La administración resaltó que la situación política del país, marcada por una crisis interna, hizo necesario que el mandatario continuara con el ejercicio de su cargo sin dejar de lado su proyecto de reelección.

Además, se explicó que el presidente no tenía la obligación constitucional de solicitar una licencia para participar en actividades proselitistas, y que Noboa tomó medidas para garantizar que su participación en la campaña no implicara el uso de recursos públicos. Según el Ejecutivo, la decisión se ajustó a lo dispuesto por la ley.

Controversia por actividades de campaña

El Decreto Ejecutivo 500 se enmarca dentro de un periodo electoral de gran tensión. Noboa utilizó los días de ausencia para recorrer varias provincias del país, participando en caravanas móviles y eventos junto a su esposa y la candidata a la Vicepresidencia, María José Pinto, entre otros miembros de su entorno político.

Sin embargo, un evento «espontáneo» el 5 de enero, en el que un grupo de ciudadanos se reunió en Quito en defensa de la democracia, desató controversia. Aunque el presidente no organizó el acto, sí saludó a los asistentes y ofreció breves declaraciones. La cobertura mediática del evento generó críticas, ya que algunos sectores consideraron que el acto podría interpretarse como un acto de proselitismo.

«En el primer día de la campaña electoral, que coincidió con ser un día de fin de semana, el Presidente de la República se encontraba en su residencia en el Palacio de Carondelet, como es habitual (…) Ante esta situación, y por cortesía, el Presidente de la República saludó a la ciudadanía, y dedicó unas pocas palabras enfocadas en la defensa de la democracia, más nunca incitó al voto», señala el documento.

Espera por el fallo de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional aún no ha emitido un fallo definitivo sobre el Decreto Ejecutivo 500 y las justificaciones presentadas por el Gobierno. Este fallo es clave, ya que podría establecer un precedente en la interpretación de la Constitución y el Código de la Democracia, especialmente en relación con las ausencias temporales del presidente durante un proceso electoral.

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El pasado 13 de enero el primer mandatario asistió al Fuerte Militar Héroes de Chacras, en Machala, para la entrega de a más de 31.000 cascos y más de 30.000 chalecos balísticos a las Fuerzas
Armadas (FF.AA.). Este evento fue difundido en las redes sociales del Ministerio de Defensa.

“Porque nuestro objetivo es claro: recuperar la paz y la dignidad (…) Si hay algo que sí hacemos nosotros es atrevernos; atrevernos a desbaratar a los grupos terroristas, a los cómplices y
corruptos”, dijo el presidente-candidato.

Además del polémico artículo 93 del Código de la Democracia que establece que el jefe de Estado debe pedir licencia sin remuneración para hacer campaña electoral, el artículo 219 de la misma normativa resalta la prohibición que tienen los servidores públicos de utilizar «los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o de sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo».

La agenda de Noboa tras el inicio de campaña electoral

El pasado 5 de enero empezó el plazo para hacer campaña electoral, ese día supuestos simpatizantes de Noboa se congregaron en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito, para expresar su respaldo a la gestión del primer mandatario. No obstante, varios funcionarios públicos denunciaron que fueron convocados a este plantón, según capturas de chats en redes sociales y el reporte de periodistas.

«En cinco semanas venceremos. Para esto necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes, necesitamos una Asamblea que apoye, poderes de Estado que se pongan la camiseta y necesitamos que nuestras fuerzas del orden estén muy atentas», fueron las palabras del primer mandatario en el balcón de Carondelet, pese a no pedir licencia para hacer proselitismo político. Además el material audiovisual se difundió en las redes sociales de Presidencia.

Más de 10 eventos de gobierno

A partir de ese día la agenda de Noboa no se ha detenido. Según datos de la Secretaría de Comunicación, este ha sido el cronograma del jefe de Estado en la última semana:

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La Secretaría General de la Asamblea Nacional devolvió a Noboa el decreto ejecutivo 500 ya que incumplía lo establecido por la ley. El secretario indicó que en los casos de fuerza mayor para la ausencia temporal del presidente no está la campaña electoral ni el proselitismo político. El decreto tampoco toma en cuenta los artículos 146 de la Constitución ni el 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa acerca del pedido de licencias.

«Hacer campaña o proselitismo político no es una causa de fuerza mayor. El cumplimento de la ley no es un caso de fuerza mayor», indicó Muñoz en sus declaraciones.

La vicepresidenta nombrada mediante el decreto ejecutivo 494, Cynthia Gellibert, asumió la presidencia temporalmente en medio de las críticas por las inconsistencias legales de su nombramiento.

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El artículo 93 del Código de la Democracia establece que los funcionarios que buscan la reelección inmediata deben solicitar licencia sin sueldo desde el inicio de la campaña electoral. Esta medida busca garantizar la equidad en los procesos electorales, evitando el uso de recursos estatales en beneficio de los candidatos que ocupan cargos públicos.

El incumplimiento de esta disposición ha generado críticas por parte de sectores políticos y constitucionalistas, quienes advierten que las acciones de Noboa podrían constituir una infracción electoral grave. Mientras tanto, la Asamblea Nacional resolvió que los legisladores en campaña tomen licencia sin sueldo, garantizando su reemplazo por suplentes para mantener la actividad legislativa.

Pronunciamiento de la Corte Constitucional

En su comunicado, la Corte aclaró que no tiene la facultad de actuar de oficio, resolviendo únicamente los casos presentados formalmente y que sean de su competencia. La institución enfatizó que todas sus decisiones son tomadas con apego al derecho y en defensa del orden constitucional.

Asimismo, informó sobre el estado procesal de casos de interés público, entre ellos:

• Caso 1-25-AN: Relacionado con la obligación de Daniel Noboa de cumplir con el artículo 93 del Código de la Democracia. La jueza Carmen Corral resolverá la admisibilidad de este caso.
• Caso 1-25-EE: Sobre la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo 493 que declaró estado de excepción en varias provincias. Este caso está bajo la ponencia de la jueza Teresa Nuques.
• Caso 1-25-IN: Referente a los decretos ejecutivos que regulan el ejercicio de la Vicepresidencia y el encargo de la presidencia, asignado a la jueza Karla Andrade.

Posturas encontradas

El oficialismo sostiene que un dictamen de la Corte Constitucional de 2010 exime a los funcionarios de solicitar licencia tras la disolución de la Asamblea bajo la figura de “muerte cruzada”, al no considerarse reelección inmediata. Sin embargo, expertos como André Benavides señalan que esta interpretación podría violar el artículo 93 del Código de la Democracia, lo que podría implicar sanciones como multas y suspensión de derechos de participación.

La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, ha reiterado la obligación de los legisladores de cumplir con el requisito de licencia, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha señalado que no tiene facultades para exigir el cumplimiento de esta normativa, pero recalcó que su aplicación es obligatoria.

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Desde el Ejecutivo, se ha reiterado que el presidente Noboa no planea tomar licencia, argumentando que la normativa solo aplica a quienes buscan la reelección para un segundo período completo. Según esta interpretación, Noboa estaría culminando el mandato presidencial interrumpido de Guillermo Lasso tras la disolución de la Asamblea Nacional en 2023.

Sin embargo, la incertidumbre persiste. En caso de que Noboa decida acogerse a una licencia, encargaría la Presidencia a Cynthia Gellibert, designada como vicepresidenta encargada mediante decreto firmado el pasado 4 de enero, tras la renuncia de Sariha Moya al cargo.

Contexto del reemplazo de la vicepresidenta Abad

En diciembre de 2024, Noboa asignó a Verónica Abad como consejera de la Embajada de Ecuador en Turquía, con la obligación de asumir funciones desde el 27 de diciembre. Al no cumplir con esta designación, el Ejecutivo declaró su ausencia temporal, impidiendo que Abad asuma la Presidencia en ausencia de Noboa.

La decisión ha generado controversia, ya que Abad, actualmente de vacaciones, sostiene que tiene un mandato constitucional para asumir el poder.

En medio de la tensión, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron comunicados afirmando su compromiso con la obediencia al orden civil y a las disposiciones del presidente Daniel Noboa. Ambas instituciones reconocen como vicepresidenta en funciones a Cynthia Gellibert.

Declaraciones de Verónica Abad

A través de un video publicado en redes sociales, Abad reafirmó su intención de asumir la presidencia este 5 de enero, argumentando un mandato expreso en la Constitución. La funcionaria llamó al apoyo de las instituciones del Estado, Fuerzas Armadas y medios de comunicación, prometiendo una gestión enfocada en la estabilidad democrática, la paz y el respeto a las garantías constitucionales.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a monitorear la situación en Ecuador y prevenir cualquier intento de desestabilización política. “Reitero mi compromiso con la estabilidad de nuestro querido Ecuador, respetando la democracia, el Estado Constitucional y la paz social”, declaró Abad.

La expectativa recae en la decisión que tome el presidente Noboa respecto a su licencia. La medida podría definir el curso de la campaña electoral, que se extenderá hasta las elecciones generales del próximo 2 de febrero.

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En el documento, las Fuerzas Armadas citaron los Decretos Ejecutivos No. 490 y 494, firmados por Noboa, que establecen la designación de Abad como consejera económica en la embajada de Ecuador en Turquía y el nombramiento temporal de Cynthia Gellibert como vicepresidenta hasta el 22 de enero o hasta que Abad asuma su función en Ankara.

“Nos corresponde acatar las disposiciones del Presidente Constitucional en funciones y cumplir nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución”, subraya el comunicado.

Declaraciones de Abad

En un video difundido en redes sociales, Abad afirmó que, conforme a la Constitución, asumirá la Presidencia durante la campaña electoral de Noboa, quien busca la reelección. Sostuvo que su función no requiere un acto de posesión adicional y que ejercerá la presidencia en cumplimiento del mandato popular.

“La sucesión es clara, no existe confusión ni oscuridad en el ejercicio de la Presidencia Constitucional”, aseguró Abad, enfatizando que su administración garantizará paz, estabilidad y respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.

La vicepresidenta también hizo un llamado a las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y la comunidad internacional para respaldar su gestión.

“Convoco al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para establecer una agenda de trabajo el 5 de enero y evitar cualquier vacío de poder”, señaló.

Tensión en la cúpula de poder

El anuncio de Abad y la respuesta de las Fuerzas Armadas profundizan la tensión entre el Ejecutivo y la Vicepresidencia. La disputa surge en medio de un proceso electoral marcado por la polémica y la incertidumbre jurídica.

El Ejecutivo considera que cualquier acción unilateral de Abad podría interpretarse como un intento de desestabilización. Mientras tanto, sectores afines a la vicepresidenta insisten en que su accionar se enmarca en la Constitución.

La situación plantea interrogantes sobre la gobernabilidad en Ecuador a pocas semanas de las elecciones presidenciales, programadas para el 9 de febrero.

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Según Nájera, el pronunciamiento del CNE es fundamental para disipar dudas sobre la aplicación del artículo 93 del Código de la Democracia, que establece esta obligación para los dignatarios que buscan la reelección. Sin embargo, la mayoría del pleno argumentó que la norma es clara y no requiere interpretación.

“El CNE no puede atribuirse funciones de interpretación legal; esa responsabilidad corresponde al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) si se presentaran denuncias por infracciones,” declaró el consejero Enrique Pita.

Por su parte, el consejero José Cabrera afirmó que, aunque el CNE está comprometido a denunciar irregularidades ante el TCE, no considera necesario un pronunciamiento adicional respecto a esta norma.

Nájera, en cambio, insistió en que la falta de una declaración oficial podría agravar las discrepancias políticas y legales en torno al tema. “Existen posturas enfrentadas incluso dentro del CNE, lo que subraya la necesidad de un pronunciamiento claro,” puntualizó.

Debate sobre la licencia y sucesión presidencial

El conflicto ocurre a pocos días del inicio de la campaña electoral, programada para el 5 de enero, en la que Noboa buscará la reelección en los comicios del 9 de febrero. De solicitar licencia, como establece la normativa, el presidente debería delegar sus funciones a la vicepresidenta Verónica Abad, con quien mantiene una notoria disputa política.

Analistas favorables al gobierno han cuestionado la aplicación de esta regla en el caso de Noboa, argumentando que su mandato responde a elecciones extraordinarias tras la “muerte cruzada” invocada por el expresidente Guillermo Lasso en 2023. Sin embargo, el artículo 93 del Código de la Democracia especifica que todos los dignatarios que opten por la reelección inmediata deben acogerse a una licencia sin sueldo durante la campaña.

En un intento por limitar la posibilidad de que Abad asuma la Presidencia temporalmente, Noboa la designó recientemente como consejera económica en la Embajada de Ecuador en Turquía. No obstante, la vicepresidenta anunció que postergará su viaje y que está preparada para asumir el cargo si el presidente formaliza su licencia.

Reacciones y críticas

La consejera Elena Nájera cuestionó duramente la decisión del pleno. En redes sociales, expresó: “Un CNE comprometido con el poder de turno elude su responsabilidad. No hubo apoyo a mi moción para que el CNE se pronuncie con resolución en el sentido de que todos los dignatarios de reelección deben pedir licencia sin sueldo previo a la campaña.”

Por otro lado, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, generó controversia al sugerir que, si Noboa no solicita licencia, los asambleístas tampoco deberían hacerlo. Esta postura ha sido interpretada por algunos como una falta de imparcialidad en la conducción del proceso electoral.

La posibilidad de que Noboa participe en la campaña sin solicitar licencia plantea preocupaciones sobre el uso de recursos estatales para fortalecer su candidatura, lo que podría generar una ventaja injusta sobre otros contendientes.

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El objetivo es simplificar el proceso, con un cuestionario amigable, fácil y práctico, apegado a situaciones reales y cotidianas, para reforzar los conocimientos de los conductores.

Imagen recuperada de: Primicias

Se ha considerado cada tipo de licencias y sus particularidades, replanteando entre 300 a 600 preguntas, las instituciones que colaboraron en su formación son las Escuelas de Conducción Profesionales y no Profesionales, basándose en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV), el Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el Reglamento Técnico Ecuatoriano.

Cambia para todos los tipos de licencias

Los temas que se encontrarán en la prueba son infracciones de tránsito de todo tipo consideradas en el COIP, seguridad vial, señalética en calles, vías y carreteras, hasta de movilidad segura; conocimientos necesarios de cada conductor.

Para los 7 tipos de licencias desde la tipo A hasta la G, la ANT habilitó un simulador online para los aspirantes que buscan rendir el examen, y puedan practicar el examen teórico de forma más efectiva.

Imagen recuperada de: Agencia Nacional de Tránsito

¿Cómo realizar el simulador?

• Seleccionar la opción «Simuladores».

• Elegir el tipo de licencia que desea obtener.

• Leer las instrucciones y dar clic en «Empezar prueba» https://www.ant.gob.ec/simulador/licencia/instrucciones

• Responder las preguntas del simulador.

• Al finalizar, el sistema le mostrará su resultado y las respuestas correctas e incorrectas.

Pasos para Simulador

Paso 1

La simulación inicia con 20 preguntas relacionadas a conocimientos generales y específicos según el tipo de licencia.

Paso 2

Cada pregunta cuenta con tres opciones de respuesta y se debe seleccionar una alternativa por pregunta.

Paso 3

Son 30 minutos para finalizar el intento. Cuando acabe la prueba haz clic en finalizar simulación.

Paso 4

Se visualiza el puntaje obtenido, las respuestas y la solución. Y opción para volver a intentarlo nuevamente. (K.C)

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El tricolor que milita en el Real Valladolid, fue condenado este lunes por la justicia de España a dos años sin licencia de conducir.

Debido al accidente de tránsito en el que se vio involucrado el 8 de diciembre del 2021, informó el diario El Norte de Castilla.

En el incidente, en el que el jugador superó el grado de alcohol permitido, se vieron involucrados el conductor de un taxi y la ocupante.

Plata se libró de los seis meses que pedía la fiscalía española al declararse culpable y responder a las víctimas del accidente.

Además, de llegar a un acuerdo con las partes inmiscuídas en el choque previamente al juicio desarrollado este lunes en Valladolid.

«En favor de Plata ha jugado el haber hecho frente a la reposición de daños a las víctimas. La privación del carné de conducir es ya efectiva desde este lunes”, añadió el rotativo.

En junio pasado, el extremo ecuatoriano de 21 años renovó el contrato que lo liga al Valladolida por una temporada más.

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