Los afectados interpusieron la acción judicial la mañana de este lunes 12 de diciembre en el Tribunal de Garantías Penales en Iñaquito, en Quito, reportó la periodista Tere Menéndez.

La acción de protección está en manos de los jueces Fanny Altamirano Cárdenas, Olga Ruíz Russo y Luis Fuentes López.

Los trabajadores exigen la reparación integral de sus remuneración, que ascienden a tres meses. Asimismo, piden que se tomen medidas adecuadas para la puntualidad del pago, incluido los beneficios legales.

Otras exigencias

También, solicitaron al Tribunal que emita medidas cautelares para detener las constantes violaciones al derecho al trabajo y vida digna, y que no permita una posible separación laboral del diario.

Los trabajadores exhortaron a que Grupo El Comercio disponga:

1. Se retorne a todos los trabajadores accionantes que se encuentran en teletrabajo al trabajo presencial, en donde se les garantizará todos los recursos para que puedan cumplir de manera adecuada con su labor;
2. Se provea de transporte colectivo, a la hora de entrada y de salida de la jordana de trabajo para que los accionantes puedan cumplir con sus labores diarias y acudir al lugar de trabajo;
3. Se provea de una comida por jornada de trabajo, ya sea diurna o nocturna a los trabajadores accionantes.

Impagos

El 1 de diciembre de 2022 se cumplieron tres meses consecutivos en los que los trabajadores no recibieron su salario. Hasta la fecha, señalan, no han obtenido una explicación de los directivos de la empresa, pese a las múltiples insistencias.

Desde que están impagos, los trabajadores han continuado con sus labores diarias en El Comercio. Muchos de ellos son cabeza de hogar o son parte de grupos de atención prioritaria como mujeres embarazadas, en lactancia, personas con discapacidad y trabajadores sustitutos.

Algunos por tres años

En lo que va de 2022, trabajadores y extrabajadores del diario han realizado varios plantones en las instalaciones de la empresa para exigir el pago de sus sueldos y liquidaciones.

Son más de cien exempleados que fueron despedidos hace más de un año y el diario no ha pagado las liquidaciones de los periodistas, prensistas y personal de otras áreas. Ellos firmaron acuerdos y mediaciones laborales, pero hasta el día de hoy siguen esperando respuestas.

Según reportó en septiembre la periodista Mónica Mendoza, «algunos casos se mensualizaron hasta tres años. Los pagos mensuales se hacen con dos y tres meses de retraso. Lo mismo ocurre con las pensiones de jubilación». Los trabajadores piden al presidente Guillermo Lasso que se respete la ley.

El periodista Dimitri Barreto acusó que El Comercio no paga las liquidaciones de 250 comunicadores, pese a que existe un convenio de pago para tres años. De los extrabajadores, a 210 les adeudan tres meses; mientras que a 150 periodistas (actuales) no les pagan todavía sus sueldos.

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Más de cien exempleados fueron despedidos hace más de un año y el diario no ha pagado las liquidaciones de los periodistas, prensista y personal de otras áreas. Ellos firmaron acuerdos y mediaciones laborales, pero hasta el día de hoy siguen esperando respuestas.

Según reporta la periodista Mónica Mendoza, «algunos casos se mensualizaron hasta tres años. Los pagos mensuales se hacen con dos y tres meses de retraso. Lo mismo ocurre con las pensiones de jubilación». Los trabajadores piden al presidente Guillermo Lasso que se respete la ley.

El 5 de septiembre, el periodista Dimitri Barreto acusó que El Comercio no paga las liquidaciones de 250 comunicadores, pese a que existe un convenio de pago para tres años. De los extrabajadores, a 210 les adeudan tres meses; mientras que a 150 periodistas (actuales) no les pagan todavía sus sueldos.

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Quito, 01 ago (La Calle). – Tras 4 años de desvinculación, extrabajadores pertenecientes a la editorial Uminasa, expusieron su malestar por medio de un boletín de prensa. Recriminaron el presunto abandono por parte del actual Gobierno de Guillermo Lasso, en sus casos de liquidación.

Hicieron un llamado. “Han pasado 16 meses desde que se posesionó y aun no tenemos respuesta de las diversas comunicaciones enviadas al señor presidente de la república, Guillermo Lasso Menzoza”, exponen en el boletín.

Además, presentaron la precaria situación económica que cada uno de los extrabajadores está sujeto en la actualidad.

La suspensión se estableció por la Ley de Regulación y Control del Poder del Mercado, en la cual se pretende establecer que los empresarios de medios de comunicación y los banqueros en el Ecuador no pueden tener otro tipo de negocio en el ámbito comunicacional, y viceversa.

De forma que, en 2018, la editorial mencionada interrumpió su habitual trasmisión en los siguientes medios: Carrousel, Súper K 800, La prensa Sport y el Telégrafo. Los mencionados pertenecen a Medios Pùblicos EP, Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco EP) y la Secretaria General de Comunicación de la Presidencia.   

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La reunión se debe a las denuncias de los exmiembros del medio de la falta de pago de salarios, liquidaciones y pensiones jubilares.

“No puede ser posible la condescendencia de un Estado con un inversionista que no cumple con las obligaciones laborales con sus trabajadores”, dijo Lasso.

El mandatario aseguró que aplicará “todo el peso de la ley y del Estado para defender los derechos de los trabajadores y extrabajadores de El Comercio”.

Para el presidente es importante la inversión extranjera “siempre y cuando se cumpla con las leyes ecuatorianas, de manera especial con los derechos de los trabajadores”.

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¿Y los medios públicos?

Los trabajadores de El Telégrafo solicitaron al presidente que cumpla su promesa de arreglar sus liquidaciones. En la misma situación están los medios incautados: Editorial Uminasa del Ecuador, Cable Visión, las radios: Super K 800, Carrousel y La Prensa Sport. Van tres años sin que el Estado cumpla con los pagos y en ese periodo han fallecido cinco ciudadanos.

En agosto del 2021, los representantes de extrabajadores de estos medios acudieron a la Comisión de Fiscalización para que se investigue el manejo de las empresas que ahora están en liquidación. También han solicitado a Lasso que firme un decreto ejecutivo para realizar los pagos. Todavía no hay respuestas para este grupo de ciudadanos.

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Al grito de “liquidaciones”, los exempleados de la empresa pública hacían sonar su cacerola frente al edificio. Los ciudadanos pidieron al Ministerio de Finanzas que entregue el monto destinado a sus pagos.

El 4 de septiembre pasado, también protestaron frente a las instalaciones de Ecuador TV. “El doctor [Edison] Toro (gerente de Medios Públicos) nos ha dado apertura. Él nos ha explicado que la situación de las liquidaciones. Burocráticamente ha hecho lo posible para que se gestionen los recursos para el pago. Está consciente de que el plazo venció el 24 de agosto, al cumplirse un mes de la liquidación. Una vez que Finanzas transfiera el monto, ellos tienen todo listo”, dijo una de las extrabajadoras, que agregó que el gerente no quiere «lavarse las manos» ante este pedido.

El 4 de agosto, un mes antes, los trabajadores protestaron en los exteriores del edificio de diario El Telégrafo en Guayaquil. Sus consignas estuvieron orientadas, sobre todo, al gerente de Medios Públicos Edison Toro y al ministro de Economía, Richard Martínez.

Antecedentes

500 trabajadores fueron despedidos el pasado 24 de julio en el proceso de liquidación de Medios Públicos (EP). La última vez que recibieron su salario fue el 23 de junio, correspondiente al mes de mayo.

El 80% de la plantilla de Medios Públicos salió de sus puestos. El proceso de liquidación como empresa pública dio paso a una nueva estructura en la que ahora trabajan alrededor de 109 personas. “Los medios de comunicación públicos no desaparecen, se transforman (…) El proceso consiste en la extinción de los medios públicos para optimizar la empresa. Los medios se consolidan como medios populares, inclusivos”, indicó Edison Toro en esa ocasión.

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Antecedentes

Son más de dos años en los que el Gobierno aún no ha pagado sus asignaciones pendientes con los extrabajadores de los Medios Públicos. Los manifestantes son extrabajadores de medios como Cablevisión, Unimasa, Super K-800. Así como, las revistas La Onda, El Agro, Samborondón, Costa y Valles. Ninguno de ellos ha recibido por completo sus liquidaciones y aportes del IESS, a pesar del descuento en el rol de pagosde que estos últimos fueron descontados de sus roles de pagos.

Mediante Decreto Ejecutivo 227, de noviembre del 2017, el Gobierno Nacional declaró a los medios incautados por el Estado como medios privados. Ellos pasaron a cargo de la Empresa de Medios Públicos. Esta empresa estatal debía ocuparse de los activos y pasivos de las empresas de comunicación, pero varias de ellas han entrado en proceso de liquidación y los sueldos y aportaciones no han sido cancelados hasta la fecha.

Eduardo Velarde, exgerente general de la empresa de Medios Públicos, compareció ante la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional el 22 de enero del 2020. Allí aseguró que se iban a pagar los montos pendientes con los extrabajadores, pero pidió más tiempo debido a las dificultades jurídicas por la administración de los medios incautados.

Pero la promesa sigue sin cumplir y Velarde ya no es parte de la Empresa Pública. Desde febrero pasado, varios extrabajadores realizan plantones simbólicos en los exteriores de TC Televisión en Guayaquil y en la Empresa de Medios Públicos en Quito. Ya han pasado dos años desde el proceso de liquidación de los medios públicos, y sus extrabajadores solo exigen lo que les corresponde por ley. (DR)

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