El colectivo de educadores mencionó que la manifestación es frente a la “incapacidad de gobernar” del presidente Guillermo Lasso. Isabel Vargas, presidenta de la UNE, declaró días atrás que el mandatario debe dar un paso al costado por su incapacidad para resolver los problemas del país, además de estar envuelto en actos ilícitos.

El comunicado de la UNE mencionó que lucha por es en defensa del trabajo, del IESS, y de la educación. Así mismo, se exige la salida del mandatario.

La UNE

El 3 de marzo, la UNE junto a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), salieron a las calles de Quito con el mismo objetivo, pedir la destitución del presidente. La UNE asegura que Lasso debe salir por sus implicaciones con el narcotráfico y corrupción.

Este colectivo participó en la marcha por el Día de la Mujer, para exigir y reivindicar políticas públicas en favor de las mujeres del país. Incluso, por este motivo ratificaron que volverían a salir a las calles para el 14 de marzo.

FUT apoya

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) confirmó que después de la marcha del 8 de marzo, se harían presentes al llamado de la UNE. Dirigentes de FUT comparten que la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) debe ser una prioridad.

De la misma manera, rechazan el uso de recursos públicos para mejorar la imagen de dicha institución, tras la inversión de USD 90 000 en este ámbito. FUT continúa la lucha contra la corrupción, contra la delincuencia y demandan a la Asamblea Nacional que aborde el proyecto sobre el Código Orgánico del Trabajo presentado por los sindicalistas.

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Con ocho de nueve votos a favor la Corte rechazó la objeción de inconstitucionalidad que hizo Lasso a la reforma de la LOEI aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 13 de marzo del 2022.

El organismo señaló que, el presidente Lasso no aportó las razones y argumentos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de las reformas.

El mandatario centró su argumentación en que el Ministerio de Finanzas emitió un informe desfavorable que trasgrede la armonía entre la sostenibilidad fiscal y la progresividad del derecho a la educación.

La Corte dalló que, los textos objetados en el veto presidencial eliminaban las disposiciones que otorgaban beneficios de jubilación a los maestros y modificaban las disposiciones sobre mejoras salariales a los maestros, reduciéndolas aproximadamente en un 75 %.

Con el dictamen de la Corte, la LOEI vuelve a la Asamblea Nacional para que continúe con el trámite correspondiente”, señaló la institución en un comunicado.

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“Esta jornada de movilización se inscribe en la defensa de la educación pública, en la exigencia de presupuesto para la educación, en la ejecución de la Ley de educación en beneficio de nuestros niños y jóvenes y la equiparación salarial”, dijo Vargas.

Tras diez días de iniciada la huelga de hambre por miembros del Magisterio en Quito y Guayaquil, la UNE ha permanecido en vigilia frente a la ratificación de las reformas a la LOEI y la demanda de equiparación salarial.

Este jueves se desarrolló la audiencia en la Corte Constitucional en la que comparecerían todas las partes involucradas. La Corte tiene hasta el 26 de mayo para emitir una resolución.

Vargas dice que los magistrados no pueden echarse para atrás en la sentencia emitida en agosto del 2021. «Como amicus curiae presentaremos argumentos para demostrar que hay recursos, no solo para educación, sino para salud. “Es hora de pagar la deuda social y no la deuda externa”, sostuvo

Hizo un llamado a los nueve jueces de la Corte Constitucional a actuar con independencia, apegados al derecho y la justicia. Aseguró que permanecerán en constante movilización para que sus derechos sean respetados.

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El Magisterio se tomó la avenida Pedro Vicente Maldonado, al sur de Quito, en el sector Cutuglahua, desde tempranas horas de la mañana. Asimismo, bloqueó la avenida perimetral en el norte de Guayquil.

A la protesta se unieron federaciones de estudiantes y padres de familia, que exigen una educación libre de todo tipo de violencia y presupuesto para la educación.

«El día de hoy hemos cerrado las vías porque estamos hartos de las políticas neoliberales del Gobierno (…) El Gobierno no es del «Encuentro», su único encuentro es con los empresarios, con los ricos, con los banqueros y seguiremos en las calles», expresó Camilia Aguirre, coordinadora nacional de la juventud revolucionaria del Ecuador.

También anunciaron otras movilizaciones. A las 15:00, en Quito, se congregarán en los exteriores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Mientras que en Guayaquil será en el Parque Centenario, a las 10:00.

«Estamos exigiendo nuestros derechos que ya han sido vulnerados desde hace muchos años. Si el presidente no nos quiere escuhar, esta es la única manera de que lo haga», expresó una de las docentes manifestantes.

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“En el ejercicio de las potestades conferidas por el artículo 139 de la Constitución y el 65 de la Ley de la Función Legislativa notifico a usted y a la Asamblea Nacional la OBJECIÓN TOTAL POR INCONSTITUCIONALIDAD”, dice parte del oficio.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) calificó como una “burla” el veto del presidente a las reformas. Por ello, la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) convocarán movilizaciones en el país. Además, señalan que podrían apelar a la destitución de Lasso por incumplimiento de la resolución de la Corte Constitucional.

Según las reformas a la LOEI, el salario básico para los profesores pasaría de USD 817 a USD 986 y el de los docentes con contrato y nombramiento provisional, con titulación, ganarán USD 817.

Las promesas del Gobierno

Lasso dijo que hay tres buenas noticias para los maestros. “Sí, vamos a mejorar el escalafón docente, trabajando de la manera correcta con criterios técnicos y propuestas realistas”, es la primera de sus propuestas.

“En un acto de justicia, se entregará el bono de pandemia a 10 mil docentes fiscales de colegios fiscomisionales.  A 2.102 maestros que han ascendido el escalafón, se pagarán los incrementos salariales por recategorización, y de forma retroactiva desde enero 2022”, escribió el presidente en sus redes. MIB

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Aunque la Unión Nacional de Educadores (UNE), dice que no hubo acuerdo y su presidenta, Isabel Vargas, abandonó la reunión, Lasso anunció medidas, que a su criterio, garantizará el bienestar de los docentes.

El presidente firmó un Decreto Ejecutivo para transferir, en mayo de este año, el bono de pandemia a cerca de 10.000 docentes de establecimientos fiscomisionales que en su momento no recibieron el dinero. Asimismo, señala que 2.102 maestros recibirán un incremento por recategorización.

También hablo de instalar mesas de trabajo técnicas para implementar propuestas «realistas».

¿Cumplirá con la LOEI?

“Los problemas del magisterio no se arreglan en la calle protestando, sino en las mesas técnicas trabajando. Y eso es lo que hemos hecho hoy”, aseguró el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

Según el secretario General Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, la anterior administración aprobó la LOEI sin informes que avalen el incremento salarial para los docentes.

Por ello, la Corte Constitucional devolvió varios artículos al Legislativo para que sean subsanados y cuenten con los informes financieros necesarios. Sin embargo, dijo, que la Asamblea nuevamente desconoce esta parte del proceso que requería la Corte y aprobó las reformas sin un respaldo presupuestario para cubrir las reformas.

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Vargas tomó esta decisión porque, mientras la UNE exige al Gobierno que cumpla con las reformas a Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), aprobadas en la Asamblea, el Ejecutivo anunció que enviará el texto a la Corte Constitucional (CC).

Además, la UNE anunció movilizaciones. «El presidente de la República ha demostrado su falta de voluntad a este importante sector de la sociedad: el Magisterio», manifestó Vargas en una entrevista con Radio Centro FM.

Según Vargas, el Gobierno pretende dilatar el proceso de equiparación salarial y así, al final, no cumplir con aquello.

El gobierno no cumplirá con las reformas a la LOEI

Según el secretario General Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, la anterior administración aprobó la LOEI sin informes que avalen el incremento salarial para los docentes.

Por ello, la Corte Constitucional devolvió varios artículos al Legislativo para que sean subsanados y cuenten con los informes financieros necesarios. Sin embargo, dijo, que la Asamblea nuevamente desconoce esta parte del proceso que requería la Corte y aprobó las reformas sin un respaldo presupuestario para cubrir las reformas.

En este sentido, explicó que remitirá el texto de la LOEI a la Corte Constitucional y trabajará de manera paralela con las mesas técnicas.

¿La UNE vs. otras organizaciones?

Otras organizaciones sí esperan llegar a acuerdos con el Gobierno y en un mes y medio entregarán propuestas para subsanar la LOEI, según informó Agustín Lindao, presidente de la Red de Educadores del Ecuador.

Por otro lado, Christian Veloz, presidente de la Asociación de Profesionales de la Educación, explicó que el diálogo con el Jefe de Estado «sienta un precedente histórico, ya que existe el compromiso en cada una de las organizaciones gremiales para trabajar junto al Ejecutivo».

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Según la secretaría de la Presidencia esta normativa tiene un impacto presupuestario de USD 500 millones anuales, aproximadamente. Sin embargo, un informe del Ministerio de Finanzas dice que el incremento en la remuneración para los docentes requeriría un presupuesto de USD 2.175 millones, lo que agravaría el déficit fiscal. 

“Los ingresos corrientes que financian al Presupuesto General del Estado son insuficientes para poder cubrir el nuevo escalafón del Magisterio. Adicionalmente, al ser un gasto permanente de acuerdo con la regla fiscal constitucional, debe financiarse con ingresos permanentes, esto es, impuestos, tasas y contribuciones, a fin de evitar la afectación de bienes y servicios públicos”, dice el documento.

El presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, Manuel Medina, sostuvo también que el presupuesto elaborado por la instancia asciende a 630 millones de dólares y contradice el informe del Ministerio de Finanzas, que determina que el aumento salarial sobrepasa los 2.170 millones de dólares.

Asimismo, el legislador lamentó que el ministro de Finanzas, Simón Cueva, no haya asistido a las reuniones de trabajo sobre este tema.

El comunicado de la Segcom dice, además, que el Gobierno trabajará para incrementar progresivamente el salario a los docentes, respetando la ley y revisando se cumpla el debido proceso.

«Los salarios de docentes podrán ser revisados en el marco de la reactivación
económica. Este es un compromiso de todos los ecuatorianos, cada uno a seguir
activando la economía del barrio, de las ciudades y del país. Vamos a atraer más
inversión, generar más empleo y más acciones para contar con recursos
permanentes. Nuestros docentes merecen un alza salarial responsable y que
perdure en el tiempo», reza el documento.

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Sostuvo que la ratificación de las disposiciones, relativas al aumento de las remuneraciones de los docentes del Sistema Nacional de Educación, se cumplió en los plazos establecidos por la Corte Constitucional. Asimismo, lamentó que el Ministro de Economía y Finanzas no acudiera a las reuniones de trabajo, a las que fue invitado, para tratar este tema.

Explicó que, durante los seis meses que dispuso la Corte Constitucional, recibieron los aportes y observaciones de todos los gremios del Magisterio. Además, señaló que desde la Comisión elaboraron una tabla de recursos para cubrir la compensación salarial a los docentes.

Este monto asciende a 630 millones de dólares y contradice el informe del Ministerio de Finanzas, que determina que el aumento salarial sobrepasa los 2.170 millones de dólares.

La Constitución de la República establece que el Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado, para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el 0.5% del Producto Interno Bruto, hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del Producto Interno Bruto.

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“Es imposible conseguir financiamiento (…) la Asamblea Nacional propone estos absurdos y no lo podemos cubrir, tiene que financiar, y cuando financia a largo plazo quien termina pagando son sus hijos, mis nietos, las futuras generaciones. La deuda pública del Ecuador de hoy no es sino la suma de los déficits fiscales de los últimos 15 años, por gobiernos irresponsables como el de Correa y Moreno, que no tomaron en su momento las debidas decisiones”, dijo el mandatario.

Asimismo, reiteró que está dispuesto a dialogar con los maestros, pero no aceptará esta “populista e irresponsable propuesta de los asambleístas”. Señaló que ellos, por un lado, deciden aumentar el gasto sin financiamiento y, por otro, quieren eliminar impuestos. “En ningún lugar del mundo es aceptable. Es irracional y mi Gobierno no lo va a permitir”, aseveró.

Explicó que el Ecuador tiene un déficit presupuestario, para el 2022, de 2.3% del Producto Interno Bruto y que el aumento salarial para los maestros implica un incremento del gasto sin financiamiento de cuatro puntos del PIB. “Ya tenemos ahí 6.3 y la pretendida derogatoria de la Ley Económica de finales del año pasado pudiera significar una pérdida de ingresos de aproximadamente un punto del PIB. Sume todo esto y tiene un país con una economía fiscal con 7.3% de déficit. Eso no es manejable ni aquí ni en ningún lugar del mundo”, aseguró.

Muerte Cruzada

Lasso dijo que la muerte cruzada no es un fantasma, sino una disposición constitucional, que está presente “luego de ver que no permiten la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador y que hay el boicot con muchas de las decisiones que toma la Asamblea Nacional”.

Asimismo, dijo que las amnistías es un tema que tiene indignados a los ecuatorianos. «En lugar de hacer responsablemente un informe de clasificación por delitos. Claro, que algunas personas merecen amnistía, pero no todas porque los delitos ordinarios no son sujetos a una amnistía. Creo que la Asamblea Nacional ha hecho todo lo necesario o está haciendo todo lo necesario para llegar al hartazgo en la población ecuatoriana y nosotros siempre vamos a actuar en función del interés de los ciudadanos”, dijo.

Ley Laboral

Lasso dice que espera que la Ley de Atracción de Inversiones sea aprobada hasta el 24 de marzo, en la Asamblea Nacional. Aseguró que luego presentará la Ley Laboral a la sociedad civil, para generar un debate.

“Hemos comenzado las primeras reuniones. Me reuní con integrantes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), aquí en el Palacio de Gobierno, hace unos 10 días. Ellos tienen un proyecto que han presentado en la Asamblea y la propuesta es crear una mesa técnica para evaluar tanto el proyecto de ellos como el proyecto del Gobierno y si es posible sacar un proyecto de consenso, sería ideal, y luego que intervengan otras organizaciones o sindicatos laborales”, dijo.

Habló también de la Consulta Popular, aseguró que están trabajando con mucho cuidado, con la participación de profesionales de distintas regiones del país y de distintas actividades, para afinar una consulta popular que tenga que ver con reformas de carácter político, económico y de justicia.

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«La Asamblea Nacional hoy repite el error de la legislatura anterior, al aprobar la LOEI sin un sustento económico y perjudicar, de esta manera, las legítimas aspiraciones salariales del Magisterio ecuatoriano y con ello, los sueños de un mejor futuro», señala el documento.

Asimismo, el BAN dice que la aprobación del informe, que se votó este domingo, es «irresponsable» y pretende «justificar con promesas populistas y nada técnicas la incompetencia de los gobiernos de Correa y Moreno».

De igual forma, el comunicado señala que con mentiras se intenta manipular a los docentes.

El debate del Pleno

Durante el debate del Pleno Legislativo, la oficialista Nathalie Arias sostuvo que no se pueden tramitar leyes que no contemplen un adecuado análisis financiero. «Es absurdo que se quiera utilizar los recursos circunstanciales de precio del petróleo para financiar esta ley», dijo.

De su parte, las bancadas de UNES, Pachakutik y Social Cristianos enfatizaron en que aprobar el informe de Ley era prioritario. Nathalie Viteri, del PSC, sostuvo que según el propio presidente Lasso, el país tendría ingresos por 100 mil millones de dólares en cuatro años, con un precio promedio de petróleo de USD 60, lo que serviría para cumplir con los maestros.

Mateo Flores, de UNES, dijo que es urgente cubrir la deuda con los docentes y votar por una decisión que los beneficie. Pilar LLanos, de Pachakutil, recordó que el Gobierno no cumple con el mandato constitucional de asignar, al menos, el 6% a la educación del país.

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Sin embargo, la Corte indicó que, producida la subsanación o agotado el tiempo, resolverá sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de las disposiciones afectadas. Mientras tanto, estas no tendrán vigencia.

Según la institución, se incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad formal. En lo referente a las disposiciones legales sobre el régimen de jubilación especial de los docentes, se omitió deliberar con base en informes actuariales actualizados y específicos. Esto se catalogó como una transgresión de los artículos 368 y 369 de la Constitución.

En cuanto a las disposiciones legales relativas al aumento generalizado de remuneraciones de los docentes, se omitió deliberar con base en un análisis de factibilidad financiera. Aquí se incurrió en una violación de los artículos 286 y 287 de la Constitución.

La Corte lamentó que la Asamblea Nacional y el expresidente de la República, en el trámite de aprobación de la ley, hayan incumplido con su deber de garantizar la sostenibilidad de la seguridad social.

Además, señaló que dicha práctica política carece de seriedad, pues promueve el desarrollo de los derechos sociales de la población solo de manera «ilusoria». 

La Corte ha sido enfática en aseverar que la falta de seriedad institucional termina por mermar el progreso del Sistema Nacional Educativo y por frustrar aspiraciones legítimas de los docentes.

La sentencia contó con ocho votos a favor y un voto en contra del juez Enrique Herrería Bonnet.

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Quito, 12 de ago, (La Calle). –  La Corte Constitucional decretó la vigencia de laLey Orgánica de Educación Intercultural,(LOEI).

La anterior Asamblea Nacional presentó esas reformas que ahora fueron ratificadas por el órgano constitucional máximo, y desestimó las denuncias en contra relacionadas a falta de coherencia en la exposición de motivos y lo relativo al proceso de socialización del mencionado cuerpo legal.

 “La Corte lamentó que la Asamblea Nacional junto al ex presidente de la Republica, Lenin Moreno, hayan incumplido su deber de garantizar la seguridad social durante la aprobación de la ley”

La sentencia obtuvo ocho votos a favor y uno en contra por parte del juez constitucional Enrique Herrería.

Una vez conocida la sentencia dictada por parte de la Corte Constitucional, varios educadores miembros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) terminarán su huelga de hambre que ya lleva cerca de 32 días.

De acuerdo con los profesores han presentado 18 amicus curiae a la Corte Constitucional. La LOEI se aprobó en la anterior Asamblea, sin tomar en consideración el presupuesto general del Estado.

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“La restitución para los maestros que fueron perseguidos políticos. Estamos defendiendo la alimentación de nuestros niños, el trabajo de los padres de familia. Queremos mejores condiciones de vida para los sectores populares del Ecuador. Exigimos a los nueve jueces de la Corte Constitucional que se pronuncien en defensa de la educación pública Son 560.000 niños fuera del sistema educativo”, dijo una de las representantes.

“La educación de nuestros hijos es responsabilidad de los jueces. La educación no es un gasto ni una inversión. El presupuesto se recortó en 2020 y 2021 y que nos lo devuelvan. Aquí nos vamos a mantener”

De acuerdo con los profesores han presentado 18 amicus curiae a la Corte Constitucional. La LOEI se aprobó en la anterior Asamblea, sin tomar en consideración el presupuesto general del Estado.

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Aunque las medidas mejoran el trabajo del docente no existe un presupuesto para poder aumentar el salario, así lo indicó el Ministro de Economía, Mauricio Pozo. Las soluciones pueden ir desde declarar inconstitucional a la ley o subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

¿Qué implican estas reformas?

«La ley eleva salarios de los docentes. Esto incrementa el gasto público de hasta USD 3 mil millones (osea 10% de aumento). Lo cual es insostenible. Sobre todo porque la ley no dice de dónde se va a financiar ese incremento», explica el analista David Villamar a Radio La Calle.

Añadió que «la jubilación especial permite q los docentes se retiren luego de 25 años de servicio, lo cual podría  derivar en jubilados a los 50 años. Eso reduce la población aportante y te aumenta la población beneficiaria. Es una irresponsabilidad gigantesca».

Choque con el nuevo gobierno

Estas reformas chocan con la política de achicar el gasto público que plantea Guillermo Lasso. No obstante, las dos salidas que plantea Villamar: incrementar los impuestos (el IVA al 15%, por ejemplo) o la inconstitucionalidad de la ley (porque no establece fuentes para financiar ese incremento del gasto) traen problemas a Lasso.

El nuevo gobierno tendrá que enfrentarse a subir el IVA, cosa que reiteradas veces prometió no hacer o a las protestas de los docentes si no ven cumplidos esos beneficios.

¿Qué más se puede hacer?

De acuerdo con el abogado Carlos Alvear «deben aplicar la ley sino serán sujetos a recursos administrativos o acciones contencioso administrativas, y finalmente los beneficiarios cobrarían retroactivamente». De ser así la deuda empezaría a acumularse, cosa que también pone contra las cuerdas a la administración estatal.

Por el momento, la Unión Nacional de Educadores (UNE) envío un pedido al Legislativo para crear un reglamento para financiar el aumento del salario para los docentes.

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«Que las instituciones militares y policiales vuelvan a ser privadas es elitizar otra vez la educación pública. Es quitar la posibilidad de tener una educación pública para todos», señaló el exministro de Educación, Freddy Peñafiel Larrea.

Con esta reforma, el Gobierno vuelve a darle el manejo de ciertos niveles de educación a ciertas organizaciones sociales; en palabras del exminstro «se pierde el sentido de la educación pública única y del Estado».

Examen «Ser Bachiller» no se eliminó

Peñafiel explicó que existe una confusión con la eliminación del examen «Ser Bachiller», dado que esta evaluación no es la misma que garantiza el acceso a las Universidades y Escuelas Polítécnicas. Más bien, se trata de un examen estandarizado de grado.

Ahora, según la LOEI, el Ministerio de Educación deberá definir las políticas que reemplazarán al «Ser Bachiller». El Primer Mandatario tiene 30 días para aprobar las reformas y emitir el reglamento mediante decreto Ejecutivo.

El asambleísta Jimmy Candell, presidente de la mesa de educación explicó en un comunicado que el «Ser Bachiller» no se eliminó. La disposición «separa las evaluaciones que tendrán que realizar las entidades públicas competentes para finalizar el bachillerato respecto de aquella que existe para acceder a un cupo en la educación superior pública», señala el documento.

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