A iniciarse el proceso del juicio político contra el presidente Lasso en la Comisión de Fiscalización, Villavicencio ya empezó a establecer las reglas del juego. En primera instancia, pidió a los asambleístas solicitantes que presenten las pruebas en un período diferente a lo establecido por la LOFL.

El artículo 90 referente al proceso de juicio político contra el Presidente y Vicepresidente de la República, establece que primero la Comisión de Fiscalización notificará a la autoridad acusada sobre el inicio del trámite. En este caso, el mandatario tendrá un plazo de cinco días para ejercer un derecho a la defensa.

“De igual forma, notificará a las y los asambleístas solicitantes, para que en similar plazo presenten las pruebas de las que dispongan”, dicta la normativa.

Exclusión de pruebas

El oficio también especificó que los solicitantes deben excluir los hechos, inferencias y pruebas relacionados con los dos primeros cargos que no pasaron por la Corte Constitucional, es decir, los de concusión.

Anteriormente, el asambleísta Villavicencio manifestó que en la mesa parlamentaria únicamente se enfocarán en los presuntos casos de peculado en FLOPEC EP. “No voy a permitir que se presenten otras pruebas”, expresó.

El legislador invocó a los asambleístas de la Comisión a no hablar sobre temas coyunturales relacionados al homicidio de Rubén Cherres, de la mafia albanesa, de Leonardo Cortázar y los supuestos casos de corrupción en Petroecuador EP. (A.G.M).

La entrada Villavicencio pone las reglas para fiscalizar el juicio político de Lasso se publicó primero en La Calle.

Asimismo, designó su tratamiento a la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Tras esta decisión, diversos analistas han cuestionado la pertinencia de dicha Comisión para tratar el proyecto de Ley.

El analista político Mauro Andino advirtió, a través de sus redes sociales, que la reforma enviada por el presidente Lasso y calificada por el CAL, debió enviarse a la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario, para cumplir con lo señalado en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Este articulo señala que la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control será la encargada de los asuntos e iniciativas legislativas de la política macroeconómica en sus aspectos fiscales, presupuestarios, tributarios, aduaneros, monetarios, financieros de seguros y bursátiles.

Asimismo, la normativa indica que la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa será la responsable de conocer asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con el sector real de la economía y la regulación de los distintos tipos de mercados, servicios, el fomento productivo, la innovación y el emprendimiento.

Andino reiteró que la Unidad Técnica Legislativa (UTL) también recomendó que sea la Comisión de Régimen Económico y Tributario la que gestione el proyecto de Ley. Sin embargo, esta recomendación fue omitida.

“Es evidente que existe un trasfondo político para evadir los legítimos controles y contra pesos parlamentarios hacia un proyecto del Ejecutivo. Lo envían a la comisión que asumen, aprobará los informes para 1er y 2do debate sin ningún tipo de objeciones y cambios de fondo”, argumentó Andino.

En la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa están los asambleístas Daniel Noboa, del Movimiento Ecuatoriano Unido; Wilma Andrade, de la ID; el independiente, César Rohon; Nathalie Arias, de CREO; Carlos Zambrano, de UNES; Cristian Yucailla, de Pachakutik; Francisco Jiménez, de CREO; John Vinueza, de Unión Ecuatoriana; y Diana Pesántez, de Azuay Primero.

La entrada Advierten que la reforma tributaria de Lasso no fue enviada a la Comisión establecida en la LOFL se publicó primero en La Calle.