La pancarta, de 6 metros de largo por un metro cincuenta de ancho, tenía impresos los rostros de los cuatro niños que perdieron la vida, poco después que un grupo de militares los abandonara en la localidade rural de Taura: Nehemías Arboleda, Steven Medina, Ismael Arroyo y Josué Arroyo.

A los nombres de los niños, los hinchas amarillos acompañaron un texto emotivo: “No los dejemos morir”.

El Caso Las Malvinas: desaparición y asesinato de cuatro menores en Guayaquil

El Caso Las Malvinas hace referencia a la desaparición y asesinato de Nehemías Arboleda, Steven Medina, Ismael Arroyo y Josué Arroyo, cuatro menores de edad en Guayaquil, Ecuador, en diciembre de 2024.

Los niños fueron vistos por última vez en el sector de Las Malvinas, luego de disputar un partido de fútbol. Según las investigaciones, en ese momento fueron detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas.

Por este caso, la Fiscalía ha procesado a 16 militares por el presunto delito de desaparición forzada. Sin embargo, las indagaciones también apuntan a la posible participación de un grupo de delincuencia organizada (GDO) en el asesinato de los menores.

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Es 2 de enero de 2025 y Luis Arroyo y su familia celebran en su casa en el barrio popular de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, el cumpleaños de su hija.

La niña cumple 9 años, pero el ambiente no es festivo. Hace días que no come, está triste. Extraña a sus hermanos mayores, Ismael y Josué, a quienes vio por última vez el 8 de diciembre.

Su papá se esfuerza para darle, aunque parezca un imposible, algo de normalidad. Compra un pollo asado y comen todos juntos.

Arroyo afirma que a ratos quisiera estar viviendo una pesadilla de la que va a despertar. «Pero no es una pesadilla, es real (…) me arrebataron a mis hijos de la peor forma», dice en conversación telefónica con BBC Mundo.

Sólo horas antes había enterrado a Ismael (15) y Josué (14), cuyos cuerpos incinerados y con signos de tortura le tocó reconocer.

Sus hijos son dos de los «4 de Guayaquil», los menores de edad ecuatorianos que fueron víctimas de una presunta desaparición forzada tras ser detenidos por miembros del ejército, un caso que ha conmocionado a Ecuador y que pone en entredicho la política de seguridad del gobierno y el papel que está teniendo el Ejército.

Además de Ismael y Josué, las otras víctimas son Nehemías Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11.

Los cuatro salieron a jugar fútbol el 8 de diciembre, pero nunca regresaron.

«Papi, ven, sálvame»

La noche del 8 de diciembre Luis Arroyo salió a comprar y cuando volvió a su casa, a eso de las 8:40 de la noche, le pareció raro que Ismael y Josué no hubiesen regresado.

«Como la luz se va acá a las 9 de la noche, antes de esa hora ellos siempre estaban en casa. Le pregunté a mi mujer: ‘¿Y los bebés?’. ‘Se fueron a jugar a la pelota, ya vienen’, me dice.

Entonces, pensé que debían de venir en camino. Pero no llegaban y luego me empecé a preocupar, los salí a buscar y no los encontraba. Yo decía: ‘¿Qué pasó? ¿ Dónde están’? En eso fueron pasando las horas y mi mujer recibió una llamada a las 10:40 de la noche».

El padre de los adolescentes cuenta que un hombre que nunca se identificó contactó a su esposa para decirles que sus hijos habían sido detenidos por militares, que estaban desnudos y necesitaban ayuda, pero que él no podía protegerlos porque temía meterse en problemas.

«Y ahí me pasa a mi hijo Ismael, el mayor. Y me dice: ‘Papi, ven, sálvame que estamos por aquí en Taura [un barrio de Guayaquil], botados, los militares nos cogieron por supuestamente haber estado robando, pero nosotros no estábamos haciendo nada, papá, ven acá a rescatarnos por favor. Estoy asustado'».

Luis Arroyo intentó calmarlo. «‘Hijo mío, quédate tranquilo, que yo ya te voy a rescatar’. Y ahí este sujeto le quitó el celular y dice: ‘Espérate que aquí viene pasando la mafia en una moto’. Y yo le digo que por el amor de dios no le haga nada a los niños, que tenga misericordia. Él me dice: ‘Tienes 45 minutos, una hora para venir a verlos (…) Si tu quieres a tus hijos, tienes que venirlos a ver ya'».

El padre de los menores asegura que el hombre le envió su ubicación y efectivamente estaban a la altura del kilómetro 26 de Taura.

«Yo no tenía cómo movilizarme, yo no me iba a arriesgar a ir allá solo. Entonces corté la llamada y dije: ‘Mis hijos están secuestrados, dios mío santo protégelos’. Ahí llamé a un familiar para que reportara la novedad al cuartel de Taura y a los policías con la ubicación que yo le doy. Con la foto de este tipo y el número».

«Pero cuando los policías llegan al punto no encuentran a nadie. Y ahí mi familiar coge y me llama y me dice: ‘Primo, no están los bebés’. Desesperado le corto la llamada y llamo a este sujeto de nuevo y le digo: ‘Barón, dios te bendiga, ¿por qué no entregastes a mis hijos si yo los mandé a ver? Y él me dijo, disculpe la mala palabra: ‘Eres como la verga porque me mandaste a la policía. Se ve que no quieres a tus hijos (…) vino la mafia como en 10 motos y se los llevó'».

«Ahí me cortó la llamada y no supe nada más de mis hijos».

No recibió una llamada, ni un mensaje. Se enteró por las redes sociales, en vísperas de Nochebuena, que cuatro cuerpos habían sido encontrados incinerados y con signos de tortura cerca de una base militar.

«Ahí nos pusimos mal, porque nosotros hasta ese día seguíamos orando, confiando en el señor… Pedíamos: ‘Que no sean nuestros hijos'».

«Ellos los encontraron el martes y el viernes nos llamaron a nosotros desde criminalística para ir a dar unas características de nuestros hijos. Y ese mismo día hicimos una prueba de ADN».

A esas alturas una jueza había solicitado que el caso se investigara como una presunta desaparición forzada y 16 militares fueron detenidos.

«Mamitas, papitos, son sus hijos»

Pero fue el 31 de diciembre, cuando los familiares participaban de la audiencia de formalización de los 16 militares envueltos en la detención de los menores de edad, cuando tuvieron plena confirmación.

«Cuando se acabó la audiencia, el fiscal llegó donde nosotros, a la sala en la que estábamos reunidos. Vino con el otro fiscal de derechos humanos de Quito y preguntó: ‘¿Ya les dijeron?’

Y nosotros dijimos que no y él dijo: ‘Bueno, papitos, mamitas, yo les dije que yo iba a ser transparentes con ustedes, que no les iba a mentir en nada, y lamentablemente los cuerpos que fueron hallados en Taura sí son sus familiares, son sus hijos'», recuerda Luis Arroyo.

«Eso fue horrible, ahí mi mujer casi se muere. Fue espantoso».

La próxima parada sería la morgue.

«Sólo les dejaron sus pies»

«Yo vi a mis dos hijos, solamente les dejaron sus pies, debajo de los dedos, y como Ismael tenía sus callos, sus juanetes, de pie de futbolistas, (pude) distinguirlo por eso, porque la cabeza tampoco estaba. Al otro le habían dejado una manito, un dedito y su pelo, parte de su cráneo, y de la cara».

«Mi esposa no quiso verlos, ella estaba enferma y la dejé en casa. Yo preferí que ella no los viera, pero ahí el papito del niño de 11 años, Steven, vio a su hijo también. Al chiquitito también yo lo vi, sus piececitos pequeños, pobrecito, me da mucha pena de ver todo lo que han hecho. Al niño Nehemías lo vio su tío, y él lo reconoció por los brackets y el pelito. Porque él estaba más completo que los otros».

El padre de Ismael y Josué dice que como familia quiere pedir la exhumación de los cuerpos, pues aún no tienen la información completa de qué fue lo que pasó con ellos.

«Nosotros quisiéramos sacar los cuerpos y llevarlos internacionalmente a que les hagan el examen de ADN. En eso quisiéramos que nos ayuden, porque queremos justicia. Esto no se puede pasar por alto, eran cuatro niños indefensos, imagínese hacerles todo esto, con esta saña, con esta maldad», dice.

«Ellos nos entregan los cuerpos pero no nos dicen de qué murieron, si fueron torturados, baleados, sacados sus órganos. Nos entregaron el esqueleto, en estado de descomposición, quemados totalmente, sin cabeza mi hijo, es algo aterrorizante. El forense de criminalística no nos ha dicho las causas, sólo nos hicieron llenar una ficha para poder retirar los cuerpos para darles cristiana sepultura».

«¿Dónde dejo esos goles que disfruté con él?»

Luis Arroyo llegó este lunes hasta el cementerio Ángel María Canales con las medallas ganadas por su hijo Ismael en las competencias de fútbol colgadas en el cuello. Era un homenaje al que fue su sueño de toda la vida: convertirse en futbolista profesional.

«Mis hijos eran muy amorosos, amigueros, ellos no tenían problema con nadie».

«Eran unos hijos excelentes, amaban a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Ellos siempre estaban dedicados a sus estudios, a la pelota. Nos decían: ‘Papá, mamá, yo voy a llegar a jugar fútbol profesional, voy a viajar por el mundo, te voy a comprar una casa, mamá… Yo los voy a sacar de aquí’. Ese era el sueño de mi hijo».

«Y a mi otro hijo, Josué, a él le encantaba la pelota, pero le gustaba más el estudio. Y él también decía: ‘Mamá yo te voy a comprar una casa, yo te la voy a comprar primero que Ismael, ya vas a ver'».

«Yo hacía un esfuerzo por verlos bien, porque ellos se sintieran bien, de pagarles sus estudios, que no les hiciera falta su comida. Todas las semanas llevaba a Ismael a jugar, porque él entrenaba de lunes a viernes y los días sábado y domingo le tocaba ir a jugar los partidos. Imagínese ahora, ¿a quién voy a llevar al fútbol? ¿Dónde dejo esos goles que yo disfruté con él? Mi hijo Josué…¿A quién voy a llevar al colegio? Con todo ese vacío que dejan en nosotros, en esta familia».

«Yo los amo con mi vida, siempre los voy a tener en mi corazón a Ismael Arroyo y Josué Arroyo, son mi vida. Ellos están en un nuevo lugar, porque yo sé que dios los tiene arriba en el cielo, son unos angelitos, siempre los voy a amar y no voy a descansar hasta que se haga justicia. Eso sí yo se lo prometo, mis amores. Sus muertes no van a quedar impunes. Ellos eran todo para mí, eran mi motor, mi pieza fundamental».

Un llamado de justicia

Arroyo sostiene que sus hijos fueron discriminados por su color de piel y que no son los primeros ni serán los últimos niños que desaparezcan ante la estrategia de seguridad militar del gobierno de Daniel Noboa.

«Esta es una mala estrategia por parte del gobierno: mandar a esta gente a matar a las calles, porque eso es lo que hacen, salir a matar… ¿En qué mundo estamos, en qué país estamos? El presidente apoya la sinvergüencería que hacen estos militares, tapando las cosas y discriminando a nuestros hijos, poniéndolos por los suelos», critica.

«Ellos quieren dejar mal a nuestros hijos, quieren incriminarlos como terroristas, ladrones, delincuentes, cuando nuestros hijos jamás… Mis hijos no eran delincuentes, ellos tampoco estaban robando, no hay ninguna evidencia de que ellos hayan estado robando nada», dice en alusión a lo que dijo inicialmente el Ministerio de Defensa sobre el caso, que sugirió que los menores habían estado involucrados en un robo antes de ser detenidos.

«El presidente los declaró héroes nacionales antes del 24 de diciembre y ahora él no se ha manifestado, no nos ha ayudado, nosotros no hemos recibido ninguna ayuda por parte del gobierno», se queja.

Luis Arroyo dice sentir miedo y hace un llamado a las autoridades ecuatorianas a darles protección a él y a su familia. «Estoy aterrorizado con esto, quisiera salir corriendo de Ecuador. Nos sentimos solos, sin protección, pueden atentar contra nuestras vidas».

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El Ministerio de Defensa lanzó un comunicado horas después de conocer los resultados en un caso que ha indignado y atemorizado al país. «Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, para este caso sea llevado con total transparencia hasta dar con los responsables de este asesinato», dice parte del documento.

Disculpas públicas 

El pedido de hábeas corpus que realizaron los familiares y el Comité de Defensa Permanente de los Derechos Humanos fue aceptado por la jueza Tanya Loor que dispuso un plazo de 10 días para que el Ministerio de Defensa ofrezca disculpas públicas en un acto público a las familias por medio de una cadena nacional que deberá difundirse en horario de máxima audiencia.

Asimismo, un juez dictó prisión preventiva para los 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) mientras duran los 90 días de investigación previa. Los uniformados están acusados por desaparición forzada, un delito que de comprobarse, conlleva una pena de 26 años de cárcel. Los trasladaron al Centro de Detención Provisional (CDP) de la Penitenciaría del Litoral.

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En las declaraciones del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, expresó que los grupos delincuenciales organizados (GDO) estarían detrás de esta desaparición, sin embargo, también se refirió a una Comité Disciplinario para investigar el caso desde las FF.AA.

El presidente Daniel Noboa anunció, por su parte, que planea declarar como héroes nacionales a los cuatro niños, así lo anunció en un enlace radial con Democracia TV. «He sugerido que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales. (…) No podemos caer en la provocación de la oposición que quiere llevar esto como un crimen de Estado», pero ¿puede el mandatario hacer esa declaración?

Según la ley de héroes y heroínas del Ecuador, «son ciudadanos y ciudadanas que hayan realizado actos únicos, verificables, de valor, solidaridad y entrega, más allá del comportamiento normal esperado y del estricto cumplimiento del deber, aún a riesgo de su propia integridad; salvando vidas, protegiendo las Instituciones establecidas por nuestra Constitución o defendiendo la dignidad, soberanía e integridad territorial del Estado».

A ello se suman beneficios para los padres, hijos o cónyuges en caso de fallecimiento. No solamente se desliga de este caso de presunta desaparición forzada, sino que no da una respuesta de lo que está haciendo el Gobierno para encontrar a los menores.

El abogado de los militares implicados en este hecho, Jesús Lopez, expresó que los muchachos fueron liberados “en perfectas condiciones y completamente vestidos” en Taura, Naranjal cuando la distancia entre ese lugar y Guayaquil es de alrededor de 60km.

Desaparición forzada

La jueza constitucional Tanya Loor Zambrano aceptó la acción de hábeas corpus instructivo y declaró la desaparición forzada en este caso. Entre las medidas de reparación se encuentran:
-Que el Estado, a través de sus instituciones, realice los actos investigativo para dar con el paradero de los niños.
– El Ministerio de Salud Pública debe brindar atención psicológica a los padres de los menores.
– Una comisión de 5 personas que trabajen en una investigación independiente a la que lleva a cabo la Fiscalía.
– La Defensoría del Pueblo debe crear un programa de capacitación a las FFAA para tratamiento de casos sobre NNA.
– Un documental educativo que muestre a la ciudadanía sus derechos humanos en un contexto de estado de excepción y los límites de los agentes estatales.

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