El 23 de febrero  el Pleno de la Asamblea Nacional inició el juicio político y censura contra Carrillo. En la sesión unificaron tres de los cuatro pedidos de enjuiciamiento político que el exfuncionario tenía en su contra.

La primera solicitud fue interpuesta por los legisladores Peter Calo y Jhajaira Urresta  quienes pidieron la fiscalización del exfuncionario por su gestión en el Paro Nacional de junio del 2022 y la inseguridad ciudadana.

Por su parte, las parlamentarias Johanna Moreira y Lucía Placencia hicieron su pedido por incumplimiento de funciones por el abandono de temas de seguridad, en el contexto de homicidios y violencias del 2022. Por último, la asambleísta Gissella Garzón solicitó el juicio político por el Caso del femicidio de María Belén Bernal y su incumplimiento de funciones.

La defensa de Carrillo

En su defensa, el exfuncionario manifestó que hay que diferenciar la función que tenía como Ministro de Interior y la labor de la Policía Nacional. Enfatizó en que las crisis no responden a su gestión . Señaló que los líderes populistas hacen de cada suceso un hecho político buscando un responsable, creando relatos burdos.

“La criminalidad es un fenómeno de Estado no de policías”, resaltó en su intervención.

Para Carrillo es insensato condenarlo a un juicio político por no coincidir con los supuestos héroes de junio del 2022. También aclaró que cumplió con su funciones respecto al Caso Bernal y que finalmente esto dio resultados.

La defensa del oficialismo

El legislador Jorge Pinto resaltó las acciones de violentas que los “actos terroristas” dejaron a la país con pérdidas de más USD 115 millones. “No podemos afirmar que la policía hizo mal su trabajo, ellos eran los únicos con la potestad de aplicar el uso legítimo de la fuerza”.

Para Pinto, el ministro solo hizo su trabajo y recalcó las afectaciones a los policías heridos y mutilados y de  los civiles a quienes les quitaron la mercancía de su negocio. (A.G.M).

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La asambleísta y presidenta del Comité de Ética del movimiento CREO, Nathalie Arias anunció que iniciarán una investigación en contra del legislador Byron Maldonado, tras acusaciones del prefecto de Loja, Rafael Dávila.

“Para nosotros es un proceso de análisis y se procederá en el marco del Reglamento que tenemos vigente. Apegados a nuestro reglamento proceder según corresponde.”, dijo Arias.

Por su parte, el asambleista Byron Maldonado negó cualquier tipo de vinculación con lo que se le acusa.

“No he sido parte de ninguna gestión para un cargo público (…) Frontalmente tengo que decirle al país, que he desarrollado mi trabajo con absoluta ética y apegado a los principios”, aseguró Maldonado.

El asambleísta por la provincia de Loja dijo estar de acuerdo con la investigación en su contra, con el fin de limpiar su imagen.

Requerimiento de comparecencia

Frente a lo sucedido, la asambleísta por la provincia de Loja, Lucía Placencia solicitó a la Comisión de Fiscalización y Control Político la comparecencia del Ing. Xavier Verá, ministro de Energía y Minas y al Ing. Alfredo Samaniego, presidente de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A

«Solicito comedidamente que llamen a las autoridades a comparecer ante el pleno de la Comisión de Fiscalización y Control Político en la brevedad posible. El objetivo es que brinden respuestas transparentes a la ciudadanía», dice el memorandu.

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El comunicado argumenta que la expulsión de los legisladores: Rocío Guanoluisa, Lucía Placencia y Xavier Santos, se debe a sus “públicas y notorias actuaciones que van en contra de la línea política socialdemócrata” del movimiento.

Sin embargo, los parlamentarios y sus pronunciamientos respecto a la decisión tomada por la bancada no se han hecho esperar. Xavier Santos dijo que su accionar siempre contemplará a quienes lo llevaron a representarlos en la Asamblea.

El legislador también mencionó que su deber es buscar el beneficio de los ciudadanos y no defender los intereses de una organización política. 

Igualmente, mencionó en una entrevista, el pasado 4 de mayo de 2022, que no ha sido notificado de manera formal; por lo tanto, aún no ha sido expulsado oficialmente del bloque legislativo.

Por otro lado, la parlamentaria Lucía Placencia, quien integra la comisión pluripartidista que evaluará a Guadalupe Llori, presidenta del Legislativo; manifestó que «la bancada empezó con 18 asambleístas; después fueron 15 y ahora son solo 10 parlamentarios».

Placencia explicó, mediante un comunicado que, en su caso, el argumento que se utiliza para separarla de la bancada es «alejarse de las líneas partidistas».

Esto, sin tener un proceso disciplinario de por medio y sin ningún órgano nacional que autorice las decisiones de separar a una asambleísta de una bancada, señala la legisladora.

También dijo anhelar que la crisis interna que atraviesa la ID se solucione dentro de los parámetros legales.

La parlamentaria Rocío Guanoluisa aún no se ha pronunciado en sus redes sociales oficiales.

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