De este modo, la legisladora se integra a la nómina de candidatos que intentarán ser el relevo de Virgilio Saquicela para los siguientes dos años. El actual presidente completará su período en el cargo el próximo 14 mayo.

En ese contexto, los legisladores deberán elegir al nuevo representante, dos vicepresidentes y cuatro integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esto, previo a la reestructuración de las 15 comisiones permanentes.

Por ahora la lista de postulaciones cuenta con los nombres de Marcela Holguín (UNES), Esteban Torres y Luis Almeida (PSC), Daniel Noboa (IND) y Wilma Andrade (ID). Se suma también Virgilio Saquicela (IND), quien aspira ser reelegido.

Pachakutik elegió a Sánchez por encima de Vanegas

La bancada de Pachakutik definió a su candidato durante un debate al que acudieron 21 de sus asambleístas. Entre las opciones figuraba el nombre de Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez.

Tras ejecutarse la votación, el partido se decantó por la representante de Azuay con un total de 13 votos a favor. Dos más que el legislador Ricardo Vanegas.

No obstante, trascendió que Sanchéz deberá ir en busca de apoyo político entre el resto de partidos que integran el Parlamento para incrementar sus posibilidades reales de llegar al cargo. De no conseguir el respaldo suficiente, la segunda opción será Ricardo Vanegas.

JR

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Saquicela llegó a ocupar el cargo a través de los votos de la mayoría opositora integrada por la bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC) y una fracción de Pachakutik e Izquierda Democrática (ID). Y ahora, este 14 mayo, al cumplirse dos años del actual período legislativo, los asambleístas elegirán si deben cambiar de presidente y vicepresidentes para dirigir el Pleno.

En representación de UNES, bancada que posee mayoría, el nombre de Marcela Holguín figura como principal alternativa para reemplazar a Virgilio Saquicela. Actualmente, la funcionaria se desempeña como primera vicepresidenta de la Asamblea.

En el bloque de Izquierda Democrática (ID) existen dos opciones para el postularse al cargo: Wilma Andrade o Yeseña Guamaní (el más reciente nombre en integrarse a la lista). En tanto, otro de los posibles candidatos es Daniel Noboa, quien asegura tener el apoyo y los votos de otros asambleístas no afiliados a bancadas políticas.

Otro candidato podría ser Luis Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC). El legislador confía que su experiencia y trayectoria le permitirán llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional. El funcionario afirmó que estaría preparado para el cargo.

No obstante los diálogos en diferentes bancadas se mantienen todavía para definir al candidato definitivo. Esto de forma paralela mientras en la Comisión de Fiscalización se desarrolla el informe que recomendará absolver o enjuiciar al presidente Guillermo Lasso por delito de peculado.

JR

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El 14 de mayo el Pleno del Legislativo elegirá al nuevo titular del primer poder del Estado. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, ya confirmó su candidatura a la reelección al cargo.

Desde la bancada de UNES, Gissela Garzón afirmó que propondrán a Marcela Holguín, actual vicepresidenta del Legislativo. Sin embargo, resaltó que actualmente su prioridad es el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

Por su parte, el asambleísta de la ID, Marlon Cadena indicó que uno de los nombres que analiza la bancada es el de Wilma Andrade. Si no alcanzan los votos para su elección; aún no tienen definido a quien darán su apoyo.

Otros candidatos

Otro en la lista sería el Daniel Noboa, quien reveló que un grupo de legisladores independientes plantearon su candidatura. »No es mi afán, mi afán es ayudar a que la Asamblea salga adelante», aclaró.

Desde el Partido Social Cristiano (PSC), Luis Almeida anticipó su postulación y afirmó que estaría preparado para asumir la presidencia del Parlamento durante una entrevista en Notimundo.

La única bancada que no se ha pronunciado respecto a las elecciones en la Asamblea es Pachakutik (PK). La legisladora Isabel Enríquez dijo a Radio La Calle que aún no tenían definido un candidato. (A.G.M).

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«Estar preparado, siempre lo he estado. Tengo mucha experiencia (…) El Parlamento debe hacer cosas positivas. Para eso la experiencia es muy importante. El Parlamento tiene que hacer leyes ya, fiscalizar ya«, sostuvo el legislador.

Entre los posibles candidatos para ocupar el cargo de presidente para la Asamblea Nacional figuran Marcela Holguín, Esther Cuesta, Esteban Torres, además del propio Almeida. Este último, considera que los bloques conversarán para definir la nueva asignación.

«Vamos a llegar a un acuerdo, no hay ningún problema. Creo que es momento de la experiencia, es momento de la sensatez y de la firmeza. Y sobretodo de un presidente que se haga respetar», sostuvo Almeida.

Sobre el proceso de juicio político contra Guillermo Lasso

Luis Almeida reveló que el gobierno continúa con el proceso para «negociar de votos». Afirmó que al menos tres de asambleístas de la bancada del PSC recibieron ofertas para que no voten a favor del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Asimismo, admitió que uno de esos tres nombres fue el de Javier Ortíz.

«Estan muy habilmente tratando de negociar votos, a mentes débiles tratando de convencer. Lo han intentado hacer contra tres. Ya se lo llevaron a Javier Ortíz. Él justificaba que no podía votar contra el presidente porque le iban a quitar la seguridad. Es una cosa infantil. Si necesita protección policial solo la debe pedir. El pueblo lo sabrá juzgar», reveló Almeida al respecto.

Sobre la salud del presidente

El legislador también profundizó sobre la ausencia de Guillermo Lasso en la toma de decisiones clave para frenar la inseguridad del país. Esto a causa del deterioro constante de la salud del mandatario.

«Mañana voy a pedir el informe médico del presidente para saber qué esta pasando con él. Porque si está enfermo, no pueder ser que su egocentrismo no permita encargarle al menos estos días al vicepresidente de la República (Alfredo Borrero). Si el vicepresidente no se le va ha llevar el poder. No es posible que el Ecuador no tenga presidente«, insistió Almeida.

Sobre el «costo» de los votos

Por último, recalcó que proximamente se revelarán las cifras con las que se intenta negociar los votos de algunos asambleístas. Además, enfatizó que la decisión de la bancada del PSC es votar por la censura del primer mandatario.

«No podemos estar sin timón por mucho dinero que tengan. Pueden comprar consciencias a mentes débiles, que los pueden arreglar en uno, dos o tres millones de dólares. Vamos a dar los precios exactos en cualquier momento», adelantó Luis Almeida.

JR

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Según Almeida, eso le habría revelado el mismo Vera en un viaje en avión. «¿Sabe por qué (Villavicencio) le tenía bronca a ese ministro (Vera)? ¿Sabe que le estaba pidiendo Don Villa? Y eso me lo dijo el propio ministro en avión, que le estaba pidiendo la Gerencia de Comercio Internacional en Petroecuador. Muchacho caído se dejó chantajear de Villavicencio», dijo el legislador en entrevista para Ecuador en Directo.

Al ser cuestionado por la razón, Almeida precisó que Villavicencio habría pedido la gerencia en la petrolera a Vera a cambio de apoyarlo desde el régimen, porque «se cree el hombre fuerte del Gobierno».

¿Cómo es esta historia de amor?

El exministro de Energía estuvo envuelto en varios escándalos de presunta corrupción. Entre ellos, sobornos, tráfico de influencias y uso doloso de carné de discapacidad. Vera fue acusado de corrupto en muchos frentes.

Uno de ellos, el legislador Fernando Villavicencio. En octubre, él denunció a Vera por el presunto delito de tráfico de influencias. Mencionó que fue llevado con engaños a la casa de Vera, en Samborondón.

Según el asambleísta, Vera le daría documentos sobre un caso que investiga la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Sin embargo, la entrega de documentos no finalizó porque, según Villavicencio, era una trampa para tratar intereses alrededor de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Finalmente, Villavicencio denunció a Vera en la Fiscalía por los supuestos conflictos de intereses del exministro con la empresa fiscalizadora de la hidroeléctrica. En su informe, solicitó la remoción de Vera.

Los otros problemas de Vera

La noche del 27 de octubre, la Fiscalía realizó allanamientos en tres inmuebles por el presunto delito de cohecho que involucraría a Vera. El exfuncionario es investigado por supuestos sobornos.

Así lo reveló el medio La Posta. Según audios, El exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño le ofreció USD 2 millones por la gerencia de transporte. En otro audio, un sujeto reveló que le habría pagado a Vera USD 150 mil por un puesto.

Por otro lado, una serie de documentos presuntamente revelaron que Vera traficaba influencias en el Ministerio de Energía y su equipo habría contactado con el medio digital para sobornarlo con el fin de que «dejen tranquilo» al extitular.

Además, la asambleísta Sofía Espín denunció al exministro por tenencia ilícita de carné de discapacidad. Según la parlamentaria, Vera se beneficiaba de un descuento en la planilla de luz.

Su renuncia

El exministro de Energía, Xavier Vera renunció a la titularidad de la cartera de Estado tras escándalos de corrupción en los que estaría involucrado. Así lo anunció el secretario de Administración Pública y Gabinete, Iván Correa, durante una rueda de prensa la tarde del viernes 28 de octubre.

Actualmente es investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de cohecho y tenencia ilícita de carné de discapacidad.

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Según Almeida, Ulloa aumentó su patrimonio aproximadamente USD 1 millón entre el 2019 y 2020. Aseguró que el titular del CPCCS no posee un historial desde el 2013 que le permita justificar de manera juramentada el incremento monetario que posee.

De la misma manera indicó que sus acusaciones se respaldan en las declaraciones vertidas en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y en la página de la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, resaltó que todavía se está investigando este aumento en el último año.

“Como legislador investigador investigué este caso de corrupción y como ciudadano me encuentro en la facultad de denunciar. Espero que la fiscal Salazar otorgue las sanciones correspondientes”, manifestó Almeida.

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El 5 de septiembre, el legislador votó a favor de un informe para segundo debate de la Ley de Servicio Público, en el que se elimina un párrafo que exceptúa de la pensión a los mandatarios que hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, entre otros.

La decisión de Almeida será sancionada por el Tribunal Nacional de Disciplina, informó su Alfonso Pérez Serrano. «El voto emitido por el parlamentario Luis Almeida en la Comisión que trata el derecho de los exmandatarios a una pensión vitalicia, de ninguna manera expone los prinicipios del PSC», dice parte del comunicado.

Agregó que las decisiones políticas individuales que no se hayan discutido con la coordinación de bloque que ejerce Esteban Torres activarían los procesos disciplinarios que correspondan.

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Quito, 24 ago (La Calle).- En una entrevista a Luis Almeida, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano expuso que Aparicio Caicedo consejero de Gobierno habría realizado un presunto festejo por la posible venta de las gasolineras de PetroEcuador a la empresa Shell, por un monto de USD 5 millones.

El asambleísta Almeida recalcó que se trata de gasolineras de PetroEcuador, una de ellas está ubicada en Quito, Amazonas y Eloy Alfaro.

 “Estoy en contra de que hayan vendido los bienes nacionales y festejarse en una gran discoteca aquí de Quito, en un gran comedor. Me refiero al señor Caicedo”

De este modo, reitera que el actual mandatario debería saber sobre esta presunta venta. Además de recalcar que, de todo esto existe una investigación. Asimismo, destacó que Caicedo tiene una participación en el Consejo de la Judicatura, Superintendencia de Bancos y Consejo Nacional Electoral.

“Y si eso no sabe el presidente de la República cuando él dijo “en mi gobierno no hay un acto de corrupción”   y resulta que ha estado carcomido por dentro”

Más acusaciones ¿Problemas con el Consejo Nacional Electoral?

En medio de las acusaciones que tiene el consejero Caicedo, se suma una por parte de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elena Najera.

En una reunión del Pleno, Najera denunció que Caicedo está interfiriendo en la aprobación del instructivo para los postulantes al CPCCS. Señaló que ha recibido llamadas por parte de su asesora y que el instructivo vino de la Presidencia. En el caso, la funcionaria informó que presentará por escrito dicha denuncia.

Sin embargo, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita,  se pronunció por medio de un comunicado ante el hecho y rechazó lo expuesto por la consejera.

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Tras su aprobación con 104 votos, el Proyecto de la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza será remitido al Ejecutivo para su posterior revisión y se espera el pronunciamiento del presidente Lasso.

En un acto acompañado por los medios de comunicación, Virgilio Saquisela, presidente del Legislativo suscribió el Proyecto de Ley aprobado por el Pleno.

Virgilio Saquicela explicó que el proyecto tiene como finalidad ser una iniciativa que enfrente a la delincuencia y que ahora es tarea del Ejecutivo.

Lucha contra la delincuencia

El asambleísta por el Partido Social Cristiano, Luis Almeida aseguró que no solo es necesario un proyecto de Ley que luche contra la delincuencia, por lo que propuso el proyecto sobre la Tenencia y porte de armas en el país.

«La delincuencia es un problema de trabajo, educación, falta de oportunidades y recursos económicos, si no hay eso usted puede tener 100 mil policías y militares y usted no hace nada», dijo.

Almeida dijo que el proyecto está dirigido para las personas que califiquen.

«No es para cualquier persona, solo para los que califiquen, los que tienen bienes, los que tienen problemas de defensa de la vida, los que manejan dinero y negocios.»

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El legislador del Partido Social Cristiano (PSC) Luis Almeida, en su escrito ingresado en la Unidad Judicial de Quito, solicitó al Juez constitucional Pedro Troya que deje sin efecto las medias cautelares dictadas el pasado 27 de mayo. Según argumenta, es “inoportuna y extemporánea por cuanto la Comisión dejó de existir el 26 de mayo de 2022″. Esto, ya que ese día se presentó el informe y, por lo tanto, “se ha presentado la medida cautelar contra un legitimado pasivo inexistente”.

Por lo que, aclaró al magistrado que el fallo que ordena abstenerse de continuar con sus funciones o tratar de cualquier asunto se lo hizo a una comisión que concluyó con su tarea.

Asimismo, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, notificó a los miembros de la Comisión Pluripartidista de la decisión de la Unidad Judicial Penal de Quito. Además, solicitó que se le concediera las medidas cautelares que plantearon los asambleístas Sofía Sánchez y Salvador Quishpe.

Por lo que, dichos asambleístas junto con el coordinador nacional del movimiento Pachakutik (PK), Marlon Santi, reclamaron que la conformación de dicha instancia se hizo con la presencia del legislador Peter Calo (PK-R). Según el coordinador, Calo no contaba con la aprobación de la bancada ni de la agrupación política para participar.

Dicha comisión se designó por el pleno de la Legislatura el 26 de abril de 2022 para que sustancie una denuncia planteada en contra de Llori, por el legislador del Partido Social Cristiano (PSC) Esteban Torres, por supuesto incumplimiento de funciones.

La investigación

El 25 de mayo concluyó la investigación y aprobó un informe recomendando su destitución en calidad de presidenta de la Asamblea Nacional. No obstante, la medida cautelar dispuso que “se abstengan de tratar cualquier tema puesto en su conocimiento.

Esto debido a que la conformación de la Comisión Pluripartidista ad hoc fue creada sin respetar la representación. Además, de no acatar el derecho de decisión democrática” de Pachakutik, pues no postularon un delegado.

Asimismo, el juez que tramitó la causa, Pedro Troya, determinó que la Presidencia y el pleno de la Función Legislativa se abstengan de conocer y tratar el informe. Por lo que, ordenó que se conforme una nueva Comisión Pluripartidista respetando el artículo 61 de la Constitución y la Ley de la Función Legislativa.

Esto para que Pachakutik y otras organizaciones políticas designen a sus delegados antes de tratar la denuncia.

Bajo esos fundamentos, Llori informó que se abstendrá de conocer, tratar y resolver el informe aprobado por la Comisión. Por lo que “devolvió” el documento “por cuanto viola derechos constitucionales, atenta al debido proceso y seguridad jurídica”.

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“Desde que empezó el proceso político hemos sido objeto de maltratos por parte del presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio. Las adjetivaciones y confrontaciones hacia nuestro trabajo han sido constantes”, dice parte del comunicado conjunto.

De acuerdo con los legisladores, Villavicencio, en muchas ocasiones, ha adelantado su opinión indicando que no hay pruebas en el caso, pese a que existen 550 fojas agregadas al expediente contra Ortiz. “Se ha evidenciado una animadversión constante contra el legislador Salvador Quishpe en el uso de sus intervenciones, siendo constantes dichos ataques durante todo el procedimiento”.

Para ambos asambleístas, “sorprende que el presidente de la Comisión tome parte del procedimiento con un criterio de antemano sesgado y que puede dejar en la impunidad el prejuicio a miles de usuarios afectados por el aumento en las planillas de luz y el alza de los combustibles”.

El exministro

Antes de los roces, el exministro Ortiz declaró que el precio de los combustibles los regula el Estado, con excepción de la gasolina súper que es libre y solo hace sugerencias a las comercializadoras. Petroecuador se lleva una parte y como 17 centavos de dólar las comercializadoras.

Confrontaciones

En el comunicado, Almeida se refirió al incidente que tuvo con Villavicencio al finalizar la etapa de pruebas. Dice que lo tachó de “pendejo y mafioso” cuando él ejercía su derecho a la réplica y al libre uso de la palabra.

“Estás defendiendo a los banqueros, pendejo”, le dice Villavicencio cuando acabó la sesión. Almeida le respondió “Tú fuiste a casa de los Isaías a pedirles la plata”. Villavicencio añadió “corrupto de mierda”.

Almeida continuó: “insultas a todo el mundo, a las mujeres. Cachorreas a todo el mundo. Tratas como si fueran muchachos, idiota. Acostumbrado toda la vida a insultar a la gente”.

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En un reporte del medio Tiempo Real, Almeida señala: “Hemos presentado junto a los rectores de las universidades cerradas injustamente, los 13 rectores, para rehabilitar las universidades inmediatamente. El pueblo ecuatoriano necesita estudios. Nuestra juventud, 2 millones de jóvenes tendrán la oportunidad de estar en las universidades populares, en cada una de las provincias”

En 2012, el entonces presidente Rafael Correa cerró 14 universidades por deficiencia en la calidad educativa. El cierre lo ejecutó la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), como parte de un plan para acabar con las universidades de «garaje» y mejorar el nivel académico.

El diagnóstico de estas 14 instituciones fue negativo. No contaban con suficientes profesores; un bajo porcentaje de ellos eran de tiempo completo y menos del 2% tenían doctorado o maestría. Además, la infraestructura era pobre e inadecuada; carecían de computadores y el número de libros por estudiante fue prácticamente nulo. Tampoco hacían investigación ni publicaban en revistas indexadas.

Según el Senescyt, el desempeño de los estudiantes de estas universidades tampoco fue óptimo. Los datos de la institución señalaron que en la prueba de conocimiento general obtuvieron, en promedio, 3 sobre 10. Mientras que, en exámenes específicos, la calificación fue de 4 sobre 10. De igual forma, se establece que el examen general de lectura fue reprobado por el 90% de los estudiantes.

Siete instituciones se encontraban en Pichincha y las otras siete estaban ubicadas en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Morona Santiago y Napo.

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