El pasado 5 de diciembre la Asamblea aprobó con 123 votos a favor este proyecto de ley que permitirá a la empresas privadas de seguridad portar armas bajo ciertos parámetros. Para Altamirano, existe la idea equivocada de creer que la seguridad privada estará a disposición del Estado.

»Las empresas tienen contratos de prestación de servicios en donde se delimitan sus obligaciones», recalcó en entrevista para Radio La Calle.

Agregó que capacitar a un guardia para el uso de un arma requiere mayores costos, especialmente para su uso responsable porque mantener las cualidades de un tirador defensivo requeriría un entrenamiento permanente.

No obstante, destacó que el Estado es el principal encargado de velar por el bien de ciudadanía pero el Ecuador está comenzando a caminar en la privatización de la seguridad. »La industria de la seguridad en el país que tiene un crecimiento impresionante y es la muestra clara del abandono del gobierno y de las prácticas de prevención comunitaria», argumentó el excomandante.

Además consideró importante no caer en extremismos debido al hecho de creer que una ley puede generar calma en un determinado sector. En este sentido puso sobre la mesa la importancia de recomponer aspecto de carácter estructural.

Sobre la ley…

El objetivo de este proyecto de ley es evitar la precarización del sector que brinda seguridad privada y que el personal pueda acceder al porte de armas con la capacitación adecuada, contar con pólizas de seguro y tener apoyo legal en caso de ser procesado.

Sin embargo, la legisladora Patricia Núñez cuestionó que no existe un definición clara de lo que es »peligro inminente» por lo que el guardia de seguridad que aplique la normativa deberá hacerlo bajo su interpretación.

El vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores d la Seguridad Privada (Fenaspe), Vicente Arroyo, compareció al Pleno del Legislativo y señaló que la seguridad privada es un negocio que ha lucrado con el trabajo de los más humildes.

De igual manera, denunció una serie de abusos y condiciones adversas en las que viven los guardias en su actividad de alto riesgo. Pidió que se considere la protección y se garantice los derechos laborales de quienes ejercen esta labor.

Por su parte, Carlos Arrobo, representante de la Asociación de Trabajadores de Seguridad, indicó que hace 10 años su sueldo era de USD 954 y hoy en día es de USD 760 y cada año se reduce más. (AGM).

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“Cuando tengan 30.000 policías en servicio, los primeros oficiales, se gastarán USD 560 millones anuales. En términos de alimentación se gastaría USD 38 millones, uniformes USD 90 millones. Sin tomar en cuenta el entrenamiento que necesitan y los gastos operativos del empleo de estos efectivos. Aproximadamente USD 800 millones”, explicó en entrevista con Radio La Calle.

Para el comandante retirado, la violencia no es un problema general, sino que tiene varias aristas. “El problema de seguridad hay que analizarlo desde las facetas de la violencia: discriminatoria, género, familia, sexual común, organizada. Cada una merece atención diferenciada. La seguridad no es solo militarización o policía. Este gasto puede representar una factura para los gobiernos locales”.

El posible gasto en nuevos policías, de acuerdo con Altamirano, equivale al 80% del gasto en educación superior y el doble de lo que se gasta en el sector de telecomunicaciones. Ambos sectores importantes para el desarrollo del país.

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Política de seguridad

Para Altamirano es importante, volver a tener instituciones de seguridad que garanticen políticas. “Hay que crear una política en el sector por lo que hay que reestablecer los institutos de la seguridad. […] El Ministerio coordinador de seguridad se eliminó, los consejos de seguridad es una organización AD HOC que no resuelve el problema”.

 Sobre el reclutamiento, el excomandante expresó que se debe realizar una revisión. “Se debe revisar la conscripción. Se puede revisar para que sea con continuidad de carrera. Los cuarteles no son correccionales. Hay que educar en la doctrina y examinarla”.

La corrupción dentro de las instituciones es también, a juicio del excomandante, un tema para explorar. “El peor mal no es el crimen organizado sino la impunidad dentro de las instituciones. Se debe fortalecer otras instituciones como Fiscalía. Los crímenes comunes se alimentan de la pobreza. Hay que atacar el problema. Se deben generar campañas de salud para prevenir el consumo de drogas. […] El narcotráfico busca penetrar en lo político para evitar los controles. Hay que revisar a la interna. Hacer pruebas de confianza que no se lo ha hecho en las FF.AA., como en la policía”. MIB

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