Lara mencionó que irán tras los asesinaos, cómplices, financistas y quienes protegen a los antisociales que operan en el país. El pasado 28 de abril, el funcionario aseguró que los agentes están capacitados para «enfrentar a los enemigos de la paz». Sin embargo, cuatro meses después la realidad del país se mantiene.

Además, en medio del luto que vive el país por el asesinato de Fernando Villavicencio, Lara pidió a los ecuatorianos que se «unan para defender la nación». De la misma manera, solicitó a los usuarios en redes sociales topar con mayor «celeridad» los temas de seguridad.

Sobre los comicios

El ministro aseguró que desplegará un fuerte contingente a todas las provincias para que las elecciones anticipadas se realicen con «tranquilidad».

«Los ciudadanos tienen la garantía que las FF.AA. brindarán todas las seguridades para que los comicios se realicen», expresó.

También, manifestó que la institución se mantiene alerta y actuará de manera inmediata contra las bandas criminales y sus cómplices.

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»Hemos iniciado los procesos disciplinarios internos para sancionar con el máximo rigor a los presuntos responsables», informó en rueda de prensa.

Resaltó que están abiertos dos procesos, uno al interno de la cartera de Estado y Fiscalía. No obstante, cuando le preguntaron acerca de la presiones para que la víctimas sean separadas de la institución, no respondió y abandonó el sitio.

Las promesas del Ejército

El ministro de Defensa, Luis Lara, dispuso a Acosta que se preste a la colaboración de Fiscalía y que se apliquen los respectivos correctivos disciplinarios. Si bien resaltó la tolerancia cero a cualquier acto de corrupción en la fuerza pública también se amparan en la presunción de inocencia de los implicados.

El caso

El 31 de mayo dos mujeres militares denunicaron haber sido víctimas de presunta violación en la lll División del Ejército Tarqui, en Cuenca. Se presume que existiría una red de prostitución dentro de la institución.

Una subteniente y una conscripto denunciaron ante la Fiscalía y las autoridades del plantel los supuestos actos de violación. Según una de las víctimas, estos sucesos estaban bajo el conocimiento de sus dirigentes.

Se supone que dentro de este distrito hay una red de prostitución con más de 40 jóvenes que realizan el servicio militar. Asimismo, se apunta a una subteniente por dirigir esta presunta cadena de servicio sexual, recogió Radio Pichincha. (A.G.M).

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»El país no aceptará ningún intento de no alterar el orden constitucional a través de la violencia y atentar contra la democracia. En ese caso las FF.AA. y la Policía Nacional actuaremos con firmeza», dijo en un mensaje a la nación.

Proaño resaltó que la decisión del mandatario se sustenta en el artículo 148 de la Constitución. De igual manera, los servidores de las Fuerzas Públicas se encuentran resguardando el Palacio Legislativo.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, recalcó que se están otorgando las facilidades de ingreso a los asesores de los exasambleístas para que recojan su pertenencias.

Una reunión sospechosa

El 16 de mayo, antes del juicio político contra el Jefe de Estado, los altos mandos de las FF.AA. se reunieron con el ministro de Defensa, Luis Lara. El encuentro ocurrió en el complejo militar de La Recoleta, en el centro de Quito.

Estuvieron alrededor de 20 oficiales, entre ellos Proaño y el jefe del Ejército, Gustavo Acosta, reportó La Hora. Según fuentes militares, en la sesión se analizaron temas de coyuntura política y se resolvió »apoyar la democracia y el Estado de derecho». (A.G.M).

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En entrevista para Diario El Universo, el consejero explicó previamente cúal fue la razón por la que no se definió una lista de potenciales organizaciones terroristas. Según el ex alcalde de Quito, esto habría sido poco práctico debido a las forman en las que opera el crimen organizado.

«En el debate en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) se planteó un tema práctico: si usted califica como terroristas a organizaciones, conociendo que el crimen organizado es muy flexible, cambia, mañana se desaparecen todos lo que ya estuvieron calificados como grupos terroristas y asoman otros«, mencionó Moncayo.

Los terroristas serán definidos como tal por sus acciones

Actualmente, 30.000 integrantes de las Fuerzas Armadas están desplegados en el territorio nacional con el fin de efectuar operaciones para contrarrestar el terrorismo «de las organizaciones delictivas vinculadas con el narcotráfico y el crimen transnacional que atentan contra la soberanía y la integridad territorial«, según se explicó en un comunicado oficial del Ministerio de Defensa.

«Me pareció muy inteligente la idea de que se especifique las acciones terorristas porque terroristas puede ser una persona. Una persona puede cometer un acto de terror. Lo importante es, habiendo definido que el crimen organizado afecta a la estructura básica del Estado, a su soberanía y su integridad territorial, estas acciones serán entendidas, calificadas como acciones terroristas«, afirmó el consejero.

Sobre la prisión preventiva excepcional a uniformados

Anteriormente, el ministro Luis Lara declaró que dentro la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza se «garantiza la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso para aquellos servidores que en ejercicio de sus funciones se vean expuestos a procesos judiciales de carácter penal».

Moncayo agregó que «el señor Ministro de Defensa (Luis Lara) planteó que para casos excepcionales en que un policía o militar pueda ser llamado a la justicia y recibir una prisión preventiva, sería necesario que el policía o militar tenga un tratamiento especial, de ser posible un sitio o un local distinto». Sin embargo, esta alternativa fue revisada por expertos en la ley.

«El pedido del Ministerio de Defensa fue que existan centros aparte; los juristas hicieron un análisis de que constitucionalmente, legalmente, no se puede crear para determinados grupos, centros de detención específicos», agregó el consejero.

«Por eso se está poniendo que en caso excepcional, de que sucediera esto, de que el juez no tenga en cuenta que se le ha dispuesto que debe aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva, en ese caso excepcional, de que queremos estar seguros de que nuestros policías y militares no vayan a ser enviados a sitios en donde va estar en peligro su vida y su integridad», añadió Moncayo.

Según expuso el Ministerio de Defensa, en caso de que algún militar enfrente un proceso penal por uso de la fuerza en sus funciones, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas coordinará, junto a esa cartera del Estado y la Presidencia, la defensa institucional, a través del patrocinio judicial. Sin embargo, la propuesta no ha convencido totalmente a algunos miembros de la milicia.

«El decreto evidencia apresuramiento. No ha sido consultado con quienes están en el terreno dirigiendo operaciones antidelictivas en coordinación con la Policía. Tampoco hay un sustento jurídico sólido ni empírico (experiencias similares sistematizadas en casos similares vividos en el pasado) sobre la intervención de militares en operaciones antiterroristas, bajo los parámetros del Derecho Internacional Humanitario y convenciones de derechos humanos», planteó al respecto el portal Código Vidrio, en declaraciones recogidas por Infobae.

Labor conjunta entre Policía y Fuerzas Armadas, según Moncayo

«Hoy, Fuerzas Armadas y Policía, están integradas para operar coordinadamente, complementariamente, para que todos los recursos que dispone la fuerza pública puedan usarse eficientemente. Entonces ya no vamos hablar de la policía por aquí, las Fuerzas Armadas por allá. Vamos hablar, porque así tiene que ser, de ese viejo término que lo sacaron de la Constitución pero que sigue existiendo en la práctica, que es la fuerza pública», complementó el funcionario.

«Vamos a tener una acción coordinada complementaria perfectamente planificada (…) lo que tenemos que ganar es en seguridad, para que este país sea atractivo a la inversión legítima y absolutamente hostil al crimen organizado«, concluyó Paco Moncayo.

JR

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Según Lara, el nuevo Acuerdo Ministerial incluye un proceso altamente regulado que permitará certificar que la persona es capaz de tener un arma.

Aunque varios analistas y expertos en el tema aseguraron que esta no es una alternativa viable, el ministro repitió que se actualizarán los requisitos para los permisos a todos los ecuatorianos.

Asimismo, señaló que el único ente encargado de otorgar los permisos será el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

De la misma manera, el director de Control de Armas, Manuel Dávila, mencionó que el el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) serán quienes validen los certificados psicológicos y toxicológicos.

«Es importante mencionar que esto queda prohibido al interior de instituciones de salud públicas y privadas, planteles educativos, locales deportivos y establecimientos de servicio público», refirió.

¿Qué armas se pueden utilizar?

Dávila manifestó que solo se prodrán comprar armas directamente de las fábricas, pues se eliman intermediarios para evitar complicaciones. Con esto, los comerciantes, fabricantes e importadores deberán acreditarse a las Fuerzas Armdaspara incluirse en este mercado, ségun Primicias. (N.J.C)

Los requisitos para portar armas

Las universidades se opusieron

Seis universidades del Ecuador expresaron su rotundo rechazo frente a la autorización del porte de armas para uso civil de Lasso.

La academia advierte que este es un gran error del Gobierno Nacional y que lo único que logrará es agudizar los conflictos y la violencia en el país. Además, exigen al Ejecutivo inmediatamente esta decisión y formular verdaderas políticas para garantizar la seguridad y promover un ambiente social de convivencia. (N.J.C)

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El anuncio lo hizo Henry Cucalón, ministro de Gobierno, la tarde de este miércoles tras arribar al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela, Quito). El funcionario estuvo acompañado por con el senador estadounidense y el canciller Juan Carlos Holguín.

Según explicó, en la reunión programada para este jueves estarán presentes Luis Lara, ministro de Defensa, y Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública. Los puntos a ser abordados en este encuentro, además de los mencionados, serán «democracia, libertad, igualdad de oportunidades y a prosperidad».

«No es fácil enfrentar estas redes criminales transnacionales, que tienen apoyo internacional, es difícil. Pero sabemos qué pasa con los países que no lo hacen; lo que pasa es que pierden su soberanía«, manifestó el senador Marco Rubio.

¿En qué consiste la colaboración del gobierno de EE.UU., según el senador?

Según el funcionario estadounidense, su país pretende colaborar con equipos, entrenamiento y tecnología, para contrarrestar el azote del narcotráfico en Ecuador.

Rubio explicó que combatir la inseguridad es clave para afianzar las relaciones comerciales entre ambas naciones.

«Nadie va a querer invertir en un país donde tienen preocupación sobre el sistema jurídico, sobre si las cortes van a respetar los contratos y arreglos comerciales. Y no van a invertir en países donde la criminalidad se ha apoderado de territorios e incluso ha comprometido a oficiales y demás«, explicó el senador.

Por otro lado, el canciller Juan Carlos Holguín expresó que en la reunión de este jueves también se tratarán temas de materia comercial, para generar puentes que posibiliten la llegada de más bienes y servicios de Ecuador hacia Estados Unidos.

JR

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No podrá asentar el pie izquierdo y usará silla de ruedas durante las próximas tres semanas, afirmó el mandatario en las últimas horas.

El presidente recibió a sus subalternos

Lasso se accidentó en su domicilio el viernes por la mañana. Hecho que le impidió desarrollar su agenda con normalidad. El mismo día, a las 16:00 fue internado en una clínica de Samborondón donde se sometió a una cirugía.

Esa tarde recibió las visitas de algunos autoridades, entre ellos el vicepresidente de la república, Alfredo Borrero, y el ministro de Defensa, Luis Lara.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aseguró que tras ser intervenido quirúrgicamente (por cuarta ocasión en dos años) “seguirá atendiendo todas las tareas propias de jefe de Estado” desde su domicilio.

El historial de intervenciones médicas de Lasso

Lasso registra previamente tres intervenciones médicas desde que está en su cargo. Desde 2013, el presidente ya tenía una fractura en su pierna. Ese año sufrió un accidente en España en el que se fracturó la tibia y el peroné.

En su historial médico también figura una operación de complejidad media en su columna vertebral, efectuada en los EE.UU. Esto ocurrió en 2021.

En 2022, fue intervenido quirúrgicamente y se le detectó la existencia de un melanoma. La salud del mandatario no ha sido la más óptima desde entonces.

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La Comisión que investiga el caso «El Gran Padrino» solicitó estas bitácoras como parte de la investigación del supuesto entramado de corrupción en las empresas públicas, que estaría encabezada por el cuñado de Lasso, Danilo Carrera.

La presidenta de la comisión, Viviana Veloz, indicó que estos documentos no tiene carácter reservado, secreto o secretísima. También explicó que es «inconsebible» que el Gobierno se niege a entregarlos.

«Esta información es de carácter público, no pueden escudarse que es reservada. Solo los gabinetes de seguridad pueden ser considerados como secretos», mencionó Veloz.

La comisión cerrará las comparecencias este 15 de febrero de 2023 y la discusión del informe se realizará el 22 de febrero.

Sin embargo, ni Lasso ni Carrera se presentaron ante la mesa para rendir su versión. De hecho, el mandatario prefirió presentarse en la condecoración del vicepresidente Alfredo Borrero, por su «gran mérito», que acudir al llamado.

Más pedidos de información

Pedro Zapata, otro miembro de la comisión, explicó que solicitaron información al SRI y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre movimientos inusuales de Carrera; el exgerente de EMCO, Hernán Luque y Rubén Chérres principales sopechosos de este entramda de corrupción.

Además, mencionó que la Superintendencia de Compañías entregó información sobre la creación de nueve empresas relacionadas con los implicados con un capital de USD 800 en julio de 2021.

Delitos por los que serían inculpados

En este caso, la Fiscalía investiga los delitos de supuesta concusión, cohecho, lavado de activos y delincuencia organizada. Asimismo comentó que la Asamblea puede establecer responsabilidades políticas a los funcionarios supuestamente implicados, según El Comercio. (N.J.C)

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Tras la información filtrada sobre la alianza de militares, incluyendo oficiales de la Armada del Ecuador con cárteles del narcotráfico, Ordóñez aclaró que se trata de una «acumulación» de varios casos y no de un solo informe.

“No existe ese informe en realidad. Hago un seguimiento sobre el análisis de inteligencia e investigación policial y militar, lo que se menciona es una acumulación de casos, no es que de pronto surgió un grupo de FF.AA que están al servicio del narcotráfico”, dijo en entrevista para Ecuavisa.

Los marinos y el narcotráfico

Según fuentes de inteligencia de Ecuador y Colombia, existe una presunta relación entre miembro de la Armada con el narcotráfico. Los uniformados habrían sido reclutados por la columna de Urías Rondón, socio del cártel de Jalisco, y el Frente Oliver Sinistierra, socio del cártel de Sinaloa, según reportó Primicias.

Los militares involucrados en esta red se encargaban de transportar cocaína, simulando que hacen encargos institucionales. También vendían información sobre los operativos que realizaban en los esteros y el mar para evitar decomisos de combustible.

Alianzas con las organizaciones criminales

Las autoridades informaron que 43 marinos en servicio activo y pasivo presentaron nexos con bandas criminales. Los marinos serían parte clave para robos, tráfico y venta de armas y municiones. Algunos formarían parte de la banda Los Chone Killers, según Informes de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas.

El ministro de Defensa, Luis Lara, altos mandos militares y la Unidad de Inteligencia de la Policía informaron que los involucrados trabajan en distintas partes de la Costa.

“La política de cero tolerancias a la corrupción anunciada desde mi cartera constituye una prioridad para el jefe del Comando Conjunto y los comandantes de las Fuerzas, que deben generar informes periódicos sobre del estado de cada uno de los casos de corrupción, tanto en el aspecto militar como en los procesos judiciales”, expresó Lara. (A.G.M).

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«Exigimos que el Gobierno Nacional asuma la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza. […] Al mismo tiempo la renuncia del ministro del Interior y Defensa. Que sean llamados a juicio por la Asamblea Nacional», dice el comunicado.

También extienden su agradecimiento a la guardia indígena y solicitan que las filiales de la Confenaie fortalezcan sus guardias indígenas.

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«La democracia del Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que permiten la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos. Las acciones de grupos violentos, cuyo único objetivo es crear el pánico agrediendo y extorsionando a las empresas, instituciones y autoridades».

«Las FF.AA miran con profunda preocupación la manipulación de la protesta social, el crecimiento de la violencia por parte de quienes han rechazado el diálogo, principio fundamental de la convivencia en libertad y democracia para intentar imponer al Estado sus peticiones».

Relación con el narcotráfico

Lara dice que las acciones coinciden con las acciones narcotraficantes y el crimen organizado. estas acciones van más allá de la protesta ciudadana. Se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia.

«Las Fuerzas Armadas no permitirán que se rompa el orden constitucional. Quiero ser enfatico en selakar que la protesta social es legítima, siempre y cuando no atenten con los derechos de la mayoría de personas que quieren trabajar, educar a sus hijos, producir y moverse».

Lara habló sobre octubre del 2019 y comparó la situación. «Ya no procede la excusa de que hay infiltrados que realizan destrozos, agreden periodistas y ciudadanos desarmados. Es evidente que actúan con consentimiento de quiénes arman la movilización». MIB

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