El proyecto del consejero Verdesoto propone que dentro de los gastos de campaña electoral, se incluyan a las redes sociales. Por ello, dijo que el monto no podrán ser mayor al 15% de los fondos de campaña que asignan a cada candidatura. Los ciudadanos podrán publicar en redes sociales, pero no podrán pagar promoción o publicidad a favor de un candidato o de una organización política.

Una de las propuestas del proyecto radica en controlar la difusión de noticias falsas. También a la publicación de contenidos que inciten a la violencia o al odio. Para ello, Verdesoto planea enviar la legislación nacional vigente, a las sede de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o Youtube. Serán los ejecutivos de estas redes quienes detecten y congelen las llamadas fake news o las comunicaciones ofensivas. Esto lo dijo a pesar que, según el Código de la Democracia, las redes sociales no son medios digitales.

Noticias falsas

La detección de noticias falsas en la red estaría a cargo de organizaciones de la sociedad civil. Verdesoto explicó que estas organizaciones deben tener amplia experiencia en el tratamiento de información, de preferencia ONG´s. No dio detalles acerca de qué requisitos tendrán que cumplir para que puedan calificarlas. Pero, eso sí, mencionó que el propósito es supervisar las redes públicamente durante el periodo de campaña electoral.

Los medios digitales calificados por CORDICOM no podrán emitir, por cuenta propia o por servicio contratado, contenidos que atenten contra los derechos humanos y la dignidad de las personas. También las organizaciones políticas solo podrán usar los fondos designados por el CNE para pagar sus gastos electorales en publicidad digital. (DR)

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En el documento anexo a la publicación informa que Luis L. director de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene 34 causas registradas en el Consejo de la Judicatura. Entre las causas se encuentran: abuso de confianza, estafa y falsificación de documentos públicos.

Además, una pena de prisión por el delito de falsificación de instrumento público y el de utilización dolosa de documento falso. Pena de nueve años, de los cuales el acusado pasó dos años, dos meses y veintisiete días. Hasta una rebaja de pena en el año 2015. Además de inconsistencias en el proceso de contratación en el CNE.

Entre los 33 sospechosos de tráfico de influencias, figura el nombre del cura José Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Después de la audiencia de formulación de cargo, 29 personas quedaron con prisión preventiva y cuatro con medidas sustitutivas.

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