Peña fue separado de las filas correístas tras votar a favor del informe de la Ley urgente de Economías Criminales impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, en contra de la línea definida por su bloque.

Este incidente expone tensiones profundas dentro de RC. Enfrentan lealtades partidistas con criterios técnicos legislativos. Esto pone bajo la lupa el centralismo en la toma de decisiones de la principal fuerza opositora.

La bancada de la Revolución Ciudadana anunció la expulsión de Sergio Peña, acusándolo de “traicionar” los principios del movimiento. El legislador quedó aislado de sus excolegas tras apoyar el proyecto gubernamental contra las economías criminales.

Un voto “traidor” y la expulsión inmediata de Peña

El 29 de mayo de 2025, la bancada de RC oficializó la expulsión inmediata de Sergio Peña tanto del bloque legislativo como del movimiento político. En un comunicado público, la dirigencia acusó al asambleísta de “mentir al país” y “traicionar nuestros principios”, señalando que “no tolerará actos de deslealtad” dentro de sus filas. “A las manzanas podridas se las separa de las íntegras”, sentenció el pronunciamiento, en el que RC tildó la actuación de Peña como un episodio de oportunismo y afirmó que la medida responde a una “responsabilidad política ineludible”. La bancada advirtió incluso un proceso de “depuración interna” frente a quienes se aparten del proyecto político, reafirmando que la ética y coherencia con los principios fundacionales son innegociables.

La decisión llegó apenas horas después de un agrio cruce público entre Peña y la excandidata presidencial Luisa González, máxima directora de RC. González había cuestionado duramente el sentido del voto de Peña en la Comisión de Desarrollo Económico, donde él respaldó el informe para primer debate de la Ley de Economías Criminales a pesar de que la directiva del bloque había resuelto abstenerse en esa instancia.

Según reveló el propio Peña, tres días antes la orden interna de RC fue “votar en contra” del informe del Ejecutivo, marcando una postura de rechazo total a la iniciativa gubernamental. Sin embargo, en la sesión del 27 de mayo, Peña se desmarcó: votó a favor del texto, convencido de que varias de sus observaciones técnicas habían sido incorporadas durante el trámite en comisión. Este sorpresivo apoyo al proyecto de Noboa fue interpretado por sus compañeros como una “traición insalvable” a la línea partidista.

La Ley de Economías Criminales: contenido y puntos polémicos

El proyecto que detonó la controversia es la Ley para Combatir las Economías Criminales, calificada como urgente por el Ejecutivo en medio de la creciente inseguridad. Oficialmente denominada “Ley de Solidaridad Nacional” en la Asamblea, esta iniciativa busca enfrentar las finanzas del crimen organizado mediante alianzas Estado-empresa privada y reformas legales de gran alcance.

Uno de sus ejes permite que el sector privado done hasta el 30% del Impuesto a la Renta en forma de insumos, equipos y bienes para respaldar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la lucha contra las mafias. Estos aportes requerirían autorización del Ministerio del Interior o de Defensa, según corresponda, y valoración del Servicio de Rentas Internas para aplicar el beneficio tributario. La propuesta busca “la unión y trabajo conjunto entre el Estado y la empresa privada para enfrentar al crimen organizado”, explicó la asambleísta oficialista Valentina Centeno al defender el espíritu de la ley.

No obstante, la atención pública se ha centrado en el componente penal del proyecto, que trae reformas polémicas. Por un lado, se tipificaría como delito la pertenencia a bandas de delincuencia organizada, más allá de la comisión directa de crímenes, con penas que superarían los 25 años de prisión aun si no hay evidencia de delitos específicos. Adicionalmente, el texto impulsa reglas más estrictas contra quienes provoquen “disturbios y terrorismo” en las calles, lo cual ha despertado alertas sobre potencial criminalización de la protesta social.

En la versión original del Ejecutivo se proponía crear jueces especiales para un supuesto “conflicto armado interno” y limitar a solo 15 días las investigaciones de estos casos; pero en comisión se eliminaron los nuevos jueces y se amplió el plazo investigativo a 90 días, atendiendo observaciones de juristas que exigieron procesos más robustos.

Igualmente, se incorporó de forma explícita el respeto a los tratados de Derechos Humanos en los principios de la ley, para prevenir que las nuevas facultades se presten a perseguir a periodistas, políticos u opositores bajo el pretexto de combatir el crimen. Estos ajustes, introducidos en pocos días de trabajo técnico, moderaron algunas de las aristas más duras de la iniciativa original. Aun así, el proyecto en su conjunto ha sido comparado con estrategias de mano dura al estilo Bukele y genera preocupación en sectores garantistas. Revolución Ciudadana, principal bancada opositora, adelantó reparos de fondo: temía que la ley atentara contra derechos y consolidara una agenda punitivista del gobierno. En consecuencia, el bloque correísta condicionó su apoyo a incorporar cambios y en un inicio definió que ninguno de sus miembros debía respaldar el informe hasta que sus observaciones fueran plenamente atendidas.

Entre lealtad partidista y criterio técnico de Peña

Sergio Peña, abogado especializado en derecho tributario y novato en la legislatura, decidió romper la disciplina partidaria argumentando razones técnicas. Tras su polémico voto favorable en comisión, Peña defendió que “la oposición debe ser propositiva” y no oponerse por mero cálculo político: “¿Oponerse por oponerse? No, gracias” replicó, insistiendo en que actuó con criterio propio de profesional.

Según explicó, la Comisión de Desarrollo Económico sí acogió varias de sus propuestas de cambio al documento – como las garantías de derechos y la no generalización de la prisión preventiva – por lo cual consideró técnicamente válido dar paso al debate en el Pleno “Mis observaciones sí fueron acogidas. La prisión preventiva ya no se vuelve una regla general (como quería el Ejecutivo), volvimos a una prisión preventiva excepcional pero eficaz en casos puntuales”, detalló Peña para ilustrar que su intervención mejoró el proyecto.

Desde su perspectiva, impedir incluso el primer debate de una ley necesaria para combatir al crimen habría sido irresponsable. “Creo que pensar diferente, o pensar dentro del partido, es una traición para ellos (la dirigencia correísta)”, lamentó el legislador refiriéndose a sus excolegas Su posición es que la bancada RC no puede caer en un obstruccionismo sistemático, sino ejercer una oposición firme pero abierta a acuerdos técnicos en beneficio del país.

La cúpula de RC vio los actos de Peña bajo otra luz.

Luisa González señaló que el voto de Peña “no corresponde al criterio técnico, legal y constitucional analizado” previamente por el bloque y, peor aún, contradijo la decisión colectiva tomada internamente. En otras palabras, insinuó que no hubo nada técnico en la postura de Peña, sino un desmarque inconsulto.

Para la dirigencia correísta, el asambleísta faltó a la lealtad colectiva y a los principios progresistas con los que fue electo. De hecho, en el comunicado de expulsión RC subrayó la “contradicción” entre el discurso de campaña de Peña (alineado al progresismo correísta) y sus votos recientes en temas clave. La bancada incluso sugirió que Peña “mintió” a sus electores y puso sus intereses personales por encima del mandato popular.

Detrás de estas afirmaciones subyace la sospecha de que Peña pudo haber sido “cooptado” por el oficialismo, teoría alimentada por algunos hechos: el partido de gobierno (Acción Democrática Nacional, ADN) había propuesto a Peña para puestos clave en el Parlamento – primero como vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego como miembro de la Comisión de Ética – lo cual generó recelos entre los propios correístas.

De hecho, RC se negó a apoyarlo para integrar el CAL, y solo gracias a los votos de ADN, Pachakutik y otros independientes, Peña logró ser elegido al Comité de Ética legislativo. Este inusual respaldo cruzado profundizó la percepción de que actuaba alineado con el gobierno. “Su verdadera lealtad nunca fue con el pueblo que lo eligió, sino con sus intereses personales”, llegó a afirmar RC en su misiva de expulsión, reflejando el quiebre total de la confianza.

Por otro lado, cabe la pregunta, ¿La RC puede sostener alianzas?

No es un caso aislado

Figuras prominentes como Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, han expresado su descontento con la dirección actual del movimiento. En sus redes sociales, Aguiñaga afirmó: «Duele ver en lo que están convirtiendo a la Revolución Ciudadana. El movimiento que construimos con compromiso y esperanza, que fue la primera fuerza política del país, hoy se diluye entre egos e imposiciones».

Asimismo, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha tenido desencuentros públicos con el expresidente Rafael Correa. La tensión escaló cuando Correa criticó al abogado defensor de Álvarez en el caso ‘Triple A’, calificando de «vomitivo» que Ramiro García diera «clases de moral y ética profesional». Álvarez respondió que el comentario era «totalmente innecesario» y una «falta de respeto».

Estos eventos reflejan una crisis de liderazgo y una falta de apertura al debate interno en la RC. La expulsión de Peña por ejercer su criterio técnico y las críticas de Aguiñaga y Álvarez sugieren que el movimiento está priorizando la lealtad ciega sobre la deliberación democrática. Para mantenerse relevante y eficaz, la RC debe fomentar un ambiente donde el pensamiento crítico y la autocrítica sean valorados y no castigados.

Reacciones en el correísmo: unidad vs. pensamiento crítico

La sanción a Peña puso al descubierto fracturas dentro de la propia RC, con reacciones diversas de sus figuras principales. El expresidente Rafael Correa, líder máximo del movimiento (residente en Bélgica), respondió con dureza ante la polémica. En un mensaje publicado en X (Twitter),

Correa tildó a Peña de “vulgar oportunista e impostor” y le exigió que renuncie a su cargo de asambleísta: “Si eres tan ‘digno’, ¿por qué no renuncias a la curul, que sería lo moralmente correcto?” increpó el exmandatario. Correa dejó entrever que para él el caso estaba cerrado con calificativos personales, rematando: “No eres el primero ni serás el último sinvergüenza que nos topemos en el camino”.

La línea dura de Correa dejó claro que, desde la cúpula, no hay tolerancia para quien se aparte del libreto. Es más, el exgobernante sugirió que si Peña tuviera decencia política debería dejar la curul obtenida gracias a RC, devolviendo así la dignidad al movimiento traicionado.

Luisa González respaldó la expulsión enfatizando la necesidad de cohesión.

González había sido la primera en alzar la voz tras el voto disidente de Peña, publicando un comunicado el mismo 27 de mayo. En él advirtió que la actuación de Peña “no corresponde al criterio técnico, legal, constitucional analizado” ni a la resolución tomada en bancada, visibilizando la indisciplina. Sus palabras provocaron la inmediata respuesta desafiante de Peña en redes (“soy un profesional con criterio propio”, “¿Oponerse por oponerse? No, gracias”), lo que a su vez escaló el conflicto. Tras consumarse la expulsión, González habría apoyado internamente la decisión como una muestra de firmeza ejemplarizante para el resto de legisladores: en RC las directrices se siguen, so pena de ser tachado de “traidor”.

Sin embargo, no todo fue unanimidad dentro del correísmo. La reacción de Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas y destacada dirigente histórica de RC, evidenció malestar con la línea dura. Aguiñaga, quien ha marcado cierta distancia con la cúpula en meses recientes, criticó abiertamente la situación: “Esto ya no se parece al proyecto colectivo que defendimos”, lamentó, exhortando a que “la RC debe reaccionar” y corregir el rumbo.

En un mensaje difundido en redes, la prefecta advirtió que el movimiento “hoy se diluye entre egos e imposiciones”, deplorando lo ocurrido con Peña y el curso que ha tomado la organización que ella, Correa y otros fundaron años atrás. Sus declaraciones públicas, inusuales por provenir de una figura de alto perfil del movimiento, reflejan una corriente crítica interna preocupada por el sectarismo.

Aguiñaga llegó a decir que prefiere ser “la oveja negra de la RC antes que callar mi voz”.

tomando distancia de posturas como la denuncia de supuesto fraude electoral que Correa y González enarbolaron tras perder las elecciones presidenciales de 2025.

La postura de Aguiñaga recibió inmediata réplica de Peña en tono irónico: el ex-RC le advirtió que “tenga cuidado con lo que expresa; no vaya a ser que los caciques del movimiento lo lean y le acusen de traición por expresarse con objetividad”. Tal intercambio público entre correístas evidenció el nivel de tensión interna. Acto seguido, ese cruce desató la ya mencionada reacción de Correa, quien salió en defensa de la “compañera” Aguiñaga a la vez que arremetió contra Peña llamándolo oportunista e instándole a dimitir.

En pocas horas, la disputa interna de RC quedó expuesta ante el país: de un lado, la cúpula correísta cerrando filas y calificando a Peña de “manzana podrida” que había que sacar del canasto; del otro, voces dentro del movimiento pidiendo autocrítica por el rumbo que se está tomando.

Incluso dentro del bloque legislativo correísta hubo matices.

La asambleísta Patricia Núñez declaró ese mismo 29 de mayo que en RC “no se obliga” a votar según órdenes de los líderes, aunque reconoció que existe un buró político que delinea las posturas en temas importantes. Núñez consideró que “no era necesario llegar a extremos” como la expulsión y que aún cabía diálogo con Peña, a quien excusó por ser “un compañero nuevo que debe irse acoplando”.

Sus palabras sugieren que algunos en RC hubieran preferido manejar el desacuerdo internamente y con más tolerancia. No obstante, otros dirigentes fueron inflexibles: Jahiren Noriega, también de RC, sentenció que le “tenía sin cuidado” si Peña se iba, afirmando que “un voto más o un voto menos no suma si esa persona no hace política desde los principios y no está alineado a la ética de la organización”. Este contraste de opiniones revela un debate soterrado en el movimiento entre quienes priorizan la unidad monolítica y quienes abogan por dar espacio a criterios propios sin romper la cohesión básica.

¿Oposición constructiva o sectarismo? Análisis y perspectivas

El caso Sergio Peña trasciende la anécdota personal y se interpreta como síntoma de desafíos mayores para la Revolución Ciudadana. Por un lado, deja al bloque correísta con 65 curules en la Asamblea, disminuyendo su capacidad numérica frente a la bancada oficialista de ADN y sus aliados.

En términos prácticos, la salida de Peña – ahora declarado independiente – beneficia ligeramente al gobierno, que ve debilitado al principal bloque opositor. Pero más allá de los números, la controversia ha reavivado cuestionamientos sobre el modelo de conducción interna de RC.

No son pocos los analistas que advierten que el movimiento fundado por Correa podría seguir el camino del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) si no se renueva internamente. El propio Peña vaticinó, al romper con sus excolegas, que “si no hay recambio en el correísmo, le pasará lo mismo que al PRE, que se extinguió”.

La referencia no es menor

El PRE de Abdalá Bucaram fue en los 90 una fuerza populista dominante que, tras años de caudillismo y falta de relevo, terminó desintegrándose.

Hoy, la RC se enfrenta a dilemas similares. ¿Puede un movimiento político sobrevivir sin apertura al disenso interno? Varios politólogos sugieren que es hora de una reflexión profunda. El analista Jacobo García señala que RC deberá “recomponer su estructura interna y recuperar la confianza de su militancia” tras esta crisis, lo cual exige apertura al debate, inclusión de nuevas voces y renovación de su liderazgo.

En su criterio, sería sano permitir una disputa interna democrática – por ejemplo, en la elección de sus autoridades o definición de estrategias – en vez de seguir con un “control remoto” ejercido desde el extranjero, pues “será insostenible” manejar el movimiento a distancia bajo un esquema tan centralizado.

No es un secreto que RC es comandada desde Bélgica por Rafael Correa.

mientras figuras como Luisa González o Andrés Arauz actúan como voceros locales del líder. Esta verticalidad, que en tiempos de cohesión garantizó disciplina, podría convertirse en el talón de Aquiles si ahoga todo atisbo de pensamiento crítico interno.

En la misma línea, otros expertos apuntan que la reacción punitiva contra Peña puede tener un efecto contraproducente. El politólogo Javier Vera advierte que los movimientos con estructuras muy cerradas ven estallar sus conflictos desde dentro si no los gestionan con transparencia. La salida abrupta de disidentes hacia las filas del gobierno – como la posible incorporación de exmilitantes correístas al gabinete de Noboa, que ya se rumora– puede debilitar al correísmo más de lo que fortalece al oficialismo.

Además, para una parte del electorado de Noboa que votó contra Correa, ver a antiguos cuadros correístas en cargos estatales sería una “contradicción” incómoda si no se explicitan acuerdos. Esto sugiere que la estrategia gubernamental de cooptación también conlleva riesgos de deslegitimación si no se maneja con cuidado.

El terremoto político en RC podría reconfigurar el equilibrio de la oposición y el oficialismo en formas inesperadas.

Mientras tanto, Sergio Peña asiste a las sesiones plenarias desde una nueva ubicación: su curul fue reubicada lejos de sus excolegas correístas y más cerca de la bancada de ADN. El alejamiento físico simboliza su ruptura política “de raíz”. Peña ha ratificado que actuará como independiente “propositivo” y no descarta apoyar u oponerse a iniciativas gubernamentales según su mérito técnico, sin alineamiento automático.

Incluso aclaró que su voto favorable al primer informe de la Ley de Economías Criminales “no es un cheque en blanco” y que, de no incluirse mejoras adicionales en el texto para el segundo debate, votará en contra de la versión final. Con ello, busca subrayar que su lealtad última es a sus principios técnicos y a sus electores, no a banderas ciegas.

El episodio de Sergio Peña ha abierto un necesario escrutinio sobre la forma en que la oposición ejerce su rol en Ecuador.

¿Debe la Revolución Ciudadana replantear su estrategia parlamentaria, pasando de la negación sistemática a un opositor técnico propositivo como Peña sugiere? ¿O corre el riesgo de aislarse en un núcleo duro cada vez más pequeño? Las voces críticas dentro y fuera del movimiento señalan que la intolerancia al disenso y el excesivo centralismo pueden minar la vitalidad de RC a largo plazo.

Por el contrario, una apertura controlada al debate interno y la renovación podría fortalecerla como opción política moderna. El camino que tome RC en respuesta a esta crisis marcará su destino: o bien la consolidación como una oposición madura capaz de incidir con propuestas técnicas, o el ahondamiento de su fractura sectaria que podría hacer realidad la profecía de extinguirse como los viejos partidos del pasado.

En última instancia, la expulsión de Sergio Peña ha puesto a la Revolución Ciudadana frente al espejo de su propio proyecto político: uno que nació prometiendo participación y pensamiento crítico, y que hoy debe decidir si esas premisas tienen cabida puertas adentro.

Por Rafael Rubio Rubio

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Las elecciones se desarrollaron en un ambiente de crisis institucional, con 11 estados de excepción declarados en 2024 y una escalada de violencia atribuida a grupos criminales. La provincia de Guayas concentró el 25% de los casos, seguida por Manabí (26%) y El Oro (8%). Los hombres fueron las principales víctimas (75%), aunque la violencia contra mujeres incluyó agresiones simbólicas basadas en estereotipos de género, como la sexualización (46.5% de los casos) y deslegitimación de su liderazgo.

Entre las víctimas de asesinatos registró 14 líderes políticos, un líder de opinión, 21 funcionarios públicos, cuatro miembros de la Fuerza Pública, un exfuncionario público y cinco víctimas colaterales. El informe también señala que, pese a la militarización, el 58% de las agresiones ocurrieron durante el período electoral, incluida la primera y segunda vuelta.

Violencia de género y discursos de odio

El documento destaca que la violencia política por razones de género se intensificó, con 44 casos documentados, principalmente contra candidatas. Luisa González, figura prominente, lideró el porcentaje de agresiones en su contra. Además, se identificaron discursos discriminatorios en redes sociales, especialmente contra la comunidad afrodescendiente e indígenas, como el caso de los «Niños de las Malvinas», cuyas muertes fueron instrumentalizadas con narrativas racializadas.

Recomendaciones incumplidas y desafíos

El OCVP alertó sobre el incumplimiento del 60% de las recomendaciones clave tras las Elecciones de 2023, como la reforma al Código de la Democracia y políticas efectivas de seguridad electoral. Aunque se implementaron operativos como el Plan Fénix, persisten vacíos en la protección de candidaturas y el control del financiamiento político.

El informe concluye con un llamado a autoridades, partidos y sociedad civil a priorizar acciones que fortalezcan la democracia, combatan la desinformación y aseguren condiciones equitativas para la participación política.

Aquí el informe:

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CNE no podrá proclamar resultados oficiales

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmó que, a través de Secretaría General del organismo, se han recibido formalmente cuatro reclamaciones, las cuales se encuentran en proceso de verificación. Una reclamación no fue dada a trámite, de acuerdo con la auditora del movimiento RETO. «Cada reclamación ha sido ingresada con un conjunto de actas específicas. Una vez hecho el registro, se dispone a las áreas técnicas y jurídicas del CNE a realizar la revisión respectiva. Posteriormente, se entregará un informe que servirá de insumo clave para el pronunciamiento del Tribunal», señaló la presidenta del CNE en declaraciones oficiales.

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Las reclamaciones presentadas por la alianza de la excandidata presidencial, Luisa González, detallan:

• 343 actas presentan supuestas inconsistencias en las firmas.
• 171 actas carecerían de la firma del secretario de mesa.
• 780 actas no contarían con la firma ni del presidente ni del secretario.
• 435 actas registrarían inconsistencias numéricas en los resultados.

En total, las denuncias apuntan a 1.875 actas que, de acuerdo con los denunciantes, podrían afectar la transparencia y legalidad del proceso electoral. El excandidato vicepresidencial, Diego Borja, aseguró a este medio que las observaciones en los informes de las misiones internacionales dan cuenta de un gobierno ilegítimo de Daniel Noboa, ante los resultados que aún no han sido proclamados por el CNE. Asimismo, confirmó que no existe tal falta de respaldo a Luisa González por los pronunciamientos de los prefectoss de Pichincha, Manabí y Guayas y de los alcaldes de Quito y Guayaquil, quienes reconocieron los resultados electorales del pasado 13 de abril.

Atamaint anunció que el CNE ya ha activado los mecanismos técnicos y jurídicos para la revisión detallada de cada una de las actas señaladas, y que una vez concluido el análisis, se entregará un informe técnico al pleno del TCE para resolver las reclamaciones.“La institucionalidad democrática debe actuar con responsabilidad. Estamos cumpliendo con los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso”, aseguró.

Reacciones internacionales

Las inconsistencias detectadas han generado inquietud en diversos sectores políticos y sociales, que exigen claridad y celeridad en la revisión. Desde RETO-RC se insiste en que los errores y omisiones podrían alterar los resultados en varios territorios, por lo que solicitan la verificación inmediata y, de ser necesario, la repetición del sufragio en las zonas afectadas. Asimismo, los presidentes de México y Colombia han respaldado el pronunciamiento de Luisa González sobre sus dudas en la transparencia del proceso electoral.

Casi tres meses después, el Tribunal Contencioso Electoral sesionará este 1 de mayo para resolver las denuncias de infracción electoral presentadas por los movimientos Unidad Popular, PSC y PSE en contra del presidente-candidato Daniel Noboa en primera vuelta. Las acciones de inconstitucionalidad se refieren a la licencia para hacer campaña aelectoral que el primer mandatario no solicitó a la Asmablea Nacional, la designación de Cynthia Gelllibert como vicepresidenta y encargo de la presidencia por días, y el uso de recursos públicos que habrían sido usados para fines electorales.

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Quito, 19 abr (La Calle).- El gobierno alertó un supuesto plan para asesinar al presidente Daniel Noboa, coordinado por sicarios trasladados desde México, en lo que calificó como una estrategia de «grupos criminales y sectores políticos derrotados en el balotaje» para desestabilizar al país.

La denuncia, difundida mediante un comunicado del Ministerio de Gobierno titulado «La venganza de los malos perdedores», asegura que las Fuerzas Armadas detectaron, mediante inteligencia, la preparación de ataques terroristas contra Noboa y otros funcionarios del gabinete. Sin embargo, el documento no presentó pruebas concretas de estas amenazas, pues hubo una presunta filtración de informes confidenciales.

Horas antes, la candidata presidencial Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, había presentado un informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA que señaló «irregularidades» durante el proceso, incluida la transferencia de tinta en papeletas debido a su diseño simétrico, lo que habría provocado la anulación de votos. González, quien obtuvo el 44.4% de los sufragios frente al 55.6% de Noboa, denunció un «megafraude» y aseguró que impugnará los resultados: «Robaron más de un millón de votos. Noboa usó fondos públicos en campaña y repartió bonos para comprar conciencias», afirmó.

Reacciones

El expresidente Rafael Correa respaldó las críticas, tildando de «ridícula» la acusación de magnicidio. «Es la estrategia de la ‘caja china’: inventan un escándalo falso para tapar el fraude. Vean la película La dictadura perfecta«, escribió en redes sociales. Por su parte, González denunció persecución política tras la retención de un consultor de su campaña por parte de Migración, incidente en el que, según ella, agentes intentaron confiscar sus dispositivos electrónicos «bajo órdenes del régimen».

«Alerta máxima»

El comunicado gubernamental, que prometió «responder con toda la fuerza del Estado», detalló que se activaron protocolos de seguridad máxima. Mientras tanto, usuarios en redes sociales cuestionaron la veracidad de las alertas, calificándolas de «falsos positivos» para justificar una eventual restricción de libertades.

La tensión se agrava ante el informe de la OEA, que también cuestionó la falta de neutralidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la campaña, destacando ventajas logísticas para Noboa. Pese a ello, el organismo validó los resultados, lo que la oposición atribuye a presiones del Ejecutivo. Con el país dividido y sin diálogo entre las partes, Ecuador enfrenta una crisis política que podría escalar hacia protestas masivas o intervenciones institucionales.

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Noboa reconoció que la diferencia de once puntos porcentuales lo sorprendió: «No teníamos proyectada esa ventaja, pero la estrategia de captar votos indecisos al final funcionó«, dijo en entrevista a CNN. Además, desestimó las acusaciones de fraude de su rival, señalando que «el resultado está claro» y atribuyó su aislamiento a que González «se quedó sola».

Licencia de campaña y tensión legislativa

Sobre la polémica por no ceder la Presidencia durante la campaña, Noboa defendió el uso de una figura legal de licencia temporal avalada por el CNE. Respecto a la Asamblea, criticó a Viviana Veloz, presidenta del Legislativo por usar el cargo para «atacar al Ejecutivo». No obstante, se mostró optimista: «Con pactos puntuales, estamos cerca de lograr mayoría. En política latinoamericana, todo es posible».

El mandatario destacó el ascenso de su partido, ADN, como una alternativa renovadora frente a los tradicionales. «Llegamos con un proyecto fresco y directo que conectó con el deseo de cambio», afirmó. De igual manera dijo que su victoria «no refleja un voto anticorreísta, sino de correístas desilusionados», consolidando un respaldo del 30% del electorado.

Relación con Trump y distanciamiento de Bukele

Noboa confirmó que invitará a Donald Trump a su toma de posesión y destacó su reunión privada en marzo: «Fue una buena conversación para afianzar planes». Sobre los aranceles del 10% a productos ecuatorianos, minimizó su impacto y celebró que Ecuador haya salido de la lista prioritaria de deportaciones de EE.UU.

Aunque admitió similitudes con líderes como Nayib Bukele, aclaró: «No seguimos manuales ajenos. Ecuador tendrá un estilo propio: el estilo Noboa»

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Los denunciantes señalan que durante la segunda vuelta electoral se presentaron alteraciones de última hora en los recintos electorales, el uso arbitrario de recursos estatales con fines proselitistas y la «suspensión injustificada» del sufragio de miles de ecuatorianos residentes en el exterior.

Además, se denunció la exclusión deliberada de veedurías internacionales, lo que ha generado incertidumbre sobre la integridad del proceso. Según las fuentes, estas prácticas, sumadas a la imposición de un estado de excepción en algunas provincias históricamente combativas, configuran una estrategia para establecer un régimen de control y represión.

La perspectiva de organismos internacionales y la oposición

El organismo internacional de supervisión, representado por la misión de la Unión Europea y por declaraciones de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), señalaron que, a pesar de algunos detalles aislados, los recuentos oficiales reflejaron la voluntad popular. Sin embargo, la candidata Luisa González no reconoció los resultados, advirtiendo «el fraude electoral» y exigió que se abran las urnas.

En respuesta a la situación, CELAC hizo un llamado urgente a la movilización popular y a la resistencia contra lo que consideran un retroceso en los principios democráticos. «Desde las calles y a través de medios internacionales se pide el respaldo de los pueblos latinoamericanos y del mundo para defender la soberanía y la dignidad de los ciudadanos ecuatorianos», dijo la CELAC en un comunicado.

AAJ denuncia un supuesto fraude

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) alertó sobre graves irregularidades y un fraude estructural en el proceso electoral ecuatoriano del 13 de abril de 2025. Cuestionó la legitimidad de los comicios al señalar que el presidente Daniel Noboa incumplió el Código de la Democracia al no solicitar licencia para candidatearse, usando su cargo para intervenir en campaña con recursos públicos, violar el silencio electoral y permitir la participación de funcionarios en actos proselitistas.

Durante la jornada, se reportaron cierres anticipados de centros de votación, cambios de último momento en 24 recintos (impidiendo votar a miles) y la exclusión de más de 10.000 ecuatorianos residentes en Venezuela. Además, se identificaron actas sin firmas de autoridades de mesa, violando normas electorales.

Los resultados de la segunda vuelta generaron sospechas estadísticas: la candidata Luisa González, pese a sumar respaldos clave (como el movimiento indígena de Leonidas Iza), registró caídas inexplicables en provincias tradicionalmente favorables (ej: Pichincha, Guayas). La AAJ exigió una auditoría urgente del escrutinio y llamó a organismos internacionales a garantizar derechos políticos en Ecuador, subrayando la necesidad de investigar estas irregularidades como infracciones electorales y penales.

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La acusación, admitida de forma preliminar por el juez Guillermo Ortega, se basa en cuatro videos cuyo contenido no ha sido revelado públicamente. Según el expediente publicado en el portal del TCE, Peñafiel alega que González incurrió en actos de violencia política de género, aunque sin especificar fechas, contextos o declaraciones concretas. El juez solicitó al denunciante que en un plazo de 48 horas precise:

1. Los hechos exactos que atribuye a González.
2. Los artículos del Código de la Democracia supuestamente violados.
3. Los agravios personales o colectivos derivados de dichos actos.
4. La relación entre los videos presentados y los cargos formulados.

De no cumplirse estos requisitos, el caso será archivado, tal como ocurrió en febrero de 2025 con una denuncia similar interpuesta por Wilmer Carrión Pérez. En aquella ocasión, el juez Ángel Torres archivó el proceso tras la falta de sustento del demandante.

El historial controvertido de Manuel Peñafiel

Este no es el primer intento de Peñafiel por judicializar procesos políticos. El 2 de julio de 2024, el pleno del TCE rechazó por unanimidad una denuncia suya contra la vicepresidenta Verónica Abad por presunta concusión (extorsión bajo cargo público).

En esa ocasión, Peñafiel, quien se identificaba como presidente de la Corte de Justicia Indígena del Ecuador, argumentó que Abad había discriminado a pueblos originarios. Sin embargo, los magistrados Fernando Muñoz, Ivonne Coloma, Guillermo Ortega, Ángel Torres y Joaquín Viteri determinaron que el TCE no tenía competencia, al tratarse de un supuesto delito penal, no electoral.

La denuncia contra Abad carecía de sustento técnico: Peñafiel no logró vincular a la vicepresidenta con actos electorales ilegales, limitándose a presentar una denuncia penal previa que, según él, demostraba un «siniestro de derechos indígenas».

Acusaciones de manipulación judicial

Las acciones de Peñafiel adquirieron mayor notoriedad tras las declaraciones de Francisco Barreiro, hijo de Verónica Abad, quien lo señaló en redes sociales como operador político del gobierno de Daniel Noboa. Barreiro relató que, durante su detención en la cárcel La Roca, en el marco del Caso Nene, Peñafiel presentó un habeas corpus irregular en marzo de 2024, supuestamente para retrasar su liberación:

«Utilizó logos del CPCCS, Consejo de Participación Ciudadana, en documentos ilegales. Su exposición en la audiencia fue desorganizada y carente de fundamento jurídico. Entendí que era una estrategia para generar noticias negativas y demorar mi salida (…) Actúa como emisario del Ejecutivo, financiado para dañar a opositores», denunció Barreiro en la plataforma X.

Además, vinculó a Peñafiel con la apertura masiva de sedes de ADN en Guayas y lo acusó de coordinar campañas de desprestigio contra figuras críticas al gobierno: «No les importa la justicia, solo buscan generar tendencia», afirmó.

https://twitter.com/sebarreiro/status/1909045298208309586

Violencia política de género: ¿Instrumentalización o delito grave?

El Código de la Democracia (Art. 349) cataloga la violencia política de género como infracción «muy grave», sancionable con multas de hasta 50 salarios básicos y suspensión de derechos políticos hasta por cuatro años. No obstante, organizaciones como la Fundación Ciudadana y Desarrollo señalan que, desde 2023, el 68% de las denuncias por este delito han sido archivadas por falta de pruebas o incoherencias procesales.

La denuncia se enmarca en un escenario de alta tensión, donde el oficialismo y la oposición se acusan mutuamente de fracturar la institucionalidad. Mientras ADN insiste en que «nadie está por encima de la ley», sectores afines a Revolución Ciudadana denuncian una «persecución orquestada» desde el poder.

El TCE tiene hasta el 12 de julio para resolver si la denuncia cumple los requisitos formales. De admitirse, González deberá presentar su descargo en medio de la campaña. Sin embargo, el historial de Peñafiel y la proximidad de los comicios alimentan escepticismo sobre los motivos tras la acusación.

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Un escenario político polarizado

En las recientes elecciones, Daniel Noboa, actual presidente y candidato a la reelección por ADN, obtuvo el 44,63% de los votos válidos, mientras que Luisa González, representante del correísmo, alcanzó el 43,81%. Estos resultados evidencian una división casi equitativa en el electorado ecuatoriano. La Asamblea Nacional, reflejo de esta polarización, se ha convertido en un espacio donde ambas fuerzas políticas miden fuerzas, buscando consolidar apoyos y deslegitimar al adversario.

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Campañas electorales: ¿propuestas o ataques?

En este contexto, las campañas de ambos candidatos han intensificado sus discursos, enfocándose más en descalificaciones mutuas que en la presentación de propuestas concretas para solucionar los problemas que aquejan a la ciudadanía. Noboa, por un lado, destaca su lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, mientras que González critica la gestión del actual mandatario, señalando el incumplimiento de promesas y el aumento del costo de vida. Además, González ha enfatizado la necesidad de combatir la corrupción y ha criticado la gestión de Noboa, acusándolo de utilizar recursos estatales para su campaña y de violar normativas legales. Estas acusaciones han generado un ambiente de desconfianza y han intensificado la confrontación en la Asamblea.​

Ciudadanía en medio del fuego cruzado

El país observa con preocupación cómo la política se convierte en un espectáculo de confrontaciones, dejando de lado los verdaderos intereses del país. La falta de debates sustanciales y la prevalencia de ataques personales generan desconfianza en el electorado, que busca soluciones reales a problemas como la inseguridad, el desempleo y la crisis económica. Es esencial que, más allá de las disputas partidistas, los líderes políticos prioricen el bienestar de la nación y trabajen en conjunto para construir un Ecuador más próspero y seguro.

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“Nos reunimos con la Cámara de Comercio de Quito, para presentar propuestas claras: seguridad, justicia, empleo y reglas que generen confianza. Impulsaremos inversión productiva, banca pública con créditos accesibles, modernización del Estado, alianzas estratégicas e infraestructura con enfoque territorial. La unidad, el diálogo y la seriedad serán la base para reconstruir un país que se nos cae a pedazos. ¡Es tiempo de sanar y trabajar juntos!”, expresó González en su cuenta de X.

En la reunión, la candidata expuso su plan de gobierno y detalló sus propuestas para impulsar el crecimiento económico, mejorar la seguridad y fomentar la generación de empleo. Además, buscó disipar las dudas del sector privado sobre el rumbo económico que tomará el país en caso de resultar electa.

Desastre ambiental

En su visita a Esmeraldas, la candidata se refirió a la falta de transparencia por parte del Gobierno en el derrame petrolero que afectó a esta provincia.

“No tenemos cifras exactas, y sin cifras exactas no se pueden tomar decisiones. No hay un verdadero manejo del Estado. El presidente de la República ha fracasado en la gestión de esta crisis. Las Fuerzas Armadas tienen experiencia en desastres naturales; pudieron haber organizado albergues y garantizar agua y alimentos a la población afectada. La ausencia de liderazgo ha agravado la situación de miles de esmeraldeños”, expresó.

González alertó que calificar como “sabotaje” al desastre es peligroso porque puede impedir la activación de seguros de cobertura ambiental.

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Durante el evento, los representantes indígenas, afroecuatorianos y montubios denunciaron los atropellos sufridos bajo el gobierno de Daniel Noboa, señalando un incremento en la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en sus comunidades.

Pedro de la Cruz enfatizó que el apoyo de estos sectores se dirige hacia el progresismo y un modelo de país basado en la justicia social y la equidad. Por su parte, Nunkui Kaekat, presidenta de la Red de Mujeres Amazónicas de Morona Santiago, alertó sobre la precarización del empleo y el retroceso en el desarrollo de los sectores rurales.

Las organizaciones hicieron un llamado a sus bases a votar “de manera firme y decidida” por el binomio González-Borja, al considerar que su propuesta responde a las necesidades de los sectores históricamente excluidos. “No podemos apoyar a un gobierno que ha legislado en favor de las élites económicas y los intereses extranjeros”, manifestaron en su pronunciamiento.

El encuentro fue liderado por la Unidad Indígena y Campesina del Ecuador (UNICE) y contó con la participación de la Confederación de Organizaciones Afiliadas al Seguro Campesino del Ecuador (CONFEUNASSCE), la Federación de Organizaciones Montubias del Ecuador (FEDOMEC), la Red de Mujeres Amazónicas de Morona Santiago, el Frente Nacional de Organizaciones Sociales Independientes, la Federación de Comunidades de Organizaciones Negras de Imbabura y Carchi, la Coordinadora de Mujeres de la FENOCIN, entre otras.

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De acuerdo con el sorteo realizado este lunes 17 de marzo, González ocupará el atril A, mientras que Noboa lo hará en el atril B. La candidata iniciará las intervenciones en los ejes 1, 3 y 5, mientras que Noboa comenzará en los ejes 2 y 4.

Dinámica del debate

El evento comenzará con un saludo de 30 segundos por cada candidato. La estructura del debate se dividirá en dos momentos por cada eje temático. En el primero, los candidatos dispondrán de 2 minutos y 30 segundos para responder una pregunta general, seguido de una interpelación de su oponente, que deberá ser respondida en 1 minuto y 30 segundos. Posteriormente, habrá una segunda interpelación de 30 segundos, con un minuto adicional para la réplica.

En el segundo momento, los candidatos formularán preguntas cerradas entre sí, las cuales deberán responderse con un «sí» o «no» en un máximo de 5 segundos, seguido de un minuto para argumentar la respuesta. La interpelación a la réplica tendrá un tiempo de 30 segundos, con un minuto adicional para la respuesta final.

Ejes temáticos

El debate abordará cinco ejes principales:

1. Educación
2. Salud y seguridad social
3. Criminalidad y seguridad
4. Economía y empleo
5. Gobernabilidad

Cada eje tendrá una duración aproximada de 20 minutos, con un tiempo total de dos horas para el debate.

Detalles adicionales

El programa, que iniciará a las 20:00, incluirá cuatro pausas de entre 90 segundos y 5 minutos. Al finalizar, los candidatos tendrán un minuto para transmitir su mensaje de cierre, siguiendo el orden establecido en el sorteo.

Como gesto de respeto, ambos aspirantes se estrecharán la mano antes de iniciar el debate, marcando el tono de un encuentro que promete ser clave para definir el rumbo del país.

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En las próximas horas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé escoger al moderador del encuentro entre los dos candidatos a la Presidencia de la República. La elección se hará entre cuatro nombres propuestos por el Comité Nacional de Debates.

¿Cuándo se llevará a cabo el debate presidencial?

El 23 de marzo se llevará a cabo el debate obligatorio entre los candidatos a la Presidencia de la República. En este encuentro participarán Luisa González Alcívar, de la alianza correísta Revolución Ciudadana (RC) y Renovación Total (RETO), listas 5-33, y Daniel Noboa Azín, de Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7.

Pese a que la normativa del Consejo establece que el Comité Nacional de Debates debe enviar una terna, los comisionados habrían incluido un cuarto nombre para que sea analizado por los consejeros. Los candidatos propuestos son:

1. Andrés Carrión, periodista y entrevistador en radio Platinum y el programa Hora 25 de la televisora Teleamazonas.
2. María Fernanda Suasnavas, presentadora de noticias en la cadena televisiva RTS.
3. Byron Galarza, presentador de noticias en TC Televisión, Ecuador TV y Oromar TV.
4. Ruth del Salto, periodista ecuatoriana que actualmente trabaja en la cadena internacional de noticias NTN 24.

El pasado de Andrés Carrión

Años atrás, el periodista Andrés Carrión reconoció el rol que los comunicadores desempeñaban más allá de informar, admitiendo la influencia que ejercían en la opinión pública y en la política. «Nosotros dictábamos sentencias desde los micrófonos, desde las cámaras, resolvíamos qué era lo bueno, qué era lo malo, interveníamos en política; éramos actores políticos y al mismo tiempo periodistas», expresó en una descarnada y honesta revelación sobre el ejercicio del periodismo en el país.

Por otro lado, Carrión protagonizó un polémico incidente en la autopista a los valles, donde tuvo un enfrentamiento agresivo con la Policía Metropolitana. En el altercado, casi arrastra a uno de los agentes por varios metros, generando indignación y cuestionamientos sobre su comportamiento en aquel momento.

María Fernanda Suasnavas

La periodista guayaquileña María Fernanda Suasnavas tiene más de 19 años de trayectoria en el periodismo, destacándose como investigadora, entrevistadora y presentadora de informativos. Actualmente, es conductora del noticiero estelar TVC Noticias y entrevistadora en el programa Panorama Político de Televicentro. A lo largo de su carrera, ha trabajado en radio y televisión, además de desempeñarse como consultora en comunicación estratégica, asesorando a entidades como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Educación Superior (CES).

Su experiencia también abarca la docencia y la capacitación en medios, manejo de crisis y comunicación política. Ha sido panelista en foros sobre transformación digital y violencia de género, así como embajadora de campañas de Naciones Unidas en Ecuador para la visibilización de la violencia contra la mujer. Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio Nacional Eloy Alfaro de la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador y su inclusión en la obra «Mujeres de Oro del Ecuador», que destaca a figuras femeninas influyentes en el país.

Byron Galarza

El periodista Byron Galarza cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación y comunicación institucional. Actualmente, es entrevistador de opinión en FB Radio Quito 105.7 FM y ha trabajado en distintos medios, incluyendo Oromar Televisión y Ecuador TV, donde se desempeñó como director de noticias y director de televisión, respectivamente. Su experiencia también abarca la comunicación corporativa, destacándose como subdirector de comunicación del Consejo de la Judicatura y director de comunicación del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

Además, ha trabajado en consultoría empresarial e independiente en áreas de comunicación, reputación digital y producción audiovisual. Fue director de comunicaciones de Petroecuador y ha brindado asesoría en manejo de contenidos y estrategias en redes sociales. Su experiencia en el ámbito público y privado lo ha posicionado como un referente en la gestión de comunicación estratégica y medios en Ecuador.

Ruth del Salto

La periodista guayaquileña Ruth del Salto, cuenta con una extensa trayectoria en medios de comunicación. Inició su carrera a los 20 años en Ecuavisa, donde trabajó durante 11 años, desempeñándose como productora, reportera y presentadora en espacios como Televistazo, Contacto Directo, Contacto al Amanecer y Contacto en la Comunidad. Además, fue columnista de Diario El Universo entre 2008 y 2017 y locutora en Radio City hasta 2011.

Del Salto ha llevado su carrera al ámbito internacional, trabajando en la cadena NTN24 de Colombia y actualmente reside en Catar, donde dirige programas televisivos. Su experiencia en debates electorales incluye la moderación del encuentro presidencial de la primera vuelta en 2021, junto con Andrés Jungbluth.

Organización del debate presidencial

Así también, está previsto que el lunes, en la sede del Consejo Nacional Electoral en Quito, se realice el sorteo para definir la ubicación de los candidatos y el orden en que intervendrán durante el debate.

El Comité Nacional de Debates, conformado por cinco actores de la sociedad civil, entregará ese mismo día al CNE los cinco ejes temáticos sobre los que girará el encuentro obligatorio. Sin embargo, las preguntas específicas que deberán responder los candidatos se mantendrán en reserva hasta el 23 de marzo.

IF

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Iza explicó que su postura se basa en el proyecto de la CONAIE de 1994, el cual sostiene que el movimiento indígena tiene raíces en la izquierda. Por ello, aseguró que nunca apoyarán a la derecha, aunque respetan a quienes tienen una opinión distinta.

«Políticamente, ideológicamente e históricamente el movimiento indígena nació en la izquierda y nunca estará dispuesto a ceder a la derecha», recalcó el presidente de la Conaie.

¿Cuáles son los pedidos para Luisa González?

Tras varias horas de sesión, la Asamblea Plurinacional de Organizaciones Sociales decidió presentar una serie de demandas a la candidata del correísmo, Luisa González, en el marco de la segunda vuelta electoral.

Entre sus principales posturas destacan el rechazo a una nueva Constituyente, la oposición a la privatización de sectores estratégicos, la reducción del IVA al 12%, la desmilitarización de los territorios, así como evitar la privatización del campo Sacha.

El organismo enfatizó que, aunque estas exigencias serán enviadas a González, la respuesta final queda en sus manos.

Iza reacciona a la alianza de Noboa con Blackwater

El presidente Daniel Noboa anunció una alianza estratégica con Blackwater, ahora conocida como Academi, una empresa militar privada estadounidense, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcoterrorismo y proteger las aguas ecuatorianas de la pesca ilegal.

«El crimen organizado ha sembrado miedo y ha creído que puede operar con impunidad. Se les acaba su hora. Empieza la ayuda internacional en el Ecuador», afirmó Noboa al revelar el acuerdo tras reunirse con Erik Prince, fundador de Blackwater.

La empresa fue creada en 1997 por Erik Prince y Al Clark como una compañía de seguridad privada, enfocada en la capacitación de fuerzas del orden en EE.UU. Sin embargo, su historial ha sido ampliamente cuestionado. Un artículo publicado en Foreign Policy (FP) en 2014 señala que el nombre Blackwater es «sinónimo de algunos de los peores excesos de la guerra de Irak», destacando que la empresa ganó más de mil millones de dólares protegiendo instalaciones y personal estadounidense durante el conflicto.

El anuncio generó reacciones inmediatas, y durante su intervención de hoy, el líder de la CONAIE, Leonidas Iza, se dirigió a los generales, coroneles de las Fuerzas Armadas y de la Policía, cuestionando su postura frente al acuerdo con Blackwater. «¿Cuándo perdieron el honor, el patriotismo, que ahora se arrodillan cuando un Presidente de la República dice que van a venir mercenarios a dirigirles a ustedes?», expresó Iza en respuesta a la alianza de Noboa con Erik Prince.

IF

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Las imágenes exponen a tres individuos con el rostro cubierto, presuntamente empleados municipales, afirmando que el cabildo los presiona para respaldar a un movimiento político en la segunda vuelta electoral del 13 de abril. A través de un comunicado en sus redes sociales, el Municipio calificó la denuncia como «falsa» y reiteró su respeto a la libertad de expresión y al derecho al voto de sus trabajadores.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter), señalando que el video es parte de una «campaña sucia» en el marco de la contienda electoral entre el presidente-candidato Daniel Noboa y la aspirante de la Revolución Ciudadana, Luisa González.

Álvarez vinculó la difusión del video con estrategias electorales y aseguró que se trata de una activación política que no corresponde a empleados municipales. «Cada día que pasa, confirman con activaciones como estas, que no les dan los números», escribió el alcalde. Asimismo, compartió imágenes de uniformes municipales para desacreditar la autenticidad del material divulgado.

No es la primera vez que el alcalde denuncia este tipo de acciones. El 30 de enero, durante la campaña de la primera vuelta, alertó sobre la colocación de una pancarta con los colores de la Revolución Ciudadana en el Estadio Yeyo Úraga, la cual, según el Municipio, fue instalada por un ciudadano sin vínculos con el movimiento político. La intención era divulgar la falsa propuesta de construir una cárcel en esta área deportiva.

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Guarderas afirma que, tras analizar más de 5.000 actas, sus proyecciones indican que los resultados podrían variar significativamente, sugiriendo incluso una posible victoria en primera vuelta para el presidente-candidato Daniel Noboa. Destaca casos en zonas rurales de Pichincha, como Pintag, donde se registró un ausentismo nulo e, incluso, mesas con más votantes que los inscritos, situaciones que califica de «imposibles y absurdas».

«Mi tesis aquí es que utilizaron todas las actas de ausentismo para llenarlas a favor de Luisa González«, afirmó en rueda de prensa.

Culpa al CNE

El exconsejero responsabilizó al Consejo Nacional Electoral (CNE) por permitir estas inconsistencias y no ejercer un control adecuado durante y después del escrutinio. Además, sugiere un supuesto favorecimiento hacia los partidos Revolución Ciudadana (lista 5) y Partido Social Cristiano (lista 6). El exfuncionario sugirió el cambio de personal del órgano electoral en la segunda vuelta.

Censurado por la Asamblea

El 27 de diciembre de 2024, la Asamblea aprobó la censura y destitución de Guarderas por incumplimiento de funciones, incluyendo acusaciones de abuso de poder, uso indebido de recursos públicos y tráfico de influencias. El exvocal del Cpccs calificó el proceso de nulo, argumentando la falta de notificación adecuada y la violación de su derecho a la defensa.

Previamente, en noviembre de 2024, Guarderas presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra la vicepresidenta Verónica Abad por presunta infracción electoral. Aunque buscaba su destitución, la jueza Ivonne Coloma impuso una multa a Abad, sin retirarle sus derechos políticos.

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La cadena radial fue transmitida por Radio Centro, un medio conocido por su afinidad con el gobierno de Noboa, desde el Palacio de Carondelet, este martes 10 de febrero de 2025.

Noboa denuncia «irregularidades«

El candidato-presidente explicó que no se dirigió a sus simpatizantes el domingo tras las elecciones porque «ha habido muchas irregularidades».

Noboa afirmó que trataron de minimizar la captura de un objetivo de alto valor de «Los Lobos». Asimismo, insinuó que la RC intentó hacer de menos el hecho ya que «estaban conectados directamente con la RC»

Además, acusó a la Revolución Ciudadana (RC) de tener presuntos vínculos con la banda criminal «Los Lobos. Según sus declaraciones, este grupo habría amenazado a la población para que votara a favor del correísmo.

La OEA descarta fraude electoral

Horas después de la entrevista de Noboa, la misión observadora de la Unión Europea afirmó que no ha encontrado «ni un solo elemento objetivo que indique que ha habido cualquier tipo de fraude» en las elecciones.

En la misma línea, la OEA emitió un comunicado este martes en el que señaló: «La Misión, hasta el momento, no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades que puedan alterar los resultados de la elección».

Luisa González responde a declaraciones de Noboa

A través de su cuenta en X, la candidata presidencial, Luisa González, respondió a las acusaciones de Daniel Noboa con cinco puntos clave:

1. Exigió respeto a los ecuatorianos, asegurando que Noboa «no siente la Patria en el alma» y criticándolo por no conocer el Himno Nacional.

2. Le recordó que la cuñada de ‘Fito’ es candidata a la Asamblea por su partido.

3. Defendió a los votantes de la Revolución Ciudadana, afirmando que «no son ni narcos ni delincuentes».

4. Cuestionó el Plan Fénix, señalando que enero fue «el mes más violento en la historia del Ecuador» y que esto es responsabilidad de Noboa.

5. Pidió explicaciones sobre el uso de bienes y recursos del Estado en campaña, acusándolo de cometer delitos graves.

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Luisa Gonzáles y su afinidad con Manabí

En los últimos años, el apoyo electoral mayoritario al correísmo se ha concentrado principalmente en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos, en la región Costa; y en Azuay, en la Sierra.

Con el 99,85 % de actas validadas en Manabí, Luisa González, candidata presidencial por Revolución Ciudadana (RC) y oriunda de esta provincia, obtuvo el 65,83 % de los votos; mientras que el presidente electo, Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), alcanzó el 34,17 %.

Para muchos militantes de RC, partido fundado por el expresidente Rafael Correa, Manabí es considerado su bastión político. En las elecciones presidenciales y legislativas de agosto pasado, la Revolución Ciudadana logró cinco asambleístas en esta provincia.

Además, en los comicios seccionales de febrero, el prefecto Leonardo Orlando, perteneciente a esta agrupación, fue reelecto.

¿Por qué la RC siempre se impone en Manabí?

Esteban Ron, analista político, explicó en El Universo que el respaldo sólido del correísmo en Manabí responde a la conexión que los votantes mantienen con el proceso impulsado por esta agrupación política en la provincia.

“Las autoridades, los candidatos, e inclusive la ejecución de obra la sintieron en este tema de cercanía, lo que te produce un voto emocional, es decir, un voto no discernido. Un voto a través del cual el elector lo que hace es recordar lo que fue la Revolución Ciudadana, identificarse con el mismo y lanzar el voto”, comentó el especialista sobre esta variable político-cultural.

Además, Ron destacó otra variable de análisis: la político-operativa. En este sentido, señaló que también existe una estrecha relación entre la dirigencia provincial de RC (así como en general en la Costa) con la ciudadanía.

“Tienen figuras emblemáticas fuertes y que te generan todavía esa adhesión programática a la Revolución Ciudadana. Puede ser la dirigencia provincial, cantonal, inclusive la dirigencia parroquial que sigue sosteniendo, a nivel de dirigencia, el proceso de Revolución Ciudadana”, expresó.

El tercer aspecto que analizó fue el territorial, resaltando que, pese a considerar Manabí como su bastión, la militancia continúa trabajando en el territorio, lo que refuerza la fidelidad del electorado.

“Finalmente, todo confluye en un tema de cercanía. Hay que recordar que Manabí fue la provincia, a pesar del hecho aislado del terremoto, que tuvo altos y grandes beneficios directos y sociales por parte de Revolución Ciudadana. A eso se suma que la candidata era oriunda de Manabí”, concluyó Ron.

Daniel Noboa y el reto de ganar terreno en Manabí

Ron considera que a Noboa le faltó mayor trabajo territorial para consolidarse como una verdadera alternativa en la provincia. Explica que, frente al impacto del voto emocional, era necesario inducir al electorado hacia una mínima racionalidad en su decisión.

“Daniel Noboa se cuidó muchísimo en no ir a Manabí, porque lo daban como una votación perdida y que inclusive los porcentajes de votación hacia el correísmo fueron más fuertes que en las elecciones seccionales (febrero). Y qué induces tú con eso, a la crítica del proceso”, expuso el académico.

En su análisis, Ron señala que el presidente electo debe fortalecer la dirigencia en Manabí, ya que actualmente es temporal y se conformó recientemente con motivo del proceso electoral. “Necesita empezar a ser disruptivo en los cantones que, a pesar de tener una fuerza correísta, necesita generar presencia”, comentó.

Finalmente, ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño en Manabí, Ron sostiene que si Noboa atiende de manera inmediata las necesidades que puedan surgir en la provincia, podría consolidar su presencia en la región a través de una gestión planificada y efectiva.

Actores locales fortalecieron la votación en Manabí

Héctor Farfán, analista político, señaló que el avance de ADN en Manabí refleja, por un lado, cierta madurez en el electorado ecuatoriano, quien, a su criterio, “entiende que tiene que haber un equilibrio dentro de la Asamblea Nacional y no darle ese gran caudal de votos. Si bien se lo dan para presidente, no se repite en Asamblea”.

Por otro lado, considera que esto evidencia la persistencia del correísmo y el anticorreísmo como las fuerzas predominantes, marcando una fuerte polarización que deja al resto de candidatos prácticamente sin relevancia.

Fernando Rodríguez, consultor y estratega, destaca que la votación en Manabí también responde al trabajo de los actores políticos en el territorio. “Cómo ellos, como autoridades locales, provinciales, han hecho tangible la gestión abanderada por un partido político y que ha sido utilizada en esa provincia para decir, miren, nosotros estamos en la capacidad de hacer esto”, explicó.

En este contexto, Rodríguez considera que Daniel Noboa no logró consolidar su presencia en la provincia. “Se le quedó un poco en el cartucho de la gestión, poder demostrar en Manabí que él puede hacer mejor las cosas (…) Porque no tiene tanta fuerza a nivel seccional de autoridades”, concluyó.

Santa Elena le da la espalda a Noboa

En los últimos tres comicios, el jefe de Estado y aspirante a la reelección, Daniel Noboa, no ha conseguido la victoria en la provincia de Santa Elena, donde reside y a la que representó como legislador en el período 2021-2023.

Los resultados de las votaciones del domingo 9 de febrero reflejan un claro triunfo de Luisa González, candidata presidencial del correísmo, quien obtuvo el 54,59 % de los votos, superando al mandatario, que alcanzó el 37,02 % del respaldo popular.

En Santa Elena, 273.872 ciudadanos estaban habilitados para votar, pero solo 247.402 acudieron a las urnas. La provincia está conformada por tres cantones: Salinas, La Libertad y Santa Elena. Aunque nació en Estados Unidos, el presidente Daniel Noboa reside en Olón, una comuna del cantón Santa Elena.

En las elecciones anticipadas de agosto de 2023, convocadas tras la disolución de la Asamblea Nacional por el expresidente Guillermo Lasso debido a una pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, Luisa González obtuvo el 35,44 % del respaldo en Santa Elena, mientras que Noboa alcanzó el 33,2 %. Estos resultados corresponden a la primera vuelta.

En el balotaje de octubre de 2023, donde Noboa y González disputaron la presidencia, la candidata del correísmo volvió a imponerse en Santa Elena con el 54,4 % del respaldo popular, frente al 45,6 % obtenido por el actual mandatario.

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«Cuando la desesperación te hace cometer errores, ahora quieren volver al Yeyo Úraga una cárcel», dijo el primer mandatario. Inmediatamente varios usuarios en redes sociales desmintieron la información.

La mañana 30 de enero un grupo de personas colocó un cartel en los exteriores del recinto deportivo con el nombre de la candidata presidencial Luisa González, en el que se insinuaba la intención de construir una cárcel en el sitio.

Contexto

Roberto Ibáñez, presidente del Fedeguayas y quien administra el lugar, respondió a la publicación aclarando que se ha mantenido al margen de la política y que no permitirá que el estadio deje de cumplir su función de fomentar el deporte. Más tarde, el alcalde Álvarez denunció que se trataba de una «campaña sucia», asegurando que Ibáñez estaba al tanto de la instalación del cartel y lo señaló como cercano a Andrés Guschmer, exministro del Deporte en el gobierno de Noboa y actual candidato a la Asamblea por la alianza ADN.

Además, Álvarez criticó la gestión de Fedeguayas sobre el estadio y sostuvo que, pese a manejar un presupuesto anual de USD 10 millones, el recinto sigue en condiciones precarias. En este contexto, pidió que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) investigue a sus directivos.

Ibáñez, por su parte, lamentó las acusaciones del alcalde y defendió su administración, asegurando que Fedeguayas ha invertido en la recuperación del estadio y otros escenarios deportivos. También enfatizó que la institución es auditada por la Contraloría General del Estado (CGE) y supervisada por entidades financieras.

¿Quién colocó la pancarta?

El cruce de declaraciones escaló cuando Álvarez publicó en redes sociales una imagen de las cámaras de seguridad, en la que se observaba a un grupo de personas instalando la pancarta. En su denuncia, apuntó a Juan Carlos Vásconez, esposo de la exalcaldesa Cynthia Viteri, alegando que el vehículo utilizado en el hecho estaría registrado a su nombre.

«Este es el que puso la pancarta falsa, el malandro y farmacodependiente que trabaja para la campaña sucia, no le bastó con llevarse en peso todo acá en el muni», dijo Álvarez en un tuit.

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Impacto en redes y opinión pública

Andrea González Nader se consolidó como una de las protagonistas del debate presidencial según múltiples usuarios de la plataforma X, quienes la consideraron la ganadora del bloque dos en el debate. Su participación destacó por acusaciones directas al correísmo, como su señalamiento de un supuesto pacto del socialismo del siglo XXI con las FARC para utilizar el mar ecuatoriano en el tráfico de estupefacientes. Esta intervención captó la atención del público y muchos consideraron que superó el desempeño de Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana.

La experta en comunicación, Caroline Ávila, señalo que: “En ese bloque el remolino de Andrea González terminó opacando los intentos de los otros candidatos de conquistar la atención. La candidata apuntó al voto anticorreísta e intentó desgastar o al menos distraer con sus ataques a la candidata del correísmo”.

Propuestas y contradicciones

Andrea González, quien se presenta como una líder ambientalista, incluye en su plan propuestas claras como diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de combustibles fósiles y promover la sostenibilidad ambiental. Además, plantea generar empleo en el sector verde como parte de una estrategia para impulsar un desarrollo económico sostenible.

Sin embargo, su postura sobre temas ambientales ha generado contradicciones que cuestionan la profundidad de su manejo del tema. Lupa Media, un medio especializado en periodismo de investigación, expuso que la afirmación de Gonzáles Nader, acerca de que la desaparición de la cascada San Rafael fue causada por la construcción de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (durante el gobierno de Rafael Correa) fue «imprecisa». Pero según el consultor ambiental Emilio Cobo que no es posible verificar esta hipótesis, ya que no se realizaron los monitoreos hidrogeológicos necesarios en el río ni en la estructura de la cascada.

¿Qué dicen los números y los expertos?

Andrea González Nader tuvo un gran impacto en las redes sociales tras el debate presidencial, destacando en X por su amplia aceptación entre las audiencias anticorreístas. Según Alondra Enríquez, consultora político-digital, este impulso puede ser decisivo si González toma las decisiones políticas adecuadas. Además, datos de Google revelan que fue la candidata más buscada tras el debate, con 10,000 usuarios interesados en conocer más sobre ella.

Según el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES), Andrea González obtuvo el primer lugar en el segundo grupo del debate con un 42,16 % de aceptación, superando a Luisa González (31,317 %) y Leonidas Iza (13,73 %), sin embargo, a nivel general se ubicó en tercer lugar con un 19 %. Daniel Noboa lideró con un 35 % y Luisa González le siguió con un 28 %. Este contraste evidencia que, pese a su exposición mediática y consolidación como figura anticorreísta, aún enfrenta retos para convertir la atención en apoyo electoral sólido. Y a nivel global, ocupó el tercer lugar en la percepción de quienes ganaron el debate alcanzó un 19%, superada por Daniel Noboa con 35%, Luisa González con 28%.

Stephanie Macías, estratega en comunicación, advirtió sobre los desafíos de transformar atención en votos: “Una cosa es que te haya llamado la atención su performance; otra, muy distinta, es que haya conectado contigo y le des el voto”.

Andrea González y Fernando Villavicencio

Andrea González, quien fuera candidata a la vicepresidencia y compañera de fórmula de Fernando Villavicencio en las elecciones de 2023, se enfrenta al desafío de darle continuidad a los planteamientos de su binomio tras el trágico atentado que acabó con la vida de Villavicencio el 9 de agosto de 2023. Ambos comparten la visión de que la Constitución de 2008 necesita reformas profundas para fortalecer la institucionalidad en Ecuador, aunque sus enfoques divergen.

¿Qué propone con el ofrecimiento de cambiar la Constitución?

Villavicencio proponía retornar a la Constitución de 1998, argumentando que esta ofrecía una base sólida para el desarrollo del país y representaba un modelo más equilibrado en términos institucionales. En contraste, González plantea la redacción de una nueva Constitución mediante un consejo de expertos plurales que incluya perspectivas de izquierda, derecha y academia, inspirado en el modelo de 1976. Su enfoque busca evitar ideologías extremas, priorizar el crecimiento económico y mantener los derechos de la naturaleza de manera más práctica.

Mientras Villavicencio apostaba por recuperar un marco jurídico ya existente, González propone un texto completamente nuevo que sería sometido a consulta popular, marcando así una diferencias.

Lo cierto es que Andrea González deberá convertir la atención mediática en respaldo electoral concreto, siendo esto el punto más complejo de lograr durante su campaña, según varios expertos.

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Daniel Noboa (ADN), quién aspira a la reelección, se mantiene a la cabeza con 32,4%. Luisa González (RC) le sigue con 25,4%. En tercer lugar aparece Jan Topic (Suma) que anunció tardíamente un segundo intento de llegar a Carondelet con 6,3%.

Leonidas Iza (PK) pasa al cuarto lugar con 2,6% y como quinto queda José Serrano (CD) con un 2,2% Los nulos y blancos tienen un 9,9% y los indecisos un 14,3%. El resto del porcentaje ser reparte entre los demás candidatos.

En el caso de la Asamblea, a la cabeza está la opción de la Revolución Ciudadana con un 22,6%, le sigue ADN con un 19,9%, el Partido Social Cristiano (PSC) con 3,4%, Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) tiene 3,3. mientras que Pachakutik alcanza el 2,8%. El nulo y el blanco ocupan el 11,3% mientras que los indecisos 21,3%. La encuesta se realizó en las 24 provincias del Ecuador con 4.971 entrevistas de modo online. (MIB)

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