La iniciativa fue presentada en el 2021, antes de la disolución del legislativo por la muerte cruzada, y ahora volverá a manos de la Asamblea y será tratada por la Comisión de Enmiendas Constitucionales.

El proyecto plantea reformar el artículo 119 de la Carta Magna, el cual establece que los requisitos básicos para ser asambleísta consisten en ser mayor de edad y gozar de derechos políticos. La propuesta pide que se incluya experiencia, probidad notoria y capacitación o formación justificada como otro de los requerimientos.

Pese a la generalidad de los requisitos,la proponente resaltó que la misma Asamblea deberá analizar las reformas y »mediante la ley se establecerá el mecanismo de verificación, dentro de los cuales se tendrán presente acciones afirmativas».

Para Sánchez, no deberían ser asambleístas quienes adeuden pensiones alimenticias, tengan glosas o tengan un vínculo con las mafias.(AGM).

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Lara mencionó que irán tras los asesinaos, cómplices, financistas y quienes protegen a los antisociales que operan en el país. El pasado 28 de abril, el funcionario aseguró que los agentes están capacitados para «enfrentar a los enemigos de la paz». Sin embargo, cuatro meses después la realidad del país se mantiene.

Además, en medio del luto que vive el país por el asesinato de Fernando Villavicencio, Lara pidió a los ecuatorianos que se «unan para defender la nación». De la misma manera, solicitó a los usuarios en redes sociales topar con mayor «celeridad» los temas de seguridad.

Sobre los comicios

El ministro aseguró que desplegará un fuerte contingente a todas las provincias para que las elecciones anticipadas se realicen con «tranquilidad».

«Los ciudadanos tienen la garantía que las FF.AA. brindarán todas las seguridades para que los comicios se realicen», expresó.

También, manifestó que la institución se mantiene alerta y actuará de manera inmediata contra las bandas criminales y sus cómplices.

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«Desde hace algunos meses hemos venido recibiendo amenazas del crimen organizado por haber desbaratado una red que mantenían con nexos con el Gobierno. Esto desató la ira de ambos, de la mafia y del Gobierno», explicó Vivanco en un tuit.

Agregó que hasta la mafia asedió al equipo, «hasta el punto de conocer, por distintas fuentes internacionales, que había iniciado un ‘operativo’ para tomar retaliaciones, principalmente contra la seguridad de Andersson y Mónica».

El Gobierno lo sabía

El periodista explicó que el Gobierno tenía conocimiento sobre el seguimiento. «El Gobierno no solo que conocía de seguimientos que nos hacían las bandas, sino que nunca nos lo informó, ni peor aún dispuso alguna medida de seguridad. Uno de los teléfonos de Rubén Chérrez, el mejor amigo del cuñado del Presidente y asesinado hace pocos meses, contenía información precisa de seguimientos de los criminales a nuestro equipo periodístico«.

Además de la persecución, los miembros de La Posta tendrían denuncias en su contra. «Hemos sido informados de que se han presentado denuncias en nuestra contra acusándonos de diversos delitos, tratando de intimidarnos, pero por sobre todo, de saciar la sed de venganza del Primer Mandatario y de su cuñado», añadió.

Tanto Boscan como Velásquez ya se encuentran en un lugar seguro y su regreso se evaluará con las medidas de seguridad correspondientes. (MIB)

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«Vamos a desterrar a las mafias que trabajan en el mundo del transporte y el comercio. Mensaje claro a algunitos. He buscado escoger un equipo a prueba de balas de la corrupción», dijo el burgomaestre en el informe frecuencia quiteña.

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Al parecer, para el presidente los miembros de su gabinete no tienen contacto con delincuentes. Sin embargo, días atrás La Posta reveló unas supuestas conversaciones del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez con el abogado de Leandro Norero, alias “El Patrón”.

Miembro del Gobierno del Encuentro vinculado con Norero

La Posta presentó conversaciones en las que aparentemente Ordóñez le pide al abogado de Norero que le haga llegar su número a su defendido. “Tal vez por su intermedio le puede hacer llegar este número al señor Norero que quiero tratar unos temas con él de mucha importancia”, publicó el medio.

Ante las acusaciones, Ordoñez expresó que debieron preguntar o confirmar que solo ha usado un número de celular del que «nunca ha enviado un solo mensaje a un delincuente». Además, pidió a La Posta entregarle el número, la foto o el mensaje y el medio se negó.

Ordóñez aseguró que le clonaron el celular, sin embargo, hasta el momento no ha realizado o se ha oficializado una denuncia. “El secretario habla, habla, pero no actúa”, detalló.

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Ponce manifestó que existen grupos de poder internos en manos de delincuentes, pero lo grave sería el grado de participación que tienen las instituciones del Estado en los crímenes a manos de estos grupos.

Además, recalcó que la formación de los uniformados todavía está relacionada a la lógica de la Administración de Control de Drogas de EE.UU (DEA) y la Guerra Fría.  “En Ecuador la represión y la coerción de la Policía están ligadas al enemigo interno”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Cuestionar la formación de los policías

Sostuvo que el concepto patriarcal sigue teniendo una presencia muy fuerte en la formación de los aspirantes a policías. Él aseveró que no se trata de derrumbar un edificio para solucionar los problemas estructurales, sino de crear nuevas condiciones una formación diferente de los policías.

«La formación policial debe tener en vista tres elementos: la democracia, los derechos humanos y el cambio climático», afirmó Ponce.

También reiteró que existe desmemoria histórica e ignorancia por parte del Gobierno y la sociedad. Detalló que es importante recordar que Pusuquí «era un centro de entrenamiento para torturas y lo ideal sería cerrarlo».

Por ultimo, manifestó que en el caso Bernal es necesario recurrir a las cortes internacionales para que juzguen al Estado. (M.C)

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El atentado con explosivos en la Calle 8 y H dejó cinco fallecidos y 17 heridos, dos de ellos aún se encuentran en estado crítico. Además, existen ocho casas destruidas y daños en los vehículos. Los uniformados investigan si los afectados son del sector y si son víctimas colaterales que operan en el territorio.

En los allanamientos encontraron teléfonos celulares, armas de fuego, explosivos caseros, dinamita, pentolita y droga. Mientras duran las investigaciones, el Ministerio espera que se dicte prisión preventiva por 90 días.

Las medidas de Carrillo

El Ministro explicó que su presencia, junto con la del presidente Lasso, sirve para “verificar cómo funcionaba la lógica” en el sector para determinar responsabilidades en el caso. Confirmó que deben articular acciones conjuntas con el Municipio de Guayaquil, aunque los acusaciones entre ambas instituciones hayan sido blanco de polémicas a raíz del atentado.

También dispuso que se establezca una recompensa de hasta USD 10 mil por información que permita dar con los culpables de atentado terrorista. Pese a que existen algunos detenidos la recompensa aún se mantiene. Ordenó la evaluación al personal policial de la Zona 8 y de ser necesario desvincular a funcionarios de la institución.

El barrio Cristo del Consuelo está ubicado en la Zona 8, uno de los lugares más peligrosos de Guayaquil. El atentado ocurrió en la calle 8, donde se asientan varias discotecas clandestinas.

Hipótesis

Carrillo descartó que el atentado se trate a la delincuencia común. El caso tiene relación con la operación de mafias ilegales dedicadas a la venta de droga. Entre las hipótesis mantiene que el ataque fue dirigido a alias “Cucaracha”, uno de los heridos.

Rosa Salas, esposa de uno de los heridos, rechazó las afirmaciones dadas por Carrillo. Manifestó que su esposo no tiene ningún vínculo con la venta de droga como lo señala y que es una de las víctimas colaterales del acto violento.

Hasta el cierre de este reporte se esperaba la presencia del presidente Lasso en el lugar.

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Según Vistazo, la Fiscalía informó que desde por lo menos 2020 se vulneraban los sistemas internos para que opere esta red delictiva. En la investigación hecha por la institución están involucrados abogados, funcionarios judiciales y hasta jueces. El Pleno del Consejo de la Judicatura (CNJ) recibió informes de las vulneraciones a los sorteos desde 2019, pero esperó 3 años para blindar el sistema.

Muchos abogados involucrados son parte de influyentes estudios jurídicos, principalmente de Guayaquil. Fuentes oficiales de la investigación estiman que el riesgo de nuevos ataques persiste a pesar de que el CNJ aseguró haber blindado el sistema informático.

Jueces involucrados

José Luis L., juez del Tribunal de lo Contencioso Tributario de Guayaquil, es uno de los principales involucrados. Su despacho y domicilio fueron allanados hace 3 semanas por la Fiscalía.

Peritajes informáticos revelaron que este juez direccionó causas a través del sistema pero por fuera del trámite automatizado. De los procesos identificados como manipulados, 3 fueron direccionados a su Tribunal. Estos casos fueron impulsados por 3 empresas privadas en contra del Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduanas.

Autoridades del CNJ afirman que el sistema no ha sido vulnerado desde julio de 2021, fecha donde salieron a la luz la manipulación de 16 causas, incluida una presentada por Jorge Yunda, exalcalde de Quito.

El medio digital Primicias consultó a juristas, exfuncionarios del CNJ e informes técnicos que manifestaban un latente riesgo de manipulación utilizando las «mismas artimañas».

La investigación fue tomada por la fiscal Diana Salazar hace dos semanas por la participación del juez de Guayaquil. Este juez posee fuero de Corte Superior.

Este problema no tiene nada de nuevo

Las denuncias de manipulación de sorteos se remontan a cuando los sorteos se realizaban manualmente, hace más de 2 décadas. Los sorteos manuales dieron paso al sistema automatizado a inicios del milenio, pero la manipulación persistía.

El Sistema Automático de Trámite Judicial (SATJE) permitió estas irregularidades que empezaron a colapsarlo por la desbordada carga procesal. La Dirección de Gestión Procesal del CNJ alertó de esta situación al entonces presidente Marcelo Merlo. El informe de la dirección advertía que ya había existido una propuesta de habilitación y empleo de la opción «Ingreso Histórico» en el módulo de sorteos.

Esta opción acoplaba la restricción de permisos otorgados a coordinadores para hacer cambios. Un año antes, en 2018 también se indicó un listado de todos los riesgos con sus correspondientes correctivos solicitados para el SATJE, los cuales no se incorporaron.

Los técnicos de la entidad volvieron a insistir un año después, debido a las vulnerabilidades de los sorteos, ingresos de flagrancias, causas, desactivación de juicios y módulo de reasignación, entre otros más.

Costumbre del sistema judicial

En entrevista con Primicias, el expresidente del CNJ, Germánico Maya señaló que «la manipulación de sorteos se volvió una práctica sistemática». Manifestó que este ‘medio de vida’ ha estado vigente por años.

«Es el medio de vida de muchos miserables, que se han beneficiado de la venta de sorteos, de traficar sentencias y de agilizar procesos aprovechándose de un sistema obsoleto, totalmente desfasado, fácilmente manipulable», dice Maya.

El presidente actual del CNJ, Fausto Murillo, señala también que los problemas de sorteos no solo se deben a fallas del sistema, sino además por «el uso inadecuado» de servidores judiciales a cargo del ingreso de causas.

Murillo destaca que el sorteo de denuncias, solicitudes y otros actos queda a discreción de los técnicos de ventanilla.

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“Cuando acepté el encargo de Dirección Provincial del IESS, lo hice con la convicción de que las autoridades centrales tomarían una línea de cambio y de profundas reformas de la Seguridad Social; sin embargo, la realidad fue otra”, comienza así Carpio su carta.

Intereses

Para el exfuncionario, existe un juego entre lo público y privado que pone en riesgo los fondos del IESS, cuyos fines son eminentemente sociales. “Estos actores continúan beneficiándose de los fondos de los aportantes que en base a su trabajo y sacrificio esperan un servicio digno que en la mayoría de los casos llega demasiadamente tarde”.

Esa es la razón por la que el exdirector presentó su renuncia al cargo. “Ser parte de este juego, y sin voluntad política para ordenar las cosas, es ser parte de la corrupción, por lo que he preferido de manera frontal presentar mi renuncia al encargo de la Dirección Provincial, para como ciudadano, servidor y afiliado luchar y defender nuestros intereses y salvar a esta noble institución”.

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