Quito, 19 abr (La Calle).- El gobierno alertó un supuesto plan para asesinar al presidente Daniel Noboa, coordinado por sicarios trasladados desde México, en lo que calificó como una estrategia de «grupos criminales y sectores políticos derrotados en el balotaje» para desestabilizar al país.

La denuncia, difundida mediante un comunicado del Ministerio de Gobierno titulado «La venganza de los malos perdedores», asegura que las Fuerzas Armadas detectaron, mediante inteligencia, la preparación de ataques terroristas contra Noboa y otros funcionarios del gabinete. Sin embargo, el documento no presentó pruebas concretas de estas amenazas, pues hubo una presunta filtración de informes confidenciales.

Horas antes, la candidata presidencial Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, había presentado un informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA que señaló «irregularidades» durante el proceso, incluida la transferencia de tinta en papeletas debido a su diseño simétrico, lo que habría provocado la anulación de votos. González, quien obtuvo el 44.4% de los sufragios frente al 55.6% de Noboa, denunció un «megafraude» y aseguró que impugnará los resultados: «Robaron más de un millón de votos. Noboa usó fondos públicos en campaña y repartió bonos para comprar conciencias», afirmó.

Reacciones

El expresidente Rafael Correa respaldó las críticas, tildando de «ridícula» la acusación de magnicidio. «Es la estrategia de la ‘caja china’: inventan un escándalo falso para tapar el fraude. Vean la película La dictadura perfecta«, escribió en redes sociales. Por su parte, González denunció persecución política tras la retención de un consultor de su campaña por parte de Migración, incidente en el que, según ella, agentes intentaron confiscar sus dispositivos electrónicos «bajo órdenes del régimen».

«Alerta máxima»

El comunicado gubernamental, que prometió «responder con toda la fuerza del Estado», detalló que se activaron protocolos de seguridad máxima. Mientras tanto, usuarios en redes sociales cuestionaron la veracidad de las alertas, calificándolas de «falsos positivos» para justificar una eventual restricción de libertades.

La tensión se agrava ante el informe de la OEA, que también cuestionó la falta de neutralidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la campaña, destacando ventajas logísticas para Noboa. Pese a ello, el organismo validó los resultados, lo que la oposición atribuye a presiones del Ejecutivo. Con el país dividido y sin diálogo entre las partes, Ecuador enfrenta una crisis política que podría escalar hacia protestas masivas o intervenciones institucionales.

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«Lo que se dijo es que no se sabía, que no teníamos idea, porque eso era lo que teníamos que hacer», dijo en el podcast Ya Nada.

Según Zurita, después del incidente, el celular y la información que este contenía «se puso a buen recaudo». Sin embargo, en los primeros días de investigación, el tío de Villavicencio, Galo Valencia, denunció que una de las hijas del político riobambeño habría arrojado el móvil al río Tomebamba.

En una entrevista posterior, ella no negó o desmintió este suceso. No obstante, resaltó que la Fiscalía General del Estado (FGE) debería estar pendiente de los teléfonos de los presuntos acusados en el caso y no del de su padre.

Era una prueba valiosa

Pese a que las autoridades pedían que se explote el teléfono de Villavicencio, Zurita aludía que esa «no era el arma homicida y no tenían por qué toparla». Ahora, justificó ese accionar con el argumento de que el dispositivo era «un objeto y motivo de persecución» por quienes habrían asesinado a su compañero.

«¿Para saber con quién hablaba Villavicencio? Todos los días vemos como se filtra información que la pueden descontextualizar», refirió.

Zurita indicó que luego de saber que el FBI apoyaría en la investigación, decidieron entregar el teléfono para «evitar» que infiltrados en la Policía Nacional y la Fiscalía saquen provecho del suceso.

«Debíamos precautelar la prueba del caso, eso fue lo correcto. Era lo justo que teníamos que hacer aunque se hayan disgustado autoridades. Lo lamento mucho», finalizó.

«Se destruiría su reputación»

El 6 de octubre, Zurita recalcó que la explotación del teléfono de Villavicencio no servirá de nada. Mencionó que filtrar la información de ese teléfono era más perjudicial que mantenerla en reserva. Detalló que hay personas involucradas que son vulnerables y no están en el “ojo público”.

“Por qué tenemos que dejar en evidencia y que se filtre una información que destruiría su reputación”, señaló para Teleamazonas.

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La mesa legislativa se conformó con siete miembros de las bancadas de las fuerzas políticas: Adrián Castro (Independiente), Mónica Salazar (RC), Manuel Bohórquez (ADN), Luzmila Abad (PK), Édgar Benítez (Independiente), Hernán Zapata (Gente Buena) y Viviana Zambrano (Construye).

La moción aprobada del parlamentario Blasco Luna (RC) tuvo el apoyo de 119 votos frente a siete negativos y seis abstenciones, de un total de 132 asambleístas presentes en la sesión 874.

La comisión multipartidista tendrá un periodo de función de 90 días con posibilidad de prorrogarse 90 días más, previa aprobación del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Además, la mesa deberá elaborar un informe pormenorizado que contenga hallazgos, conclusiones y recomendaciones, el cual será presentado ante el Pleno de la institución.

La tarea pendiente ahora será escoger el presidente o presidenta que encabezará dicha conformación.

Primera propuesta

La segunda fue la vencida, pues la primera moción la presentó la asambleísta de Construye, Viviana Zambrano, pero no pasó ya que tuvo la abstención de 102 voluntades y apenas 22 votos afirmativos.

La legisladora solicitaba que la comisión dure hasta seis meses y se pueda prorrogar por un año; además de que una condición era que la presidencia de la mesa la tuviera Construye (lista 25).

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El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó el deceso de José M. De acuerdo a la entidad, personal de Criminalística realizó las diligencias tras el evento registrado la mañana de este sábado 7 de octubre que dejó como resultado la muerte del preso en mención.

Las autoridades no aclaran si hubo una riña, enfrentamiento armado o qué tipo de evento provocó o desencadenó en la muerte del implicado en el magnicidio del político de 59 años.

Por su parte, la Fiscalía levantó el cuerpo del occiso y ordenó la práctica de diligencias técnico-científicas para determinar las causas de la muerte.

Él es el séptimo

Los seis presuntos sicarios de Villavicencio fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral, la tarde del viernes 6 de octubre de 2023. Los implicados en el magnicidio permanecían detenidos en el pabellón 7 de esa cárcel, en Guayaquil. El SNAI informó que los reos muertos correspondían a los nombres de Jhon Gregore R., Andrés Manuel M., Adey Fernando G., Camilo Andrés R., Sules Osmin C. y José Neyder L.

La Fiscalía inició una investigación por las acciones del SNAI, entidad encargada de los reclusorios, debido a que existía una orden de traslado de las PPL por temas de seguridad, pero no se cumplió.

La entidad de control levantó los cadáveres de los internos en “la Peni” para que se realicen las autopsias y se determinen las causas de sus muertes. Un jefe y dos guías penitenciarios fueron llevados a la Unidad de Flagrancia para que rindan sus versiones.

Según la versión oficial, las víctimas “no presentan signos de tortura ni heridas fruto de algún combate”, sin embargo, aparecieron ahorcados. Hasta el cierre de esta nota se desconoce las causas de sus muertes.

Por otro lado, los cadáveres de los reos fueron encontrados en el pabellón 7, pero desde un inicio habían sido ubicados en el pabellón 9 y hace cinco días los cambiaron al 10, según fuentes policiales que revelaron a El País.

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«A los dos días del asesinato de mi padre, un policía me dice que en cinco segundos me puede pasar un disparo por la cabeza. Esa es la Policía que tenemos. Lo dije en mi declaración libre en la Fiscalía. En ese entonces no pensé que eso fuera prioridad», expresó Tamia en entrevista para NotiMundo.

Las mujeres indicaron que no confían ni confiaron nunca en los uniformados y que existen irregularidades por parte de ellos, sobre todo el día del asesinato.

También revelaron que una facción de los parientes del político de 59 años buscan sacar partido de la tragedia y del nombre de Villavicencio. Señalaron al exasambleísta Ricardo Vanegas es una de las personas que «pesca a río revuelto». «Se vale de una foto para decir que amigo de mi papá, si mi papá lo investigó por el caso Oro negro», dijo Amanda.

«Estas personas -de Vanegas- están desautorizadas por la familia. Incluso, mi abuela le extendió cartas a su familia y a Vanegas que «se calle» y se hagan a un lado para no entorpecer las investigaciones», precisó Amanda.

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El impulso fiscal sostiene que la orden de matar al político de 59 años habría salido -a través de llamadas y mensajes de WhatsApp- desde el teléfono de uno de los procesados. Se trataría del implicado que estaba recluso en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi el día del magnicidio. Un día antes del ataque, los antisociales habría asistido a los alrededores del colegio Anderson para reconocer el lugar.

Un juez dictó prisión preventiva para los nuevos involucrados, quienes fueron detenidos en el marco de un operativo ejecutado la noche del 7 y la mañana de 8 de septiembre de 2023, en Pichincha, Chimborazo y Cotopaxi. El proceso se aplazó por 30 días más.

Hasta el día de hoy no hay respuestas claras sobre los autores intelectuales del asesinato. Inclusive hay una pugna entre familiares y personas que fueron cercanas a Villavicencio. Tanto su amigo y reemplazo como candidato Christian Zurita o el exasambleísta Ricardo Vanegas han estado en el ojo público. Según las hijas de Villavicencio, hay gente conocida que «busca pescar a río revuelto» frente a la tragedia.

Foto: Insight Crime

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«Todos con Cristina», fue la consigna utilizada en la masiva movilización convocada para este viernes 02 de septiembre.

Luego del intento de asesinato contra la vicepresidenta argentina perpetuado la noche de ayer, miles de argentinos salieron a las calles para condenar la violencia política en el país.

Lugares como Plaza de Mayo en Buenos Aires, San Juan, Mendoza, el Monumento a San Martín en Mar de Plata y muchos otros fueron las sedes de concentración para organizaciones, sindicatos, militantes, estudiantes y autoconvocados.

Intento de magnicidio

El ataque catalogado como un «intento de magnicidio» fue perpetuado por el ciudadano brasileño, Fernando André Sabag Muriel, la noche del 01 de septiembre.

El sujeto disparó un arma a la cabeza de Kirchner. Sin embargo, el mecanismo se encasquilló y afortunadamente, la bala no consiguió dispararse.

Según fuentes policiales, el atacante poseía antecedentes penales por portación de armas.

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Su equipo de campaña dice tener datos fiables, compartidos por la policía, de que un clan mafioso llamado La Cordillera pretendía acabar con él estos días, informó diario El País.

Petro no acudirá esta semana al Eje Cafetero, en el centro del país, como tenía previsto. La Cordillera, según el comunicado que ha hecho público el candidato, se dedica al narcotráfico y al sicariato. A este grupo se le atribuye el asesinato de Lucas Villa, un líder juvenil al que dispararon desde un puente durante las protestas del año pasado contra el Gobierno.

Villa se había hecho popular en redes sociales por su mensaje de no violencia, era un convencido de que la mejor insurrección era la pacífica. Su muerte conmocionó a Colombia en los días más álgidos del estallido social. Sus verdugos, de acuerdo a esta información, tenían ahora en la mira a Petro.

Magnicidios en Colombia

Colombia tiene un largo historial de magnicidios. Hace unos días se cumplieron 32 años del asesinato de Carlos Pizarro, el líder de la guerrilla del M-19 que llegó a un acuerdo de paz con el Gobierno y se reintegró a la vida civil. Unos pistoleros lo balearon a bordo de un avión cuando hacia campaña como candidato presidencial.

Un año antes, unos sicarios acabaron con la vida, en medio de un mitin, de Luis Carlos Galán, la figura liberal más importante en su tiempo, alguien que cuestionó el establishment y sus vínculos con el narcotráfico. Su muerte se llora todavía hoy en día. En esa misma campaña llegó a ser asesinado otro candidato, Bernardo Jaramillo Ossa. La estabilidad de la nación pendió de un hilo.

Esa forma perversa de manipular la vida pública no paró ahí. En 1995 fue acribillado Álvaro Gómez, un político conservador que en la última etapa de su vida fue un creyente fervoroso de la paz. Las FARC se atribuyeron el año pasado su muerte, aunque la autoría no está del todo clara.

En las últimas décadas no ha ocurrido nada semejante, pero el hecho de que Petro esté destacado en las encuestas ha revivido el tema. Cuando se dice que se podría cometer un magnicidio en realidad se está diciendo que podrían asesinar a Petro, algo de lo que cuesta hablar en voz alta.

Sobre ninguno de sus adversarios pesa una amenaza semejante. Este temor ha sido una constante en su vida. Cuando perteneció al M-19, una guerrilla urbana con vocación socialdemócrata, el Gobierno inició una guerra sucia que se llevó por delante a muchos de sus compañeros. Él, que nunca llegó a ser un cuadro importante del grupo, vivió en la clandestinidad.

Más tarde fue un líder social en lugares controlados por el paramilitarismo. Durante un tiempo durmió con un revólver bajo la almohada. Todo esto complicó al extremo su vida personal.

Es más, los personajes que él siempre ha admirado han tenido este final dramático. Petro creció oyendo a hablar a su madre de Jorge Eliezer Gaitán, un orador extraordinario asesinado en Bogotá en 1948, también durante una campaña electoral. Aquello desembocó en una época de violencia terrible entre conservadores y liberales que se saldó con más de 200.000 muertos.

Lo que le hace pensar a la gente que algo así podría volver a suceder es que un candidato abiertamente de izquierdas sea líder destacado en las encuestas. En algunos sectores hay un miedo enorme a que llegue a la Presidencia. Sería la primera vez que un político que viene directamente de la lucha social y la guerrilla llegue al poder.

El jefe del Ejército colombiano también ha ayudado a enrarecer el ambiente. En Twitter, el general Eduardo Zapateiro arremetió abiertamente contra Petro, algo sorprendente porque resulta inconstitucional que los militares participen en política.

Las declaraciones del general fueron un desacato directo ante el presidente Iván Duque, que inexplicablemente se puso del lado de Zapateiro. La revista Semana, este domingo, publicó un reportaje en el que generales de todo el país hablaban de manera anónima.

Era una sucesión de amenazas veladas contra Petro entre las que se insinúa un incluso un golpe de Estado. El aludido, por el momento, ha decidido recluirse hasta que la supuesta amenaza se disipe.

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