De acuerdo al gobierno, el proyecto prioriza la intervención militar y la flexibilización de controles judiciales como estrategia contra el crimen organizado. Sin embargo, las organizaciones señalan que la propuesta ignora factores clave como la corrupción institucional, la minería ilegal, el lavado de activos y el reclutamiento forzado de menores, problemas que han convertido a Ecuador en el país más violento de la región, según datos de InSight Crime.

Contexto de crisis

Entre 2021 y 2025, los homicidios aumentaron un 90.18%, con 736 muertes violentas registradas solo en febrero de 2025, de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior. Los colectivos afirmaron que la militarización de cárceles y territorios, impulsada desde 2024 bajo estados de excepción, no ha frenado el tráfico de armas ni el crecimiento de economías ilegales. Un estudio de Kaleidos reveló que las familias de presos pagan hasta USD 251 mensuales por “protección” en centros penitenciarios, generando ingresos ilegales de hasta USD 114 millones anuales.

Aunque Noboa estima que la economía ilegal mueve USD 30.000 millones anuales, es decir, el 30% del PIB, informes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) indican cifras menores pero alarmantes: USD 4.504 millones por narcotráfico y USD 3.552 millones por corrupción entre 2020-2025. Pese a esto, Ecuador solo emite una sentencia anual por lavado de activos en promedio, dice el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Críticas al proyecto de ley:

Las organizaciones destacan siete puntos conflictivos:

1. Detenciones sin orden judicial: Faculta a fuerzas de seguridad a operar sin supervisión, aumentando riesgos de abusos.
2. Procesos penales exprés: Vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia.
3. Impunidad para agentes del Estado: Excluye prisión preventiva para militares y policías acusados de crímenes.
4. Uso letal de la fuerza: Promueve ejecuciones extrajudiciales bajo el argumento de “combate al enemigo interno”.
5. Concentración de poder en el Ejecutivo: Crea un “Bloque de Seguridad” con atribuciones excepcionales sin controles democráticos.
6. Inconstitucionalidad: Usa la figura de “ley económica urgente” para evadir debate sobre medidas de seguridad.
7. Beneficios tributarios a donantes de Fuerzas Armadas: Reduce recursos para servicios sociales esenciales.

Las organizaciones exigen a la Asamblea Nacional rechazar el proyecto por “inconstitucional e ineficaz”, advierten sobre acciones legales internacionales si se aprueba, y demandan políticas integrales: control financiero, regulación minera, inversión social y depuración de fuerzas corruptas. “Convertir al Estado en un aparato reproductor de terror no combate el crimen; lo alimenta”, concluye el texto.

El llamado incluye un alerta a organismos internacionales y a la Corte Constitucional para frenar lo que califican como un “retroceso histórico en derechos humanos”. Mientras la violencia alcanza récords, el debate sobre seguridad en Ecuador sigue polarizado entre militarización y soluciones estructurales pendientes.

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«Si fuera un hijo suyo el que es aprehendido, ustedes reciben una llamada y les dice que los militares los soltaron y que les prestaron un teléfono. Luego esa persona les envía la ubicación, les dice que se los llevó la mafia. Para encontrar a sus hijos, ¿a dónde pondrían ustedes todo su enfoque en la última persona que estuvo con sus hijos o en las personas que su propio hijo dijo que las soltaron», dijo en entrevista para Centro Digital.

De igual manera, el titular de Defensa cuestionó que en la mente de los ecuatorianos se difunda una mala imagen de las Fuerzas Armadas y aclaró que no encubrirá a nadie si la justicia determina responsabilidad en la actuación de los 16 militares implicados en el caso.

¿Cómo avanza el caso?

El pasado 24 de diciembre el Ministerio de Defensa Nacional emitió un comunicado en el que informó sobre las medidas adoptadas con respecto a los 16 integrantes de la Fuerza Aérea que fueron involucrados en el caso de la desaparición de los cuatro menores de Las Malvinas, en Guayaquil, el pasado 8 de diciembre.

En el anuncio, se destacó que el Ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, dispuso que el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pusiera bajo custodia militar a los mencionados integrantes, como parte de un esfuerzo por garantizar la seguridad y prevenir cualquier intento de fuga. La custodia fue asumida por oficiales y personal de inteligencia militar, quienes se encargaron de intensificar las medidas de seguridad para asegurar que no existieran riesgos de evasión.

El Ministerio también aseguró que, en caso de ser requerido por el sistema judicial, movilizarían de inmediato a los investigados para ponerlos a disposición de las autoridades competentes.

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