Mediante un boletín de prensa, el órgano constitucional informó sobre la emisión del dictamen 11-24-EE/24 resuelto en la sesión ordinaria llevada a cabo el 14 de noviembre. Según el documento, la Corte verificó exclusivamente la configuración de la causal de grave conmoción interna y conflicto armado interno, como fundamento utilizado por el Ejecutivo para esta declaratoria que le suceden a múltiples estados de excepción declarados en el 2024 y años anteriores.

Al realizar el control constitucional a las medidas extraordinarias contenidas en el Decreto, la Corte consideró constitucionales únicamente a la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de correspondencia y de domicilio, así como la suspensión focalizada a la libertad de tránsito en 19 cantones y una parroquia de siete provincias del país. Este Decreto vigente por 90 días se dio en el contexto de los 27 incendios forestales iniciados en Quito el 24 de septiembre y que, consecutivamente, se dieron en otras localidades del país; lo que, incluso, habría sido la razón por la que el primer mandatario canceló su agenda en Estados Unidos. Pero, también, se dio en el contexto político que ponía en aprietos al Ejecutivo.

Un día después de esta declaratoria, el 4 de octubre, la ministra del Interior Mónica Palencia fue convocada por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para la presentación de argumentos sobre su proceso de juicio político. La mañana del 3 de octubre la titular de la Cartera de Estado y el exministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, dieron una rueda de prensa desde Carondelet en la que se esperaba información sobre el Decreto; sin embargo, el espacio con medios fue para responder preguntas sobre el pedido de juicio en contra de la ministra Palencia.

En esta misma rueda de prensa, el exministro Félix Wong y vocero del Ejecutivo dijo ante los medios de comunicación, que le cuestionaron sobre la emisión del Decreto 410, que no permitirían que se calienten las calles. Estas declaraciones parecían hacer alusión a las marchas que se venían dando en septiembre por sindicatos de trabajadores y los prestadores externos de salud que le exigían al gobierno el pago de la deuda sostenida por el IESS. Pero también por las reacciones que habría provocado el plan de racionamiento de energía al sector industrial, y las manifestaciones que habían anunciado los sindicatos y organizaciones sociales en rechazo a las medidas tomadas por el presidente Daniel Noboa ante la falta de gestión ante los apagones intensificados a inicios de septiembre que, además, provocó un decrecimiento económico en varios sectores del país.

El 9 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró al Ecuador en estado de conflicto armado interno luego de los amotinamientos en las cáceles del país y la fuga de alias “Fito”. Desde entonces, el uso recurrente de estados de excepción a nivel nacional y focalizados se han normalizado durante los 11 primeros meses del gobierno del presidente Daniel Noboa. La noche de este 20 de noviembre, el Bloque de Seguridad recordó a la ciudadanía que se encuentra vigente el estado de excepción del Decreto 410 y que, por tanto, está restringido el derecho a la libertad de reuniones en espacios públicos. Esto, sobre las manifestaciones anunciadas para este 21 de noviembre por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). En este marco, el dictamen de la Corte concluye en su boletín de prensa que, en este año, cuando culmine los 90 días de estado de excepción, la población habrá vivido 9 de los primeros 11 meses del año bajo esta figura que habrían sido dirigidos específicamente a combatir la situación de violencia que atraviesa el país y con suspensión de derechos. Además, en su parte final, exhortó al Gobierno Nacional a tomar las medidas de política pública y/o legislativas necesarias para combatir la crisis de violencia.

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Durante los 18 días del paro nacional que arrancó el 13 de junio de 2022, según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el sector económico resultó ser el más afectado, con una pérdida de aproximadamente USD 1.000 millones.

Las pérdidas económicas superan incluso a las generadas en la movilización de octubre de 2019 que fueron de USD 921 millones.

Con una pérdida diaria de USD 55 millones, tanto el sector exportador como petrolero se vieron afectados, debido a contratos incumplidos con los clientes en el exterior o al retraso que tuvieron las entregas de los contenedores con productos por el cierre de vías.

Tratado de Libre Comercio (TLC)

Para este 2022, Ecuador ha pretendido establecer acuerdos comerciales con México, China y Corea del Sur, los cuales según expertos podrían verse seriamente afectados, tanto por la inestabilidad política como por la falta de gobernabilidad que mostró el país, durante el paro nacional.

“Hay que recordar que los acuerdos comerciales se los negocia y se los firma sobre todo para generar transparencia y previsibilidad y que haya seguridad jurídica en las transacciones comerciales y en las inversiones a futuro”, aseguró Francisco Rivadeneira, vocero de la Corporación de Promoción de Exportaciones del Ecuador (CORPEI).

Según el  Viceministerio de Comercio Exterior con quien se ha mantenido un mayor acercamiento es con México, mientras que con Corea del Sur se han desarrollado conversaciones con los equipos técnicos para tratar temas pendientes de 2016.

Sin embargo, la segunda reunión prevista con China tuvo que aplazarse.

Obstáculos para desarrollar los acuerdos internacionales

Frente a la conmoción social que atravesó el país durante las movilizaciones, la Asamblea Nacional puso en noción la posibilidad de muerte cruzada y la aplicación del artículo 130 de la Constitución, buscando la destitución del presidente de la República.

De esta manera, se maneja la posibilidad que el Legislativo no apruebe un acuerdo comercial.

“Un Gobierno al que se le está buscando bloquear en todo lo que hace tiene menos posibilidades de que logre que la Asamblea Nacional apruebe un acuerdo comercial”, aseguró el analista y editor de Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo.

Así también, Acosta aseguró que otro obstáculo para establecer una negociación internacional es el desconocimiento del esquema o modelo de los Tratados Bilaterales de protección de Inversiones.

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