Mediante este convenio, la empresa privada administrará la parte física de los hospitales. Es decir, se encargará del mantenimiento de equipos, de infraestructura, seguridad, limpieza y alimentación. Los servicios de salud, como entrega de medicinas, seguirán en manos del Ministerio de Salud Pública (MSP).

“El MSP será siempre el rector de los hospitales públicos. En este caso la empresa hará la administración de la parte física de los hospitales. El mantenimiento del equipo, de la seguridad, de la alimentación, la infraestructura y la limpieza. La parte de salud seguirá a cargo del MSP y garantizamos la gratuidad. Esperemos que al finalizar el primer semestre podamos llevar adelante esta alianza”, dijo en entrevista con Teleamazonas.

Fábrica de vacunas

La ministra también anunció que aproximadamente dentro de un año y medio se instalará una fábrica de vacunas en alianza con Sinovac. El objetivo no es solo proveer vacunas contra la COVID-19 si no también las del esquema de vacunación y también poder venderlas en otros países de la región.

“Será una alianza público-privada con el instituto Izquieta Pérez, Sinovac y el Ministerio de Salud”, explicó la funcionaria.

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“Cortar manos es sumamente necesario por razones de seguridad (…) Nadie nos va a decir cuáles leyes debemos tener. Seguiremos los lineamientos del islam y nuestras leyes estarán basadas en el Corán», explicó a AP.

Las discusiones sobre la aplicación de la ley islámica todavía continúan. Aunque los castigos corporales no serán públicos, lo cierto es que oficialmente el Sharia va a volver a regir en ese país.

¿Cómo funcionan los castigos corporales?

Durante el primer mandato talibán en Afganistán (1996-2001), la aplicación de la ley islámica incluía cortar una mano a los ladrones, si la persona robaba una cartera se le amputaba una mano y un pie y si alguien cometía un asesinato lo condenaban a morir por un tiro a la cabeza que debía ser disparado por un familiar de la víctima.

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“Nadie en este país puede estar sobre la ley: ni persona natural, jurídicas o movimientos políticos. La razón por la que realizamos esta denuncia es la existencia de una disposición legal (resolución 80 que permite las elecciones primarias en Justicia Social) del TCE”.

La sentencia, a juicio del jurista, viola la ley y obstruye el proceso electoral. «El calendario electoral es una serie de actos concatenados que terminan para que el siguiente proceso se abra. No podemos retornar a primera fase, es absurdo y atenta a la seriedad de un acto tan importante como las elecciones».

Cadena añadió que ahora todo está en manos de la Fiscalía.

Respuesta del TCE

El juez del Contencioso Electoral, Ángel Torres aceptó este jueves a trámite la denuncia que presentó el director nacional del partido Justicia Social, Jimmy Salazar. El juez Torres dispuso la citación de Diana Atamaint, Luis Verdesoto, Enrique Pita y José Cabrera. Los consejeros deberán declarar el 26 de diciembre próximo.

“Se concede a los accionados, el plazo de cinco días para que contesten y presenten las pruebas de descargo que estimen pertinentes y señalen domicilio electrónico para futuras notificaciones en la presente causa”, indica el documento.

Entre las pruebas que deben presentar están el expediente íntegro de la causa 080-2020-TCE del 30 de octubre último que recomienda las elecciones primarias en Justicia Social.

Las convocatorias y grabaciones audiovisuales de las sesiones del Pleno del CNE del 11, 12,13 y 14 de diciembre.

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