La cartera de Estado resaltó la importancia de que los estudiantes «rompan los esquemas tradicionales» y aprendan las materias con apoyo de otras herramientas.

La subsecretaria de Innovación Educativa del Ministerio de Educación, Emilia Vallejo, comentó -para Primicias- que el nuevo cronograma tiene cuatro grupos de materias distribuidos de la siguiente manera:

Tradicionales: Matemática, Lenguaje, Física, Álgebra y Educación Física.

Transversales: que se impartirán junto a las otras materias, Informática y Educación Financiera.

Flexibles: entrarán en vigencia el próximo periodo y son: Programación, Educación para el Desarrollo Sostenible, Escritura Académica y Cosmovisión Andina.

Optativas: se impartirán de acuerdo al contexto de cada institución.

Vallejo recalcó que, con las nuevas asignaturas el Ministerio determinará las horas que se impartirán las materias tradicionales. Sin embargo, cada entidad tendrá la facultad de decidir el tiempo que se dicten las materias flexibles y optativas. Además, enfatizó que esta disposición será de manera obligatoria en todos los planteles.

También, señaló que habrá un perfil de salida para los estudiantes de cuarto, séptimo y décimo de básica. El propósito de este apartado es reducir la deficiencia en la comprensión lectora, pensamiento lógico matemático, habilidades emocionales y competencias digitales.

En cuanto al sistema de calificaciones, indicó que se mantiene el formato trimestral con el que se manejó este último periodo. No obstante, aclaró que los estudiantes de quinto de básica sí pueden perder el año si obtienen una calificación inferior a 7/10. Mientras que, los estudiantes de cuarto de básica no perderán el año por notas, pero sí lo podrán repetir.

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Quishpe mencionó que al aplicar esa medida los textos presentan contenidos caducos porque los contenidos educativos también evolucionan.

«La responsable de que nuestros jóvenes no entren a la universidad es la ministra Brown. Cómo puede pedir que textos de materias esenciales se compartan o reutilicen», recalcó.

También, detalló que algunos contenidos de segundo y tercero de bachillerato se repiten. Cuestionó que ni en esa planificación exista una articulación clara de los contenidos entre educación general básica y bachillerato.

«Deberá explicar cuántos libros entregó, qué cantidad se entregó a la escuela pública y bachillerato y por qué pasan todas estas cosas. Ella estaría haciendo mal uso de fondos públicos y una estafa académica», manifestó.

Además, no solo los alumnos resultaron afectados por estas decisiones. Según el presidente de la organización, los docentes también deben compartir el material de trabajo, es decir, las guías académicas y los cuadernos de trabajo.

Las medidas que interpondrán

La UNE enfatizó que presentará tres acciones antes las «apresuradas decisiones de la ministra». Una de ellas es solicitar el examen especial sobre la contratación de textos escolares del año lectivo 2023-2024, que lo realizaron el 7 de noviembre de 2023. Además, pedirá al Conadis que abra una investigación contra la funcionaria por atentar contra los derechos de los alumnos con necesidades educativas específicas.

Quisphe argumentó que esos estudiantes merecen una planificación escolar diferente. Sin embargo, el panorama empeora al acatar las últimas disposiciones y agudiza las complicadas condiciones educativas.

Segundo, una vez que la Asamblea Nacional entre en funciones solicitarán que se tramite el juicio político contra la secretaria de la cartera de Estado.

Por último, pedirán al presidente entrante Daniel Noboa que declare en emergencia al sector de la educación. Cuestionó que los estudiantes tengan que estar en sometidos ante la ola de seguridad, instituciones sin textos ni docentes y con sobrecarga laboral.

«La sociedad ecuatoriana ya no se puede quedar de brazos cruzados ante estas situaciones y la realidad del país». apuntó.

Tienen todo…

El presidente repitió que tiene los nombres de los planteles y las ciudades donde entregaron los libros y de las que retiraron los textos «de manera arbitraria». Comentó que si la ministra requiere esos documentos los entregarán en la Casa del Maestro o en el Ministerio.

«Allí se verá si Brown es parte de toda la demagogia o tiene voluntad política y responde a los ecuatorianos», finalizó.

Un libro por cada tres estudiantes

Luego de que la cartera de Estado ordenara la entrega de un texto de consulta por cada tres estudiantes, la UNE denunció que delegados de la entidad están retirando los textos de diferentes planteles de la Sierra y Amazonía.

Según la organización, la orden llegó a los docentes a través del documento: Orientaciones para el Uso de Textos Escolares y Recursos Complementarios.

El escrito detalla que la medida se aplicará a los estudiantes de 5to, 6to y 7to de Educación General Básica. En caso de que un grado supere el número de 40 estudiantes, el docente establecerá las directrices para que puedan acceder a los textos.

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Según la UNE, la orden llegó a los docentes a través del documento: Orientaciones para el Uso de Textos Escolares y Recursos Complementarios.

El documento detalla que la medida se aplicará a los estudiantes de 5to, 6to y 7to de Educación General Básica. En caso de que un grado supere el número de 40 estudiantes, el docente establecerá las directrices para que puedan acceder a los textos.

Una fuente anónima reveló, para Radio La Calle, que las autoridades alegaron que no tienen el presupuesto necesario para imprimir los libros para todos los estudiantes. Además, los textos estarán bajo la tutela de los maestros y no de los jóvenes como regularmente se lo hacía.

Por su parte, el presidente de la UNE, Andrés Quisphe, comentó que esos textos utilizaban los niños, niñas y adolescentes dentro del aula.

«Se está afectando al sector que más estudiantes tiene, esos textos se utilizan para analizar distintas temáticas o los temas que el curriculum lo propone», dijo para Radio La Calle.

Recalcó que delegados de los distritos educativos o de la cartera de Estado van retirando los libros desde hace dos semanas. Además, detalló que lo hacen a través de «disposiciones verbales o memorándums escuetos».

«Llegan los vehículos y se los llevan. Las autoridades de los planteles no pueden decir nada porque pueden recibir amonestaciones graves», apuntó.

También, manifestó que es complicado conocer la cantidad de libros que se llevaron porque muchas veces lo hacen de manera oculta. «Lo que sí es una certeza es que están afectando el derecho a una educación de calidad científica y el interés superior de cerca de dos millones de niños», refirió.

Acciones legales

Quishpe confirmó que interpondrán acciones en contra del decreto del Ministerio de Economía, sobre las directrices del gasto público, y el documento que difundió la ministra María Brown.

Añadió que son acciones para precautelar la educación de los estudiantes y para que no se vulnera la adquisición de libros de ese sector.

De la misma manera, mencionó que Brown presentará el 1 de noviembre el nuevo curriculum que «lo elaboró de la noche a la mañana». Sin embargo, repitió que esos procesos se realizan con debates y concursos previos.

«Suponemos que ahí justificará las consultorías que hizo de manera espontánea. Ella sabe que se necesitan hacer todos los procesos. Estaremos atentos a todo lo que haga antes de que se vaya», anotó.

Cosas turbias, muy turbias

El pasado 9 de agosto, la UNE acusó a María Brown de incurrir en el supuesto delito de peculado. Según la organización, la funcionaria favorecería a terceros a través de varios contratos.

La organización solicitó a la Fiscalía que investigue el caso e identifique posibles “conductas punibles” y a los actores de este entramado. La organización señaló que en las últimas semanas la cartera de Estado elaboró 10 procesos de contratación que sobrepasan los USD 3 millones.

Los procesos, que involucrarían cuadernos de trabajo, guías de docentes, y textos de consulta, tendrían relación con representantes directos, lo que incumpliría con la ley.

«No va a bajar los brazos frente a todos los libros que la ministra le está quitando, miles de docentes despedidos en la pandemia y no han podido reintegrarse«, finalizó.

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De acuerdo con la ministra de Educación, María Brown, las escuelas y colegios son los “espacios más seguros dentro de todo el caos que vive el país”. Sin embargo, las declaraciones de Santamaría exponen otro relato.

Según el agente policial, existe una acción de economía criminal al interior de los planteles. Las extorsiones ocurren entre los mismos estudiantes y también están dirigidos a los maestros. También informó sobre casos de microtráfico y porte de armas, incluso,el uso de una pistola al interior de una institución de la zona, el nombre fue reservado.

Las ‘vacunas’ entre el alumnado van desde USD 1 hasta USD 2 al día para evitar agresiones, un escenario similar al que ocurre en diferentes lugares del país. Actualmente en la zona de Nueva Prosperina se encuentran 38 de los cabecillas de las bandas delictivas más peligrosas del país.

Pero todo está bien…

Por otro lado, Brown dijo que de los 147 casos de niños asesinados en lo que va del 2023, ninguno ocurrió “dentro de un plantel educativo”. De acuerdo con las cifras que presentó la ministra, 95 casos fueron en la vía pública, 23 en sus casas y al menos cinco en los parques. Sin embargo, hace unos meses dos menores de edad murieron luego de ser víctimas de atentados cuando se dirigían al colegio.

“Lo mejor es continuar con la presencialidad, pues con el otro método los jóvenes se convierten en puntos frágiles para el reclutamiento forzado, actividades ilícitas y pueden ingresar a lo grupos delictivos” dijo.

Sin embargo, después de estas declaraciones la cartera de Estado ordenó clases virtuales en los 34 planteles del cantón Durán, en Guayas, después de la insistencia del alcalde Luis Chonillo. (AGM).

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El 11 de septiembre el Ministerio de Educación (Mineduc) publicó una resolución. El objetivo era implantar alternativas de resolución de conflictos en las instituciones educativas.

El problema que los docentes y defensores de derechos humanos detectaron en este acuerdo ministerial son las faltas que no serán sujetas a una sanción. Por ejemplo, “tener contacto físico sexual con otro miembro de la comunidad educativa, como resultado de un accidente”, tal como lo dicta el documento.

»Ministra María Brown quiero creer que esta perla obedece a un absoluto desconocimiento y no al deseo manifiesto de reducir la violencia sexual en el sistema educativo a un accidente», dijo la defensora de derechos, Sybel Martínez en su cuenta de X.

Ministra @mariabrownp quiero creer que esta perla (literal c) obedece a un absoluto desconocimiento y no al deseo manifiesto de reducir la violencia sexual en el sistema educativo a un «accidente». Señora ministra, esto es inaceptable, rectifique!https://t.co/RKimjcGkyi pic.twitter.com/EzJU3zs19R

— Sybel Martinez (@sybelmartinez) September 21, 2023

Por su parte la consultora educativa, Luiza Miño resaltó la importancia de inculcar el respeto a los derechos desde temprana edad. En este sentido, explicó que dentro del sistema educativo pueden existir: conflictos escolares, faltas disciplinarias y violencia, un tema preocupante en la actualidad.

La normativa también califica como »conflicto escolar» los apodos o comentarios que para Martínez estas burlas se pueden convertir en acoso y hostigamiento si ocurren de manera reiterada.

Por su parte, Miño acotó que es fundamental que una escuela tenga un programa de educación socio-emocional y reglas claras que diferencien los límites y lo negociable. »Lo no negociable, lo permitido, lo prohibido y las consecuencias cuando se transgreden los límites», recalcó en su cuenta de X.

Ahora si, hilo sobre la nueva normativa para resolución de conflictos escolares:
Para empezar el marco normativo y los principios de derecho que guían el desarrollo de leyes y políticas enfocadas en la infancia y adolescencia. pic.twitter.com/MSPcVcYgyF

— Luiza Daniela Miño (@LuizaMino) September 20, 2023

Según datos de la misma cartera de Estado, en 2022 se reportaron 607 casos de acoso escolar y 4.115 casos de abuso sexual a nivel nacional, de los cuales el 91,8% eran dirigidos a mujeres y el 8,2% a hombres.

Ante las críticas, el Mineduc informó que recogerá nuevos aportes para cambiar la normativa y que no existirá una afectación a la construcción del Código de Convivencia. (AGM).

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Brown argumentó, en La Posta, que de los 147 casos de niños asesinados en lo que va del 2023, ninguno ocurrió «dentro de un plantel educativo». De acuerdo con las cifras que presentó la ministra, 95 casos fueron en la vía pública, 23 en sus casas y al menos cinco en los parques. Sin embargo, hace unos meses dos menores de edad murieron luego de ser víctimas de atentados cuando se dirigían al colegio.

De la misma manera, varios padres de familia exigieron a la cartera de Estado que dé paso a las clases virtuales para proteger a sus hijos, pero la entidad mantuvo la negativa.

«Lo mejor es continuar con la presencialidad, pues con el otro método los jóvenes se convierten en puntos frágiles para el reclutamiento forzado, actividades ilícitas y pueden ingresar a lo grupos delictivos» dijo.

¡Cierto!, había un «Plan Escuela Segura»

En octubre de 2022, la Policía Nacional y los ministerio de Educación y del Interior crearon el «Plan Escuela Segura» para «reducir los niveles de inseguridad». Sin embargo, a pocos días que la iniciativa cumpla un año no ha dado resultados positivos.

Para Brown, el plan contempla tres ejes: prevención, protección y protocolos de acción que fueron aplicados a 220 unidades educativas. Recalcó que la entidad «no puede extenderse de las facultades que le corresponde», por lo que solicitó a los agentes que redoblen esfuerzos para cuidar a los niños y jóvenes. No obstante, los representantes de los estudiantes indicaron que los policías solo van a las instituciones para «tomarse una foto y se van».

«También, se pidió que hagan una evaluación de lo que ha sucedido con el Plan y ver si tenemos que hacer arreglos o cambios», mencionó.

«Abandono escolar»

La ministra confía y espera los resultados del censo 2022 para tener un dato exacto de los jóvenes que salieron de las escuelas. Según la servidora, las encuestas boca a boca que realizaron demuestran que la deserción escolar se debe a la inseguridad, embarazos adolescentes y falta de recursos.

«Eso también depende de la natalidad y si no hay niños las inscripciones en los planteles también cambiarán, pero ya se sabrá con los datos del censo», afirmó.

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Brown indicó que el plan contaría con el apoyo del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Según la funcionaria, los uniformados realizaron un «análisis exhaustivo» para determinar los sectores con mayor riesgo. Entre esos puntos se encontraba Guayas, Esmeraldas y Manabí.

No obstante, el plan quedó en palabras, un plan piloto y una «primera fase». La primera prueba se desarrollo el 8 de octubre en algunos planteles de Guayaquil, de ahí no se ha presentado una operación similar. La cartera de Estado, detalló que el plan iniciaría con 220 instituciones.

El plan que presentaron los servidores pretendía garantizaría la seguridad e integridad de los estudiantes y planteles educativos. Además, enfatizó que era de carácter obligatorio para los planteles y contaría con cinco ejes de acción: articulación, acción preventiva, sensibilización, atención y servicio y comunicacional.

Las cifras dicen otra cosa…

Brown señaló que más de 2 mil policías cubrirían los colegios a escala nacional, estos cubrirían el ingreso y salida de clases. Sin embargo, los padres de familias denunciaron que los uniformados «solo se quedaban para la foto y después se retiraban de los centros».

Además, los datos de la entidad señalan que durante el periodo lectivo 2022-2023 se reportaron 57 casos de extorción, al menos 36 sicariatos y más de 100 amenazas a profesores y rectores de los planteles.

Producto de ese episodio, los estudiantes y sus representantes exigieron a Brown acepte que los menores regresen a clases virtuales por la ola de violencia que azota al país. Algunos menores alertaron que antisociales les exigían una suma de dinero para «que no les pase nada». Además, los centros educativos han sido víctimas de robos, supuestos explosivos, «vacunas», balaceras al interior y exterior de las instituciones y otros disturbios.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se registran 200 mil homicidios entre jóvenes del 10 y 29 años, en todo el mundo, de esa cifra 20 o 40 jóvenes resultaron heridos.

Algunos eventos desde el anuncio del plan

Una semana después de que la ministra anunciara la implementación del plan, una balacera se registró en la escuela Alfonso Aguilar, producto del ataque dos personas resultaron heridos, entre ellos un menor de edad. Otro estudiante fue asesinado en los exteriores de un establecimiento en Flor de Bastión.

Además, “los vacunadores” pedían dinero a maestros y padres de familia de las escuelas en la Ciudad de Victoria. En esta ocasión son USD 5 a cambio de su seguridad y evitar que se cumplan las amenazas que reciben.

En 2023, el escenario no ha cambiado, pues el pasado 21 de junio, un estudiante fue asesinado al estilo sicariato en el sector de Las Lomas. El 14 y 21 de junio, antisociales asesinaron a dos estudiantes. Uno cuando se dirigía al plantel y otro en los exteriores.

Además, otros estudiantes murieron tras ser víctimas colaterales. Es el caso de un estudiante de odontología que murió por evitar que asalten a una de sus amigas.

De la misma manera, hace seis días hubo una masacre afuera de un centro educativo en Guayaquil. En este incidente, cuatro personas murieron y tres resultaran heridas.

De los más seguros a los más violentos

Según la Policía Nacional, de enero a julio de 2023 se registraron 3.513 muertes violentas. Es decir, aumentó en un 58 % las muertes violentas, en comparación al 2022. Expertos y analistas mencionan que si la tendencia continúa creciendo, el país alcanzará una cifra de 40 muertes por cada 100 mil habitantes.

La tasa de homicidios creció vertiginosamente desde el 2017 con 5,6 % a 25,5 % en el 2022, en Ecuador. Esto significa que se quintuplicaron los crímenes intencionales como asesinatos, femicidios y sicariatos. Una cifra récord e histórica en el país, según cifras de la Policía Nacional.

Radio La Calle intentó comunicarse con un delegado del Ministerio de Educación, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.

Clic para leer el plan.

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La UNE solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que investigue el caso e identifique posibles «conductas punibles» y a los actores de este entramado. La organización señaló que en las últimas semanas la cartera de Estado elaboró 10 procesos de contratación que sobrepasan los USD 3 millones.

Los procesos, que involucrarían cuadernos de trabajo, guías de docentes, y textos de consulta, tendrían relación con representantes directos, lo que incumpliría con lo estipulado con la ley.

«Es evidente que existen posibles afectaciones a la administración pública en beneficio de terceros», reza el comunicado.

Además, resaltaron que antes de tres meses de que el gobierno de Guillermo Lasso se vaya, y con ellos todos los funcionarios, Brown pretenda elaborar nuevas guías, cuadernos de trabajo y un nuevo currículum para Bachillerato.

«Reformar el bachillerato demanda un proceso global con participación social, técnica, científica y pedagógica (…) Hoy una vez más, se vuelve a improvisar; cabe recalcar cuáles fueron las instituciones que revisaron el proceso», detalla el documento.

Para la UNE, a Brown no le interesa la calidad educativa y científica, sino «sacar provecho en los últimos meses que le queda». Además cuestionaron que la ministra maneje dos frente cuando se trata de recursos. Po run lado, señala que no existen los recursos para contratar a más docentes, reintegrar a varios niños a las escuelas por el fenómeno El Niño. Sin embargo, sí tiene recursos para elaborar guías improvisadas.

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Loa padres de familia mencionaron que esupuestamente el conserje se llevaba a los niños con engaños a lugares donde no había maestros ni alumnos. La cartera de Estado señaló que la institución no reportó a las autoridades jurisdiccionales las infracciones y vulneraciones en el plantel.

El ministerio activó un plan de contingencia para identificar centros educativos cercanos y que ningún estudiante se quede sin matrícula. De la misma manera, detalló que los cupos estarán disponibles en 02 al 13 de agoto de 2023, y a partir del 2 de agosto brindarán asesoría a los padres y representantes.

Además, junto al Ministerio de Salud brindarán seguimiento psicológico a los estudiantes que lo necesiten.

Sobre el caso

El pasado 26 de abril, los representantes de los menores alertaron que más de una docena de pequeños habrían sido víctimas de abuso sexual. Además, denunciaron que las autoridades del plantel estarían encubriendo al sospechoso.

En esa fecha, el Ministerio de Educación confirmó a Radio La Calle que se reunió con los padres de familia de los menores afectados para realizar la respectiva investigación.

No obstante, el supuesto agresor salió libre después de ocho horas porque el delito no era flagrante, es decir, “con las manos en la masa”.

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»Denunciamos el actuar negligente, divisionista y discriminatorio por parte del Ministerio de Educación frente a las continuas exigencias y propuestas de nuestra parte respecto de los procesos de educación propia e intercultural», dicta un comunicado.

La acusación fue firmada por la Nacionalidad Indigena Siekopai (Nasiepai), la Organización Waorani de Pastaza (OWAP) y la Comunidad Cofán de Sinangoe, quienes manifestaron que se les ha negado el requerimiento de reunirse con la Ministra para que pueda escuchar sus propuestas.

Entre sus requerimientos estaba la gestión de un infraestructura adecuada para las escuelas »que han tenido un abandono permanente del Estado». De igual manera, requirieron más capacitación docente y material didáctico para los centros educativos.

Respuesta del Ministerio

Según el documento expuesto, ignoraron sus requerimientos de reunirse con la autoridad correspondiente. Un asesor les señaló que no serán recibidos por la Ministra sino por un subsecretario técnico y sus asesores. También les habían resaltado su falta de comprensión sobre las funciones de las autoridades estatales.

»Con nuestro pedido no desconocemos sus obligaciones constitucionales, al contrario por esa claridad es que exigimos ser atendidos además de los funcionarios señalados, por las máximas autoridades de Educación», señalan.

Las organizaciones agregaron que basados en experiencias previas, muchos acuerdos no pueden ser firmados porque se alega que no son de altos mandos y no se generan compromisos con pasos viables.

»Al mismo tiempo se ha deslegitimado la autoridad de nuestros compañeros Efrén Nango y Franklin Casicana como dirigentes de educación de CONFENIAE y CONAIE para participar del proceso de diálogo intercultural que propusimos se lleve a cabo en esta reunión», indicaron. (A.G.M).

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Basantes, en entrevista para Radio La Calle, enfatizó que el primer mandatario no cumplió las promesas que hizo en campaña sobre la educación. Resaltó que la mayoría de jóvenes ya no creen en el discurso de Lasso y sienten el abandono de las autoridades.

«Él (Lasso) se vendió como un defensor de la educación y hasta ahora no ha hecho nada. Los estudiantes siguen muriendo dentro y fuera de las instituciones», expresó.

La organización encuestó a varios jóvenes sobre la gestión del mandatario y el plan de seguridad del régimen y los resultados indican que 8 de cada 10 personas se sienten inseguros.

«Nos mantenemos firmes en la destitución de Lasso. Los jóvenes somos críticos y analíticos. Sabemos que somos actores del cambio en la sociedad», dijo.

Sobre la muerte cruzada

Basantes detalló que la Federación no concuerda con la advertencia de la muerte cruzada que ha lanzado Lasso. Sin embargo, apuntó que al país le urge un cambio de autoridades que velen por el bienestar del país.

Aseguró que como parte del Frente Popular estarán vigilantes al proceso y exigirán a la Asamblea Nacional que censure al presidente por su mala gestión.

«Esperamos que los legisladores no vendan su voto y actúen en favor del pueblo. Ya es momento que todos los aliados al mandatario se vayan, incluido la ministra de Educación«, finalizó.

El juicio a Lasso

El Pleno dio luz verde al proceso de juicio político contra Lasso con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones. En la sesión estuvieron 116 de 137 legisladores.

La moción fue presentada por la asambleísta de UNES, Viviana Veloz quien recalcó que la naturaleza de este juicio es netamente político. Para que su propuesta sea aprobada necesitaba el respaldo de 70 votos. (N.J.C)

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La titular de la cartera de Estado reconoció que el suicidio de Johana, B. pudo evitarse. Resaltó que las autoridades de la institución educativa tenían los »suficientes insumos» para percatarse del caso de bullying.

Por otro lado, el Ministerio inciará acciones disciplinarias contra los estudiantes presuntamente vinculados. Brown recalcó que ya han socializado una hoja de ruta con las autoridades de diversas instituciones educativas, ante casos de violencia escolar.

Por otra parte, aclaró que las autoridades están en un proceso de investigación y siguen en nómina. Sin embargo, no se especificó si serían separados o suspendidos de sus cargos.

Caso Carita de Ángel

En la escuela privada “Carita de Ángel”, en Quito, un grupo de padres de familia reclamó por supuestos casos de violaciones sexuales por parte del conserje de la institución. Los representantes de los menores comentaron que hay más de una docena de víctimas que tienen de entre tres y cuatro años.

»A mi hija le dijo que van a ver su saquito perdido y la llevó a un lugar donde no habían estudiantes ni profesores», dijo la madre de una niña. Además, se quejó de que las autoridades del plantel cubrieron al sospechoso.

En este sentido, el Mineduc informó que la denuncia fue puesta en el Distrito Educativo el 25 de abril. Los familiares expusieron los hechos suscitados y las presuntas omisiones por parte de la institución educativa. Además, constataron las denuncias colocadas en Fiscalía.

Medidas ante la violencia escolar

Tras la identificación oportuna de este tipo de casos, los centros educativos deben comunicarlo a los representantes legales del alumno, colocar una denuncia en Fiscalía y separar al agresor del plantel.

Si un estudiante reporta un caso de violencia y la institución no actúa en 48 horas deberá colocar la denuncia en el respectivo Distrito Educativo. Otra de las alternativas es comunicarse al 1800-Educación o enviar un correo a info@educación.gob.ec.

El Mineduc informó que de enero a diciembre del 2022 exisitieron 607 víctimas de acoso escolar, más de 4 mil casos de violencia sexual y 57 suicidios, según registros.

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En medio de un crítica ola de violencia, el 24 de abril cientos de estudiantes del régimen Costa y Galápagos retornarán a clases. Además de la inseguridad, las malas condiciones en la infraestructura de varios centros educativos preocupa a padres de familia, estudiantes y docentes.

En este sentido, Brown indicó que los daños son temporales y que en su mayoría son escuelas y colegios ubicados en ciudades propensas a inundaciones. En todo el país, 619 instituciones fueron afectadas por las lluvias y 331 por el sismo en Balao, ocurrido el 23 de marzo. Respecto a las región Costa y a Galápagos las cifras son las siguientes:

Plan de Contingencia

Ante la presencia de amenazas de origen natural, el Ministerio de Educación (Mineduc) dispuso que del régimen costa 99 centros educativos inicien las actividades escolares a distancia.

Por otro lado, en 366 instituciones educativas se retrasará el inicio escolar entre 3 y 5 días. Según la titular, de la cartera de Estado la decisión se toma debido a que los establecimientos se encuentran en lugares donde es difícil acceso, no obstante, está retrocediendo el agua.

Pese a las leves afectaciones resaltó que ya se encuentran trabajando en las adecuaciones. También agregó que 289 establecimientos volverán a la presencialidad. El listado de las instituciones que regresarán a clases estará publicado en la página web del Mineduc.

Plan Escuelas Seguras

El ministro del Interior, Juan Zapata, indicó que un total de 712 policías intervendrán en 169 centros educativos, de acuerdo al monitoreo de zonas conflictivas. En Guayas se determinaron 86 escuelas, en Esmeraldas 17, en El Oro 19 , Los Ríos 14, Manabí 23 y Santo Domingo 10.

Por su parte, el director general del ECU 911, Bolívar Tello, informó que 709 funcionarios de la entidad también estarán a disposición de la comunidad educativa. Agregó que se articularon 901 cámaras de seguridad en lugares estratégicos. (A.G.M).

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El plan tiene por objetivo preservar la seguridad de los niños por la afectación de las estructuras, resultado de los fuertes inviernos. Por ello, más de 100 planteles iniciarán clases bajo la modalidad en línea.

La mayor parte de las unidades educativas se encuentran en la provincia del Guayas. Se prevé que las actividades inicien el próximo lunes 24 de abril.

El propósito según el Ministerio de Educación

María Brown, ministra de Educación añadió que estos pedidos estan acompañadas por otros protocolos. Entre ellos preservar la seguridad de los estudiantes. Además, señaló que se ha solicitado el refuerzo de de escuelas seguras conjuntamente con la policía. Incrementando uniformados y patrullajes.

El plan de seguridad se dará a detalle el próximo 19 de abril con la finalidad del respaldo de la seguridad a clases.

El plan de patrullaje en las instituciones educativas funcionó con anterioridad en alrededor de 1.550 instituciones, esta medida aumentó hace un año en razón de prioridad la seguridad de los estudiantes y contrarrestar la delincuencia. Se espera una medida contingente en este periodo

El Ministerio de Educación mantiene ciertos planes de contingencia en caso de tipos de violencia como institucional, sexual intrafamiliar dentro de los establecimientos. (A.F)

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Según la funcionaria, la medida aplica a los servicios complementarios, como el transporte escolar. La seguridad privada tendrá una regulación diferenciada.

Durante los próximos días saldrá un comunicado oficial del Ministerio para aplicar la medida en todo el país. El mismo estará vigente desde este año lectivo 2023-2024.

Según la Ministra, el propósito es evitar situaciones de riesgo para los alumnos, profesores y padres de familia. Por eso, tampoco se permitirá portar armas en los transportes escolares.

El porte de armas con las empresas de seguridad privada tendrá un trato de manera diferenciada, aunque se regulará el control. En estos casos se aplicará lo que disponga la autoridad competente, pero fuera del establecimiento educativo.

«Esto también lleva coherencia con las convenciones internacionales de derechos de las que Ecuador es parte», señaló la Secretaría.

Los antecedentes

El 1 de abril, el Gobierno dispuso varias medidas urgentes para contrarrestar la inseguridad que se vive en el país. Entre ellas está la autorización para la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal.

Las universidades del país y movimientos de la sociedad civil rechazaron la medida, mientras que un segmento de la ciudadanía considera que puede ser una alternativa para protegerse de la ola de violencia propiciada por el crimen organizado en el Ecuador. (M.J)

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A través de un tuit, la UNE expresó su descontento contra el presidente Guillermo Lasso y la ministra de Educación, María Brown. Según la organización, el colegio Seis de Diciembre, ubicado en la capital, está inundado y presenta goteras en un salón de clases, a tal punto que los docentes deben trabajar con paraguas.

«El Gobierno de Lasso y Brown olvidan que el tema de la seguridad en educación pasa también por el mantenimiento de infraestructura (…) Eso también es violencia, una realidad de varios planteles», publicó la Unión.

Otros problemas de los educadores

El 14 de marzo, la UNE y otras organizaciones sociales marcharon contra el régimen de Lasso. Exigieron la renuncia del primer mandatario debido a su incapacidad para gobernar, los escándalos de corrupción y las condiciones de los trabajadores.

Isabel Vargas, presidenta de la Unión, manifestó que impulsarían un juicio político contra la titular de Educación, María Brown, por el «reglamento que perjudica a docentes y estudiantes», pero que no descuidarán el juicio político contra Lasso.

El último incidente denunciado por la UNE fue la agresión de una madre de familia a una maestra en una institución educativa, en Quito. El hecho ocurrió la mañana del martes 4 de abril de 2023.

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“Una vez que un niño queda desnutrido, afecta toda su vida y su potencialidad (…) un niño con esa condición no podrá estudiar bien,  no crece ni tiene fuerza de mano de obra”, dijo en entrevista para Radio Sonorama.

Para la funcionaria de la ONU, este índice es “ casi inmoral” pues solo Guatemala está por encima del Ecuador. Respecto a la subalimentación, señaló que la cifra de personas afectadas equivale a la población quiteña. 

Por otro lado, dijo que en el país existe un 36 % de inseguridad alimentaria grave y moderada. Más de un tercio de los ciudadanos tiene incertidumbre de “cuándo, cómo y qué van a comer todos los días”, resaltó.

Del otro lado: Sobrepeso y obesidad

Según Crowley, tres de cada diez niños y adolescentes  sufren de sobrepeso y obesidad en Ecuador. Recalcó que muchas veces las mismas familias que viven en desnutrición pasan al extremo del exceso por la calidad de los alimentos porque todavía faltan los nutrientes requeridos para una vida sana.

El hierro, la vitamina A y el zinc constituyen un aporte importante para la capacidad cognitiva, desarrollo neurológico y del metabolismo. Sin embargo, estos nutrientes son escasos en la alimentación. Para la representante de la FAO, un paso fundamental viene desde la alimentación escolar.

Una Secretaría para la «combatir la desnutrición«

En el 2021, el presidente Guillermo Lasso creó la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, a través del decreto 92. El objetivo de la entidad, según su titular Erwin Ronquillo, es reducir en seis puntos la incidencia de la desnutrición infantil hasta 2025.

En el nombramiento de este nuevo órgano de Estado, la ministra de educación María Brown también extendió su apoyo con capacitaciones sobre la «correcta nutrición» y las afectaciones de la desnutrición a los niños en los centros educativos.

Sin embargo, las palabras se las llevó el viento cuándo en enero del 2023 existió una reducción de leche en el desayuno escolar de los niños. Esta situación además perjudicar a los pequeños productores, afecta al desarrollo de los niños porque se reemplazó este producto con bebidas azucaradas. (A.G.M)

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Un video difundido en redes sociales muestra cómo estudiantes y profesores sacaron a la fuerza al menor de edad. Se desconocen los motivos por los que el joven llevó el arma.

Hasta el momento no se han pronunciado las autoridades del plantel, la Policía Nacional, ni el Ministerio de Educación. Tampoco se ha aclarado si el joven pertece a la instututción educativa.

Plan «Escuela Segura«

La ministra de Educación, María Brown, el 3 de octubre comunicó la implementación del plan piloto “Escuela Segura”. Una iniciativa que junto al Ministerio del Interior y la Policía Nacional velarían por la seguridad y bienestar de los estudiantes.

Brown mencionó que la Policía realizaría un análisis exhaustivo sobre las escuelas con mayor índice de riesgo. “El plan propone que un policía debe estar en contacto con el ECU 911, las autoridades del plantel y los distritos educativos del Ministerio de Educación”, comentó.

El proyecto de la ministra ya se ejecuta en diversas escuelas del país y pese a esta implementación el Ecuador no ha disminuido los incidentes en los planteles educativos. (N.J.C)

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El hecho ocurrió cuando los estudiantes terminaban su jornada educativa. El joven de 17 años cursaba el tercer año de bachillerato; producto de este incidente, otro alumno resultó herido.

El asesinato sucedió un día después que la Policía Nacional y los ministerios del Interior y de Educación presentaran de manera oficial el plan “Escuela Segura”.

Las autoridades explicaron que este plan distribuye a dos mil policías para reforzar la seguridad de los estudiantes en 220 instituciones del país. Según El Universo, padres de familia del plantel indicaron que hace 15 días presuntos antisociales intentaron ingresar, como medida preventiva pusieron un guardia de seguridad en el plantel.

Esmeraldas es una de las provincias en estado de excepción. Sin embargo, es evidente que la implementación de esta medida no ha logrado reducir las muertes violentas.

Retorno a clases presenciales

Pese a la ola de inseguridad que se ha desatado en  el país, el Gobierno consideró fundamental que las escuelas regresen a la presencialidad. Para las autoridades, el plan “Escuelas Seguras” es la solución a todo este caos. A partir de ello, identificaron a los centros educativos ubicados en los lugares más peligrosos para hacer un mayor monitoreo.

Según la ministra de Educación, María Brown, los estudiantes tienen más posibilidad de caer en actividades ilícitas cuando no están en los planteles educativos.

Actualización

Según información preliminar, el joven asesinado caminaba junto a otros compañeros cuando sujetos en una motocicleta lo interceptaron con varios disparos. Como resultado del atentado, tres alumnas resultaron heridas de bala y fueron llevadas a una casa de salud de Esmeraldas.

Los familiares del joven asesinado acudieron al lugar e identificaron el cuerpo gracias a las pertenencias que llevaba. Dinased, Criminalística y Medicina Legal acordonaron el lugar para realizar las investigaciones pertinentes.

Ante el incidente, los padres de familia y representantes del plantel Eloy Alfaro decidieron no enviar a los estudiantes a clases este miércoles 16 de noviembre. Además, solicitaron que se fortalezca la UPC de Nuevos Horizontes, construida con la colaboración de los moradores, para mejorar la seguridad de estos lugares.

Última actualización

Además, el director de la institución, Regino Arias, suspendió las clases presenciales. El Ministerio de Educación no se ha pronunciado sobre el hecho, reportó Ecuavisa.

(N.J.C)

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En medio de la ola de violencia registrada en las provincias del Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, el sector educativo se encuentra vulnerable. Los ministerios de Educación y del Interior impulsaron acciones para el proyecto “Escuelas Seguras”, que consta de dos pilares, prevención de desastres naturales y riesgos provocados por el ser humano.

Respecto al primer ámbito, se implementará campañas y simulacros para que la ciudadanía conozca qué hacer en casos de terremotos, tsunamis e inundaciones. En lo que concierne al otro eje, se creó un plan piloto para las escuelas con protocolos tanto para los delitos externos como internos. En estos casos la Policía puede actuar con sus organismos especializados como la DINAPEN.

Acciones en medio de la violencia

Las autoridades identificaron los “puntos calientes” dentro del país, es decir, a las instituciones que están ubicadas en los sitios más peligrosos para dar mayor monitoreo. El ECU 911 distribuyó 1.764 cámaras de manera estratégica alrededor de las instituciones educativas.

“Tenemos un contingente humano que cuenta con 3300 personas al servicio de los estudiantes”, dijo la directora general del ECU 911, Daniela Saltos.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, recalcó que la presencialidad es fundamental para la educación. En la primera etapa de este plan se han priorizado 220 instituciones educativas, consideradas de acuerdo a las problemáticas delictuales y de suicidio. Gran parte de las escuelas se encuentran en las provincias declaradas en estado de excepción. Las entidades tienen previsto un contingente de 2 mil policías y de 4 a 6 policías estarán fuera de los planteles educativos. Las escuelas que entran en el plan son:

• Instituciones fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares que se encuentren en los lugares con más incidentes de vulnerabilidad;
• instituciones que tienen la oferta de educación básica o educación general básica;
• instituciones con más de cien estudiantes;
• e instituciones ubicadas en subcircuitos de policía que registran más de cinco homicidios intencionales durante el período del 1 de enero al 26 de marzo, dentro de su jurisdicción.

Para la ministra de Educación, María Brown, los estudiantes están más propensos a caer en actividades ilícitas cuando no están en las instituciones educativas. De hecho, volver a la presencialidad fue una de las acciones principales para reducir los riesgos psicosociales como el consumo de drogas. “El remedio puede ser peor que le enfermedad”, recalcó. (A.G.M)

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