María Paula Romo, exministra de Gobierno y Gonzalo Ruiz Álvarez, director de Radio Platinum son los nuevos miembros. Al medio también regresa su fundador, el exvocero de Gobierno, Carlos Jijón.

«Muy contenta de incorporarme a esta nueva etapa de La República. Momento clave para la reflexión y el intercambio de ideas», escribió la exfuncionaria en un tuit.

Romo, de 43 años, ya tuvo una experiencia como editorialista en el desaparecido diario HOY durante la primera década de los 2000. Fue asambleísta constituyente, legisladora y la ministra en el gobierno de Lenín Moreno. «Actualmente da clases en la Universidad de Pensilvania, uno de los centros académicos más importantes del mundo», reseña La República en su presentación. MIB

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“En atención a la solicitud dirigida a esta Cartera de Estado, en relación al préstamo de material antidisturbios y su posterior devolución, informo que, en virtud del principio de reciprocidad internacional, el Ministerio a mi cargo, por medio de la Policía Nacional hará llegar su requerimiento de acuerdo a las especificaciones pertinentes”, dice el oficio del Ministerio de Gobierno, firmado por Romo el 16 de noviembre en 2019.

El mismo 16 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la difusión del Decreto Supremo 4078, que eximió de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas, a cargo de los operativos en Bolivia.

«El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta», señaló el organismo.

Evo Morales denunció públicamente que el golpe de Estado dejó 36 víctimas fatales, más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente.

La Fiscalía Argentina imputó, el 16 de julio, al expresidente Mauricio Macri y a sus ministros de Seguridad y Defensa, por el envío de material bélico a Bolivia, en 2019.

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«Si la Ministra es sancionada debe pagar factura a nombre del Estado. Esto es una afrenta a los ecuatorianos. Piensa que pueda hacer lo que le da la gana. César Litardo, fruto del acuerdo de gobernabilidad, mantuvo el juicio 10 meses a la sombra, cuando debió darse en enero de este año», dijo durante una entrevista con Radio La Calle.

El Legislador aseveró que la Comisión de Fiscalización tiene que verificar las pruebas «contundentes» y transferirlas al Pleno.

Los asambleístas Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo acusan a Romo por la repartición de los hospitales. «La Ministra compró esos votos entregando cargos y comprando la inmunidad política para mantener su cargo. El exasambleísta Mendoza le dio nombres para ocupar cargos públicos», señaló.

¿Qué condiciones se requiere para que pase a juicio?

El asambleísta independiente mencionó que se requiere que sus colegas actúen de forma disciplinada para las prebendas entregadas. «Los políticos en tiempos de corrupción piden tolerancia y terminan construyendo una democracia pobre. La Ministra ni siquiera dio la cara en el asesinato de Diana en Ibarra, hecho producido en la vía pública», indicó.

CREO y el Gobierno

Gómez considera que el partido político de Guillermo Lasso debe mencionar que el movimiento debe separarse del Gobierno. «Lasso no es parte del partido sino del bloque. No tengo ningún proceso iniciado contra el bloque. Hay que corregir la situación separándose del blindaje a favor de los ministros corruptos del Gobierno de Lenín Moreno», así lo manifestó el ex asambleísta de CREO.

El 16 de octubre, la Comisión de la Fiscalización inició el proceso contra la ministra María Paula Romo. El organismo tiene hasta el 5 de noviembre para presentar el informe conforme a los plazos establecidos. (GG)

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“Negamos categóricamente la inferencia realizada por la ministra María Paula Romo acerca de que esta empresa estaría vinculada a IBcorp y a las presuntas acciones ilegales con el manejo de valores de Isspol”, señala el comunicado de González.

Los hechos

“Por si alguien todavía duda qué es lo que enfrentamos, aquí la última pieza del rompecabezas en la estafa al ISSPOL. El vehículo en que Arauz se movilizó los últimos días es propiedad del socio de Chérrez: Luis Alberto González, presidente de Orión Casa de Valores (antes Ibcorp)”, escribió Romo el 11 de octubre en un tuit.

Sobre el auto en donde se habría movido el candidato, González dijo que lo vendió en el 2019.

Empresa

La casa de valores también informó que entre el 2009 y el 2012, González compró las acciones de IBCorp, por lo que la empresa cambió de nombre. “Somos una casa de valores independiente, que tiene clientes institucionales y personales en Ecuador. Nuestro trabajo se ha enfocado más en el sector privado y el de personas, antes que el del sector público”, dijo el empresario.

ISSPOL

En una comparecencia ante la Asamblea Nacional, Jorge Chérrez manifestó que la capacidad de liquidez que tiene el ISSPOL viene de los bonos de deuda, ya que el Gobierno no les paga todo el dinero adeudado.

“El ISSPOL es un fondo de los policías. Y en este momento lo está capturando y administrando el Gobierno del Ecuador. Si ustedes me dicen el día de hoy qué miembro de la Policía, o qué director actual dentro del ISSPOL tiene experiencia probada en Seguridad Social y no corresponde a un exempleado del Gobierno Nacional, yo puedo aceptar que estoy equivocado en mis apreciaciones. Lastimosamente la realidad es otra”, sentenció el empresario en su comparecencia.

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Varios analistas consideran que María Paula Romo es quien sostiene al gobierno de Moreno. Precisamente, las funciones de la cartera de Estado que preside le faculta tener “conversaciones” por un lado, y por el otro, armar operativos y allanamientos. Por tanto, la lógica del Ministerio de Gobierno funciona bajo la premisa de “buenas leyes y buenas armas”; para garantizar el ejercicio de poder desde Carondelet.

A 125 días de las próximas elecciones, el statu quo, construido tras los bastidores del legislativo, se desarma. Los “acuerdos políticos” se han fracturado, y quienes participaban en presunta alianza ahora se delatan.

Durante la semana que concluye, las declaraciones del ex asambleísta Daniel Mendoza detalló datos relevantes del denominado reparto. Junto a él, Jean Carlos Benavides, quien fue su asesor, afirmó que “todas las cuotas políticas fueron aprobada por la ministra de Gobierno”. Considerando que los antes mencionados son sujetos procesales; sus versiones son válidas dejando sin efecto los presagios de Romo, al descalificar sus afirmaciones por su condición de presuntos delincuentes. Ahora, ella los denomina “cínicos”.

CNE golpea a Romo

Otro golpe que tuvo la ministra esta semana fue la decisión de los consejeros del CNE que, en honra a las garantías constitucionales, calificaron la candidatura del binomio de UNES.

Según Benavides, el ex asambleísta Mendoza, perdió la Dirección Regional de la ANT de Manabí, por “no apoyar la postura del Gobierno en el juicio contra Diana Atamaint”. Este elemento demuestra el cambio de la correlación de fuerzas.

Los efectos del reparto

La operadora política por excelencia del gobierno, enfrenta graves dificultades pues, cada vez, el presunto reparto, toma más forma. Los supuestos beneficiarios (Bucaram, Mendoza, Azuero) enfrentan procesos judiciales; elemento que también salió del control de la ministra pues, presumo, en su intento de establecer mecanismo de coerción, los implicados apuntaron sus declaraciones hacia Romo. En definitiva, nos encontramos frente al último aliento del gobierno.

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“Juguemos en el bosque, hasta que la Romo esté. Si la Romo aparece, un ojo nos sacará ¿Qué estás haciendo María Paula?”, dicen a coro, un grupo de personas a la vista de los demás marchantes y la Policía Nacional.

Como en el tradicional juego, la pregunta de los manifestantes tuvo una respuesta: “Estoy repartiendo hospitales”. Después “Me voy de vacaciones en helicóptero”. La tercera “Estoy negociando con los Bucaram”. Para finalmente responder: “¡Voy a sacarles un OJO!”. Esta es una muestra del descontento ciudadano que ha retomado las protestas tras el final del Estado de excepción y a los que la policía respondió con represión.

Las acciones de la ministra

Las respuestas de juego refieren a varios escándalos en los que el nombre de Romo se ha visto relacionado. El pasado 28 de agosto, un medio digital indicó que Romo era el supuesto vínculo del Legislativo para acceder al control de hospitales públicos.

En el feriado del 25 de julio de 2019, Romo utilizó junto al exministro de Inclusión Social, Iván Granda una avioneta policial para ir de vacaciones a Casablanca. Finalmente, en muchas entrevistas, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz ha dado cuenta de cercanía con la funcionaria de Estado.

Represión

El pasado 15 de septiembre, un grupo de policías lanzó varias bombas lacrimógenas y toletazos para impedir el paso de los médicos posgradistas que se mantienen en protestas por el incumplimiento de la Ley de Apoyo Humanitario en sus contratos con los Centros de Salud.

Al día siguiente, un contingente del GOM con dos vehículos antidisturbios rociaron de agua y replegaron la protesta de estudiantes, obreros y ciudadanía en general.

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En la calificación aplicaron una metodología no aprobada que incluyó una nota subjetiva denominada “concepto”. Este elemento dependió del criterio de los miembros del Consejo de Generales y de la ministra Romo.

Con fecha del 26 de septiembre de 2018, Romo dejó sin funciones a los 11 oficiales no ascendidos, mediante el Acuerdo Ministerial 44 emitido el 18 de octubre de 2019. Los agentes accedieron a su derecho a la impugnación ya que nunca conocieron sus calificaciones y les notificaron de su desvinculación mediante telegrama 2028-782-DGP-ASL.

En julio de 2019, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha emitió un dictamen a favor de  Roberto Almeida Parra y Richar Martínez Reyes después de comprobar que sus derechos constitucionales no se respetaron.

Los 11 agentes de policía presentaron acciones de protección en varios tribunales, pero solo aceptaron a cuatro. De esos, dos los desecharon después de la impugnación del Ministerio de Gobierno y solamente quedaron las de Martínez y Almeida.

Manuel Velepucha, delegado de María Paula Romo, intentó defender la transparencia del proceso de calificación. Sin embargo, la Corte Provincial desestimó los argumentos.

Rómulo Bárcenes, abogado de los dos oficiales, presentó ante la Corte una acción de incumplimiento de la sentencia. El abogado aseguró que el desacato al dictamen del tribunal puede plantear acciones penales contra Romo.

Los afectados consideran la posibilidad de presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir reparación en este caso por violación a los derechos constitucionales.

Otras denuncias

El 5 de septiembre, el asambleísta Roberto Gómez pidió a la ministra de Gobierno informar sobre una intercepción en las comunicaciones de políticos opositores y periodistas por parte de Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.

A finales de agosto, una publicación de un medio digital indicó que la ministra supuestamente repartió el manejo de hospitales públicos a una veintena de asambleístas. La funcionaría lo negó.

El 8 de septiembre, la Asamblea Nacional inicó el proceso de juicio político en contra de Romo por los hechos violentos en el paro nacional de octubre de 2019. La ministra lo calificó como un pretexto de sus enemigos púbicos.

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“La fiscalización es parte normal a lo que un funcionario público está sometido, así tomo yo esta convocatoria o este llamado a dos juicios políticos”, dijo la ministra.

Además, acotó que responde por el trabajo de la Policía. “La actuación tiene que ser en el marco de la Constitución y la ley y yo confío en que así he actuado”, enfatizó.

En cuanto a los juicios políticos, Romo mencionó que: “primero se tendrá que determinar cuáles son mis funciones para ver si de alguna manera yo las he incumplido” (…) “Hay al menos dos de los casos que están incluidos en los juicios políticos que no hacen parte de mis funciones legales, el tema del cumplimiento pleno de la ley de prevención de violencia de género y el otro tema tiene que ver con el sistema carcelario. A pesar de que la Policía apoya con su contingente en la seguridad de las cárceles, es un tema que le corresponde a otro ministerio”

Dos juicios políticos

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio paso a dos juicios políticos en contra de la Ministra de Gobierno María Paula Romo este miércoles, por incumplimiento de sus funciones, crisis carcelaria e inseguridad del país.

La aprobación del CAL se dio con los votos favorables de los asambleístas Cristina Reyes (PSC), Patricio Donoso (CREO), Rina Campain (CREO) y Ana Belén Marín (Alianza PAIS). En cambio, se abstuvieron Cesar Litardo (presidente de la Asamblea), Cesar Solórzano (BIN) y Carlos Cambala (Alianza PAÍS).

La primera solicitud de juicio político apareció el 8 de agosto, con 42 firmas de respaldo. También se mencionó el mal uso de bienes públicos, como el helicóptero de la Policía en el feriado de Carnaval. El segundo pedido fue el 24 de septiembre; donde se hizo énfasis en la crisis del sistema penitenciario y la seguridad ciudadana.

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«Estábamos en medio de una emergencia y había que usar lo que teníamos a la mano», aseguró Romo, justificando su utilización. Además, sostuvo que estos gases caducados no son más perjudiciales para la salud, sino que solamente tienen menos efectividad.

Sin embargo, según el Centro de Promoción de la Salud y de Medicina Preventiva del Ejército de Estados Unidos y la Convención de París sobre el uso de Armas Químicas de 1993, cuando está caducado, el gas orto-clorobenzilideno malononitrilo se convierte en nada más y nada menos que en cianuro.

Inhalar este compuesto químico tiene múltiples efectos: convulsiones, afecciones al corazón, pulmones, riñones y también puede provocar abortos.

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Quito, 10 nov (La Calle).- La sesión solemne por los 199 años de la Independencia de Cuenca estuvo marcada por el rechazo al presidente Lenín Moreno y a sus ministros de Gobierno y de Defensa, quienes ordenaron cercar el parque Abdón Calderón por “seguridad”, causando un malestar a ciudadanos locales y turistas.

Lenín Moreno Garcés estaba invitado por la Gobernación del Azuay a la sesión solemne por los 199 años de Independencia de la ciudad de Cuenca. Desde horas de la mañana algo inusual pasaba en los alrededores del parque Abdón Calderón, lugar emblemático y simbólico para los cuencanos y donde se encuentra el edificio de la gobernación: estaba completamente cercado y con un fuerte resguardo policial, algo poco usual en las celebraciones morlacas.

El cercado total del Parque Calderón afectó el ritmo normal del Centro Histórico durante el feriado, la Policía impidió el acceso a las personas para que se tomen fotos con el fondo de la Catedral, compren alguna artesanía o simplemente caminen.

La orden de cercar el parque…

A través de su cuenta de Twitter, el Municipio de Cuenca informó que el temporal bloqueo de las calles se debía a la sesión solemne y que no tenían nada que ver con el estado de excepción que aún regía en el país desde la primera semana de octubre.

La orden de cercar el parque Calderón la dio el Gobierno Nacional porque, según su criterio, recibió información de que estarían presentes manifestantes en contra del primer mandatario. Según el Ministerio del Interior, tenían toda la facultad de cercar el parque ya que el estado de excepción sigue vigente, lo que contradijo la versión del Municipio de la ciudad.

Para ingresar a la sesión solemne, el control fue exhaustivo. El primer requisito era ser partidario del presidente de la República. La Policía revisaba todas las maletas, cámaras y lo que las personas portaban. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Comunicación, publicó un video en el cual se manifestaba el apoyo de algunas personas que se dieron cita en el parque Calderón hacia el presidente Lenin Moreno. Sin embargo, en el lugar había también cientos de moradores que rechazaban las acciones del primer mandatario y de sus Ministros.

La calle habla…

Una de las manifestantes fue Sonia (nombre protegido), quien es trabajadora pública, y que prefirió dar declaraciones bajo el anonimato por temor a represalias. De acuerdo a su testimonio, cuando se enteraron de la llegada de Moreno a la sesión solemne, la gente ni siquiera se organizó, sino que salió por su propia cuenta y se encontraron con un parque cercado, lo que acrecentó el malestar.

“Somos un grupo de ciudadanos autoconvocados que nos hacemos eco de todas las agresiones a las personas por parte del Gobierno, no somos terroristas”, dijo. Además, añadió que las manifestaciones en Cuenca no fueron exclusivas del movimiento indígena si no que fueron sostenidas por estudiantes universitarios, amas de casa, obreros, personas de cincuenta a setenta años armadas con las tapas de las ollas para reclamar.

“Salimos convencidos a las calles porque sabíamos que el paquetazo nos iba a llevar a la miseria. Queríamos decir alto, un no a las medidas neoliberales que nos querían imponer y que beneficiaban a unos pocos multimillonarios”, agregó la ciudadana.

Mientras Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, daba su discurso, los gritos de los manifestantes eran tan altos que se escuchaba en el hall del Salón de la Ciudad. Para ocultar las consignas, una banda de la Policía Nacional tocó música tropical con la intención de minimizar los reclamos. Mientras en la parte alta se realizaba un evento formal, en la parte baja sonaba con fuerza el “Juyayay” y la cumbia “Cariñito”.

Moreno huyó treinta minutos antes de que termine la sesión solemne

Palacios insistió en que la ciudad es pacífica y el presidente Lenín Moreno respondió que él tampoco creía que era necesario un operativo y manifestó: “en la esquina fui advertido ya, con un grupo pequeño de agresores, que seguramente no se enteraron que habíamos hecho la paz”.

Moreno se retiró treinta minutos antes que terminara la sesión solemne. En su salida la gente expresó su descontento con la gestión del mandatario. El “¡fuera, Moreno, fuera!” retumbó y penetró la extensa escolta de la caravana presidencial que abandonó el centro cuencano antes de las 18:00.

Sin embargo, el rechazo no era solo a Moreno sino también a la presencia de María Paula Romo, ministra de Gobierno, a quien los manifestantes llamaban “la ministra de la muerte”. Su presencia en suelo austral no cayó nada bien después de los acontecimientos del paro nacional. El malestar se extendió a las redes sociales.

El rechazo se mantiene

Después de los acontecimientos de los primeros días de octubre y de la posición y distorsión de la información sobre los hechos por parte de los medios de comunicación tradicionales, la población mantiene el rechazo a todo lo que no tenga relación con los medios alternativos.

Tanta es la tensión que nuestros corresponsales Paola Elizalde y Kevin Cornejo, al cumplir su labor periodística en la cobertura del evento, fueron confundidos con personal afín al gobierno, porque registraban en video a los manifestantes, por lo cual les lanzaron piedras.

Según Elizalde, “había personas que nos empezaron a lanzar piedras, e incluso una tenía una catapulta. Intentamos hablar con ellos, pero pensaban que éramos del gobierno y los estábamos grabando”.

Los colegas reporteros de medios de comunicación alternativos, Jorge García y Tomás Villota, estudiantes de periodismo de la Universidad Estatal del Cuenca y periodistas del medio Chasqui sur, ayudaron a apaciguar la situación para que nuestros corresponsales continúen con su trabajo. La paciencia de la gente parece agotada y el rechazo a la información falsa por parte de la prensa mercantil fue evidente durante la manifestación.

El contexto…

Las protestas que se suscitaron por 13 días en octubre, según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, dejaron un saldo de 11 muertos. La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, mencionó que detrás de las protestas, hubo un “intento de golpe de estado”, aludiendo que los manifestantes eran los “agresores” y que la Policía sufrió daños sicológicos.

Sin embargo, lo curioso de estas declaraciones es que todos los fallecidos eran manifestantes, es decir, no existió ninguna baja de la fuerza pública y es por eso que la ciudadanía se cuestiona y rechaza las decisiones del Gobierno Nacional, sobre todo a la presencia de actores puntuales como los ministros María paula Romo y Oswaldo Jarrín.

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