“Hace casi tres años lo hizo y no solamente no tuvo ninguna consecuencia, sino que además aprovechó para que la Asamblea le borre otros delitos”, expresó Romo en una entrevista con Teleamazonas.

Además, recalcó que no se puede negar que en el país existen problemas de hambre, pobreza, desigualdad, desempleo y más. “Estos problemas deben ser atendidos, pero no de la manera en que la Conaie propone, en donde no se soluciona nada”, afirmó la exministra.

El correísmo

Romo comentó que las protestas estallaron justo cuando en el país se descubrieron los vínculos del Correísmo con el narcotráfico.»Se evidenciaron fotografías de un legislador de la Revolución Ciudadana en la piscina con uno de los principales detenidos», aseveró Romo.

También sostuvo que un elemento importante para que suceda este escenario es la impunidad que se selló en la Asamblea Nacional con las amnistías.

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La observación del caso es llevada a cabo por 19 organizaciones sociales y de derechos humanos. Por ello, INREDH y las organizaciones presentaron su informe donde se detalla todas irregularidades y violaciones al proceso judicial.

Ola Bini estuvo detenido en abril de 2019 y obtuvo un habeas corpus el mes de junio del mismo año. Sin embargo, el anterior Gobierno de Lenín Moreno persiguió nuevamente al activista de derechos digitales a través del Ministerio de Gobierno presidido por María Paula Romo en enero de 2021.

Luego de faltas en el posterior allanamiento y detención, Bini ni siquiera tuvo una causa o delito para que un juez generara tales órdenes. INREDH recalca que luego de que retiraran su habeas corpus, fue víctima de esos abusos del derecho penal. Bini fue llamado a juicio de sentencia a pesar de que su defensa cuenta con más de 50 testimonios y pericias.

Además, señalan que Fiscalía reformuló cargos con elementos de cargo y descargo antitécnicos en materia de delitos informáticos. A Bini lo acusan de acceso no consentido a servidores informáticos gubernamentales. Por ello, Rosa Bolaños, asesora legal de INREDH, manifiesta que estas pruebas fueron ‘sumamente mediatizadas’.

Allanan centro de autonomía digital dirigido por Ola Bini

Es decir, la mayoría de pruebas eran declaraciones de autoridades ministeriales del régimen de Moreno. A ello acotó que Romo usaba incluso la nacionalidad de Bini a modo de epíteto como: «hacker ruso del correísmo que intenta desestabilizar al Gobierno».

Falta de independencias en el Caso Ola Bini

Todo ello se concatena en un mensaje político de Romo para que haya existido la inmediatez que violó formalidades de detención, allanamiento y juicio de Bini, al hacerlo mediático, sostuvo. «Fue una detención y proceso arbitrario e ilegal».

Bolaños añadió que la falta de independencias alcanzó a los tribunales debido a la presión de ‘las esferas de poder’ y la presión mediática, que resulta preocupante en este proceso judicial. Ella denuncia que la figura judicial de penalizar actos ilícitos no se vio reflejado en este caso ya que el proceso disciplinario se ve motivado por lo que el procesado representa.

En otras palabras, se llevó a juicio de esta manera a una persona que presuntamente representa al movimiento político ‘enemigo’ del Gobierno de turno.

«Pánico Hacker»

Veridiana Alimonti, quien representa a Electronic Frontier Foundation, afirmó que las autoridades ecuatorianas en este caso intentan posicionar el discurso de «pánico hacker». Pues, según explica, un programador de software, un activista digital, y entre otros no necesariamente es una persona con intenciones de ‘hackear’ equipos con un motivo particular.

Ella explica que con este ‘pánico’ se logra una cortina de humo que facilitó el proceso judicial contra el activista ruso. En un principio, no dijeron exactamente qué había «atacado» Bini, ni lo dijeron luego. También añadió que la principal evidencia que maneja Fiscalía es una foto donde se evidencian instrumentos informáticos, que cualquier persona que trabaje en ese ámbito utiliza.

Supuestamente también existe una captura de pantalla del teléfono celular de Bini que se asemeja más a la de una computadora, explicó Alimonti. En la primera foto se puede ver que en la pantalla de la computadora Bini intentaba ‘acceder’ a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Pero, que ello no significó un acceso no consentido pues en primer lugar nunca lo hizo, y la pantalla donde se muestra el ingreso por medio de usuario y contraseña lo prueba, según ella.

Amedrentamiento de Fiscalía con Ola Bini y activistas de derechos digitales

La asesora Bolaños también explica que no hay claridad en cómo el Estado ecuatoriano entiende un delito informático, o con qué excusas se ha llevado a cabo el juicio contra Ola Bini. Ella denuncia que en el proceso no se ha visto los detalles técnicos acerca de derechos digitales o lo que es un delito informático. «La noticia del delito nace desde María Paula Romo» dijo.

Por ello, es la falta de tecnicidad y que no se entienden los delitos informáticos así como los derechos digitales, impide un razonamiento jurídico enmarcado en el derecho penal con verdadera objetividad y debida diligencia investigativa. En la última parte del informe se muestra la preocupación de una intención de amedrentamiento por parte de Fiscalía contra la defensa legal de Ola Bini.

Según explicó Rafaela De Alcantara, asesora de DD.HH. de la oficina de Brasil y sudamérica, existe una cultura de vigilancia hacia quienes ejercen el activismo por los derechos digitales desde los Gobiernos. La defensa de Bini cuenta con un testigo experto en ejercicio de derechos digitales. Revelan que fue vinculado al delito de fraude procesal. Y por ello se encuentra en peligro el componente técnico que complete la correcta ejecución del proceso. Pues con ello se contaría con todos los elementos técnicos acerca del supuesto delito.

Fiscalía nuevamente activa el derecho penal para amedrentar a quienes intentan demostrar la verdad procesal y que Bini sea juzgado con los elementos de objetividad e imparcialidad apegada al debido proceso. Por ello, es que existe la preocupación de un abuso y ejecución arbitraria de las competencias de la parte acusatoria contra Ola Bini.

La audiencia de sentencia está prevista hasta el 22 de mayo, donde si su fallo no es favorable, se analizará la sentencia escrita para apelarla posteriormente con una ‘misión salvadora’.

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“El 11 de abril se cumplen 3 años desde que el sueco fue arrestado en el aeropuerto de Quito y liberado, 70 días después, gracias a un habeas corpus que reconoció que se violaron derechos fundamentales. Más de 100 violaciones al debido proceso han sido detectadas en este caso”, señala la cuenta Justicia Minuto a Minuto.

Los usuarios en redes dicen que se trata de persecución y hostigamiento, nuevamente, por parte del Gobierno. Además, consideran que se trata de una pantalla de humo sobre el escape de “Don Naza”.

Juicio a Ola Bini

El 11 de abril de 2019, Ola Bini fue detenido en el aeropuerto cuando disponía viajar a Japón. María Paula Romo, entonces ministra de Gobierno, dijo que había evidencias suficientes sobre posibles ataques informáticos al Estado Ecuatoriano, que tenían relación con órdenes del activista Julián Assange.

Bini fue procesado por ataque a la integridad de sistemas informáticos. El 19 de enero de 2022, se inició el juzgamiento por el presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático. Sin embargo, hubo una moción para declarar el abandono de la acusación de parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). La moción no procedió.

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De las 268 personas amnistiadas, 60 pertenecen a casos por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social en octubre del 2019; 154 defensores de los territorios comunitarios; 12 por la administración de Justicia indígena y 42 defensores de la naturaleza.

Reacciones

«El legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros. La Asamblea Nacional del Ecuador cometió un acto de injusticia. Olvidaron Quito en llamas, familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas. Respaldo a los quiteños y a la fuerza pública ante la decisión», publicó el primer mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el expresidente Lenín Moreno consideró que los 99 votos del Legislativo la mañana de este jueves 10 de marzo fueron un golpe a la democracia. «Quienes atentaron contra la democracia en octubre de 2019 y pretendieron dar un Golpe de Estado entre protestas, secuestros, destrucción de ciudades patrimoniales y actos de vandalismo, hoy han sido absueltos con 99 votos por la Asamblea Nacional como si nada hubiera pasado», señaló por medio de su red social.

De igual forma se pronunció el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, quien se siente «ofendido» por el Legislativo al haber concedido amnistías a «quienes sembraron terror y cometieron actos vandálicos contra la capital de la República (…) y no pueden ser considerados perseguidos políticos».

Como con la marcha del 8 de marzo, Guarderas se solidarizó con los «bienes patrimoniales» destruidos. Finalmente, advirtió que «no permitiré que Quito vuelva a ser ultrajada y utilizada por mezquinos intereses políticos», reza el comunicado.

La exministra de Gobierno, María Paula Romo, censurada y destituida del cargo por atentar contra los derechos humanos en la brutal represión de octubre de 2019 y acusada de haber repartido hospitales públicos como botines políticos, también expuso su negativa frente a las amnistías. Calificó la decisión del Pleno como «pura impunidad». «El precedentes es nefasto para nuestra democracia: amnesia para los que atacaron el Ecuador, y castigo para quienes hicieron su trabajo», publicó.

Quienes hablan de democracia…

El jefe de la bancada de Pachakutik, Marlon Santi, apuntó al expresidente Lenin Moreno como el responsable de atentar contra el bienestar de las familias ecuatorianas al firmar el decreto 883, que eliminó los subsidios a la gasolina y fue el detonante para las protestas de octubre del 2019.

Dijo: “Se nos acusa de octubre, se nos acusa de que el movimiento indígena es el responsable de saquear Quito. Pero, ¿quién es el que hizo el Decreto 883, y él está libre ahorita por Estados Unidos?».

No se ha mencionado nada de los 11 muerto de octubre, pero aseguró que se continúa criminalizando a los dirigentes indígenas, tachándolos de terroristas. «Aquí hay personas responsables del Estado ecuatoriano que hicieron y mataron a nuestros hermanos de octubre», sostuvo Santi.

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El exvicecanciller también señaló que estos hechos no pueden quedar en impunidad, puesto que son contrarios a los principios de la política exterior ecuatoriana. Agregó que, a lo largo de la historia ecuatoriana, el país nunca apoyó un golpe de Estado.

Tampoco «contribuyó a la represión de un pueblo hermano, ni negó un permiso de sobrevuelo humanitario para salvar la vida de un jefe de Estado», puntualizó.

“Tan graves hechos no desaparecen por el silencio cómplice de algunas instituciones y de la prensa. Tampoco pueden examinarse con la perversa lógica del odio a Correa y los gobiernos progresistas”, escribió el exfuncionario.

Yépez Lasso considera que “se ha actuado en contra de la Constitución y ha afectado el prestigio de nuestro país”.

Evo, operación rescate

Yépez señala como investigación importante sobre este incidente al libro de Alfredo Serrano Mancilla. “Evo, operación Rescate” narra el presunto papel cumplido por el Gobierno ecuatoriano liderado por Moreno y su servil actitud.

Serrano Mancilla, según el portal Confirmado, fue testigo de primera línea y uno de los protagonistas de esta trama diplomática. El objetivo era salvaguardar la integridad del presidente boliviano Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, tras el golpe de estado de 2019.

Moreno y el Golpe de Estado

El Gobierno ecuatoriano, presidido por el entonces presidente Lenín Moreno (2017-2021) apoyó el golpe de Estado en Bolivia contra el entonces presidente de la región, Evo Morales, en noviembre de 2019, tras suscitarse los comicios en el país.

Moreno, junto con María Paula Romo, quien era ministra de Gobierno, prestaron armamento de guerra al régimen de facto que luego encabezó Jeanine Áñez, según medios de comunicación y testimonios de bolivianos.

El ministro boliviano de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que el expresidente del Ecuador había facilitado munición de guerra y otros elementos de represión no letales al Gobierno de facto boliviano.

Esto lo confirmó la Policía Nacional ecuatoriana, en un informe para el agregado de defensa de la Embajada de Bolivia. La institución entregó más de 5000 granadas, 2000 proyectiles de largo y corto alcance. También se prestaron bombas lacrimógenas y balines.

Este material se prestó para la represión de diversos sectores que se manifestaron en contra del establecimiento del nuevo régimen.

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Serrano señaló a la exministra de Gobierno de Lenín Moreno, María Paula Romo, como la responsable en la renegociación de bonos, con recursos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL).

“El acta de la sesión del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, del 27 de julio del 2020, es la prueba fundamental para determinar el delito oculto. Aquí solo quieren que quede el delito que se está investigando contra Decevale, el señor Chérrez y otras personas, para que con ese desfalco se oculte este otro desfalco y perjuicio tan y más grave que se esta haciendo a la Policía Nacional y a sus familias”, sostuvo Serrano.

El documento al que hace referencia Serrano está suscrito por la exministra Romo, en calidad de presidenta del Consejo Directivo del ISSPOL, el comandante General de la Policía, el director de Personal de la Policía, el subsecretario de Policía, el director nacional de Bienestar Social, el representante por los oficiales en servicio pasivo, el representante de clases y policías y el secretario del Consejo Directivo.

El exministro explicó que Romo aprobó una renegociación de los bonos 2024, 2026, 2028, 2029 y los canjeó por bonos 2030, 2035 y 2040. Esto ocasionó, en primer lugar, una disminución de aproximadamente el 48% del valor nominal que tenían los bonos 2024, 2026, 2028, 2029. En segundo lugar, sostuvo Serrano, una disminución de la tasa del cupón del 9% al 5%.

Reiteró que la responsabilidad de la renegociación de los bonos recae sobre Romo. “Esos recursos fueron arrebatados de la seguridad social de la Policía Nacional. Quien presentó esa propuesta de renegociación fue la exministra María Paula Romo”, insistió.

Asimismo, afirmó que parte de esos fondos se utilizaron para cumplir con los tenedores de la deuda externa. “Cometieron peculado”, dijo el exministro.

Serrano tildó de “medias verdades” lo dicho por Romo, en su comparecencia ante la Comisión Fiscalización. Además, entregó a la Comisión un documento, con fecha 14 de agosto de 2020, que revelaría a los responsables de las operaciones de inversión desde el año 2014. Entre septiembre de 2018 y enero 2020 se registran las operaciones de más alto valor, por más de 155 millones de dólares.

Serrano aseguró que en ese documento está el “pacto de compra de bonos”. Asimismo, dijo que el documento contiene operaciones, montos de inversión y nombres de los responsables que aprobaron operaciones por cerca de USD 83 millones, sin contratos.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, dijo que desconocían la información entregada por Serrano. Aseguró que estos nuevos datos serán incluidos en la investigación.

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Hubo extitulares que sirvieron de «pararrayos» del Régimen. Su accionar en el tablero de la política fue coyuntural en los momentos más críticos de los últimos cuatro años: el paro Nacional de Octubre 2019 y la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.

Los jinetes del Apoc…Morenismo

La jinete de la conquista

La exministra de Gobierno, María Paula Romo, fue la pieza más importante de Moreno durante el paro Nacional Octubre 2019. Estuvo encargada de la seguridad nacional y de dirigir a la Policía. El resultado: 11 muertos, cientos de heridos y detenidos.

En noviembre de 2020, la Asamblea Nacional la censuró y destituyó por el uso de bombas lacrimógenas caducadas para dispersar a los manifestantes y por los ataques a los centros de paz por parte de la Policía Nacional.

El jinete de la guerra

El movimiento indígena alentó un juicio político en contra del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. El dirigente del MICC, Leonidas Iza, responsabilizó a Jarrín por ordenar una violenta represión en las manifestaciones de Octubre 2019.

Fue llamado a comparecer ante la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional por el accionar de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no se procedió con el juicio político.

El jinete del hambre

Un total de cinco solicitudes de juicio político pesan sobre el exministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Una de ellas: el exfuncionario privilegió el pago de la deuda (USD 341 millones) a los tenedores antes que atender la crisis sanitaria .

Las demás solicitudes rezan sobre el incumplimiento en el pago de los jubilados, indebida retención a las asignaciones a los municipios y la falta de recursos al sector educativo.

El jinete de la muerte

El exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, tiene dos solicitudes de juicio político con su contra. Se lo acusa de incumplimiento de funciones por compra ineficiente de vacunas contra Covid-19 y el cuestionado manejo de la crisis sanitaria. Además, de ocultar la información de la lista de vacunados en la fase 0; en la que privilegió a su círculo personal.

El 27 de febrero del año en curso, Zevallos abandonó el país tras varias denuncias. Se habían pedido medidas para evitar su salida.

Los ministros con juicio político

Un total de 19 exministros enfrentaron o se salvaron de un juicio político. Algunos mientras estaban al frente de su cartera de Estado, otros al pasar a diferentes cargos públicos; y algunos, renunciaron para salvarse de la muerte política.

Los ministros con escándalos de corrupción

Durante el ejercicio de sus funciones, algunos exministros estuvieron envueltos en escándalos de corrupción, otros, por el contrario, fueron descubiertos mientras ocupaban cargos en diferentes instituciones.

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«Ya sabemos por qué se suspendió la audiencia; la señora ministra de Gobierno ha recusado a nuestro juez y justo le notifican con la recusación a solo minutos de la audiencia. (…) El abogado del ministerio estaba ahí y no sabía nada de la recusación», escribió Soria de acuerdo al reporte de Sputnik.

Según la ley del Poder Judicial ecuatoriano, una vez notificada la recusación se suspende la competencia del juez del caso.

A inicios de octubre, Bini planteó un recurso de habeas data contra el Estado ecuatoriano ante la Unidad Judicial Penal de la parroquia Carcelén Quito (norte). Él denuncia supuestas escuchas y seguimientos ilegales desde abril de 2019.

Entre los demandados figuran la ministra Romo, el director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Juan DeHowitt, y el comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo.

Con la demanda, el programador amigo de Julian Assange busca que el Gobierno le informe si hay alguna orden para seguimientos en su contra o para interceptar sus dispositivos electrónicos.

El caso

Bini fue arrestado el 11 de abril de 2019 en el aeropuerto internacional de Quito antes de abordar un avión hacia Japón. Ese mismo día Ecuador puso fin al asilo de Assange después de casi siete años de estadía en su Embajada en Londres.

El sueco Ola Bini fue acusado de supuesto espionaje cibernético por el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones.

Puesto bajo prisión preventiva, fue excarcelado en junio después de que un juez de la Corte de Justicia de la provincia de Pichincha (norte) aceptara un recurso de habeas corpus solicitado por su defensa.

Desde entonces comparece una vez por semana ante la autoridad fiscal.

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«No hay nada que esté fuera de lo normal. Es una regularización de la Policía. A pesar de que estamos hablando de movilizaciones diferentes a las de octubre de 2019, creemos que la Policía tiene la potestad de responder a cualquier manifestación donde la violencia se haga presente«.

María Paula Romo, ministra de Gobierno

Con el patrimonio, NO

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien también estuvo presente durante el evento, manifestó que no es un buen momento para que los ciudadanos se reúnan en las calles. «Estamos enfrentando una crisis sanitaria. Este es el momento menos propicio para crear aglomeraciones«, señaló.

Adicionalmente, el cabildo indicó que no permitirá daños al patrimonio del centro histórico de Quito. Según dijo, «cualquier acto de movilización debe mantenerse dentro de los establecimientos».

El Comandante de la Policía sugirió que mantener el orden público implica la coordinación de disposiciones que respondan a las manifestaciones de los ciudadanos. «Mientras sea de manera pacífica, nosotros actuaremos como un espejo. Al igual que en octubre de 2019, puede haber presencia de personas beligerantes», manifestó.

Cierre de iglesias por precaución

La ministra mantuvo conversaciones con los obispos de la Capital para cerrar las Iglesias por lo sucedido en Santiago de Chile, donde los manifestantes produjeron incendios en los templos. «No hay condiciones para alarmarse por las protestas más que por la pandemia. La población no quiere arriesgar su salud».

El pasado 18 de octubre, un funcionario de la armada de Chile fue detenido por la quema de una iglesia en la ciudad de Santiago. Este hecho sucedió en el marco de la conmemoración de las protestas contra la dictadura del exmandatario Augusto Pinochet. (GG)

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“El oficialismo, a través de Litardo, dilató los procesos de fiscalización. Desde enero están pendientes los trámites y recién el Consejo de Administración Legislativa los manda. No es una persecución. Ellos (las autoridades) tienen la obligación de cumplir”, dijo durante una entrevista a Radio La Calle.

El político, además, expresó su preocupación por la falta de un tiempo técnico en los procesos de justicia. “Es lamentable y tengo vergüenza ajena de que asambleístas presten sus votos. En algún momento, el pueblo tendrá que saber la verdad. El Pleno debe garantizar su trabajo con trasparencia”, anunció.

La postura de la Revolución Ciudadana

Samaniego manifestó que la Revolución Ciudadana impulsará los procesos de enjuiciamiento político. La bancada solicitará a la Contraloría y a la Fiscalía de Estado revisar el caso de María Paula Romo.  “Las fuerzas de la derecha son las responsables de la Ley de Apoyo Humanitario. El Presidente de la Asamblea no ha dado paso de forma diligente al trámite”, señaló.

En la última comparecencia , María Paula Romo fue acusada de incumplimiento de funciones, como expresaron en sus pedidos los asambleístas; Amapola Naranjo (RC); Lourdes Cuesta y Roberto Gómez (ex CREO). Las acusaciones surgieron por la supuesta utilización de bombas lacrimógenas caducadas durante las manifestaciones de octubre de 2019. (GG)

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“No pueden hacer un desplante a todo un país representado por los alcaldes cuando el único punto a tratarse en la asamblea era precisamente el diálogo con el presidente y sus ministros de Estado sobre la realidad económica de los municipios del Ecuador”, señaló el alcalde de Morona Santiago, Franklin Galarza.

En vista de que nada se solucionaría ese día decidieron suspender la sesión y aplazarla hasta una próxima convocatoria. En la siguiente junta se deberá informar sobre el cronograma para la transferencia de recursos que adeuda el Gobierno y la aplicación de los recortes presupuestarios.

María Paula Romo huyó

Días antes de la asamblea, el Gobierno informó que Richard Martínez sería reemplazado por Mauricio Pozo en el Ministerio de Finanzas. En el programa, los reclamos de los asambleístas se dirigieron al presidente de la Asamblea, Cesar Litardo. A la reunión se presentó la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien se retiró repentinamente.

La ausencia de las autoridades y la falta de respuestas a las inquietudes planteadas por los alcaldes provocó que se suspenda la asamblea. El delegado Franklin Galarza solicitó una reunión urgente al nuevo Ministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Su plan es solucionar urgentemente la deuda que impide cumplir compromisos con proveedores, empleados y sobre todo la ejecución de obra pública. (GG)

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“Si está claro algo es que hay alguien responsable de la corrupción en el Gobierno y ese alguien debe responder a los ecuatorianos porque un asambleísta no puede gestionar hospitales, ni contratos. Hay gente que dice ‘Yo solo le recomendé’. Si revisa la Constitución, los asambleístas están prohibidos de gestionar cargos públicos”, dijo durante una entrevista con Radio La Calle.

El asambleísta de Revolución Ciudadana denunció un retraso en la aprobación de los juicios políticos del Ministro de Finanzas, Richard Martínez, y la Ministra de Gobierno, María Paula Romo. El legislador dijo que el jueves envió una moción dirigida al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para el trámite de estos juicios, pero que aún no ha recibido los documentos correspondientes.

“No nos ha llegado nada. La Ley declara que el presidente de la Asamblea debe poner el trámite en conocimiento al Consejo de Administración Legislativa. Este órgano en el plazo de tres días debe calificar o no y presentarlo a la comisión en cinco días”, añadió.

El funcionamiento de la Comisión de Fiscalización

Esteban Melo manifestó que no tienen rencores contra el Gobierno pero que trabajará con transparencia y objetividad al interior de la bancada. “Nosotros no estamos ahí por venganza o revanchismo político. Pertenezco a una bancada que ha sido perseguida de manera absurda durante todo este tiempo. No pretendemos cometer los mismos errores, pero que se respete el proceso y que se traten las cosas con objetividad”, comentó.

Romo y la entrega de hospitales

El 26 de agosto, un medio de comunicación reveló que la ministra María Paula Romo estaría a cargo del reparto de los hospitales favoreciendo a 19 asambleístas. El portal mostró unas conversaciones que se refieren a la ministra con Daniel Mendoza: “Hola María Paula, te comento que estoy fuera del país, te quiero sugerir el nombre de Tito Nilton para gobernador de Manabí. Joven y haría sumar apoyos externos. Te paso su número si lo quieres llamar”.

Esta conversación fue extraída del teléfono de Mendoza y negada por la ministra, quien sugirió que se habrían malinterpretado los mensajes. Melo aseguró que van a buscar a los responsables de este y otros presuntos actos de corrupción en el Gobierno. (GG)

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De cara a los comicios electorales en Ecuador, la negociación política se gestionó mediante las instituciones del Estado. Al parecer, la Fiscal, los jueces y los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) son quienes conforman la fuerza de tarea de choque. Entre tensiones y acuerdos tras bastidores, inhabilitaron a Álvaro Noboa quitándole su partido. A Jaime Nebot, uno de los duros de las offshore, seguramente por cuestiones de negocios le resultó más conveniente aceptar la propuesta de Guillermo Lasso. Por su parte, Rafael Correa fue censurado mediante el juicio más rápido y sospechoso de la historia.

La constante entre tantas coincidencias recae en la misma persona una y otra vez: la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ella ha demostrado su habilidad para “conversar” con asambleístas y canalizar “acuerdos de gobernabilidad” para el legislativo con Lasso. Definitivamente, el plan de gobierno de Lenín Moreno siguió la ruta fondomonetarista, privatizadora, del banquero. Gobernaron juntos a través de la ministra de Gobierno. Por tanto, queda claro que Lasso es Romo y ahí se queda porque el presidente no cuenta.

La contienda electoral

En el marco de la contienda electoral, Guillermo Lasso cree que la tercera es la vencida, pese a que los presagios en torno a su candidatura no son los mejores. Un tipo conservador, que en su nómina no incluye a mujeres ni a jóvenes, no le queda otra opción que acusar a sus rivales con el CNE. De acuerdo con varias encuestas, la propuesta de Unión por la Esperanza lidera la intención de voto. Ante ello, la estrategia del banquero y sus aliados es intentar dejarlos fuera de la papeleta electoral mediante artilugios jurídicos de los ilustrados, o bien pagados, consejeros del Chttp://cne.gob.ec/es/NE. Que no nos sorprenda que acudan al influjo psíquico como responsable por segunda ocasión.

En definitiva, la democracia corre peligro. Las funciones del Estado, lejos de garantizar el Estado de Derecho, socapan el modelo económico que condona los intereses a las deudas de los grandes capitales y que hostiga al 99% de ecuatorianos y ecuatorianas que viven del día a día y que han visto precarizada su vida desde que Lenín Moreno está sentado y descansando en Carondelet.

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El delivery es un servicio que cobró fuerza durante el aislamiento por la emergencia sanitaria. Consiste en llevar los productos que adquieras hasta la puerta de tu domicilio. Este modelo de negocio no solo acaparó el intercambio económico por servicios o productos. La pandemia ha evidenciado de modo contundente que el intercambio de votos en la Asamblea por cargos públicos, repartos de hospitales y demás, son parte de un penoso menú del Gobierno.  

En el marco de la presunción de inocencia, nos referiremos a estas evidencias como “presuntos” casos de corrupción. La semana concluye, una vez más, con un nuevo escándalo de corrupción. En esta ocasión, el telón abierto expuso a la ministra de Gobierno tras la difusión de los chats, entregados a la Fiscalía por el ex asambleísta Daniel Mendoza. la ridícula trama demuestra el modus operandi del delivery legislativo.

Resulta que, a cambio del archivo del juicio político de María Paula Romo, puesto en manos de la comisión de fiscalización de la Asamblea, y gracias a los votos de los panas de Mendoza, apareció una cuponera con cargos directivos en hospitales, gobernaciones, entre otros.

A raíz de ello, como si se tratara de un servicio a domicilio, los pedidos se realizaban por WhatsApp, con un tiempo medio de entrega. En caso de existir devoluciones, como sucedió en la Gerencia zonal del Banco de Desarrollo del Ecuador (BEDE) con la remoción de Karina Bardelini, vicepresidenta del Movimiento de Mendoza, la solución era inmediata. Según los chats del ex asambleísta, fue él quien sugirió a Karen Argandona como remplazo de su cuota en el BEDE.

Mendoza expuso, además, un cuadro bastante lúdico donde muestra la lista del gran reparto. Junto a Bucaram y Mendoza, se suman, presuntamente, 19 legisladores más. Nos queda Al parecer, el poder cuántico tenía claro que el cliente siempre tiene la razón. Comprobado, el hombre del maletín tiene nombre, apellido, acceso a medios y nuevas tecnologías para el reparto.

Ver más artículos de Sebastián Tamayo.

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