La decisión la tomó el Tribunal de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia tras una sesión virtual de más de siete horas. La reunión fue dirigida por la Dra. Liz Barrera, Dra. Katherine Muñoz y Dra. Consuelo Heredia y finalmente a las 23h00 emitieron su dictamen.

En un inicio, la audiencia fue programada para 29 de septiembre pero se suspendió y reinstaló de manera telemática un día después. Barreno no se conectó en ambas ocasiones porque, según su defensa, no había garantías a su libertad.

De acuerdo con los argumentos de su abogados, la orden de prisión preventiva fue ilegal y arbitraria. Además denunciaron en el tribunal la imparcialidad del juez Walter Macías y las diferencias que tenía con la fiscal Diana Salazar, a quien acusó de violencia política.

Por otro lado, los representante de Fiscalía y la Procuraduría solicitaron que se mantenga la orden de prisión preventiva contra la exvocal.

La acusación

El 27 de septiembre se instaló por quinta vez la audiencia en contra de Barreno, el exvocal Juan José Morillo y el juez Vladimir Jhayya. En reiteradas ocasiones se interpusieron recursos legales para declarar la nulidad del proceso.

En esta última sesión el juez Macías declaró la validez del procedimiento legal y llamó a juicio a Morillo y Jhayya por presunto tráfico de influencias. Por otro lado, pidió prisión preventiva para la exvocal Barreno. (AGM).

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Después de cuatro suspensiones, este 27 de septiembre en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia, al norte de Quito, se llevó a cabo la audiencia preparatoria de juicio en contra de los funcionarios.

Tanto Morillo como Barreno han presentado recursos legales para declarar la nulidad del proceso en reiteradas ocasiones por vicios en el procedimiento. Esta vez no fue la excepción.

El juez Macías suspendió la sesión para analizar el pedido de los acusados y los argumentos de Fiscalía que solicitó la validez del proceso legal. Tras el fallo a favor del órgano de control, la fiscal Diana Salzar deberá presentar su dictamen acusatorio.

La última carta

Días previos a la audiencia, Barreno interpuso otra demanda de recusación en contra de Macías para separarlo del caso por no tener un criterio parcial y razonable. No obstante, el juez a cargo, Felipe Córdoba, no admitió el trámite porque no había claridad en la demanda y le dio cinco días para que las respectivas correcciones.

#ATENCIÓN | La vocal de la Judicatura @BarrenoMaribel señaló que en varias entrevistas el juez Walter Macías ha demostrado que no tiene "un criterio parcial y razonable" para seguir al frente de su juicio y sugiere su separación del proceso. #CasoVocales pic.twitter.com/RNMtvxMr9w

— Radio La Calle (@radiolacalle) September 22, 2023

Actualización

Al finalizar su intervención en la audiencia, la fiscal solicitó prisión preventiva para Barreno y medidas de protección para el fiscal a cargo de la causa y su equipo de apoyo. También pidió que el recurso legal sea para los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. (AGM)

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»Una mujer es la que tiene que llegar a entregar la notificación a otra mujer para poder solventar su integralidad y no tener actos de hostigamiento o acoso (…) ¿Quién es el que hace los actos de hostigamiento? un hombre», dijo el abogado de Barreno, Freddy Ron en entrevista para Sonorama.

Agregó que no se cumplieron los debidos procesos para su notificación, sin embargo, la ley no contempla que una mujer debe notificar a otra mujer. Ron resaltó que la normativa establece que se deben llegar a garantizar la integralidad de los derechos de las mujeres en todos sus ámbitos.

»Tampoco están reglados los actos de hostigamiento ¿O está reglado hacer un video cuando se hace una notificación?», cuestionó.

El polémico video

El 8 de septiembre la Policía logró localizar a Barreno para poder entregarle la notificación de Fiscalía por presunta obstrucción a la justicia, caso en el que también se encuentran involucrados el titular de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal Xavier Muñoz, tras el intento de destituir al juez Walter Macías.

El protocolo legal se llevó a cabo en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en donde Barreno cumplía su presentación periódica por el presunto delito de tráfico de influencias. Un video difundido por Código Vidrio y grabado por uno de los uniformados permitió ver cómo uno de sus asesores trató de impedir el procedimiento, incluso, rompió la credencial de uno de los policías.

Barreno fue interceptada en un ascensor y al finalizar el video se puede observar que una mujer policía también estuvo presente en la notificación. Más tarde, Barreno interpuso medidas de protección contra la fiscal Diana Salazar por violencia de género.

#VIDEO. Más de una semana le tomó a la Policía ubicar a la vocal del Consejo de la Judicatura,
Maribel Barreno, para notificarle oficialmente que la Fiscalía abrió una investigación en su contra por presunta obstrucción a la justicia.
Este viernes, tres policías lograron… pic.twitter.com/qNgmf09ZDC

— Código Vidrio (@CodigoVidrioEc) September 9, 2023

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El 15 de septiembre la ahora exteniente concedió a Barreno las medidas cautelares después de una denuncia que la funcionaria puso en contra de la fiscal general, Diana Salazar, por presunta violencia política de género.

»Más allá de la presente ilegalidad de la presente decisión-que no se encuentra sustentada en derecho- esta institución solicitará al órgano jurisdiccional la respectiva revocatoria», dicta un comunicado de Fiscalía.

La resolución de Ruiz prohibía a Salazar acciones de intimidación, amenazas o coacción contra la demandante o cualquier miembro de su familia. De igual manera, dispuso la instalación de dispositivos de alerta en la vivienda de Barreno.

En esta ocasión fue cuestión de horas para que el gobierno reaccionara ante esta decisión. El mismo 15 de septiembre el ministro Cucalon ordenó la desvinculación de Ruiz. (AGM).

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El pleno tomó la decisión con tres abstenciones por parte de los vocales Maribel Barreno, Juan Morillo (investigados por Fiscalía) y Fausto Murillo. Por otro lado, el presidente del CJ, Wilman Terán y Xavier Muñoz votaron a favor de la destitución.

Fuentes judiciales informaron a Código Vidrio que la decisión del Pleno no está motivada y se refiere a un acto disciplinario por el cual anteriormente Macías ya fue suspendido. Sin embargo, esta resolución se da en medio del proceso legal que atraviesan los vocales Morillo y Barreno por tráfico de influencias.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) manifestó su preocupación ante la decisión del Pleno y resaltó que ya existía una fecha establecida para la audiencia en contra de los vocales. La institución consideró que estas acciones son represalias por parte del CJ a las actuaciones cumplidas por el Magistrado dentro de este caso.

Por ayudar a Llori…

El 7 de junio se formuló cargos contra los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, como presuntos autores directos del supuesto delito de tráfico de influencias. En el caso también se encontraba involucrado el juez Vladimir Jhayya.

El argumento de la Fiscal se basa en un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa constitucional que derivó en la destitución de Guadalupe Llori, hasta ese entonces presidenta de la Asamblea Nacional.(A.G.M).

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El 7 de junio se formuló cargo contra los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, como presuntos autores directos del supuesto delito de tráfico de influencias. En el caso también se encontraba involucrado el juez Vladimir Jhayya.

El argumento de la Fiscal se basa en un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa constitucional que derivó en la destitución de Guadalupe Llori, hasta ese entonces presidenta de la Asamblea Nacional.

La investigación

El caso inició por una denuncia presentada por exasambleístas, debido a unos audios publicados en un medio digital que revelarían conversaciones entre los procesados para influir en el resultado de un proceso político.

Los vocales habrían pedido apoyo al juez encargado de resolver un recurso judicial que presentó Guadalupe Llori para impedir su destitución de la presidencia de la Asamblea.

La Fiscal señaló que se habría obstaculizado la investigación por parte de los procesados por su falta de cooperación en la diligencia de reconocimiento de voz. «Hay un evidente riesgo que implica procesar a las máximas autoridades del órgano colegiado de la Función Judicial», sostuvo.

Para el procesado Vladimir J., la Fiscal solicitó medidas alternativas de prohibición de salida del país, uso de grillete y presentación periódica; puesto que no representa los mismos riesgos procesales que los vocales de Judicatura.

Pedidos y sanciones

Fiscalía indicó que las medidas alternativas a la privación de libertad no serían suficientes para impedir que los procesados continúen interfiriendo en el proceso, por lo que es necesaria, proporcional e idónea la prisión preventiva.

El artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece el tráfico de influencias y lo sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

El órgano presentó 41 elementos de convicción, entre ellos, transcripción de la grabación, copia certificada del acta de testimonio anticipado de la jueza, certificados, versiones, etc. La magistrada que grabó la conversación habría sido incluida en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, pues habría sido víctima de amenazas. (M.W).

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