El informe, de carácter no vinculante, irá al pleno del CPCCS para que sus siete consejeros decidan si acogen o rechazan estas recomendaciones técnicas. La designación de los cinco vocales principales y sus suplentes para el período 2025-2031 se prevé concrete en la primera semana de septiembre.

Entre los candidatos impugnados que resultaron avalados por la comisión se encuentran figuras como Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura en funciones, quien acumuló cinco objeciones; Fausto Andrade; Ivonne Núñez; Wendy Moncayo; Alfredo Cuadros; Magaly Ruiz; Juan Carlos Benalcázar; y Fabián Fabara.

Godoy, la ficha polémica

Respecto a las objeciones contra Godoy, la más numerosas, la comisión argumentó que no puede pronunciarse sobre investigaciones pendientes, como el conocido «Caso Pendrive«, al estar estos asuntos en conocimiento de un órgano competente y no existir una sentencia ejecutoriada. Asimismo, determinó que no se puede criminalizar el ejercicio de su profesión de abogado por el hecho de haber defendido a personas vinculadas a presuntos casos de corrupción.

La comisión, integrada por asesores de confianza de los vocales del CPCCS, evaluó las impugnaciones presentadas bajo cuatro causales posibles: incumplimiento de requisitos legales, falta de probidad o idoneidad, incurrir en inhabilidades, u omitir o alterar información relevante. Concluyó que ninguna de las objeciones presentadas logró sustentarse válidamente en estas causales.

Si el pleno del CPCCS acepta el informe, se superaría esta fase de impugnaciones. El proceso continuaría con la presentación de los planes de trabajo de los aspirantes, para posteriormente proceder a la designación formal de los integrantes del nuevo Consejo de la Judicatura. Los funcionarios posteriormente serían posesionados en la Asamblea.

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Según el Fiscalía, la magistrada habría solicitado «dádivas, incluyendo muebles de alto valor, así como dinero, a cambio de favorecer a un ciudadano en un proceso judicial bajo su competencia». El organismo judicial indicó que el operativo permitió recabar «indicios relevantes» para la investigación.

La jueza Vera adquirió notoriedad en diciembre de 2024 al otorgar una acción de protección que restituyó a Verónica Abad en la Vicepresidencia de la República. Ese mismo día, Vera denunció presiones del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para que fallara en contra de Abad –acusación que derivó en una demanda por calumnia en su contra.

Defensa alega persecución política

Washington Andrade, abogado defensor de Vera, . «La Fiscalía continúa su rol de hostigar a quienes considera opositores al Gobierno», declaró, añadiendo que las denuncias se sustentan en «pruebas deformadas y forzadas». Andrade vinculó la acción con el «Caso Pendrive» –investigación contra Godoy– que, según él, evidenciaría vínculos entre el poder político y el control del Consejo de la Judicatura (CNJ).

«Prometieron destruirla y cumplen sus amenazas con complicidad de medios», afirmó. Además manifestó que el apodo «Mueble Fino» refleja burla hacia su defendida. Andrade aseguró que Vera ha colaborado con las investigaciones pese a la «velocidad inusitada y desesperada» para procesarla.

El delito de concusión, tipificado en el artículo 281 del COIP, conlleva penas de 3 a 5 años de prisión, elevables a 7 años si media violencia o amenazas. Se configura cuando un servidor público exige, abusando de su cargo, pagos o beneficios indebidos. La investigación continúa en desarrollo mientras la defensa insiste en un patrón sistemático para silenciar a la jueza por su actuación en casos de alto perfil político.

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En declaraciones a NotiMundo , Goyes detalló que, durante la gestión de Godoy, cinco directores de Talento Humano se han sucedido en el cargo —con un promedio de mes y medio por persona—, mientras que nueve subdirectores fueron designados y removidos en áreas administrativas en pocos meses. «¿Qué concurso puede avanzar en estas condiciones? La responsabilidad recae en el señor Godoy», afirmó.

Concentración de poder

Goyes señaló que Godoy tiene facultades «exageradas» al ser el único que fija la agenda del Pleno, lo que ha derivado en la paralización de más de 15 proyectos presentados por ella, los cuales —denunció— fueron archivados por direcciones «puestas por él». «No puede ser que una persona paralice al Consejo», sostuvo.

Además, criticó el quórum mínimo actual (3 de 5 vocales) para tomar decisiones, calificándolo de «inconstitucional». Esta fragilidad se agravó con la renuncia irrevocable del vocal Merck Benavides, reduciendo el Pleno a tres miembros: Godoy, Goyes y Yolanda Yupanqui, todos en funciones prorrogadas desde enero de 2025.

«Reparto de cargos»

La vocal insistió en que Godoy priorizó la designación de «personas allegadas sin experiencia» sobre perfiles técnicos. «Él se dedicó a entregar cargos. Eso no es la razón de ser de esta institución«, aseveró. Con el CPCCS pendiente de designar nuevos vocales y la Función Ejecutiva sin enviar su terna, Goyes advirtió: «Si otro vocal sale, el Consejo colapsa. Urge debatir un nuevo modelo». El organismo debería estar conformado con 5 titulares y 5 suplentes.

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En curso: proceso contra exsuperintendenta

Por ahora, la comisión se encuentra tramitando el juicio político contra Sofía Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria. A ella se la acusa de incumplimiento de funciones por no ejercer los controles adecuados sobre las organizaciones del sector no financiero. También se le señala por la falta de supervisión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Ambato, y por haber emitido una resolución que habría dejado sin control a las cajas comunales.

El asambleísta Xavier Jurado, de la bancada ADN, presentó la solicitud de este juicio.

El proceso contra Hernández, continúa su curso en la Comisión de Fiscalización. Actualmente se encuentra en la fase de contestación a las acusaciones políticas y la presentación de pruebas de cargo y descargo. Este periodo tiene un plazo de quince días que concluirá el 4 de abril.

Luego, se abrirán diez días adicionales para la actuación de las pruebas, etapa que finalizará el 14 de abril. Una vez cumplido ese plazo, la comisión tendrá cinco días más para aprobar un informe que recomiende o no el inicio del juicio político en contra de la exfuncionaria. Ese informe deberá emitirse a más tardar el 19 de abril.

El juicio contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez.

A partir del 20 de abril, la Comisión de Fiscalización, presidida por la asambleísta Pamela Aguirre (RC), podrá conocer el pedido de juicio político contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Señalan a la funcionaria por seis presuntos incumplimientos de funciones, relacionados con el sumario administrativo que suspendió por 150 días a la vicepresidenta Verónica Abad.

Las asambleístas Jahiren Noriega (RC), Carla Cruz (PSC), Mariana Yumbay (PK) y Cristina Chávez, alterna de SUMA por Cotopaxi, presentaron esta solicitud. Si la comisión califica el juicio, iniciará la fase de contestación de las acusaciones y presentación de pruebas. Sin embargo, por los plazos establecidos en el procedimiento, no se alcanzará a completar la siguiente etapa —la actuación de pruebas— ya que se requiere un periodo de diez días que excede el 13 de mayo, fecha en que culmina el actual periodo legislativo.

Con esto, el proceso quedará a medio camino y será la próxima Asamblea Nacional la que deberá retomarlo y decidir si recomienda el juicio político ante el pleno o archiva la solicitud. Sin embargo, la polarización que se prevé en el nuevo Parlamento dificultará que los legisladores reúnan los 101 votos necesarios para censurar y destituir a la ministra.

Juicio político pendiente contra el presidente del Consejo de la Judicatura

La siguiente solicitud de juicio político pendiente de trámite en la Comisión de Fiscalización corresponde al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Este pedido fue planteado por los legisladores de la bancada Construye, Jorge Peñafiel y Camilo Salinas.

Los legisladores acusan a Godoy de un presunto incumplimiento de funciones por vulnerar el principio de independencia judicial, al supuestamente intimidar y amenazar a la jueza Nubia Vera Cedeño. La magistrada denunció que la presionaron para emitir una sentencia desfavorable en la acción de protección que presentó la vicepresidenta Verónica Abad, con la intención de anular la sanción de suspensión por 150 días sin sueldo que le impuso el Ministerio del Trabajo el 8 de noviembre de 2024.

La actual Comisión de Fiscalización no alcanzará a conocer este pedido, por lo que la nueva comisión deberá abordarlo en el próximo periodo legislativo como parte de los casos pendientes.

Juicio pendiente contra el ministro de Defensa y casos suspendidos

El tercer juicio político ya calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) que deberá ser conocido por la Comisión de Fiscalización en el próximo periodo legislativo fue presentado por el asambleísta Héctor Valladares. El pedido es en contra del ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, a quien se acusa de un posible incumplimiento de funciones relacionado con la “desaparición forzada” de cuatro menores de edad en el sector de las Malvinas, en Guayaquil, tras un operativo militar realizado el 8 de diciembre de 2024.

Además, cabe recordar que también se encuentran suspendidos los juicios políticos contra los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y contra jueces electorales del Tribunal Contencioso Electoral. Estas suspensiones se deben a que el país se encuentra en un proceso electoral, y la ley impide que los representantes de esa función del Estado sean enjuiciados mientras duren los comicios.

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El pasado 14 de agosto el presidente de este organismo, Mario Godoy, solicitó a Contraloría una auditoría al proceso contractual de Métricas-Web S.A.S, empresa encargada de aplicar las pruebas de confianza a los postulantes.

Ante esta situación, el Pleno de la Judicatura dispuso devolver a las áreas técnicas, los informes sobre la prueba teórica del concurso y suspender su conocimiento hasta que Contraloría entregue los resultados.

Por otro lado, las autoridades dispusieron a la Dirección Nacional de Talento Humano que en un plazo de 10 días presente ante el Pleno un informe sobre el proceso de contratación con la empresa en cuestión.

Adicionalmente, las autoridades resolvieron de forma unánime la modificación del cronograma del concurso, hasta tener una respuesta de Contraloría.

¿Una empresa fantasma?

La alerta de presuntas irregularidades surgió a partir de una investigación de Teleamazonas, medio que reportó inconsistencias en el domicilio que registra la dirección de la empresa en la Superintendencia de Compañías. Al llegar de visita al lugar no hallaron las oficinas y se desconoce el paradero de los directivos.

Por otro lado, la empresa fue constituida en julio del 2022 y la única experiencia previa estuvo relacionada a un contrato por el servicio de software de pruebas psicométricas para el Municipio de Ibarra por USD 3.700.

Asimismo gran parte de los miembros de la compañía no registran títulos profesionales en la Sennescyt. Por otro lado, uno de los números telefónicos registrado está asociado con una farmacia.

Durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización, Godoy recomendó suspender el concurso hasta no tener un informe sobre presuntas irregularidades. (AGM).

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Quito, 22 jul (La Calle).- Mario Godoy, presidente de la Judicatura, garantizó transparencia e independencia de funciones durante su periodo, asegurando que no se encuentra en su agenda revisar el caso Sobornos.

 “Yo soy muy respetuoso de la vital importancia que tiene el Consejo de la Judicatura, que es mantener la independencia en la resolución de las causas.” Dijo el nuevo dirigente de la Judicatura, este 22 de julio en el espacio de entrevistas de 24 Horas.

Godoy, afirmó que durante su trayectoria laboral ha realizado su trabajo con transparencia, objetividad y de forma profesional. Por lo que en su plan de trabajo lo enfocó sobre la idea de un “Gobierno abierto”, con el objetivo de transparentar las labores en el Consejo de Judicatura.

Asimismo el recién posesionado presidente confirmo que desconocía de las presiones al secretario de la Asamblea, por parte del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, para apresurar su posesión. Recalando que no ha tenido ningún contacto con el Gobierno hasta el momento. 

Sobre el concurso de jueces, Wilman Terán y el presupuesto

El funcionario aseguró que el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia seguirá “acorde al cronograma aprobado”.

De la misma manera Godoy indicó que el presupuesto para el Consejo de la Judicatura no se verá afectado por la acción de protección por Wilman Terám.

El mismo indico que el presupuesto fue canalizado y se realizaron acciones administrativas para garantizar el funcionamiento del organismo.

“Pueden confiar en mi”

El titular de la judicatura admitió que es difícil acabar con la corrupción en solo cinco meses. Sin embargo admitió que planteará acciones para mejorar y recuperar la imagen institucional. Una de ellas es un prueba de confianza al cual el personal, parte de su administración, deberá obligatoriamente someterse.

“ Pueden tener confianza. Estoy encaminado que estos mese se sienten las bases para que la nueva administración continué con una línea clara, con especial atención en la lucha contra la corrupción” declaró Godoy.

Godoy también comentó sobre las acusaciones de supuesto vínculos con el narcotráfico. El ahora presidente de la judicatura afirmó que hay grupos que “pretenden deslegitimar” su trayecto.

Sobre su conexión con los hermanos Larrea (vinculados al narcotráfico), el abogado indicó que su participación en su defensa, durante un caso no penal en el año 2014, cuando existía un vinculo familiar. Sin embargo recalco que dicho vinculo ya no existe, desde antes de la sentencia de los hermanos Larrea por situaciones irregulares en el 2019. (N.C)

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»La nueva política parece guardar los vicios de la vieja política. Alerto al país que he recibido amenazas e intimidaciones por parte del Ejecutivo», dijo el funcionario en la plataforma X.

Según detalló Muñoz, el asambleísta oficialista y segundo vicepresidente del Legislativo, Eckenner Recalde, realizó una solicitud escrita para apresurar el nombramiento de Godoy. Asimismo, señaló que recibió llamadas amenazantes e intimidaciones por parte de emisarios del Viceministerio de Gobierno para aumentar la presión, lo cual sería un »claro intento de intromisión a las funciones del Estado».

La petición de Recalde era presidir la sesión de posesión y llamar al Pleno este 15 de julio por la ausencia del presidente del Legislativo, Henry Kronfle, sin embargo, Muñoz aclaró al funcionario que el titular del Parlamento sigue en funciones y dirigirá la convocatoria.

»Me dicen que en donde yo no haga caso a lo dicho por Recalde, procederán a buscar mi destitución», dijo en entrevista a Teleamazonas.

¿Y la Revolución Ciudadana?

De igual manera, resaltó que no recibió ninguna intimidación por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), por el contrario, dijo que recibió llamadas de apoyo por parte de los legisladores de la organización política.

El vínculo de Godoy con la RC viene de su historial laboral, pues fue abogado del expresidente Rafael Correa y del extitular del CPCCS, Alembert Vera. No obstante, también trabajó como defensa del coordinador de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, y laboró en distintos cargos públicos desde el 2009 hasta el gobierno de Guillermo Lasso.

En entrevista para La Posta, Godoy aseguró que no tiene ninguna vinculación con la RC y ningún otro movimiento político y argumentó que hay una separación entre su ejercicio profesional y su ideología.

El gobierno responde

A través de un comunicado la bancada oficialista rechazó las declaraciones del secretario Muñoz y manifestó que el funcionario es un actor político más que defiende los intereses de una línea partidista .

»A pesar de ser este un cargo técnico e imparcial, vemos como el Secretario vierte declaraciones políticas, realiza comunicados y da entrevistas contra el Gobierno Nacional. Ante aquello, precisamos que, usar la imagen institucional y a su personal, con fines políticos, no es ético ni apropiado», dijo la bancada sin desmentir las amenazas e intimidaciones denunciadas.

El próximo 16 de julio a las 17h00 el pleno del Legislativo hará oficial la posesión de Godoy, en medio extensas polémicas. (AGM).

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Entre gritos, reclamos, confusión sobre lo que se votaba y hasta una apelación de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se desarrolló la sesión que definió a Mario Fabricio Godoy Naranjo como el nuevo titular de la Judicatura.

La designación ocurrió luego de que el pleno reconsideró la votación del pasado 8 de julio, en donde fue elegida la académica Dunia Martínez. La consejera Nicole Bonifaz solicitó repetir la sesión debido a que no se tomó en cuenta su votación.

El consejero Augusto Verduga consideró que Godoy tiene el “perfil más idóneo”. Mientras que la vicepresidenta del organismo, Mishelle Calvache, calificó lo sucedido como deplorable.

¿Quién es Mario Godoy?

El presidente de la Judicatura electo es abogado de profesión por la Universidad Central del Ecuador (UCE). Asimismo según datos de la Senescyt, Godoy registra cuatro títulos de cuarto nivel:

• Especialista en cumplimiento y anticorrupción (Universidad SEK)
• Magíster en Derecho Administrativo y Contratación Pública (Universidad Andina Simón Bolívar)
• Especialista en Derecho Administrativo (Universidad Andina Simón Bolívar)
• Diploma superior en género, violencia y justicia ( FLACSO)

En cuanto a su experiencia profesional se conoce que desempeño varios cargos en instituciones del Estado:

• Funcionario de la Fiscalía General (2009)
• Funcionario del CPCCS (2009-2011)
• Asesor en Tribunal Contencioso Electoral (2012 – 2014).
• Director del Cultos en el extinto Ministerio de Justicia, al mismo tiempo fue asesor en el Consejo Nacional Electoral (2015 -2018)
• Prosecretario relator en la Asamblea (2017)
• Director de Catastro en el Ministerio de Defensa (2017)
• Director de Investigación de Actos de Corrupción durante el gobierno de Lenín Moreno (2019)
• Jurídico de la Unidad de Análisis Financiero (2020-2021)
• Procurador en Petroecuador (2024)

Durante su carrera profesional Godoy también fue abogado de expresidente del CPCCS, Alembert Vera; del expresidente Rafael Correa; y del exalcalde de Cayambe y actual de coordinador de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi.

La postulación de Godoy fue criticada con el argumento de que fue abogado y vocero de juicios asociados a casos de narcotráfico en Estado Unidos. El seleccionado presidente fue el abogado de los hermanos Eduardo y Juan Pablo Larrea, vinculados al cartel de Sinaloa.

Plan de trabajo

En la presentación de su plan de trabajo Godoy propuso enfocar su gestión en cuatro líneas de acción: lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, determinación de un proceso de confianza con exámenes periódicos y fortalecimiento de mecanismos de prevención y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Para asumir oficialmente la presidencia de la Judicatura, Godoy deberá ser posesionado por la Asamblea Nacional en los próximos días. En este período la tarea más importante que tendrá que realizar es la selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia y enfrentar la plaga de corrupción en la institución. (NC).

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El pleno del CPCSS eligió a Mario Godoy como presidente de la Judicatura y dejó sin efecto la votación del 8 de julio que colocó a Dunia Martínez al frente de esta institución.

La consejera Calvache calificó a este hecho como vergonzoso y señaló que la denominada Liga Azul afín al »correísmo» vuelve a ser mayoría en el CPCCS con el apoyo disimulado de los vocales Juan Esteban Guarderas y Johanna Verdezoto.

Por su parte la mesa parlamentaria, presidida por la legisladora Pamela Aguirre, aclaró que en ningún momento la comisión pidió a los consejeros que se inclinaran por algún candidato en específico.

Crisis en el Cpccs

«Yo hablé con Calvache y Fantoni y les dije no dejemos que ningún partido político se tome el Consejo de la Judicatura, votemos en abstención», aseguró el consejero Juan Esteban Guarderas, quien exhortó a sus colegas a devolver la terna de candidatos a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El funcionario detalló que rechazaron su estrategia, puesto que los vocales temían a la destitución por incumplimiento de funciones y resaltó que la consejera Johanna Verdezoto cambió de opinión a última hora, pues también iba a votar en abstención.

La figura de Verdezoto fue crucial no solo en esta votación sino en otras resoluciones importantes del CPCCS, sin embargo, existen cuestionamientos por su constante cambio de bandos.

Al iniciar su gestión mostraba afinidad por la gestión de Alembert Vera, de hecho su voto definió la designación del exfuncionario y de Nicole Bonifaz como autoridades de la entidad. Tras la destitución de Vera, Verdezoto hizo mayoría con Calvache, Fantoni y Guarderas para retirar de la Presidencia a Bonifaz. Hoy en día la consejera vuelve a cambiar su rumbo.

Estos desacuerdos solo evidenciaron las pugnas de poder al interior del CPCCS, una institución que tiene la facultad de elegir a los líderes de la justicia. Godoy sería el quinto presidente en asumir la riendas de la Judicatura, ahora deberá seguir el tratamiento del Caso Metástasis y el proceso de elección de los nuevos jueces nacionales. (AGM).

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