Entre los nombres que figuran esta petición están:

• Gissela Molina,
• Mario Ruiz,
• Edgar Quezada,
• Ricardo Vanegas,
• Guadalupe Llori,
• Rafael Lucero,
• Jessica Castillo,
• Cristian Yucailla,
• Rosa Cerda,
• Efrén Calapucha; y,
• Sofía Sánchez.

Antes de que el jefe de Estado disolviera el Legislativo, la Conaie y Pachakutik, que se supone era su ala derecha, enfrentaron varios desacuerdos por las posiciones políticas de sus integrantes.

Además, enfatizó que en la lista de candidatos deberían estar sujetos que retomen el proyecto político. Recalcó que la lista debería considerar a las bases Feine, Fenocin, Conaie, Yasunidos, feministas, ecologistas que lucharon en las movilizaciones del 2019 y 2022.

La interminable situación de Churuchumbi

Otra resolución del Consejo Ampliado fue solicitar el registro y nombramiento de Guillermo Churuchumbi y su equipo de trabajo como el nuevo coordinador de PK.

«El coordinador Marlon Santi y el Comité Ejecutivo deben desistir de cualquier acción legal en contra de X Congreso del MUPP», detalla el comunicado.

El pasado 3 de mayo, Santi señaló que 14 dirigentes y 16 asambleístas tienen la intención de abandonar el movimiento tras la elección de Churuchumbi como nuevo coordinador.

Disputa entre PK y la Conaie

Las diferentes entre los movimientos se agudizaron con el juicio político a Lasso. Mientras el presidente de la organización, Leonidas Iza, pedía que se respalde el proceso contra el mandatario, los jefes de la exbancada, Mario Ruiz y Salvador Quishpe no tuvieron definida su decisión.

Incluso, Ruiz le dijo a Iza: “No somos borregos para que un líder político nos diga que hacer”, sobre las ”presiones” Iza para que los asambleístas voten a favor de la destitución y censura del presidente. (N.J.C)

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»Si el presidente de la República se logra salvar de este juicio (…) comprando conciencias, hace daño a su honra y reputación. Pasará a la historia como un vacunador», dijo en entrevista a Radio La Calle.

Además, manifestó que meses atrás el Jefe de Estado había denunciado a cinco asambleístas que habrían pedido »puestos, eléctricas y dinero, luego está inaugurando obras con una de ellas y retiró su denuncia».

Problemas en Fiscalización

La Comisión de Fiscalización no aprobó el informe que recomendaba que el juicio político contra el presidente Lasso no se lleve a cabo. La decisión se tomó con cuatro votos a favor y cinco en contra.

Legisladores de UNES tenían la intención de pedir un cambio en el orden del día para colocar un punto que permitiera “aprobar” el informe sobre el juicio político y agregar sus observaciones. La petición se hizo debido a que la convocatoria únicamente pretendía dar a conocer el informe borrador.

En este sentido, el legislador aclaró que no se tomaron en cuenta sus observaciones e impusieron un informe que recomendaba el archivo del juicio político al mandatario.

Ausencia de legisladores

El Pleno de la Asamblea Nacional dio paso al proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. La resolución se aprobó con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones. En la sesión estuvieron presentes 116 de 137 legisladores.

Entre los 21 legisladores que se ausentaron de la sesión, se encontraba la asambleísta Fernando Villavicencio, Mario Ruiz (PK), Jessica Castillo (PK), Diana Pesantez, Geraldine Weber, Gruber Zambrano (Creo) y Ricardo Vanegas.

Respaldo a Saquicela

Segovia admitió que ha sido buena la gestión del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, por lo que espera su reelección. De igual manera, la bancada de UNES anunció su respaldo. (A.G.M).

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Según Ruiz, UNES pretende aprovechar el 23 % de aceptación que tuvo para llegar a la Presidencia y tomarse la Asamblea. Enfatizó que el único afán de la bancada con el juicio contra el presidente Guillermo Lasso es tomarse todos los poderes del Estado y omitir otros casos de corrupción.

«Un hecho dice más que mil palabras (…) Solo vean como se juntan para votar y favorecer a las élites. Ellos quieren tomarse el poder como sea», dijo en Vera a su Manera.

Además, indicó que la Corte Constitucional (CC) dio paso al juicio político por la presión de los medios de comunicación y de la ciudadanía. Para Ruiz, la Corte tiene un pequeño grado de credibilidad que pretende mantener.

«Nunca analizaron el para qué del juicio»

El jefe de bancada cuestionó que nadie analizó la verdadera razón del juicio político. Según Ruiz, este proceso tiene dos alternativas. Por un lado, el país podría sacar un beneficio, tener más seguridad, medicinas y oportunidades, por otro lado, otros personajes entrarán al poder sin importarles nada y dejarán impunes actos de corrupción.

«Lo que verdaderamente quieren es que Lasso se vaya para que ellos y Borrero entreguen todos los recursos a las transnacionales», refirió.

Ruiz vs Iza

El 18 de abril, Ruiz mencionó que los legisladores de PK «no son borregos» para que se les diga lo que tienen que hacer, frente a las supuestas presiones del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, para que los asambleístas voten a favor de la destitución y censura de Lasso.

El legislador aclaró que Iza y la Conaie son hermanos de PK, sin embargo, no determinan las decisiones en su bancada. ”Acá nosotros tenemos un criterio propio, tenemos pensamiento y representamos a cada una de nuestras provincias”, resaltó.

La indecisión de PK en el juicio político

El 30 de marzo, Ruiz indicó que en una reunión del consejo político resolvieron que si la CC da paso de juicio político, ellos darían los votos para su destitución. No obstante, luego de que se aprobara esta resolución manifestó que analizarán las pruebas para proporcionar sus votos. (N.J.C)

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El legislador aclaró que Iza y la Conaie son hermanos de PK, sin embargo, no determinan las decisiones en su bancada. »Acá nosotros tenemos un criterio propio, tenemos pensamiento y representamos a cada una de nuestras provincias», resaltó.

El 5 de abril la Conaie emitió su postura a favor de la destitución del presidente Lasso debido a la crisis económica, corrupción, inseguridad y violencia que enfrenta el país. En este sentido, el líder de la Conaie, Leonidas Iza, pidió a PK actuar de manera orgánica a las decisiones colectivas.

¿Y los votos?

El 30 de marzo el coordinador de la bancada Legislativa de Pachakutik (PK), Mario Ruiz, indicó que en una reunión del consejo político resolvieron que si la Corte Constitucional (CC) admitía el paso de juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, darían los votos para su destitución. Ahora que la CC dictó su resolución, manifestó que analizarán las pruebas para proporcionar sus votos.

“Habrá que ver las pruebas que pruebas presentan en la Comisión de Fiscalización y habrá que analizarlo”, dijo el legislador dejando una puerta abierta a un cambio de decisión. (A.G.M).

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“Habrá que ver las pruebas que pruebas presentan en la Comisión de Fiscalización y habrá que analizarlo”, dijo el legislador dejando una puerta abierta a un cambio de decisión.

Los votos estarían condicionados de acuerdo a la justificación de la CC y la Comisión Legislativo. «Tocará ver lo que presentan», resaltó a los medios de comunicación y afirmó que se regirán a lo que dicta la ley.

Dictamen de la Corte Constitucional

 La Corte Constitucional (CC) decidió con seis votos a favor y tres en contra la admisibilidad a la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso ante la Asamblea Nacional.

Los jueces Alí Lozada, Karla Andrade, Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Daniela Salazar votaron a favor. En su dictamen, la Corte rechazó las acusaciones por concusión pero admitió indicios en el delito de peculado.

El siguiente paso es que la Corte notifique al titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, luego este deberá emitirlo al Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Sin horizonte político

En enero, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, comentó que existe una nula coordinación nacional y política dentro de la bancada legislativa de Pachakutik. Aseguró que existía un bloque  que trabajaba por el SÍ en la consulta popular de Lasso tomando el nombre de todo el movimiento.

Iza indicó que asambleístas de Pachakutik perdieron el horizonte político y ahora apoyan a las políticas neoliberales que esparce el Gobierno Nacional.

“Los que firmaron que iban a respetar la normativa, los principios ideológicos y políticos se están limpiando”, señaló.

Repitió que todos los legisladores deberían salir del movimiento y recalcó que es imposible tolerar todas estas acciones. “Ya basta de seguir engañando al pueblo”, reiteró. (A.G.M).

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En representación de la Conaie, Leonidas Iza, lideró una marcha desde el parque El Arbolito, en el centro norte de Quito, con dirección a la Asamblea Nacional. El dirigente entregó personalmente el proyecto de ley de Agua a Virgilio Saquicela, presidente del pleno.

Según planteó Iza, el bloque político de Pachakutik respaldará el proyecto presentado. Así lo corroboró Mario Ruiz, coordinador de dicha bancada. «Pachakutik extiende la mano a quienes quieren defender el agua y la naturaleza», recalcó el funcionario.

Asimismo, Leonidas Iza explicó que la nueva ley de aguas busca garantizar la redistribución del agua, priorizando su uso para el consumo humano y acceso al liquido vital. Figuran además los abrevaderos de animales, la soberanía alimentaria, el caudal ecológico entre otras actividades productivas.

«Este no es un juego, es una ley construida desde las organizaciones de base, con los sectores y las juntas comunitarias del agua, pero también recoge la visión de la gestión pública del agua», manifestó Iza.

El dirigente se opone firmemente a la privatización del agua. Incluso responsabilizó a las grandes empresas de la contaminación de los cauces naturales. Ante ello sugirió que debe existir filtros para impedir que los desechos vayan a parar a los ríos.

La propuesta del Gobierno sobre la ley de agua

En paralelo, el presidente Guillermo Lasso, presentó la propuesta de ley orgánica de Recursos Hídricos en la provincia de Cotopaxi. Según dijo, el documento presentado busca contar con una ley que garantice el derecho al liquido vital y asegure los derechos de la naturaleza.

Dicha propuesta consta de 205 artículos, además de disposiciones generales, transitorias, derogatorias y final.

El mismo plantea la protección, recuperación, conservación y preservación de las fuentes naturales del país. También se opone a la privatización del agua.

JR

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“Desde el inicio, fuimos al diálogo y no hubo respuesta. En el tema de los combustibles, nosotros anunciamos que el aumento iba a encarecer la canasta básica. El gobierno dijo que no y hoy un litro de aceite cuesta el triple. Hay planteamientos claros”, dijo el legislador a Radio La Calle.

Añadió que debido a la posibilidad de represión por parte del Estado. “Nosotros estamos concentrados y preparando una carta a la CIDH y la comisionada de Derechos Humanos porque hay declaraciones para posicionar a la Conaie y Leonidas Iza como enemigos públicos”.

Pedidos al gobierno

Ruiz reiteró los 10 puntos que solicita la Conaie al gobierno. “El presidente puede declarar en emergencia el sistema de salud. Los precios de los insumos agrícolas están por los cielos. Desde el gobierno se debería focalizar subsidios para los insumos agrícolas”, expresó.

Sobre el pedido de moratoria de un año en los créditos del sistema financiera. “Se solicita la moratoria de los créditos porque gracias al trabajo de este pueblo han crecido los bancos. Necesitamos que ahora sean solidarios con el pueblo y ellos se niegan con miles de pretextos. Lo que la Conaie pide es justo. […] Nosotros representamos a la mayoría y a esa mayoría humilde nos debemos”. MIB

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«De la búsqueda realizada en el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF), a la presente fecha con los datos proporcionados «Mario Fernando Ruiz Jácome», no existen coincidencias de noticias por el presunto delito de minería ilegal», reza la contestación de la Fiscalía al legislador por Pachakutik.

La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, informó el miércoles 2 de marzo que a la institución de control no fueron remitidos documentos que soliciten investigar a Ruiz u otros asambleístas por nexos de minería ilegal en Imbabura y Napo.

El parlamentario por Packakutitk explicó días atrás que cualquiera puede inventarse un cuaderno con nombres y sumas de dinero. Pidió que revisen todas sus cuentas y de sus familiares para corrobar las afirmaciones de Cordero. «Aquí están mis cuentas, mis teléfonos. Le autorizo a la Fiscal Salazar que revise mis cuentas a ver si hay algún depósito irregular», acotó.

La prueba de Cordero, un cuaderno

El 22 de febrero, la oficialista Ana Belén Cordero afirmó que existen «nexos directos» de legisladores, asesores y exfuncionarios con la minería ilegal en Ecuador. Cordero expuso a los medios de comunicación un cuaderno, un recibera y un informe de Inteligencia como pruebas. Señaló que en ellos aparece el nombre de Mario Ruiz y trabajadores de su despacho.

Para Cordero, esos «documentos» son pagos a campañas o apoyo logístico destinado a la minería ilegal. Mencionó que las pruebas provienen de operativos de la Fuerza Pública.

Según Cordero, esas evidencias demostrarían las relaciones de Ruiz en actividades de minería ilegal en las provincias de Imbabura, El Oro y Napo, específicamente en los cantones de Zaruma y Buenos Aires.

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“¿No querían conformar una comisión para revisar las concesiones y por qué hay nexos directos de asambleístas, exasambleístas y asesores con la minería ilegal?», cuestionó Cordero.

La asambleísta señaló que en el cuaderno aparece de manera recurrente el nombre de Mario Ruiz, asambleísta de Pachakutik y su asesor José Ayala. Además, mencionó que estarían involucradas autoridades de los GAD de Puerto Napo.

Las pruebas que presentó Cordero demostrarían que la minería ilegal en las provincias de Imbabura, Napo y El Oro están directamente relacionadas.  “De hecho, en este cuaderno anotan cuantas minas están produciendo”, sostuvo la asambleísta.

“La pobreza en la que están sumidas algunas provincias del país, y aquí estos se llevan USD 600.000 semanales producto de minería ilegal”, aseveró Cordero.

La asambleísta también comentó que posee un informe de inteligencia sobre minería y que, en conjunto con el cuaderno y la recibera, los presentará ante la Fiscal General del Estado para iniciar una investigación.

Asambleísta Ruiz se pronuncia frente a los señalamientos

Mediante una rueda de prensa, el asambleísta Mario Ruiz aseguró que los señalamientos de Ana Belén Cordero son calumnias.

“Aquí están mis cuentas, mis teléfonos. Yo le autorizo a la Fiscal General del Estado que revise mis cuentas, las cuentas de mis padres, hermanos, de mis familiares a ver si hay algún depósito irregular”, sostuvo Ruiz.

El asambleísta recalcó que todas las acusaciones que realizó Cordero debe justificarlas con pruebas y no con “un cuadernito hecho por ellos mismos”.

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“En los pasillos de la Asamblea se negocian cargos a cambio de votos”, dijo la legisladora del oficialismo a un medio digital.

El brazo político de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador exigió a Ana Belén Cordero, que además es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, que exhiba los nombres de los asambleístas que estarían en el mercado de votos. 

“Exigimos que el Gobierno nacional y sus funcionarios denuncien a los asambleístas que están haciendo del voto una mercancía de negocio personal. Y un llamado al pueblo ecuatoriano para que esté vigilante del actuar de los asambleístas en las votaciones del pleno y las comisiones”, señalan. 

A decir de la organización, lo dicho por Cordero no pasa de ser un chisme de pasillo “si las acusaciones se hacen sin precisar nombre”. Además sugieren que “la única certeza que deja esta declaración es que el Gobierno estaría abierto a este tipo de negociaciones que evidencian las peores prácticas de la corrupción en nuestro país”. 

El documento está firmado por los asambleístas Patricia Sánchez, Darwin Pereira, Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, Fernando Cabascango, Peter Calo, Dina Farinango y Ángel Salvador Maita.

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“No existe tal conspiración, lo que hay es una evaluación que se pretende hacer para evitar que haya corrupción”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Recalcó que históricamente el país ha enfrentado periodos en los cuales un sector de la elite política y económica se toma el gobierno e impone leyes para favorecer a un pequeño grupo de la población.

“Lo realmente desestabilizador es cuando no existe ley y se actúa fuera de esta, como pasa en el CPCCS. Eso es desestabilización”, afirmó el asambleísta.

Ruiz manifestó que han propuesto una moción para crear una comisión multipartidista que evalúe la situación del partido. “Tienen miedo los que están arrodillados frente al Gobierno, permitiendo esas políticas y leyes dañinas para la sociedad ecuatoriana”, aseguró.

Por otro lado, el asambleísta comentó que desde que Llori asumió la presidencia de la Asamblea asistió una o dos veces a las sesiones de la bancada y nunca más se volvió a presentar.

“Quieren callar a quienes estamos hablando en contra de las políticas que está aplicando este gobierno, en oposición de los intereses nacionales”, sostuvo Ruiz.

También comentó que han enviado una carta a la Coordinación Nacional en la cual pidieron que se llame a un consejo político ampliado,donde participen los coordinadores provinciales, cantonales y parroquiales para evaluar la situación.

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“Los vocales del Consejo Nacional Electoral, le deben respuestas al pueblo ecuatoriano sobre su accionar durante su gestión en el último proceso electoral. Hemos ingresado la solicitud de Juicio Político para el trámite correspondiente”, indicó el legislador.

De acuerdo con Ruiz, el motivo del proceso es que los miembros del CNE impidieron que se verifiquen las inconsistencias presentadas en las 39.000 urnas en las elecciones generales de febrero del 2021.

¿Fraude en el CNE?

De acuerdo con el artículo 148 del Código de la Democracia “si de la nulidad de las votaciones de una o más parroquias o zonas electorales dependiere el resultado definitivo de una elección, de manera que una candidatura se beneficiare en detrimento de otra u otras, el Consejo Nacional Electoral dispondrá, hasta dentro de diez días, que se repitan las elecciones cuyas votaciones fueron anuladas”. Según el legislador, el CNE debía agotar todas las posibilidades para saber si existían inconsistencias y sus consejeros no lo hicieron.

Ruiz indicó que la única forma de saber si se realizó un fraude es abrir las urnas. EL legislador indicó que todo el país se quedó con la duda de si al excandidato presidencial por Pachakutik, Yaku Pérez, le hicieron fraude.

El proceso político está dirigido en contra de Diana Atamaint, José Cabrera, Esthela Acero, Enrique Pita y el exconsejero Luis Verdesoto. La solicitud tuvo el apoyo de 40 asambleístas entre Pachakutik y la Izquierda Democrática.

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