«Las contundentes acciones interinstitucionales permitieron el total e inmediato control del Centro. Lamentablemente, el enfrentamiento entre internos dejó una persona fallecida», reza el comunicado de la Institución.

En el operativo intervinieron 110 uniformados de la Policía Nacional (GOE, UMO) y funcionarios del centro penitenciario. El SNAI enfatizó que los enfrentamientos no desembocaron en amotinamientos, sino que se trató de una «riña» entre internos.

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El presidente Guillermo Lasso resaltó que lograron reducir «de manera significativa» las muertes por violencia en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, las tres provincias donde mantiene estado de excepción.

En esa línea, el ministro del Interior, Juan Zapata, informó el martes que un total de 29 bandas criminales fueron desarticuladas en los operativos realizados y también comunicó que tres mil personas fueron detenidas, retiraron 320 armas de fuego, y decomisaron 21 kilogramos de explosivos.

Sin embargo, más de dos semanas después del estado de excepción, los hechos violentos persisten en las calles y también dentro de las prisiones en las cuales el gobierno impulsa un proceso de reorganización.

El Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intervinieron en los últimos 18 días la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, la cárcel El Inca, en Quito, y el centro de reclusión Bellavista, en Santo Domingo.

Una respuesta criminal

La respuesta de las bandas narco delictivas y de sus miembros a esos cambios, dentro y fuera de las prisiones, ha sido violenta y hasta ahora costó la vida a una veintena de personas, entre policías y presos, mientras investigan una fuga de reos ocurrida el miércoles pasado.

El suceso más reciente de lo que parece ser una serie de terror incontrolable, ocurrió la víspera luego del traslado de Jonathan Bermúdez, cabecilla de la banda Los Lobos, desde la Cárcel de El Inca, en Quito, hacia La Roca, en Guayaquil.

Horas después se desató un motín que dejó 10 internos asesinados y constituye la segunda masacre registrada en ese centro penitenciario en menos de 15 días, aunque en los últimos dos años ya suman más de 400 los muertos en prisiones, bajo la custodia del Estado.

Paralelamente, en medio de las preocupaciones de las familias por la ola de violencia, el gobierno decidió implementar el plan Escuelas Seguras con el que más de dos mil policías custodiarán 220 instituciones educativas.

Más caridad

La estrategia del presidente Lasso frente a la inseguridad incluye un plan de cinco mil 300 millones de dólares que pretende sufragar con el apoyo de Estados Unidos, cuya subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, visitó Quito esta semana.

Tanto Nuland como el canciller, Juan Carlos Holguín, resaltaron en rueda de prensa los diálogos en materia de seguridad y defensa y afianzaron la alianza bilateral con la firma de un tratado de Cielos Abiertos y un acuerdo sobre trazabilidad de armas, explosivos y bases de datos.

La situación actual de inseguridad en Ecuador se debe, a juicio de especialistas, al papel de esta nación suramericana en las nuevas rutas del tráfico de drogas hacia mercados en el norte y a la falta de inversiones tanto en áreas sociales (salud y educación) como para instituciones de seguridad.

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“El Pleno de la Corte Provincial del Santo Domingo exhorta al SNAI para que cumpla con su obligación de proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad y solicita al señor Gobernador activar de manera urgente el Comité de Crisis para adoptar medidas articuladas entre las autoridades involucradas”, dice el documento.

La Corte también recordó a los funcionarios del Gobierno a cargo del sistema penitenciario que “no es responsabilidad de ningún operador de justicia el control y seguridad que debe existir al interior de los centros carcelarios”.

Nuevo amotinamiento

Este 11 de mayo se reportó otro amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas. Según medios locales, hasta el centro de reclusión llegaron policías y militares para controlar la situación.

El Servicio de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) informó que activaron los protocolos de seguridad con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. No se reportaron afectaciones ni pérdidas humanas y el SNAI anunció el traslado de 76 PPL a otros centros de reclusión.

“Cumpliendo con los protocolos establecidos, para precautelar la vida, el orden y seguridad, se realizó el traslado de 76 personas privadas de libertad del CPL Santo Domingo N° 1, a otro Centro, desde donde serán movilizados a distintos CPL”. MIB

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Según un trabajo de Plan V, la situación duró aproximadamente 5 horas sin ningún control. El incidente habría iniciado a las 2:15 por un enfrentamiento entre las bandas delictivas conocidas como «Los Lobos» y «R7».

El informe develó que a las 3:15, el director del centro carcelario informó que los pabellones de mínima, mediana y máxima estarían “fuera de las áreas de seguridad”. Es decir que a esa hora fue retirado todo el personal de control y seguridad, por lo que nadie vigilaba los pabellones.

El documento reservado menciona que la orden de ingreso de la Policía y Fuerzas Armadas habría ocurrido recién a las 06:54. No obstante, según Plan V, «el documento no aclara si a esa hora ingresó por primera vez la fuerza pública.»

¿Que ocurrió entre las 3:15 y 6:54?

Según indica el informe entre las 3:15 y 6:54 se emprendieron acciones que no contemplaban detener la masacre. Entre ellas, estuvo el traslado de Marcelo Achundia, líder del grupo R7, a la cárcel de mujeres.

Se reportó detonaciones y disparos que dejaron múltiples heridos. Por ello, se solicitó drones para el control de los pabellones de mediana y mínima seguridad, así como la compra de 2.000 amarras de seguridad y 500 candados.

A pesar de que la orden para el ingreso de la fuerza pública fue dada a las 6:54, no fue hasta las 8:17 que ingresaron grupos de control especializados.

A esa hora el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), miembros del Grupo Especial de Acción Penitenciaria (GEAP) y personal de la Dirección de Inteligencia e investigaciones, tomó el control del lugar.

El general Salinas dijo que primero ingresaron al área administrativa y posteriormente a los pabellones.

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Bachelet sostuvo que el Estado es responsable por estas muertes y que deben ser investigadas de forma transparente.

“Debo enfatizar que la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes”, manifestó en un comunicado.

Tras la matanza en la que murieron 44 privados de libertad, el número de reclusos asesinados, en enfrentamientos al interior de los centros penitenciaros, superó los 400, durante los Gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.

Las muertes violentas en las cárceles en el 2020 sumaron 46. En 2021, se registró 316 reos perecidos en distintas matanzas, y este 2022 acumulan 64 muertes.

El gobierno ecuatoriano lanzó el pasado febrero una política pública para la rehabilitación social de prisioneros. Esta normativa se desarrolló con el apoyo técnico de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el organismo que dirige Bachelet.

Por tal motivo, Bachelet pidió a las autoridades que se entreguen los recursos necesarios para implementar esa política. Además, de considerar reducir el excesivo uso del encarcelamiento.

“El Gobierno también debe considerar una hoja de ruta que propusimos para garantizar la seguridad en las prisiones, mejorar las condiciones de los reclusos y garantizar una mejor gestión carcelaria, lo que incluye combatir la corrupción”, agregó.

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«Los nombres y las listas oficiales se hacen despues de la autopsia. En este momento se toman huellas dactilares, con esto ya se establece los primeros perfiles o indicios que nos arroja el sistema que podrían ser las personas fallecidas. Luego de eso, se hace el protocolo de autopsia y con eso ya sabemos la identificación total y plena de la persona, se denomina protocolo de Minesota», explicó Ordóñez.

Hasta el momento, el Ministerio del Interior reportó 20 privados de libertad asesinados, cinco mutilados y cinco con heridas de gravedad. Sin embargo, se estima que el número de víctimas aumentará en el transcurso de las horas.

Las familias de los fallecidos esperan por información en el Centro Forense de la penitenciaria.

Esta nueva masacre ocurrió la madrugada del domingo en los pabellones de máxima y mediana seguridad, según el ministro del Interior. Este trágico suceso se suma a las masacres ocurridas en la penitenciaría del Litoral que dejó mas de 300 reclusos asesinados.

¿Siguen las masacres, y el Gobierno?

¿Cómo es posible que el Gobierno normalice las muertes violentas de personas bajo su custodia?, es la interrogante que se hace la organización de defensa de los derechos humanos, Alianza contra las prisiones, tras lo sucitado, en la cárcel reginal de Azuay.

La organización insiste en que el Estado ecuatoriano es legalmente reponsable de velar por las personas privadas de libertad. A su vez, cuestiona el fácil ingreso de armas de alta letalidad a la cárcel y la participación de las autoridades en estos hechos.

«Seguiremos denunciando al Estado punitivo ecuatoriano, porque ha creado y sostiene una guerra de baja intensidad en las prisiones y barrios depauperrados de las principales ciudades del país», indicó la organización.

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Desde que Nixon impusiera desde el año 1971 la corrupta «Guerra Antidrogas» al resto del mundo, llenándolo de cadáveres, gastos colosales, invasiones por doquier, cárceles repletas de pobres desde Indonesia a Ecuador, presupuestos anuales más abultados y hasta recompensas directas a policías latinas transnacionalizadas proclives a la corrupción, esa guerra -que dura 50 años, casi mi edad: he sabido de ella y de su infinita y desastrosa vigencia, desde entonces hasta hoy-, sigue sin resolver en lo absoluto aquel tema, quizás porque los objetivos por los cuales fue creada, al igual que la DEA en su mandato, fueron siempre otros, como lo admitió cínicamente años después, uno de los funcionarios asesores de Nixon, para impulsar aquella costosa y recurrente guerra total, asimétrica e híbrida.

Esa guerra inviable es la que Guillermo Lasso, como supositorio invisible, puso a 16 millones de silenciados, la noche de su cadena nacional, sin consentimiento ni consulta, aprovechando la estupidización general del público, convertido por los mass media, Zuckeberg y su red social en jauría pavloviana.

Apenas iniciando su mandato, reinaugura, sin anunciarlo -otra vez, a lo Mahuad, LFC, Noboa, Gutiérrez, Bucaram o Sixto- como «Inevitable Deber del Ecuador», tal empresa inviable y suicida. La jauría es tan catatónica y los CEOs y trolls «libertarios» del amigo personal de Bolsonaro, tan audaces, que las redes sociales se inundan de una «exhortación» patéticamente trabajada durante meses. Ni el artifice del feriado bancario, Jamil Mahuad, que le dio apellido y nombre a un pasaje callejero en un elitista valle de la clase alta quiteña, fue tan evidente. Las redes, en efecto, ruegan a gritos, que Lasso admita el retorno de una base militar de EEUU en Manta u otro punto del Ecuador, o nuevas y plurales bases militares gringas «que nos libren del narcotraaaáfico y la violencia en las cárceleeeees».

Roldós, Borja, Palacio y Correa (éste en su primera etapa, en la que aún no se derechizaba ni mandaba la DEA en el ministerio de Serrano) fueron distintos. Por lo menos, en separar aguas y entender que la Guerra Antidrogas ha sido sólo un trillado pretexto que ha servido tradicionalmente a sinvergüenzas (ver la colombiana serie periodística censurada ‘El Matarife»), para hacer creer que «lideran la lucha antidrogas» en sus aldeas, cuando en realidad buscan otros fines.

El resto es marketing y lavado cerebral de los mass media y las redes. Y siempre toda intencionalidad de inaugurar un nuevo capítulo de la corrupta e inútil Guerra Antidrogas, va precedida de campañas mediáticas recurrentes en toda Latinoamérica y el tercer mundo, acerca del inusitado «hallazgo de toneladas de droga» (en los alhajas films y libros sobre la DEA, se nos enseña que nunca los hallazgos son gratuitos: sirven «para preparar el terreno»).

Al tema drogas, gracias a Nixon y a corruptos jefes policiales como Edgar Hoover, lo convirtieron -de ser lo que siempre fue y siempre ha sido: UN ASUNTO DE SALUD PÚBLICA- en tema de patrulleros y metralletas, en asunto policíaco, fiscal, militar, de endurecimiento legal, de más y más prisiones y de más presas y presos (siempre los más pobres en todas las prisiones del mundo y siempre los negros y los latinos en las de ellos).

De un tema de salud pública, como se lo entiende a la drogadicción convencional en Europa o Israel (en Portugal la legalización es total y Lisboa no tiene masas de drogadictos, ni mafias, ni carteles, ni cárceles salvadoreñas o ecuatorianas, ni masacres por el control territorial), lo transformaron en tema eterno para satisfacción de «Los Intocables», los Eliot Ness, los McCarthy y los Hoover.

En Suiza pude ver un día cómo la policía no era la que trataba este tema, sino los médicos y las enfermeras. Y la población, educada, pagaba en sus impuestos el tratamiento semanal a los adictos en sus casas o situación de calle. Vi cómo hasta sus Dormitorios Callejeros de Plástico Resistente, que se les construye en las manzanas de Ginebra para protegerlos del frío y la intemperie, allá van, puntuales como reloj suizo, un médico y una enfermera y les inyectan. Prefieren ellos mismos otorgarles la heroína o cualquier otra droga fuerte, a que cometan delitos, o maten o roben para comprar la droga, o se inyecten ellos mismos y haya contagios subterráneos de enfermedades. Y les va bien a todos como sociedad. Pero la élite ignorantona y simplona del Ecuador, que va asiduamente a Miami o a Europa y pasa por Suiza, seguro ni sabe ésto. Y que conste que el país de Heidy es el que lava igual o más dinero mal habido que los Panamá Papers y los Pandora ídems.

Convertido un tema de salud pública en uno de Orden Público y películas duras de matar, o en discurso bolsonariano a lo coronel Cobo, o en tema de «seguridad nacional» desde México a Perú, ha sido convertido en mono-tema para favorecer intervencionismos descarados en el resto del mundo subdesarrollado (no se les ocurriría meter la DEA y sus narices -es un decir- en Alemania, Francia o Inglaterra). Y eso, en pandemia, cuando se disminuyen criminalmente recursos a la salud pública, a la educación, al seguro social y a los más vulnerables (jubilados, enfermos de cánceres y enfermedades catastróficas, crónicas, degenerativas y raras), pasa desapercibido en mi lar porque el Pávlov digital aquí ya ha hecho lo suyo.

La regresión cunde otra vez en el país en el tema «inserción del Ecuador en la Guerra Antidrogas», que en estos últimos tiempos la empezó, en rigor, Pepe Serrano en los años finales del Correísmo. Luego la elevó a «política excremental de Estado» el Morenato, con su acostumbrada estulticia, aplaudida por las élites locales y de la región. Pero Lasso lo empezó a superar a Moreno y lleva justo país justo a donde quiere: al señalar como sus aliados: EEUU; Colombia; Israel; Inglaterra y España (la de VOX y el PP), conduce el barco hacia el mismo iceberg de décadas.

Por eso fabrican y publican vídeos virales en wasap, Twitter y Facebook; a mí me los envían en vano, como cuando hablan de sus dos radares teatrales. No les creo. Porque sé que más que eficacia, fue publicidad. Les reté en sus Twitter y opinión editorial, que pongan dos radares: uno en el sistema financiero y el otro en el sector inmobiliario (tan auxiliador del lavado de dinero sucio es el sistema financiero, como los patios de carros en la edad dorada del narcotráfico en la región andina; que uno de los jefes de la ONU admitió que la crisis bancaria del 2008 pudo resistirse sólo gracias al narco-lavado). Esto, of course, está prohibido oírlo, decirlo o escribirlo en los telepronter de La Posta, TC televisión, 4 Pelagatos y un largo etcétera mediático, comprometido con la guerra antidrogas en marcha.

No creo en el belicista discurso mediático de la élite ni del poder. Más fuertes fueron en mi alma las 7 horas de agónica y vana espera de los 68 masacrados, a los que les dio la espalda un régimen entero enfiestado con frac en la recepción aniversaria de los marines. Mientras su diputado-estrella, el Robespierre de la ultraderecha, a lo Bolsonaro preguntaba a sus colegas como todo un facho: «¿Y por qué no lloran cuando la inseguridad mató mil doscientas personas este año?»

Cada reenvío de la manipuladora muletilla elitista, «antidrogas y anti-bandas», sirve para convertir a más ciudadanos en manada virtual y entorpecer la conciencia poco preparada y sin memoria.

Ya no hay en el Ecuador la generación que dio (dimos) TODO por defender una patria sin mayúsculas y con futuro todavía, a pesar de tanta pérdida; por la soberanía, los derechos, la paz y la vida. Esa generación a la cual me pertenezco (57 años tengo ya: en el desempleo y sin futuro en el país donde nací), luchó en los años ’80 y ’90, y en el primer lustro del ya oscurantista siglo 21, contra el infame plan Colombia, el SIC-10, la base militar gringa en Manta, las privatizaciones (incluidas de las cárceles) y toda causa perdida. Mi generación jamás aceptó como ciertas, las falacias del Poder y de las élites en aquel entonces. ¿Por qué he de aceptar la actual falacia publicitaria en los tiempos del wasap y del hitleriano Twitter?

La nueva Guerra Antidrogas de Lasso, es una consigna práctica que no cuestionan la ID, PK: Pachakutik, UNES, el llamado centro, cierta neo-izquierda, la Conaie, y obviamente una parte de la derecha y toda la extrema derecha «libertaria», los mass media y la elitista sociedad civil, que tendrá que responder un día el haber avalado esta enorme Trampa, tan sin ética y tan offshore, como lo fueron el Macarthismo y las guerras de Edgar Hoover.

Esta «sociedad civil», con su insoportable levedad de ser, se ha comprado un discurso uribista y bolsonariano sin rigor analítico ni memoria histórica, enajenada en la binariedad pavloviana de «todo es culpa del comunismo…», muy al estilo fans de Trump, Bolsonaro o Goebbels («contra el socialismo, el foro de Sao Paulo y el bolchevismo», fueron sus obvias y respectivas muletillas).

El correísmo, no en su etapa progresista y de vanguardia, sino en su etapa termidoriana (año 2014-2015: cuando Correa, tras las elecciones intermedias, dio el ‘bandazo a la derecha’), se transformó en impulsor de una lógica esquizofrénica: señales progresistas en varios frentes, y en otros señales retrógradas inaceptables (plan Familia, expulsión de los cubanos y Manuela Picq; inicio de la alianza público-privada, que Moreno la perfeccionó con las vacunas VIP; prohibición del aborto, imposición del COIP represivo y bonapartista, a cambio de algunos relativos avances de ciertos movimientos de mujeres y GLBTI; tratado de libre comercio con la UE y persecución a las disidencias).

Su micro- guerra, abanderada por Pepe Serrano, al «micro-tráfico», bandera del condecorado de la DEA, el COIP llena-cárceles y el enfoque ultra-republicano de las mega-cárceles estilo EEUU, sí tiene una parte de responsabilidad en esta Regresión actual (es cosa de leer el comunicado de la bancada de UNES sobre el sistema penitenciario: tan pobre de imaginación y progresismo, como el Bolsonarismo vacuo de la «derecha alt» local).

Pero, con todo y eso, el mal olor del ayer oligárquico, el de los ’80 y ’90, o los años de Los Gran Cacao, que vuelve a repetirse, es lo que hoy me indigna. Porque el mal olor de hoy, del Morenismo-Lassismo, no lo huele la «nueva» sociedad civil y esa opaca y obtusa desorganización social de hoy. Es la antesala para la implantación de sus agendas. Eso es lo que la manada criolla no sabe, o sabiéndolo, ha decidido ignorar.

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La intención de la comisión internacional fue “monitorear la situación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad en Ecuador”, indica su comunicado. Además, señalan la necesidad de “dar seguimiento a la implementación de las medidas cautelares a favor de Jorge Glas”. Finalmente, según los delegados, entrevistaron al exvicepresidente.

Los miembros de la CIDH estuvieron alrededor de tres horas en el centro penitenciario. No obstante, no dieron declaraciones a los medios de comunicación presentes. Mientras tanto en los exteriores de la cárcel, se reunieron decenas de personas pertenecientes a un colectivo afín a la Revolución Ciudadana. Los ciudadanos exigieron la liberación del exvicepresidente.

Finalizada la visita en la prisión de Latacunga, la comitiva se dirigió a otro centro penitenciario en Quito. También, planean reunirse con el gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena.

Según el director de la prisión, coronel (s.p.) Víctor Andrade, los delegados de la CIDH “cumplieron con todas las actividades que estuvieron planificadas, todas se desarrollaron dentro de la normalidad y manifestaron que van satisfechos luego de la visita realizada”, reseñó diario El Universo.

Motivo de la visita

La CIDH ha expresado su preocupación ante las masacres ocurridas durante los últimos meses en los centros de rehabilitación social del Ecuador. Por lo que ha instado al Gobierno de Guillermo Lasso a tomar “medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal” de las personas privadas de la libertad.

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El documento que se filtró en redes sociales, dirigido al director de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señala:

“Se conoce que alias “Fito” y “JR”, han dispuesto a los PPL que estén listos para iniciar revueltas en todas las cárceles del país, como consecuencia de posibles traslados de lideres de los Grupos Delincuenciales Organizados que se encuentran en el CPL Guayas N* 4; así como por las declaraciones del gobierno sobre el ataque armado a miembros de las FFAA, que brindan seguridad al radar de Montecristi (Manabí)”

Además, el documento informa que, de acuerdo con la Policía Nacional, se prevén acciones criminales, como posibles amotinamientos y masacres dentro de los centros de privación de libertad a nivel nacional, como medida de presión para que los cabecillas de los grupos delincuenciales no sean trasladados.

También advierten de la intención de crear caos a nivel nacional, atacando diferentes sectores estratégicos, personal policial y de las FFAA, así como a sus unidades. Así como el incremento de asesinatos en las calles.

Para Hernández, estas informaciones “llegan, se analizan, son fuentes calificadas, indudablemente, pero no necesariamente va a producirse”.

El ministro aseguró que, en este momento, las Fuerzas Armadas y la Policía están posicionadas en todo el país. Dijo que estas amenazas son, inclusive, “una especie de guerra psicológica”, es decir, tratan de amenazar al Estado, para que este responda a lo que ellos dicen.

“Entonces estas informaciones hay que tomarlas, obviamente, con cuidado pero no son las que van a regir la conducta ni la estrategia de lo que va a hacer el Estado en ese tema. El Estado no puede estar sometido a un chantaje”, sostuvo.

Indicó que el traslado de presos a otras cárceles se lo va a hacer y que obviamente va a haber amenazas. Este tipo de acciones, que en algunos casos pueden ser acciones psicológicas para disuadir a que el Estado tome un tipo de decisiones, pero el Estado está firme, el gobierno está firme y en esta firmeza tenemos que todas las instituciones apoyar para que los objetivos puedan alcanzarse”, añadió.

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Según Cobo, en el país no existe el marco legal para afrontar la crisis penitenciaria. Señaló que el cuerpo de guías penitenciarios no sirve y que él no tiene mando sobre la Policía o las Fuerzas Armadas, que a su criterio deberían ser quienes impongan el orden. Asimismo, argumentó que las fuerzas del orden no pueden hacer uso de armas en los pabellones de la penitenciaría.

Por su parte, Ramiro Narváez, de la ID, con quien compartió panel, sostuvo que la Asamblea está trabajando en leyes referentes a seguridad. Sin embargo, dijo, se ha pedido apoyo a los distintos ministerios, pero su aporte ha sido mínimo.

Reiteró que necesitan más proactividad desde el Ejecutivo, para que sus funcionarios, ministros y equipos técnicos hagan mayores aportes a las leyes que están procesando.

Sobre el pedido de Cobo, Narváez argumentó que las leyes no solucionan los problemas. “Las leyes fortalecen a las instituciones, dan el marco legal para poder actuar, pero lo que soluciona los problemas es la voluntad política del Ejecutivo. Las leyes están escritas, pero las acciones vienen desde el Ejecutivo”, puntualizó.

Ante la pregunta de por qué las fuerzas del orden no ingresaron el viernes y posteriormente sí lo hicieron, Cobo dijo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son mercenarios ni están dispuestos a entrar “a bala limpia” para solucionar un problema.

“Tienen que hacer uso proporcional de la fuerza, que no está legalmente clara en la Ley ni en la Constitución. Muchísimos policías y militares están siendo juzgados por cumplir órdenes. Después del 30 de septiembre, hay generales que están siendo procesados por lesa humanidad, cuando recibieron la orden, de quien ahora está prófugo, para sacarle de un supuesto secuestro. Utilizaron la fuerza y hoy están siendo judicializados. Eso hay que cambiar, hay que garantizar que la fuerza pública pueda operar”, dijo Cobo.

Narváez recordó que hubo muertes en julio, agosto, septiembre y noviembre, lo que indicaría que el Ejecutivo está demorando en tomar decisiones. Insistió en que, en vez de actuar, se ha puesto a buscar culpables.

“Primero culpó a la delincuencia organizada, pero no se habla del debilitamiento del sistema penitenciario y hay que tomar acciones para fortalecerlo. Se ha ido en contra de la Corte Constitucional y hoy manifiesta que son las leyes las que no les permiten actuar. Nosotros desde la Asamblea procesaremos todas las leyes que necesiten para fortalecer las instituciones, pero necesitamos mayor acción del Gobierno. Que no improvise para designar las autoridades, que ponga especialistas, que garanticen poner fin a estos lamentables problemas”, dijo.

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“Hacen falta muchos años de descuido y abandono de los más esenciales valores democráticos. Nadie quiere convertir esto en un tema político, pero hoy vivimos precisamente las consecuencias de la politización y corrupción de la seguridad ciudadana. Entregaron deliberadamente territorios a bandas delictivas para que operaran de manera impune”, dijo.

Aseguró que hay crecimiento del micro narcotráfico en las ciudades y que la explosión del radar en Montecristi fue un sabotaje. “Minaron nuestra justicia, nuestras entidades de control y la relación entre poderes del Estado. En consecuencia, nuestras fuerzas del orden sufrieron el mismo deterioro. Así crearon un entorno tan permisivo para el crimen que ya no nos enfrentamos a la delincuencia común, sino a los más grandes carteles de droga de todo el mundo, que hasta algunos meses operaban sin mayor resistencia”, manifestó.

Lasso sostuvo que la delincuencia organizada tiene sofisticadas armas, complejas plataformas tecnológicas y son respaldadas por un musculo económico que rivaliza con los presupuestos de muchos Estados. “Es decir, mientras desde lo alto algunos minaron el Estado para acumular poder y dinero, los carteles, desde abajo, aprovecharon esa erosión para adueñarse de las calles y cárceles”, mencionó

El mandatario afirmó que el Gobierno “hoy hace sentir la autoridad con leyes e instituciones”. Dijo que así como dedicó su tiempo a la vacunación, personalmente se dedicará a la seguridad ciudadana.

Las medidas

Según el Gobierno, el operativo de este lunes, con mil efectivos de la policía y Fuerzas Armadas, asumió el control de la Penitenciaría del Litoral, de manera indefinida.

Lasso informó que rearticularán el liderazgo de la fuerza pública y depurarán cada puesto y cargo. Agradeció el servicio de quienes hasta ayer ocuparon la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la dirección del SNAI. Recordó las designaciones de Fabián Fuel, como nuevo jefe del Comando Conjunto; Luis Burbano, como comandante General del Ejército; y Fausto Cobo, como director del SNAI.

Resumió su encuentro con las diferentes funciones del Estado con las que trataron el acuerdo nacional para la crisis penitenciaria. “Los violentos no podrán con nuestra acción unida. A través de un nuevo proyecto de ley llevaremos a cabo una imprescindible reestructuración y coordinación de todas las entidades públicas, relacionadas con el sistema de rehabilitación social”, dijo.

Asimismo, aseguró que para que la fuerza pública cuente con las herramientas necesarias para la defensa ciudadana aprobarán las normas para el uso progresivo de la fuerza y, en el mismo cuerpo legal, añadirán la figura de “autoría por dominio de organización”, para que los jefes de las mafias paguen por los delitos que ordenen cometer a sus cómplices.

Dijo también de volverán a decretar cuantas veces sea necesario el estado de emergencia y que gobiernos aliado,s como el de Estados Unidos, Israel Colombia, Reino Unido y organizaciones como la ONU y la Unión Europea comunicaron su voluntad de apoyar al país contra estas amenazas. Indicó, además, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrá total apertura, para esclarecer la verdad de los hechos ocurridos en los últimos días.

Lasso sostuvo que iniciarán de forma inmediata un proceso de pacificación de la Penitenciaria del Litoral, que será liderado por “destacados y respetables ecuatorianos”. «Ellos mediarán entre bandas, sin negociar ni ceder nada por parte del Estado, para llegar a acuerdos de convivencia pacífica en el interior de los centros de privación de libertad”, añadió.

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“Entre las personas ejecutadas por la omisión del Estado, están las poblaciones urbanas empobrecidas que han luchado en sus barrios y desde sus propias trincheras en octubre de 2019, pero que la justicia estatal decidió nombrar como delincuentes (…) Entre las personas ejecutadas por la omisión del Estado habría estado Helen, una mujer trans (…) Victor Guaillas, defensor del agua y derechos de la naturaleza, criminalizado por protestar en octubre del 2019. Él no tenía sentencia firme (…) Así también fueron asesinadas numerosas personas sin sentencia ejecutoriada, es decir, jurídicamente inocentes”, argumenta el organismo en un comunicado.

Denuncian la inacción del Gobierno de Guillermo Lasso, reiterando que pasaron siete horas entre el primer pedido de auxilio, por parte de las personas encarceladas, y la orden gubernamental de intervenir en la Penitenciaría del Litoral.

Asimismo, reprochan que mientras los privados de libertad eran asesinados, varios representantes del gobierno y de la derecha ecuatoriana se encontraban en un evento del cuerpo diplomático militar de los Estados Unidos, celebrando el aniversario de los marines.

“En esas 7 horas de inacción estatal, el gobierno de Guillermo Lasso condenó a muerte, en comisión por omisión, a por lo menos 68 internos en un país donde la pena capital está proscrita. Durante esas 7 horas las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales transmitieron en redes sociales la desgarradora espera de sus verdugos, quienes tuvieron tiempo suficiente para romper más de una docena de paredes con tacos de dinamita, a los cuales nunca debieron tener acceso”, enfatizan.

También cuestionan las respuestas desde el Estado, a las que califican de “indignantes e insatisfactorias”. Pues, tras siete horas de exterminio, la versión oficial afirmó que las ejecuciones masivas son el resultado de la prelibertad de un interno, quien sería el “cabecilla” de una banda prisionera. Además, la comandante General de la Policía, Tania Varela, afirmó que su personal no contaba con las condiciones para entrar durante esas 7 horas.

 “Nos indigna que el gobierno no asuma su responsabilidad por las masacres y busque todo el tiempo culpar a gobiernos pasados o instituciones, como la Corte Constitucional”, señalan.

Finamente, reiteran que la dimensión internacional de las masacres carcelarias ecuatorianas no puede reducirse al fenómeno del crimen organizado y la narrativa de la “guerra entre bandas.”

“La dimensión internacional de las masacres necesita entenderse como lo que es: un naciente exterminio de personas pobres, sometidas a violencia racista y (ci)sexista como forma de gobierno, como necropolítica (la gestión económica y política de las poblaciones humanas a través de su exposición a la muerte) en América Latina”, sostienen.

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“La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa que en horas de la mañana se implementó un operativo conjunto con personal policial y de las Fuerzas Armadas, asumiendo el control total y absoluto del Centro de Privación de Libertad Guayas N1”, señala el documento.

Informa que cerca de 1.000 efectivos, 500 de la Policía y 500 de las Fuerzas Armadas, ingresaron al centro penitenciario para desplegar acciones operativas de control de accesos y del perímetro externo e interno.

“En definitiva, el operativo permitirá imponer la presencia del Estado en este escenario de forma indefinida. Este operativo se desarrolló con todos los parámetros de seguridad y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente, precautelando los derechos humanos de los reclusos”, añade el comunicado.

Asimismo, asegura que el Gobierno trabaja en un proceso de diálogo penitenciario con la participación de un equipo interinstitucional. «Se generarán las acciones necesarias para fortalecer la tecnología y otras acciones operativas que requieren sigilo”, indica el comunicado.

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¿Se repetirá la historia de Carandirú?

Sao Paulo, Brasil, 2 de octubre de 1992. Esa fecha quedó marcada como un día oscuro para la historia penitenciaria de ese país. Se presume que el evento en Carandirú tuvo lugar posterior a un partido de fútbol entre reos, lo que generó un motín en el pabellón 9 de la penitenciaria. El motín no pudo ser controlado por los guardias del centro carcelario, por lo pidieron ayuda de la Policía Militar del Estado.

El grupo de la policía militar, al mando del Coronel Ubiratan Guimarães, ingresó a las instalaciones de la penitenciaria y disparó contra los reos para controlar el motín.

El hecho violento dejó un saldo de 111 víctimas, de las cuales 102 fallecieron a causa de los disparos de la Policía Militar y 9 debido a los apuñalamientos infligidos por los reos antes de que llegue la policía.

Según declaraciones de los sobrevivientes, la Policía habría disparado contra presos que ya se habían rendido, incluso atacaron a reos que intentaban esconderse en sus celdas. Es por ello que se considera que el número de muertos era superior al que se declaró oficialmente.

Años más tarde, la fiscalía brasileña enjuició al Coronel Guimarães pues consideró que la intervención dentro del centro penitenciario fue “desastrosa y mal preparada”.

La prisión Carandirú fue demolida el 9 de diciembre de 2002, tras grabarse en su interior la película basada en el libro «Estación Carandirú».

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Quito, 15 de nov, (La Calle).-Cada vez ha crecido en Ecuador el cultivo de la memoria sobre la masacre de trabajadores ocurrida el 15 de noviembre de 1922 en la ciudad de Guayaquil. Se trató de un momento de lucha y ascenso social, que reivindicó la subida de salarios, el respeto a la jornada de 8 horas diarias establecida en 1916 y a la ley de accidentes del trabajo dictada en 1921, el pago de horas extras, la reducción de la jornada a 6 días (se trabajaba 7), o el establecimiento de turnos. Las referencias suelen remitirse a la novela Las cruces sobre el agua (1946), de Joaquín Gallegos Lara, que tiene como eje ese acontecimiento. Pero existe una variedad de investigaciones historiográficas que permiten entender los pormenores del suceso y sus alcances en el tiempo. Y es necesario vincular ese hecho del pasado con el presente.

Hacia la segunda década del siglo XX la clase obrera ecuatoriana era incipiente, como en la mayoría de países de América Latina. Crecían las organizaciones de artesanos y trabajadores asalariados o semiasalariados. Predominaban las relaciones precapitalistas, en una sociedad bajo el dominio oligárquico que se identificó como “época plutocrática” (1912-1925). De modo que la masacre de los trabajadores aquel 15 de noviembre respondió a la forma en que los gobiernos de la oligarquía entendían la sujeción a masas que consideraban ignorantes, violentas y peligrosas. Peor si se trataba de indios, lo que explica que al año siguiente se produjera otra escandalosa masacre en la hacienda Leito, situada en la provincia andina del Tungurahua.

Oligarquías contra trabajadores y burguesías que comenzaban sus desarrollos empresariales sin disposición a consentir ni respetar derechos laborales, fue un largo signo durante el siglo XX y aún más después de la II Guerra Mundial (1939-1945), cuando la guerra fría impuso la irracional persecución al “comunismo”, concepto que sirvió para que las capas dominantes latinoamericanas identificaran como “comunistas” a las reivindicaciones laborales, los sindicatos, las movilizaciones ciudadanas de protesta por la búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo. Así es que las masacres sobre los pobladores se han realizado en distintas décadas, como lo ha destacado el libro Masacres obreras y populares en América Latina durante el siglo XX (2021), que recoge los estudios de varios investigadores, en donde se da cuenta del caso ecuatoriano y, además, de la revuelta del Río Blanco del 7 de enero de 1907 en México; la masacre de la escuela Santa María de Iquique en 1907 en Chile (recordada en la famosa “Cantata de Santa María de Iquique”, que popularizó el grupo musical Quilapayún); la que ocurrió en Argentina en enero de 1919; la masacre artesanal del 16 de marzo de 1919 en Bogotá; la violencia social en la Patagonia entre 1920 y 1922; la matanza de La Coruña de 1925 en Chile; las que ocurrieron durante la década de 1925-1935 en Cuba; la masacre obrera de 1928 en la zona bananera del Magdalena, en Colombia; el etnocidio de 1932 en El Salvador; la represión de la huelga azucarera de marzo 1946 de La Romana, en República Dominicana; la masacre de las Pascuas Sangrientas de 1956 en Cuba; la huelga de los trabajadores de cementos El Cairo y la masacre de Santa Bárbara en 1963 en Colombia; la represión contra pobladores y mineros bajo el gobierno de la Democracia Cristiana en Chile, realizadas en El Salvador (1966) y Puerto Montt (1969); las constantes masacres de mineros bolivianos en el siglo XX; el genocidio en Guatemala durante la década de 1980; la violencia en Brasil y la masacre del Carandiru en 1992. Pueden sumarse otros casos, como la masacre de los trabajadores de Aztra en Ecuador en 1977 y, desde luego, los regímenes de terror y muerte que establecieron las dictaduras militares de la “seguridad nacional” en el Cono Sur latinoamericano. Siempre los represores fueron gobiernos y dictaduras de derecha.

En el siglo XXI los mecanismos para sujetar y someter a las clases trabajadores tienen nuevas expresiones. Desde la década de 1980, progresivamente las elites del poder, adoptando la ideología neoliberal, con auspicio internacional (FMI) y la convergencia de empresarios modernos que, sin embargo, nunca forjaron una conciencia de responsabilidad social, sino que conservaron las viejas mentalidades oligárquicas del pasado, han arremetido contra los derechos laborales y los avances estatales en bienes y servicios como educación, salud, seguridad social. En América Latina hay una carrera de gobiernos (siempre de derecha) por la flexibilidad laboral y el achicamiento del Estado, para privatizar incluso los logros sociales. Y es Colombia el país que exhibe una dramática historia diaria de asesinatos de líderes y dirigentes sociales y de los trabajadores.

Los ejes de las nuevas consignas flexibilizadoras son, sobre todo, dos: los salarios y la jornada. En Ecuador, las elites empresariales inventaron una fórmula matemática supuestamente “técnica” para aplicarla al alza de salarios, que apunta siempre a reprimir cualquier elevación. Y argumentan que el salario mínimo en el país es superior al de los países vecinos y a todos los latinoamericanos. Es falso. El salario de U$ 400 mensuales en un país dolarizado como Ecuador es una miseria y es mayor la desgracia de todos los otros países con los que se quiera comparar, donde los salarios menores implican peores condiciones de vida. Además, se ha repetido que los mayores salarios ahuyentan las inversiones y frenan las actividades productivas, algo que, desde la perspectiva histórica, siempre ha sido falso y que recientemente también lo ha desmentido David Card, premio Nobel de economía 2021, quien específicamente demostró, con estudios empíricos, que los aumentos en el mínimo salarial “no tienen por qué conducir necesariamente a la destrucción de empleo”. Así es que, por el lado de reprimir los salarios, se apunta simplemente a garantizar mejores ganancias.

Y lo mismo ocurre en cuanto a la jornada. Las elites empresariales han planteado y presionado para que en Ecuador se privatice todo tipo de jornada laboral, de modo que sean los patronos quienes la establezcan a su modo y según sus necesidades de negocios, utilizando las 24 horas del día y los 7 días a la semana, algo inédito en la historia laboral latinoamericana. En forma concreta existe la propuesta para elevar la jornada laboral diaria a 12 horas (mientras una serie de países europeos, como Islandia, la reduce a menos de 8), cumplir las 40 horas semanales en menos de 5 días o en 6 (y hasta 7) sin pagar recargos, desconociéndose la diferencia entre jornada diurna y nocturna, así como el pago de horas extras y suplementarias que superen las 8 diarias o se realicen en sábados y domingos; y adicionalmente, regular vacaciones o descansos. Todo se ha revestido como nueva ley laboral para dar trabajo al 70% de población que carece de empleo formal, impulsar los “emprendimientos”, modernizar al país y superar, dicen, la caduca vigencia del Código del Trabajo expedido en 1938 (que ha sufrido, por cierto, amplias modificaciones a lo largo de las décadas). Históricamente, ese Código no ha impedido, durante 8 décadas, el progreso empresarial ni el de las inversiones. Obviamente, esta otra cara de la misma moneda, igualmente apunta a garantizar mejores ganancias.

Las experiencias flexibilizadoras en América Latina están presentes de la mano de gobiernos empresariales, que siguen caminando en dirección opuesta a toda economía social de bienestar. Y no hay perspectivas para revertirlas, porque en buena parte de los países, las organizaciones de trabajadores están debilitadas y en Ecuador su esclerosis es prolongada. Pero, además, las resistencias y luchas tradicionales tampoco han logrado revertir el progreso neoliberal. De manera que las mismas organizaciones y los líderes sociales se enfrentan al desafío de revisar y reformular sus acciones, si es que anhelan crear una amplia conciencia de clase que, sobre la base de actualizar posiciones, pueda confrontar al poder ya alcanzado por el capital.

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