«La dinámica existente de autogobierno dentro de las llamadas megacárceles ha llevado a violaciones de derechos y presenta retos a los esfuerzos del Ecuador para cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos», dice un comunicado sobre la visita.

La visita de los miembros del SPT se realizó entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre. Dos días después, una balacera en la Cárcel de Latacunga dejó 15 fallecidos, entre ellos, Leandro Norero, presunto narcotráficante y blanco de esta masacre. El 5 de octubre, otra masacre tuvo lugar en la Penitenciaria del Litoral dejando 11 PPL sin vida.

Otros problemas

La misión encuentra un abandono estatal en el sistema penitenciario del país. «La reciente violencia es la consecuencia del abandono estatal desde hace décadas. Los detenidos han vivido en un estado de tensión y constante temor, en prisiones carentes de servicios esenciales y recursos básicos. Algunos espacios de estas prisiones son autogestionados por detenidos que son miembros de organizaciones criminales», explicaron.

Aunque reconocieron la apertura del Gobierno para conversar con los reos y constatar la situación en las prisiones del país, también indicaron que «hay medidas que deben adoptarse, y proporcionaremos más recomendaciones al Estado parte en nuestro informe”.

El informe de la visita será reservado y se entregará al Estado ecuatoriano, quien decidirá si hacerlo o no público. Desde 2021 se han registrado doce masacres en las cárceles del país dejando un terrible saldo de 400 PPL asesinados. La mayor cantidad de muertos ocurrió en la penitenciaría del Litoral en septiembre del 2021 con 119 personas. (MIB)

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Dos meses después de que Guillermo Lasso se posesionara en la presidencia llegó la segunda masacre. El 21 de julio un motín en las cárceles de Latacunga y Turi dejaron 34 reos asesinados. El Gobierno fue enfático en decir que trabajarían en un plan para la rehabilitación carcelaria que evite más muertes de este tipo. Los responsables, según las autoridades, son las bandas delincuenciales. Los Choneros, aliados al cartel de Sinaloa en México, se dividieron en otras organizaciones delictivas: Los Lagartos, Los Lobos, Los Tiguerones, entre otros. Empezando una disputa desde el asesinato de alias JL, líder de los Choneros en diciembre de 2020.

El horror se produjo el 29 de septiembre cuando miembros de los pabellones 8 y 9 de la Penitenciaria del Litoral abrieron un agujero en el concreto que los separaba del pabellón 5. Decapitaciones, disparos, detonaciones de granadas que los reos mostraban por redes sociales en vídeo eran la prueba de un infierno terrible. Muchos de esos reos ya habían cumplido su pena o estaban condenados por delitos menores. 118 ciudadanos murieron en esa masacre.

En noviembre llegó otra, en la misma Penitenciaria. Durante Los enfrentamientos se produjeron en el pabellón número 2 donde se encontraban 700 presos aproximadamente. Las autoridades, en ese caso el Gobernador del Guayas, dijo que el vacío de poder por la liberación del líder de los Tiguerones generó la masacre. 68 reos fueron asesinados. En esa prisión del Guayas cada pabellón tiene un jefe que controla a los demás reos.

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En 2022

En 2022, otra masacre llegó el 3 de abril en la cárcel de Turi en Cuenca. Una prisión que iba a recibir a reos del sur del país, pero que en los últimos años también aloja a prisioneros de provincias como Guayas. Miembros de la banda “Los Lobos”, de acuerdo con el ministro del Interior, Patricio Carrillo, fueron los causantes del motín que dejó 20 muertos. Los cinco líderes fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad “La Roca” en Guayas.

Finalmente, el 9 de mayo, la muerte se tomó la cárcel de Bellavista en Santo Domingo de los Tsáchilas con 43 muertos hasta el cierre de esta nota. El comandante general de la Policía, Fausto Salinas, atribuye el hecho a un cabecilla que fue trasladado a “La Roca”, pero por decisión de un juez, lo reubicaron en Santo Domingo.

La Comisión

Entre las acciones del Gobierno están: la creación de una Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación en diciembre de 2021. La Comisión conversó con los miembros del sistema penitenciario y concuerdan que deben existir cambios para eliminar la corrupción de miembros policiales y guías penitenciarios.

Uno de los miembros de esta comisión, Nelsa Curbelo, quien es experta en gestión de conflictos, renunció a ese puesto. Ella señaló que las cárceles no son centros de rehabilitación, sino “centros de castigos” y “escuelas de tácticas delincuenciales”. Que la decisión de habilitar “La Roca” no permite una verdadera rehabilitación de estos reos. MIB

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En una entrevista con Primicias, el funcionario asegura que la ola de violencia en las calles no tiene nada que ver con la desigualdad, la pobreza, el desempleo o la falta de oportunidades en el país, sino con una guerra de bandas por el narcotráfico o que puede ser «artificialmente inducida».

Al igual que el presidente Guillermo Lasso, Jijón sigue culpando de la actual situación a anteriores gobiernos. “Tenemos 15 años de haber desatendido el problema. El haber cerrado la Base de Manta. Basta ver la reacción a la activación de un radar en Manabí”, afirmó al medio.

Asegura que las acciones del Estado contra el narcotráfico como el control del puerto de Guayaquil, para que no salgan cargamentos de droga, o el decomiso de estupefacientes, es lo que ha ocasionado un ajuste de cuentas muy violento entre bandas y carteles internacionales. Es decir, para Jijón todos quienes han muerto en las calles, son delincuentes.

Ante la precisión del medio de que no todos los asesinados son narcotraficantes, Jijón responde que hay que pensar con «racionalidad». “Tenemos un grave problema de narcotráfico”, dice. Además, amparado en esta aseveración intenta deslindar al Gobierno de la responsabilidad de la seguridad interna del territorio nacional.

“Y ¿cómo hace usted como Estado cuando una banda de narcotraficantes asesina a otra? ¿Les pone guardias de seguridad a los narcotraficantes para que no los maten si se pelean con sus socios?”, refuta.

Según Jijón la delincuencia común ha tenido una caída importante, pero existe escasez de policías. Aseguró, a Primicias, que han iniciado el reclutamiento de personas y se ha destinado las partidas presupuestarias para formarlos y armarlos, darles vehículos y cuarteles.

“Pero la sociedad no puede esperar que, en un mes o seis meses, el país pueda solucionar un problema que es consecuencia de 15 años de descuido. El gobierno cree que en dos años va a tener el número suficiente de policías, bien armados”, dijo.

Respecto a las cárceles, señaló que el tema es similar. “Para los estándares internacionales, 6.000 guardias penitenciarios. Tenemos 2.500. No existe el número suficiente para mantener el orden (…) el gobierno cree que en seis meses, habiendo empezado ya el proceso, tendrá el número suficiente de guardias penitenciarios, correctamente equipado, entrenados y con todas las necesidades cubiertas”, mencionó.

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“A través de la presente me permito hacerle llegar un saludo, a fin de solicitar las acciones necesarias para que podamos recibir el material CM entregado en calidad de préstamo y que fuera entregado en noviembre de 2019”, dice parte del documento.

Entre los materiales se contabilizan 5.000 granadas de mano GL-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm, 560 proyectiles de corto calibre y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.

La masacre

Durante noviembre de 2019, protestas contra el golpe de Estado que puso en el poder a Jeanine Añez tuvieron lugar en varias comunidades bolivianas. El 15 de noviembre en el Municipio de Sacaba en Cochabamba, la violencia policial dejó 12 muertos y 125 quedaron heridos.

Según los relatos de las víctimas, muchos de los muertos y heridos en Senkata eran personas que iban a trabajar, estudiar o salían de sus casas para hacer algunas compras cuando fueron sorprendidos por la represión, informó el medio: Brasil de Fato.

Otra masacre ocurrió en la ciudad de Senkata, El Alto, el 19 de noviembre. El resultado de la violencia militar y policial mató a 10 personas y dejó decenas de heridos.

La Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard realizó una investigación que demuestra la violencia de Estado en ambos lugares del país del Altiplano.

«Nuestra evaluación de lo que ocurrió en Sacaba y Senkata es que hubo masacres, así como en la zona sur [de La Paz], donde la policía ha matado personas. Hubo violencia cometida por el Estado», dijo Thomas Becker, un abogado internacional de Derechos Humanos.

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Las matanzas suscitadas en el departamento del Cauca y Nariño evidencian que el problema de seguridad del país cafetero está lejos de terminar. Con estas tragedias, el número de victimas asciende a 244 desde enero.

El Cauca y Nariño, son dos de los departamentos más afectados por la violencia, que enfrenta grupos irregulares y población civil. En el Cauca seis personas fueron abatidas en Munchique, municipio de Buenos Aires, por un grupo armado. Según información de la Defensoría del Pueblo, también se habría lanzado una granada en una gallera.

Mientras se investigaba el número de heridos que dejó el atentado en el Cauca, en Nariño cuatro personas fueron asesinadas en Mosquera.

Otros hechos

Munchique dio cuenta de actos violentos el pasado 26 de abril. En esa oportunidad murieron tres personas. Ante ese suceso, la Defensoría de Colombia, emitió alertas, con la advertencia de que la zona era proclive a violencia. 

“Insistimos en la urgente necesidad de erradicar los factores de violencia que afectan los derechos y ponen en constante peligro la vida de los colombianos. Hacemos un llamado a la pronta respuesta a las alertas tempranas que hemos venido emitiendo, y evitar hechos como el que estamos lamentando”, dijo Carlos Camargo, Defensor del Pueblo.

El Gobernador de Nariño, John Rojas lamentó la masacre originada en el departamento del que está a cargo y agregó que la crisis social y humanitaria de su jurisdicción es grave. Se conoce que Nariño al igual que el Cauca vivió un episodio sangriento con el asesinato de una mujer del cabildo indígena Gran Mallama.

Departamentos bajo la violencia

Según reportes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, hasta ahora 12 sucesos violentos ocurrieron en Antioquia, ocho en Nariño y Cauca, cinco en Norte de Santander, cuatro en Putumayo, dos en Chocó, Córdoba, Valle del Cauca y Bolívar.

Mientras en Atlántico, Arauca, Huila, Magdalena, Tolima, Caldas, Bolívar, Cundinamarca y Meta se notificó uno en cada departamento.

Además, en el país se han retomado las protestas y una de las exigencias de los manifestantes se relaciona con las masacres. Semana tras semana en la página principal de los tabloides hay un nuevo episodio violento en Colombia.

Según los manifestantes, las movilizaciones de estos días son precisamente para pedir que se respeten los derechos y se detenga el derramamiento de sangre en el país. (AB).

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Colombia un país que viene años librando una lucha contra el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo, vuelve a vivir episodios de terror. Esto tras conocer las tragedias ocurridas en Cali y Nariño, donde asesinaron a 14 adolescentes. De los crímenes se desconoce el móvil y los autores materiales, pero se presume que el caso tendría que ver con ajustes de cuentas.

En su cuenta de Twitter, la Oficina de Derechos Humanos condenó los asesinatos de los adolescentes y mencionó que podría tratarse de grupos de delincuencia organizada, que tienen relación con el narcotráfico.

Además, solo en el primer semestre del año, Colombia registra 41 excombatientes de las FARC asesinados. Según, Stefan Peters, para DW, los móviles detrás de los asesinatos varían y el Gobierno no ha podido esclarecer los motivos de las muertes.

«La violencia se concentra en regiones apartadas, va dirigida sobre todo contra la población socialmente vulnerable”, y según el análisis del académico es ejecutada por actores que luchan por el control territorial, que incluso involucra a funcionarios estatales. Además, según Peters, «hay nuevas dinámicas de violencia y, sobre todo, ha habido crueles asesinatos de jóvenes». Pero también, hay violencia contra activistas políticos y exguerrilleros de las FARC.

Duque no aporta en el proceso de paz

Según Sabine Kurtenbach, el gobierno de Iván Duque no habría prestado la importancia necesaria a los procesos de paz. Incluso destacó que existen alrededor de 7.000 excombatientes de las FARC se desarmaron. Desde el principio, el mandatario intentó reestructurar los acuerdos para la paz, por lo que se retrasaron las acciones desde el Estado para continuar con los procesos.

Lejos de ser el fin de los conflictos armados en Colombia, la nueva dirección del Gobierno es acusada de no tener voluntad política dentro los violentos casos registrados en el país cafetero. Según Peters, parecería que en los intereses del Gobierno de Duque no está la protección de las personas afectadas, el conflicto armado y el proceso de paz. (AB)

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