En este caso participarían la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del exministro de Defensa, Óscar Aguar. Otros de los comparecientes son: el exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García y el exdirector de la Gendarmería, Gerardo José Otero.

También estaría involucrados el exdirector de logística del cuerpo, Rubén Carlos Yavorski, y el exdirector de Operaciones, Carlos Miguel Recalde.

Procesos e investigaciones

La investigación del fiscal Claudio Navas Rial arrancó después de que el Gobierno de Alberto Fernández interpusiera una demanda contra el exdirigente.

La denuncia se refiere al «envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno nacional encabezado por el expresidente Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional».

Los hechos

En un documento del 13 de noviembre de 2019, el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros dio cuenta del envío de «material bélico de agentes químicos», entre ellos cuentan: cartuchos, gases lacrimógenos y granadas de gas.

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«Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede interpretarse sino como un refuerzo a la capacidad de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días», dice la carta.

Fernández ofreció disculpas a Arce y al pueblo boliviano por la conducta del embajador argentino de ese entonces Normando Álvarez García. «Los hechos los analizan un grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», agregó.

Los hechos

En un documento del 13 de noviembre de 2019, el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros dio cuenta del envío de «material bélico de agentes químicos», entre los que cuentan cartuchos, gases lacrimógenos y granadas de gas.

El caso de Moreno

Macri no fue el único en enviar material antidisturbios a Bolivia. En noviembre de 2019, el gobierno de Moreno también envió gases, cartuchos y otras herramientas.

De acuerdo con el documento, el gobierno ecuatoriano prestó el material a Bolivia en noviembre de 2019 cuando se desarrollaban protestas en ese país contra el gobierno de Añez. La investigación que realiza Fiscalía esclarecerá si ese material se utilizó en las masacres en El Alto y Cochabamba.

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El objetivo de la organización era perseguir a funcionarios kirchneristas y también a una serie de sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano, el petrolero Guillermo Pereyra y el líder de los lecheros, Héctor Ponce.

Para los legisladores, «el máximo responsable» de ese entramado era el exmandatario. Según señalaron, «emitía las órdenes y trazaba las estrategias» de los delitos cometidos por la denominada «mesa judicial» de Cambiemos.

La denuncia fue colocada por los diputados Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés. Solicitan que se investiguen «las distintas acciones de presión, intimidación, amedrentamiento y abuso sufridas por dirigentes políticos y sindicales opositores». Estas acciones aparecieron a partir del 10 de diciembre de 2015.

Juicios en Latinoamérica

Macri no es el único político que enfrenta juicios por parte de los legisladores. A pocos días de salir del poder, la Asamblea de Bolivia presentó un pedido de juicio contra Jeanine Añez por las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) y otros hechos.

La Comisión especial de la Asamblea que investiga las masacres también propuso procesos judiciales contra varios ministros. Karen Longaric (Relaciones Exteriores), Yerko Núñez (Presidencia), Arturo Murillo (Gobierno), Fernando López (Defensa). Además, de Álvaro Coímbra (Justicia), Álvaro Rodrigo Guzmán (Energías) y María Pinckert (Medioambiente y Agua).

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“Por decisión del presidente Alberto Fernández se declara así la emergencia pública en materia ocupacional, ante la necesidad de detener el agravamiento de la crisis laboral”, dice el comunicado de prensa sobre el decreto.

En Argentina, la tasa de desempleo en los últimos seis meses del año está en 10,6%, un punto más arriba que el año anterior. Los jóvenes son el grupo más afectado. Las mujeres jóvenes tienen un nivel de desempleo del 24%. El gobierno saliente deja, además, una inflación arriba del 50%,escaso crecimiento económico y aumento de la pobreza.

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«El juez federal Luis Rodríguez investiga a Aranguren por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, debido a que, mientras oficiaba como ministro, tenía acciones de la petrolera Shell, para la cual trabajó como director ejecutivo antes de asumir el cargo», informaron medios internacionales.

Por otro lado, a Laura Alonso la acusan por presunto encubrimiento y abuso de autoridad, por no controlar dicha incompatibilidad. 

El magistrado ordenó un embargo de 1.200.000 pesos (unos 20.000 dólares) para Aranguren, y otro de un millón de pesos para Alonso. 

El martes 10 de diciembre, Macri entregará la banda presidencial y el gobierno a Alberto Fernández.

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