El sábado 24 de febrero de 2024, Noboa emitió el decreto 173 que deroga el documento número 86 del 19 de diciembre de 2023 publicado en el Registro Oficial. Los puntos que topaba el Código hacen referencia a: reglas éticas a los servidores de la Administración Pública, institucional y dependiente de la Función Ejecutiva, nepotismo, uso de aviones presidenciales y autos institucionales, influencias indebidas, entre otras.

Pese a que el presidente tiene la potestad de llevar la administración pública del país de acuerdo con los estamentos en la Constitución, en este documento no enlisto o argumentó las razones por las que derogó el decreto.

Según el abogado constitucionalista Mauro Andino, causa sorpresa que en el informe solo haya citado los considerandos del presidente y no presentó un argumento político o social por el mismo. Sin embargo, mencionó que no es un documento que imposibilite que los funcionarios trabajen o genere un vacío legal.

«Era un conjunto de nombres o disposiciones para conducir a los funcionarios con base en ciertos principios y valores. Esto prohibía el nepotismo en cuarto grado consanguinidad y segundo de afinidad», detalló para La Calle.

Prohibido en todos lados

El abogado mencionó que aunque este decreto se eliminó, pese a tratar puntos sensibles, el nepotismo tanto en la ley, como en la Constitución, y las reglas del Servidor Público está prohibido. En casos de existir este delito, la Contraloría General del Estado (BGE), la Fiscalía y otras entidades de control castigan penal y administrativamente este acto. «Con o sin código, esos temas esta prohibido», relató.

La primera dama

Con la derogación de este decreto, la primera dama podría acceder a una remuneración económica. Siempre y cuando, esta esté al frente de alguna institución pública u organización. Andino explicó que esto solo sería posible si el presidente emite otro decreto para que Lavinia Valbonesi sea la titular de un proyecto o entidad pública.

«Actualmente, no dirige ninguna entidad pública, por lo que no tendría porqué recibir recursos por parte del Estado», apuntó.

Sin embargo, el 25 de febrero de 2024, la primera dama empezaría a moverse, lo que se podría definir como sus primeras fichas. Valbonesi fue recibida en la Casa Blanca por la esposa del presidente Jill Biden. Según la cónyuge del primer mandatario, en la reunión se intercambiaron experiencias de labor social.

El 26 de febrero se reunió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el que presentó un proyecto de rescate de mujeres en situación de violencia. Posterior a eso, el martes 27 de febrero tendrá una sesión con el director regional del Banco Mundial, Óscar Calvo, para hablar de la Equidad de Género y Política Económica para América Latina.

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»Las organizaciones políticas o candidatos que hayan recibido financiamiento del Estado a
través del Fondo de Promoción Electoral, deberán reintegrar el 50 % de los valores y montos entregados por el Estado luego de la segunda elección cuando el mismo candidato no obtenga al menos un 4 % de los votos válidos», dicta el artículo 223.1 del Código de la Democracia.

El principal fracaso de estos comicios electorales fue para Hervas (0.49 %) y Pérez (3.94 %) quienes tuvieron una caída descomunal en la intención del voto a comparación del 2021 en donde ocuparon el tercer y cuarto lugar respectivamente.

Tras su derrota, el abogado constitucionalista Mauro Andino con base al Código de la democracia, indicó que los expresidenciables tienen un plazo de 90 días para compensar la mitad del monto asignado en su campaña electoral. El CNE designó un fondo de USD 309.243 a cada organización política en la participación de este proceso, quienes formaron alianzas obtuvieron 20 % más por cada movimiento o partido.

El jurista considera necesario ser más rigurosos con este tema y planteó dos alternativas aplicables a la ley;

• Aquellos que en la primera elección no obtengan el 4 % de los votos válidos en la respectiva dignidad, devuelvan el 50 % del monto entregado por concepto del Fondo de Promoción Electoral.

• Los candidatos que en segunda elección no obtengan el 4 % de los votos válidos en la respectiva dignidad devuelvan el 100 % del financiamiento estatal correspondiente al Fondo de Promoción Electoral.

Del otro lado de la moneda…

Según el director de Promoción Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), precisó a Radio La Calle que primero debe determinarse si unas elecciones anticipadas- derivadas de la aplicación de la muerte cruzada- se consideran o no como una segunda elección, para lo cual, debe realizarse el análisis jurídico correspondiente.

No obstante, especificó que en el caso de que las elecciones anticipadas se llegaran a considerar como una segunda elección los candidatos no deberían devolver el Fondo de Promoción Electoral.

El experto resaltó que los candidatos que deben devolver el 50 % de promoción electoral son aquellos que no obtuvieron al menos el 4% de votos válidos tanto en la primera como en la segunda elección. Sin embargo, tanto Hervas como Pérez »obtuvieron una votación claramente superior al 4% en las Elecciones Generales 2021», dijo. (AGM).

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“Lasso piensa que se puede salvar del juicio a través de la negociación y la distribución de preventas políticas”, dijo en entrevista a Radio La Calle.

Andino explicó que estos «acuerdos’’ se traducen en entregar subsecretarías, ministerios y -peor aún- contratos con el Estado. Así mismo, se podría llegar a actos delictivos como “dar dinero o dádivas para terminar comprando a los legisladores y terminar con el juicio’’.

(Aquí la entrevista completa)

Agregó que el Gobierno tiene influencia en las diversas instituciones gubernamentales, por lo que se podría persuadir a los diferentes bloques legislativos. Resaltó que, si se negocia internamente en la Asamblea Nacional, se desinstitucionaliza todo el Legislativo y, por ende, se pierde fuerza al momento de tomar una decisión.

El problema es el presidente, pero también los asambleístas

De acuerdo a Andino, los legisladores deben tener un punto de vista desde la sensibilidad política. “El país necesita una salida que resuelva el problema más grande que tiene el Ecuador y ese problema más grande que tenemos se llama Guillermo Lasso Mendoza”, dijo.

De esta manera, los asambleístas que voten en contra del juicio político estarían hipotecando el futuro del Ecuador. Andino mencionó que “ellos son los que al final del día van a valorar todas las pruebas que se han presentado y decidirán si es o no es responsable Guillermo Lasso”.

Muerte cruzada

Para continuar con el proceso del juicio político se necesitan 92 votos. Sin embargo, la ausencia de los mismos está creando un encuadre de debilidad. En el caso de que el presidente Lasso active la muerte cruzada y disuelva la Asamblea, los legisladores de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) plantearán encontrar una salida constitucional democrática para pacificar la situación.

“Desde UNES, se ha manifestado el apoyo al juicio político para buscar la censura y la destitución de Guillermo Lasso”, aclaró.

No obstante, en el caso de que no se reúnan los votos para el juicio político y se active el mecanismo de la muerte cruzada, los asambleístas de esta bancada «dejarán su cargo sin problema’’, manifestó.

No hay garantías en los votos

Dentro de la Asamblea hay diversos partidos políticos, lo que implica que sea necesario un análisis minucioso a cada una de las bancadas. “No podemos comparar a Pachakutik (PK) con los de Unión por la Esperanza (UNES)”, dijo Andino.

Si bien es cierto que algunos grupos son más sólidos en la decisión a favor del juicio, no hay garantía de su voto final. Ejemplificando el caso, UNES apunta a continuar con el juicio, mientras que en la Izquierda Democrática (ID) hay desacuerdos internos frente a la decisión.

«Compra de votos»

Según el presidente del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, estaría detrás de la compra de votos de dos legisladores de la bancada.

Lo mismo sucedió con la subcoordinadora de PK, Cecilia Velasque y los asambleístas Ricardo Vanegas y Gissela Molina, quienes supuestamente mantendrían vínculos “dudoso” con el presidente Lasso, según la Conaie. (D.C.)

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Quito, 20 oct (La Calle).- El presidente Guillermo Lasso presentó dos preguntas ante la Corte Constitucional (CC) para arrebatarle las funciones de designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). El Ejecutivo plantea que esta potestad vuelva a manos de la Asamblea Nacional.

Radio La Calle conversó con expertos constitucionalistas que explicaron los posibles escenarios e intereses detrás de estas jugadas políticas. Los abogados Ramiro Aguilar, Mauro Andino y André Benavides coincidieron en que sí es posible quitar esta facultad al Cpccs a través de las preguntas postuladas en la consulta popular.

¿A qué quedaría relegado el Consejo?

Aguilar señaló que el Presidente pretende vaciar las funciones del Consejo y al disminuir sus competencias lo que quedaría de esa institución es una “mera formalidad”. Por otro lado, Andino enfatizó que la entidad únicamente mantendría dos funciones: fomentar la participación ciudadana y combatir la corrupción. Benavides sostuvo que el Cpccs quedaría como una instancia a cargo de veedurías ciudadanas, temas de corrupción y nada más.

“Quitarle funciones al Consejo es volverlo intrascendente, pero mientras no lo desaparezcan, existe y puede cambiar sus competencias o añadirlas otras”, precisó Aguilar.

La Asamblea Nacional como designadora de autoridades

Para Aguilar, si se llega a eliminar esta atribución al Cpccs no queda otra institución que la Asamblea. Sin embargo, Andino cuestionó esta propuesta de Lasso, pues el mandatario en reiteradas ocasiones manifestó sus desacuerdos con el Legislativo. Los abogados mencionaron que el proceso de selección de autoridades dentro del Parlamento respondería a la mayoría de votos.

“Es una contradicción que, a lo sujetos que el presidente llamó ladrones, que dice que nadie vale la pena, que son una desgracia, que puede gobernar sin el apoyo de ellos, les otorgue una facultad como esta”, puntualizó Andino. Entonces, qué trucos esconde el presidente…

Además, comentaron que no puede existir un ente superior a la Asamblea que regule las designaciones, pero Benavides detalló la posibilidad de crear una veeduría ciudadana o un observatorio que vigile estos procesos.

“Lo que puede pasar es que elijan a alguien que no cumpla los requisitos establecidos en la Constitución, esto se vuelva inconstitucional y se pueda poner una medida de protección. Lo que sí podría haber es un control constitucional. Es decir, que se vele si se cumplió o no con los requisitos de la Constitución”, apuntó Aguilar.

Parámetros que debe seguir el proceso de designación

Aguilar supone que las especificaciones que deberían seguir son requisitos legales como: edad, rango y procesos de oposición (examen, merecimientos, títulos y hoja de vida).

En cambio, Andino recalcó los vacíos que tienen las preguntas en cuanto a los parámetros que debe seguir este proceso. Resaltó que no se detallan los requisitos, prohibiciones, criterios de postulación y apelación de los postulantes. “No señalan los méritos que deben tener los aspirantes, ni los miembros de la Comisión Técnica que los elegirán”, reiteró.

Intereses políticos dentro del Legislativo

El abogado Aguilar manifestó que el Cpccs es un ente igual o más político que la Asamblea. “La diferencia es que la Asamblea tiene 137 legisladores que representan a los sectores políticos del país y el Cpccs tiene siete “gatos” que se representan a sí mismos y encubren la representación de los sectores políticos del país”, señaló.

Trucos detrás de las dos nuevas preguntas presentadas

Andino expuso que la reformulación de las preguntas sobre la designación de autoridades se realizó mediante una enmienda constitucional. Es decir, acogió todo lo que la Corte Constitucional le sugirió. No realizó un cambio estructural profundo, pero puntualizó las preguntas con las sugerencias emitidas.

“Lasso dejó de poner en las preguntas que él será el centro de poder y propuso que sea el Legislativo quien se encargue de esta designación”, comentó.

Además, advirtió que para este proceso de designación se creará una Comisión Técnica de selección que estará conformada por:

• Cinco representantes del Estado (un delegado por cada poder del Estado).
• Cuatro veedores (dos ciudadanos elegidos por sorteo y dos representantes de las universidades mejor puntuadas). 

“A diferencia de las preguntas pasadas, ya no serán miembros del Ejecutivo quienes envíen el binomio o la terna de los postulantes”, dijo. También comentó que una vez aprobadas las preguntas por la CC, se deberá revisar a profundidad la pertinencia de los anexos y cuestionarios. Agregó que habría que considerar la redacción de las preguntas, que sean sencillas, claras, neutras y que no dirijan a una respuesta al ciudadano.

Disposiciones transitorias en las nuevas preguntas

El jurista Andino comentó que existen dos disposiciones a las que se les debe prestar mucha atención:

1.- Una vez aprobadas las enmiendas en referéndum, el Ejecutivo enviará varios proyectos de ley a la Asamblea en un plazo de 180 días para que estos proyectos puedan desarrollar y regular el contenido de esas enmiendas.

2.- Desde que se aprueban las enmiendas, la Asamblea tendrá que presentar y aprobar varios proyectos de ley, que podrán regular y desarrollar el contenido de las enmiendas en un plazo de 365 días.

Adicionalmente, especificó que mientras no se aprueben los proyectos de ley emitidos por el Legislativo y el Ejecutivo no se podrá llegar a ningún concurso de oposición y méritos. Por lo tanto, las autoridades que han sido designadas tendrán un tiempo prorrogado de funciones, y una vez aprobadas estas leyes todos los procesos del Cpccs quedarán sin efecto.

Esto significa que los titulares de la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Superintendencias, Consejo de la Judicatura y demás entidades de control permanecerían en sus cargos.

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El pasado 7 de julio de 2022 se llevó acabo la primera reunión para la mesa de diálogo establecida por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la cual fue desarrollada de manera satisfactoria con la presencia de los representantes de las organizaciones y miembros del Gobierno nacional.

En la reunión se estableció el desarrollo de 10 mesas de trabajo y una de coordinación, las cuales iniciarían este 13 de julio, a partir del cual se contabilizarán los 90 días previstos, con el fin de solventar los 10 pedidos planteados por las organizaciones.

Sin embargo, tras las declaraciones del presidente Guillermo Lasso en una entrevista sobre un supuesto financiamiento del narcotráfico a las movilizaciones convocado por el movimiento Indígena, el proceso de diálogo puede verse afectado.

«La paja está en fabricar una protesta violenta con fines políticos para derrocar al gobierno legalmente constituido. Esta es una alianza con el correismo y en esta participa un tercer actor que es quien pone el dinero para las protestas que habrán constado USD 15 millones», aseguró Lasso.

Respuesta de la CONAIE

Mediante un comunicado, la CONAIE rechazó las acusaciones y tildó de inoperante al gobierno de Lasso.

«Advertimos que la narrativa oficial del «narcotráfico y terrorismo», se dirige a criminalizar la protesta, pone es riesgo y sabotea desde el mismo Ejecutivo el proceso oficializado el 7 de julio 2022″, dice el comunicado.

¿Qué puede suceder con el diálogo?

Para la analista política, Paulina Mogrovejo el acuerdo fue firmado bajo el marco del principio de la buena fe con el propósito de finalizar con las movilizaciones, pero sobre todo de dar cumplimento a los 10 puntos planteados.

Sin embargo, con las acusaciones realizadas por del presidente Lasso, que no tienen pruebas, pone en duda la intensión del Gobierno.

«Queda una tela de desconfianza hacia el Gobierno, da una suerte de mensaje que no existe la intensión de cumplir con el mencionado acuerdo de llevar adelante el proceso de diálogo», expresó la analista a Radio La Calle.

Por su parte, el analista Mauro Andino aseguró que el Gobierno está buscando deslegitimar las protestas y las cusas por las cuáles las personas salieron a manifestar.

«Es lamentable que el Gobierno nacional siga implementando esta retórica del enemigo interno, deslegitimar las protestas. Solo refleja que el Gobierno y a la cabeza el presidente de la República en el fondo nunca quisieron dialogar», dijo.

Andino sostuvo que Lasso está dejando de lado al 39% de personas que viven viviendo en pobreza multidimensional en el país.

Así también, el analista político indicó que es imposible llegar a acuerdos y sentarse a dialogar con alguien que está levantando una imputación de un delito sin pruebas.

«Esto genera mayor desconfianza por parte del movimiento Indígena y de la CONAIE, porque es imposible que te sientes a dialogar con alguien que te está tildando de haber sido financiado por el narcotráfico.»

El papel desarrollado por el ministro de Gobierno

Según los analistas, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez ha buscado procesar el conflicto social a través de la vía política, promoviendo el diálogo.

«Mientras el ministro de Gobierno firmó un acuerdo con la CONAIE y sigue reuniéndose en las mesas técnicas. El presidente de la República hace semejantes afirmaciones, eso le deslegitima», aseguró Andino.

Mauro Andino recalcó la existencia de una posible intención de boicot, frente a las acusaciones y declaraciones tanto del presidente Lasso como del ministro del Interior, Patricio Carrillo.

«No hay que destacar que las afirmaciones del presidente y del ministro Carrillo quieran boicotear el diálogo para tentar a la CONAIE que se levante de la mesa de diálogo y se vayan, y con eso el Gobierno podría justificar el incumplimiento de su palabra y estafar políticamente a las organizaciones sociales».

De la misma manera, Mogrovejo dijo que entre las opciones que tendría el ministro de Gobierno está presentar su renuncia o seguir presionando al Ejecutivo.

«El ministro de Gobierno tendría que cumplir las disposiciones del presidente de la República, renunciar a su cargo si no está de acuerdo bajo el principio de la objeción de consciencia o tratar de seguir presionando e insistiendo sobre todo al interno del Ejecutivo para que los 10 puntos se acerquen al menos, si no se cumplen en su totalidad».

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Hay un Estado ausente en las políticas sociales, pero también incapaz de diseñar una estrategia que detenga la inseguridad en el país. Durante 2022 se han registrado 1.145 y más de 537 muertes violentas con relación con 2021. Es decir, un incremento del 80%. Esto se ve amplificado no solo por el narcotráfico y las luchas de poder de las bandas criminal sino también otros factores como: el hambre, el desempleo y la pobreza extrema”, explicó en entrevista con Radio La Calle.

Sin embargo, eso no significa que los casos de asesinatos no se investiguen con todo el peso de la ley. “La policía debe repeler en casos como el de Ibarra con toda la fuerza posible. Lo preocupante es que se vaya creando un discurso anti derechos humanos, aprovechando las circunstancias. Y que en la Consulta Popular se quiera preguntar sobre incrementos de pena”, expresó.

Para el jurista, la solución no pasa por incrementar sanciones o la pena de muerte. “Está demostrado académicamente que no han resuelto ningún problema en los países que la utilizan. Un ejemplo es Estados Unidos y aquí viene otra propuesta de grupos de extrema derecha: libre porte de armas. En ese país, los ciudadanos pueden adquirir armas y continúan las masacres en escuelas, cines o restaurantes. Necesitamos oportunidades de trabajo serias. En los países donde existe mayor desarrollo no existe o son pocos los problemas de criminalidad, porque una de las razones es la desigualdad”.

¿Hay solución?

De acuerdo con Andino, existen dos tipos de salidas: democráticas y por fuera de esa vía, ambas de forma legal y fundamentadas en la Constitución.

“Hay salidas por la vía democrática y también por fuera. Cuando Lasso cumpla su primer y si seguimos así se puede emprender un proceso de derogatoria del mandato. Es igual a la salida que tantas veces nos ha vendido Lasso como cortina de humo que es la muerte cruzada. La muerte cruzada es otra salida, sin embargo, el gobierno se ha alejado de esta solución porque no tendría la posibilidad de ganar nuevamente una elección”, dijo.

Otra solución sería que el estado se sensibilice y empiece a trabajar en políticas públicas. Rodearse de gente que no solo lo adule, sino que trabajen eficientemente. “Por fuera de estas vías, está la calle, las protestas que están legalmente fundamentadas en la Constitución bajo el derecho a la manifestación”, recalcó. MIB

Mire la entrevista completa:

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Quito, 10 dic (La Calle).- “La investigación de los Pandora Papers quedó en absolutamente nada (…) para sacar esa resolución mejor no hacían nada”, fueron las tajantes declaraciones del analista Mauro Andino, en referencia al accionar de la Asamblea y algunos bloques legislativos.

Esos bloques tienen una clara tendencia en favor del oficialismo en el caso de los Papeles de Pandora, que involucra al presidente Guillermo Lasso.

“Este altercado de PK se suma al que tuvo Unión por la Esperanza (UNES) con la abstención de voto en la Ley de Desarrollo Económico que puso en vigencia la nueva reforma tributaria».

Estos hechos políticos, ocurridos en menos de dos semanas, golpean la institucionalidad política de estas fuerzas legislativas, principales opositoras del oficialismo.

En efecto, terminan por dar un tanque de oxígeno a un presidente que venía en caída libre, sostuvo Andino. “El exhorto es como pedirle de favor, casi de rodillas, al presidente para que se acerque a la Asamblea” explicó el analista político.

Además, calificó como “un fracaso” a la política institucional debido a que la Asamblea falló en el cumplimiento de su deber ético, al no permitir que se investigara a fondo sobre el caso de evasión de impuestos en paraísos fiscales.

La actuación de algunos bloques legislativos presenta un panorama confuso, cuando no contradictorio, de su plan político, sostuvo Andino.

Para el jurista, uno de los grandes logros del gobierno de Lasso es terminar de dividir a Pachakutik, bloque en el que se encuentra Fernando Cabascango que mocionó que el presidente acuda obligatoriamente a la Asamblea.

Por otro lado, afirmó que la Izquierda Democrática (ID) tiene un acuerdo político con el gobierno, que entra en contradicción con su estatuto. La designación de Andrés Vallejo, militante activo de ID, respondería a la votación del bloque.

¿Qué pasó en la Asamblea?

La exhortación de Guillermo Lasso nace como el último recurso de la Asamblea Nacional en el que el presidente Guillermo Lasso deberá acudir al Pleno para explicar su vinculación con los paraísos fiscales.

En anteriores mociones la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) liderada por Paola Cabezas planteó la destitución del presidente por conmoción interna.

La segunda moción la hizo el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales de PK, Fernando Cabascango, para que Lasso acuda a la Asamblea a rendir su versión en un plazo de 30 días. Ambas no tuvieron apoyo.

Finalmente se aprobó el exhorto, planteamiento de Alejandro Jaramillo, coordinador de la ID.

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El especialista nos explica desde el enfoque político y el ético-jurídico, todo lo que podría ocurrir con el Presidente de la República y la Asamblea Nacional

En primer lugar, sostiene Mauro Andino, a nivel jurídico el informe no es vinculante, sirve apenas, como mencionó en el noticiero La Ventana, como una herramienta para que el pleno de la Asamblea tome una decisión.

“De acuerdo a las conclusiones que obtenga el Pleno se sacarán recomendaciones, lo que hará inevitable que se comparezca en 8 días. No existen consecuencias jurídicas sino quiere ir a la Asamblea, ni siquiera se trata de un causal de destitución”.

¿Cuántos votos se requieren según Mauro Andino?

Otra posibilidad de canalizar políticamente el tema es que se incorpore en el orden del día de la Asamblea Nacional, por pedido expreso de la tercera parte de los legisladores, el tratamiento del tema entraría bajo la figura de “destitución del presidente de la República”.

“La presidenta de la Asamblea no tiene la opción no convocar una sesión sobre el tema si se consiguen 46 firmas. El Presidente en ese caso debe comparecer. Se retira, inicia el debate y se toma la decisión, que requiere de 92 votos”.

En todo ese análisis cruza la muerte cruzada como un río, algo así una especie de “reseteo” de todo el sistema, aunque como sostiene el entrevistado, por el momento ninguno de los dos actores (Asamblea-Ejecutivo) desearía implementarlo.

Andino también fue consultado sobre si en septiembre de 2020, Lasso mantenía o no inversiones en paraísos fiscales.

“Las normas cuando son utilizadas de forma maniquea. Pienso que sí tenía esas inversiones, pero se deshizo para ser candidato”, ahora, aclara Andino, era responsabilidad del árbitro electoral de saber si ese “cordón umbilical”, efectivamente estaba roto.

“Siendo justo, el Consejo Nacional Electoral apenas tenía 48 horas para recabar es información: resulta muy complejo”.

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