»Él prefirió quedarse con la gente que aparentemente ayudó a tapar el caso», dijo en entrevista para Centro Digital.

Para Carrillo claramente existen evidencias relacionadas al caso que terminó con la administración del mandatario. También indicó que los mismos asesores le habrían recomendado a Lasso que Carrillo salga del gabinete.

En cadena nacional de septiembre del 2022, el mandatario pidió la renuncia de Carrillo tras el femicidio de María Belén Bernal. De igual manera, solicitó la desvinculación inmediata de los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce, sin embargo, sus palabras se las llevó el viento.

Los funcionarios continuaron en sus cargos hasta finalizar al año. Ya en marzo de 2023, Ponce fue desvinculado después de audios filtrados en relación al Caso León de Troya. En la evidencia él y el general Mauro Vargas piden cerrar la investigación.

Carrillo y el Caso Bernal

“A mi me sacaron justamente por eso. Soy el que más ha pedido transparencia dentro de la Policía”, dijo Carrillo en Ecuavisa.

Carrillo relató que el régimen no quiso actuar cuando “los elementos y negligencias del mando institucional” apuntaban a otras direcciones durante el caso. María Belén fue asesinada dentro de la Escuela Superior de Policía el 11 de septiembre de 2022. (AGM).

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La Dirección Nacional de Asuntos Internos sostuvo que no puede iniciar el proceso debido a que los generales ya no pertenecen a la institución policial. Sin embargo, la denuncia se realizó antes de la salida de los uniformados de alto rango.

«Al no cumplirse con uno de los requisitos (servidores activos), impide que el Departamento admita a trámite de sumario administrativo los hechos», reza el comunicado.

Según la entidad, bajo esta justificación y conforme a la que le dicta le ley dispuso el archivo del expediente.

Además, el abogado del coronel Wilson Torres, Alberto Montengro, publicó la denuncia que interpuso contra el comandante general Fausto Salinas por no iniciar con el procedimiento contra los exgenerales.

Al parecer, esta solicitud fue enviada por el propio Salinas a la Dirección Nacional de Asuntos Internos para que inicie su investigación.

«Hay que estar pendientes no vaya a ser que también la indmitan -porque sí-«, expresó a través de cuenta de Twitter.

Lo intentaron callar

Torres enfrenta una sanción por hacer pública su denuncia sobre la presunta corrupción y la falta de recursos al interior de la institución. La respuesta, procesos administrativos en su contra.

Procesos administrativos, traspasos de una zona a otra y, finalmente, sanciones. En agosto de 2022, el coronel Wilson Torres revelaba la crítica situación de seguridad en Quevedo, Los Ríos. Lo decía como un grito de auxilio a las autoridades nacionales y locales. Pero sus palabras golpearon los oídos sordos de una institución que prefirió resolver el problema con el traspaso de Torres, detalla Radio Pichincha.

Se fueron antes de ser juzgados

Los exgenerales presentaron la solicitud de baja el pasado 15 de marzo, por lo que, al interior de la Policía no tiene nada que ver con los con las acciones penales que iniciaría la Fiscalía, indicó el abogado Marcelo Dueñas.

También, aclaró que aunque los exuniformados hubiesen sido declarados culpables, eso no les prohibiría de recibir la pensión jubilar que se estima está sobre los USD 4 mil mensuales.

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Lasso exigió la «inmediata separación» de los dos implicados el 14 de marzo. No obstante, recién el 17 de este mes firmó el Decreto Ejecutivo 691 que dispone que ambos miembros de la Policía Nacional sean retirados oficialmente de sus funciones.

Sin embargo, los ahora exgenerales se adelantaron y presentaron la solicitud de baja el pasado 15 de marzo.

Aunque los exgenerales tienen implicaciones graves por la información filtrada, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) les permite solicitar su baja voluntaria y salir de la Institución con todos los beneficios adquiridos, entre ellos la pensión jubilar.

El abogado Marcelo Dueñas aseguró que no se puede negar este pedido, pues consta en el artículo 11 del Coescop. También señaló que no se puede iniciar una sanción disciplinaria si la solicitud de baja ya fue enviada.

«El destino de los generales no variará, incluso con su destitución, pues ambos han completado el tiempo mínimo de servicio, y ya tienen derechos que no pueden perder», dijo para Radio Pichincha.

Se van con pensión y todo

Dueñas explicó que los procesos al interior de la Policía no tiene nada que ver con los con las acciones penales que iniciaría la Fiscalía. Aclaró que aunque los exgenerales hubiesen sido declarados culpables, eso no les prohibiría de recibir la pensión jubilar que se estima está sobre los USD 4 mil mensuales.

Ya tienen su reemplazo

El exgeneral Mauro Vargas entregó su relevo administrativo al general Fausto Olivo que actualmente se desempeña como Director General de Investigación. Aún no se define el reemplazo de Ponce como Director Administrativo-Financiero y tampoco se conoce quién será el nuevo Director General de Investigación, según El Comercio.

¿Qué decían los audios?

El propio Gobierno Nacional habría cerrado la investigación de «El León de Troya». Nuevos audios filtrados por el medio digital La Posta revelan cómo los generales de la Policía, Vargas y Ponce recomendaron archivar la indagación porque afectaría al presidente Guillermo Lasso.

En los audios se escucha cómo Ponce menciona que existen varios casos que no han investigado y justo a este entramado, en el que está involucrado Lasso, le están «metiendo corazón». Ante esto Vargas apoya esta «recomendación».

El general Ponce, en otro audio, indica que abrirán otra IP (investigación Previa) en la que no aparezca el nombre del presidente ni de su cuñado, Danilo Carrera. Con esto, alegaron que abrirían una nueva indagación, pero por el delito de lavado de activos.

«Hay que decir que no está el presidente. Que él vea y analice porque al final de la historia nos va a echar la culpa a nosotros», dice Ponce. (N.J.C)

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La denuncia fue presentada el 30 de enero del 2023 bajo la causal de vulneración a la libertad de expresión. Después de más de un mes de ser emitido el oficio, hasta el momento no existe una respuesta y Vargas aún se mantiene en la institución como inspector general.

“Vargas, dice Torres, aún no es investigado por esto tampoco. Parece que así se irá de la Policía: con toda inmunidad”, reportó la periodista Karol Noroña.

Irregularidades en la Policía

Según una investigación de Radio Pichincha, en agosto del 2022, Torres denunció la crítica situación de seguridad en Quevedo, provincia de Los Ríos. Traspasos y “castigos” fueron la única respuesta que recibió por parte de la institución.

En enero del 2023,  la defensa de Torres, Alberto Montenegro dijo que abrieron una carpeta en contra de su representado. La razón sería una publicación en una cuenta de Twitter que aparentemente sería de Torres.

“No tiene foto de perfil y tampoco tiene nombre, pero desde la Policía conjeturan que esa cuenta es de Torres”, reclamó Montenegro.

En sus discursos autoridades como el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante General de la Policía, Fausto Salinas, aseguran que existe transparencia en la institución.

“Pero al abrir procesos administrativos contra los uniformados que precisamente denuncian la corrupción o las ilegalidades a la interna contradice sus declaraciones”, agregó el jurista.

Ya han intentado callarlo

Torres ya ha enfrentado antes otros procesos por denunciar la indiferencia e irregularidades de la institución. Esta ya sería la tercera acusación que enfrenta por este motivo. Los dos casos anteriores fueron archivados.

El coronel de la Policía ha experimentado cuatro transferencias a diferentes unidades policiales, en menos de siete meses. En Portete, al sur de Esmeraldas, denunció que no había patrulleros y que los generales se negaban a arreglar el parque automotor. Además, advirtió que no se suscribieron los contratos con las mecánicas.

La contestación que recibió a su denuncia fue su traslado a Pastaza. Después de dos meses lo movieron a Quevedo y finalmente le dieron el pase a Quito.

La Reunión con Salinas

Respecto a la supuesta publicación de Twitter, el coronel Torres le presentó su explicación al general Vargas, quien resolvió en un solo día, que la sanción de Torres sin tener la certeza de que las publicaciones fueron de Torres.

“El General Vargas simplemente manifiesta lo que sospecha y de forma automática lo sanciona, sin dar motivos. Es una consigna para que el coronel Wilson Torres no hable”, dijo Montenegro.

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“El narcotráfico gobierna a quien debía gobernarnos”, dijo en entrevista para Radio La Calle.

En el 2021, el embajador de EE.UU, Michael Fitzpatrick anunció el retiro de visas a “narcogenerales” y manifestó su preocupación por la penetración del narcotráfico en el Ecuador. En este sentido, Burbano se cuestiona si la información fue contrastada o la Embajada fue víctima de una causa armada. Además, generó una interrogante, “¿qué  acciones y correctivos tomó la Fiscalía y el Gobierno?”

Los “abogados” de Lasso

“En verdad creen que el país va a soportar dos años más de esto. Se nos está yendo el país por el barranco”, señaló.

Agregó que el arma para vencer la desestabilidad en el país sería el juicio político que viene a ser una herramienta democrática para que el mismo pueblo recupere el mandato. Sin embargo, algunos abogados constitucionalistas hablan del juicio como un mecanismo de desestabilización, una situación que le parece “irreal”.

El alcahueteo de los medios de comunicación

Por otro lado, indicó su preocupación sobre el encubrimiento de los principales medios de comunicación respecto a los nuevos audios difundidos por La Posta.  En esta nueva evidencia, los generales Mauro Vargas y Giovanni Ponce hablan del archivo de su investigación por el perjuicio que le ocasionaría al presidente Lasso.

Además, dijo que existen acciones ilógicas en el juego de la prensa. Por ejemplo, el actual secretario de Administración Pública es Sebastián Corral, accionista de Teleamazonas. Por otra parte, recalcó que claramente “Ecuavisa es una sede CREO y Carlos Rojas es el administrador y conserje”, enfatizó.

No hay confianza en el Gobierno de Lasso

Burbano señaló que existe una crisis de confianza en la Presidencia y hay varios hechos que lo demuestran. En primer lugar, tenemos un mandatario que se contradice, pues en entrevista con Carlos Vera, dijo que Hernán Luque salió del cargo para “tomar otros rumbos”. Días más tarde le dice a Milton Pérez que pidió su renuncia “porque no confiaba en él”.

Y en este caso, Burbano cuestiona las contradicciones de sus palabras, pues Luque fue alto funcionario del Banco de Guayaquil desde 1993, es decir, lleva varios años trabajando junto a Lasso.

Por otro lado, dijo que la repentina salida de varios funcionarios del gabinete presidencial y sus presuntos vínculos con el narcotráfico son causales suficientes para que el poder público revise fiscalice el caso. (A.G.M).

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El suceso ocurrió horas despúes de que el medio digital La Posta revelara nuevos audios alrededor del caso ‘Encuentro’. En los mismos, se escuchan diálogos entre los generales Giovanni Ponce, (quien se desempeñaba como coordinador administrativo financiero de la Policía Nacional), Mauro Vargas (exdirector general de Inteligencia Militar) y Tannya Varela (excomandante general de la Policía Nacional).

En dichas conversaciones, Ponce y Vargas habrían decidido cerrar el informe vinculado al caso ‘Encuentro’, pues estos prodrían perjudicar al gobierno encabezado por Guillermo Lasso. Aquel informe plantea la existencia de una supuesta red de corrupción coordinada por Danilo Carrera (cuñado de Lasso) y Rubén Cherres.

«El Presidente de la República nunca ordenó que se archive investigación alguna, y menos reveló a nadie el contenido de una investigación que le hubiese sido comunicada en forma reservada», mencionó la Secretaría General de Comunicación.

Asimismo, se recalcó que el mandatario solicitó a Fiscalía investigar a Danilo Carrera. Además, hizo hincapié en que dicho informe, tras volverse público, Fiscalía volvió a reabrir el caso. Algo que fue solicitado por el presidente.

“El Gobierno está enfocado en continuar atendiendo las principales preocupaciones ciudadanas y en precautelar el bienestar de los ecuatorianos”, concluyó el comunicado.

JR

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En los audios se escucha cómo Ponce menciona que existen varios casos que no han investigado y justo a este entramado, en el que está involucrado Lasso, le están «metiendo corazón». Ante esto Vargas apoya esta «recomendación».

«Mi preocupación o al menos yo creo que esto deberíamos cerrar porque mañana le va a afectar al presidente. Él (Lasso) nos dirá que le estamos investigando», alude Ponce.

Según el ministro del Interior, Juan Zapata, la investigación se cerró porque la Fiscalía no encontró los sustentos y evidencias necesarias para continuar con esta indagación.

De la misma manera, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, mencionó que el informe que se filtró tenía una narrativa en los medios de comunicación y otra en la Fiscalía. Comentó que solo esa Institución es la encargada de cerrar y reabrir las investigaciones. Sin embargo, Ponce habría firmamdo el documento que fue enviado a Fiscalía para que archiven la investigación «por falta de pruebas».

Cerraron esa investigación y abrieron otra

El general Ponce, en otro audio, indica que abrirán otra IP (investigación Previa) en la que no aparezca el nombre del presidente ni de su cuñado, Danilo Carrera. Con esto, alegaron que abrirían una nueva indagación, pero por el delito de lavado de activos.

«Hay que decir que no está el presidente. Que él vea y analice porque al final de la historia nos va a echar la culpa a nosotros», dice Ponce.

Asimismo, la excomandante Tanya Varela confirmó que Lasso tuvo conocimiento del informe reservado y que su cuñado acudió a Carondelet después del informe, por lo que se presume le habría alertado de la investigación.

«Lasso me llamó y dijo que Carrera ya no va a hablar. Si quieren bajarle, bájenle (al informe) a mí no me importa», expresa Varela. Además, dice que ella aludirá que el caso se cerró porque no tiene nada de valor.

Su pupilo lo traicionó

El miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA), Fernando Villavicencio, aseguró que el presidente de la República, Guillermo Lasso, estuvo al tanto de la existencia de «El Gran Informe», desde el 7 de julio. Un documento que fue filtrado por la Posta que indicaba presuntos nexos del Gobierno con la mafia albanesa.

Villavicencio comentó que Lasso se reunió con la excomandante general de la Policía, Tanya Varela, y el jefe de la investigación «León de Troya», José Luis Erazo. Según el asambleísta, en esta reunión el mandatario estaba al tanto de los supuestos nexos entre los albaneses, Rubén Chérres y su cuñado Danilo Carrera.

¿Qué contenía el informe?

El informe policial de Inteligencia de Antinarcóticos reveló el presunto vínculo de cárteles de narcotráfico con funcionarios y allegados del presidente, Guillermo Lasso. El principal sujeto de investigación sería Rubén Chérres, el “mejor amigo” del cuñado del mandatario, Danilo Carrera y prófugo de la justicia por el Caso Gran Padrino.

El Gobierno habría «destruido» el documento, entregado el 17 de enero del 2022. Sin embargo, el medio digital La Posta recuperó y expuso el contenido del informe.

El documento de Inteligencia policial también demuestra la influencia de Chérres para colocar a su hermano, Eduardo Chérres, como subgerente en BanEcuador y que habría más cambios que le permitirían “hacer cosas”.

¿Se reabriá el caso?

 Fiscalía solicitó a un juez de la Unidad Judicial de Manta reabrir la causa archivada por un fiscal de Manabí que investigaba una presunta red de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. El anuncio lo hizo el viernes 24 de febrero.

En dicha investigación existirían presuntos nexos del narcotráfico y la mafia albanesa con Rubén Cherres y Danilo Carrera. Y ahora Fiscalía decidió retomar la causa tras efectuar un análisis y encontrar nuevos elementos de convicción.

Información preliminar sostiene que Cherres tendría vínculos con un empresario albanés involucrado en narcotráfico.

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