“Alzamos nuestra voz de protesta ante el Ministerio de Salud, ante la Gobernación, ante la Presidencia de la república, pues no se está dando la garantía al médico rural (…) nos hemos enterado hasta de balaceras dentro de los hospitales», dijo en rueda de prensa, el presidente de la Comeprog, Juan Carlos Burbano.

Desde desde mayo de 2023 hasta la actualidd, recibieron más de 50 denuncias de extorsiones por correo electrónico y redes sociales. Entre las peticiones de este gremio están:

• La elaboración un protocolo de seguridad que contemple cambios de plazas; equiparación salarial como funcionarios SP7.

• Que la medicatura rural sea opcional y no implique un requisito obligatorio para ejercer la profesión, llenando esas vacantes con las de 12.000 que se encuentran en la actualidad sin empleo.

• Resguardo policial en las visitas extramurales, y fortalecimiento del sistema de salud de primer nivel contratando la brecha de profesionales existente, incluyendo el médico escolar.

El caso de Steven Aguirre

El médico Steven Aguirre realizaba su trabajo rural, un requisito para ejercer esta profesión en Ecuador, en El Empalme, Guayas cuando recibió las amenazas de los extorsionadores. El doctor denunció al Ministerio de Salud y pidió el cambio de lugar, sin embargo, luego de pocos meses regresó al mismo Centro de Salud. El pasado 14 de mayo, Steven se dirigía a su trabajo cuando recibió el ataque de los antisociales en la vía al recinto Guayas.

De acuerdo con la Policía, los criminales le querían cerrar el paso cerca del recinto Los Ángeles, a pocos metros de unas tecas. El médico no se detuvo y los individuos le dispararon a la alutra del brazo derecho. Lo acompañaba un colega que le dio los primeros auxilios y llamó a emergencias para su traslado al hospital básico El Empalme. Lastimosamente, el doctor se desangró y cuando llegó a la casa de salud ya había expirado. Su familia solicitó a las autoridades y el presidente revisar su caso para que se haga justicia. (MIB)

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La resolución fue emitida el 20 de diciembre por parte de las juezas constitucionales Karla Andrade, Alejandra Cárdenas y Daniela Salazar. Esta cláusula de conciencia constaba en el artículo 26 de la Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Casos de Violación (Lorive).

El personal médico podía “objetar de conciencia a la práctica del aborto consentido en casos de violación, de forma personal, colectiva o institucional, en este último caso con la excepción de los hospitales públicos”, según el numeral tres.

Otras reformas

También se reformó el artículo 24 que garantizaba “la provisión de la interrupción voluntaria del embarazo en zonas remotas, alejadas y de difícil acceso. Cuando exista un profesional de salud objetor y este sea el único que pueda llevar a cabo el procedimiento de interrupción del embarazo, debe observar con debida diligencia y sin dilaciones el deber de derivación”.

La modificación de la CC «garantiza la provisión de la interrupción voluntaria del embarazo en zonas remotas, alejadas y de difícil acceso”.

Anteriormente, se eliminó la obligación que tenían las niñas y adolescentes de presentar una autorización de su representante legal como requisito para acceder a este procedimiento.

Menos obstáculos para las víctimas por violación

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Surkuna, Amazon Frontlines, Organización Waorani de Pastaza, Asociación Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas del cantón Yantzana y la Organización de Mujeres Shameco.

Según las organizaciones, los artículos modificados vulneraban los derechos de las sobrevivientes por violación. La resolución de la CC permitirá que los establecimientos salud no se nieguen a ofrecer la interrupción legal del embarazo por violación. (A.G.M)

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El Gobierno Nacional anunció una serie de operativos que emprenderá a través de las fuerzas del orden, mientras las organizaciones sociales y campesinas alistan acciones a su paso.

Todos se han pronunciado en los últimos dos días. Desde el presidente Lasso hasta sus altas autoridades y operadores políticos. Por su parte, la CONAIE, junto al apoyo de diversos sectores populares, alertó sobre la posible represión y violencia estatal que pueda desatar la movilización nacional.

¿Qué se ha dicho?

El escenario político se calentó tras las declaraciones del ministro del Interior, Patricio Carrillo, el sábado 11 de junio de 2022. Según Carrillo, la movilización convocada por la CONAIE es una estrategia de victimización, que solo provocará perjuicios al Ecuador.

A la par, el Comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas, expresó que la institución actuará «firme para enfrentar a los grupos organizados» y acusó a los manifestantes de tener «financiamiento poco transparente».

Frente a la situación, el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza advirtió que el ministro Carrillo prepara una violenta represión a la movilización. Asimismo, CONAIE y los asambleístas rebeldes de Pachakutik rechazaron y alertaron la posible vulneración de derechos humanos que suscite la marcha.

Desde el Municipio de Quito, el alcalde Santiago Guarderas manifestó que «no permitirá que destruyan la ciudad». El burgomaestre señaló que coordinó acciones con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.

Además, la noche del 12 de junio, el presidente Lasso dijo que «no permitirá el cierre de vías y la toma de pozos petroleros (…) tomaremos todas medidas necesarias y con total rigor». Llamó a los dirigentes indígenas a «recapacitar». Sin embargo, Leonidas Iza le replicó que de nada han servido las tres mesas de diálogo del 2021, pues sus demandas y las de los ecuatorianos no han sido escuchadas.

Sobre la movilización

La movilización convocada por la CONAIE cuenta con el respaldo de más de una docena de organizaciones sociales y campesinas. La Ecuarunari, la FEINE, la FENOC, la FENOCIN, la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Coordinadora Nacional Campesina, el Frente Nacional Antiminero, entre otros colectivos.

También cuenta con el apoyo del sector bananero, médicos, organizaciones barriales, sectores productivos, estudiantes y mujeres. Además, la Federación Ecuatoriana de Médicos y gremios de las trabajadoras sexuales no descartan sumarse a las protestas.

Sin embargo, los transportistas no se sumarán a las manifestaciones. Según el Fenacotip, no fueron considerados en los diálogos de las organizaciones sociales. Añadió que trabajarán normalmente y que mantienen sus propias conversaciones con el Ejecutivo.

Ante la magnitud de las movilizaciones, varias instituciones de educación superior (IES) decidieron suspender las clases presenciales y acogerse a la virtualidad el 13 y 14 de junio.

Las universidades Central, de Cuenca, de Guayaquil y la Escuela Politécnica Nacional informaron cancelaron la presencialidad. Las universidades particulares también tomaron la misma decisión. Las universidades Católica del Ecuador y de Cuenca, la UTE y la UDLA confirmaron la virtualidad.

El Ministerio de Educación informó que las clases presenciales en los centros educativos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares se mantienen con normalidad.

Demandas

Estos son los 10 puntos del movimiento indígena que el Gobierno de Lasso ha hecho «oidos sordos» y por los cuales se movilizarán en todo el territorio nacional.

1. Detener y reducir el precio de los combustibles
2. Moratoria para las deudas de las familias
3. Precios justos en los productos del campo
4. Empleo y derechos laborales
5. Parar la minería en fuentes de agua y sus territorios
6. Respeto a los 21 derechos indígenas
7. No privatizar los sectores estratégicos
8. Políticas de control y especulación de precios
9. Destinar presupuesto a la salud y educación
10. Políticas públicas para frenar la inseguridad y delincuencia

Informe policial

Según un informe policial, las autoridades esperan 66 eventos en 33 cantones, de 14 provincias. El Gobierno Nacional estima que 55 serán cierre de vías, ocho afectaciones a instalaciones públicas, una marcha y dos concentraciones. Todo desde las 00:00 de mañana.

“En los cierres de vías se podría utilizar maquinaria agrícola y materia pétreo, portar palos, piedras, machetes y quema de neumáticas”, dice el reporte.

Lasso calcula que 14.200 saldrán a manifestarse. unas 10 mil se dirigirán al cierre de carreteras. En Pichincha, al menos siete puntos de cierre de vías con unas 650 personas.

En Imbabura, Cotopaxi y Tungurahua serán las protestas más numerosas. Casi 10.000 personas saldrían a las carreteras para cerrar el paso de vehículos. Según el informe, en Pichincha se esperan siete puntos donde se cierren las vías. En los que participarían unas 650 personas. En Orellana y Morona Santiago existe la posibilidad de la toma de ocho bloques petroleros.

Detalles

La Confederación denunció que en vísperas de la movilización ha sufrido persecución política e intimidación. La madrugada del 11 de junio, un grupo de funcionarios públicos instalaron cámaras de videovigilancia enfocadas hacia sus instalaciones en Quito.

Así mismo, el asambleísta Fernando Villavicencio «reveló» audios en los que Leonidas Iza pretende «bajarse al presidente» y que «no será nada fácil». También otro material en el dirigente Marlon Vargas expresa que «hay que dejarle sin un gota de petróleo a Lasso para ver de qué vive». Según el legislador, los audios habrían sido verificados por el Centro de Inteligencia Estratégica.

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“Se puede declarar emergencia cuando se ha declarado un evento no planificado. Nosotros tenemos un presupuesto. Estamos saliendo de una emergencia. No se atendieron a los pacientes, se debastecieron los hospitales de forma crónica y se hicieron miles de negociados. Tenemos presupuesto que se ha asignado a los hospitales para los estudios de ingeniería para intervenir la infraestructura”, dijo en una entrevista con FM Mundo.

De acuerdo con Garzón, se asignaron USD 400.000 para la infraestructura del hospital Enrique Garcés. “El gobierno del encuentro está haciendo lo que nadie ha hecho ¿por qué no hacen un reportaje de lo bien que está el hospital Baca Ortiz. Si hubiera una emergencia no habría hospitales que estén bien”.

Crisis en el sistema de salud

“Estamos en un caos en la gestión hospitalaria. Tocamos fondo y eso nos duele e indigna porque hemos dado lineamientos para salir de la crisis. […] Existe un tema de base que ya hemos señalado. La enfermedad más seria del país es la corrupción. La crisis en el Ministerio de Salud se da porque siguen en los mismos cargos viceministros, secretarios y la propia ministra Garzón”, dijo Santiago Carrasco.

“Manosearon estos temas. Una cosa absurda cuando debían declarar el nombramiento definitivo a los médicos. Se ha gastado el 30% del presupuesto hasta hoy, debió gastarse 40%. No hay gestión. El presidente ofreció cambio y no ha cambiado”.

“No se pueden solucionar los problemas de emergencia, peor los de las listas de espera. Somos 18 representantes de hospitales públicos en Quito y se van sumando más provincias. En el hospital Pablo Arturo Suárez están 874 pacientes en espera. No tenemos resonancia en el hospital y el tomógrafo no funciona. Si la ministra sale y dice que hay todo en el hospital no vamos a mejorar porque solo muestran una parte”, expresó por su parte Juan Barriga, representante de los hospitales públicos. MIB

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“El Hospital contaba con 153 servidores de la salud bajo la modalidad de contratos emergentes. De estos, 15 médicos especialista corresponden a las áreas de Cuidados Críticos y Emergencia, quienes se reincorporarán en los próximos días. Adicionalmente, se han respetado los derechos laborales y constitucionales de 32 servidores de la salud que pertenecen a grupos vulnerables, manteniéndolos bajo relación de dependencia en proceso de contrato”, dice parte del documento.

La institución añade que se entregaron 786 nombramientos definitivos al personal de salud bajo la Ley Humanitaria y que no se han visto afectados. “De acuerdo a la necesidad institucional, se analizará cada uno de los casos. Con el fin de reincorporar a los profesionales que se requiera para cubrir la demanda de atención”.

Protesta de los médicos

Tras conocerse la separación de los galenos, éstos realizaron una protesta a las afueras del Hospital IESS Quito Sur para exigir la reincorporación a sus puestos de trabajo. “Somos personal médico que laboraba en el IESS Quito Sur, trabajamos durante la pandemia con todo el amor y el corazón que nuestra vocación invoca. Nuestras manos han salvado muchas vidas (…) El día de ayer nos notificaron con una desvinculación de forma intempestiva y solicitamos que atiendan nuestro pedido: lo único que queremos es trabajar. No queremos nuestros nombres escritos en murales ni diplomas” MIB

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Según reportes extraoficiales, los médicos habrían ganado acciones de protección para evitar ser despedidos de la casa de salud. Sin embargo, estos médicos que trabajaron en el área de COVID-19 durante toda la pandemia, fueron notificados.

La noche del domingo se conoció que el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín (HCAM) despidió a 52 médicos y enfermeras. La terminación de contratos ocasionales fue expedida el viernes 25 de febrero de 2022, en vísperas de Carnaval, por parte de la Unidad de Talento Humano de la casa de salud.

De héroes a desempleados

Hace pocos días, el presidente Guillermo Lasso felicitó a los galenos del país por el Día del Médico Ecuatoriano. Asimismo, agradeció el trabajo que han desempeñado. Sin embargo, los despidos al personal de salud en los hospitales públicos del país no han cesado durante su mandato.

«Envío un saludo fraterno a los médicos ecuatorianos en esta fecha tan especial, donde el país entero rinde homenaje a su profesión. Les expresamos nuestra admiración por su vocación de servicio y gratitud por su trabajo en la salud», señaló el presidente en su cuenta de Twitter.

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Esto, debido a la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional el artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario, que permitía la entrega de nombramientos definitivos al personal médico que trabajó en primera fila durante la pandemia.

Además, se canceló el proceso de concurso de méritos y oposición. El oficio remitido a los trabajadores de la salud señala:

“Hasta la presente fecha no hay respuesta favorable por parte del Ministerio del Trabajo referente a la creación de 45 nuevas partidas de profesionales de la salud. En tal virtud y considerando que no se cuenta con la resolución de creación de puestos, la institución no puede dar inicio al concurso de méritos y oposición, motivo por el cual no se encuentra inmersa en ninguna etapa del proceso”.

El documento anunció, además, que ante esta situación, la relación laboral terminaba el 31 de diciembre de 2021.

El despido ocurre en medio de un repunte de contagios debido a las aglomeraciones y reuniones propias de la época de Navidad y Año Nuevo, así como por la expansión de la variante Ómicron en territorio nacional.

Situaciones similares viven los médicos del Hospital del IESS Quito Sur, donde médicos, laboratoristas y otros profesionales reclaman ante la inestabilidad en sus cargos.

En el Hospital San Francisco del IESS se renovó contratos de manera ocasional, por los próximos 60 días. Es decir, en marzo, varios trabajadores de la salud engrosarán las tasas de desempleo.

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El organismo señala que, hace aproximadamente un mes, el país y el Distrito Metropolitano de Quito han tenido un repunte de casos positivos de COVID -19. “En nuestra ciudad ese pico fue transformándose en un aumento leve, pero sostenido que ha ido incrementando la demanda de camas hospitalarias y de cuidados intensivos en los hospitales centinelas. Así como el aumento de consultas con sintomatología leve a moderada, en unidades médicas de primer nivel de atención públicas y privadas”, señala.

Además, argumenta que investigadores y expertos han manifestado que la variante Delta es la predominante. “A eso tenemos que sumar, el aumento de relajamiento por parte de la población que no entiende que el virus aún es comunitario y, cualquier violación de las medidas de bioseguridad, constituye un riesgo para su salud, la de su familia y de la población en general”, enfatiza.

El Colegio de Médicos de Pichincha dice que fue una desacertada decisión ampliar el feriado a 5 días. Considera aún más peligroso permitir festejos masivos por las fiestas de Quito, teniendo un aumento de 1.200 nuevos casos positivos, en los últimos 15 días.

Finalmente, solicitan a la comunidad disciplina y responsabilidad en la utilización de las medidas de bioseguridad. También piden a quiénes aún no se vacunan que lo hagan de manera inmediata y, sobre todo, que no acudan a los eventos masivos por las fiestas de la capital.

“Las celebraciones se las puede realizar en cualquier otro momento, la vida termina y no hay vuelta atrás. Hoy más que nunca, solicitamos que actuemos con responsabilidad, por nuestra vida, por la vida de nuestros seres queridos, por la vida de todos”, manifiestan.

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Hasta finales de este 2021, los médicos de primera línea, que fueron vacunados contra el coronavirus en enero, recibirán una tercera dosis de refuerzo.

«Las terceras dosis están programadas para aquellas personas que recibieron sus primera dosis en enero, que es el personal de salud de primera línea; hemos planificado, hasta fin de año, poner una tercera dosis de refuerzo».

Ximena Garzón, ministra de Salud del Ecuador

Respecto a la inmunización con una tercera dosis al resto de la población, Garzón indicó que se realizará una investigación de prevalencia de anticuerpos, a nivel comunitario; esto para determinar la necesidad de la aplicación este refuerzo en el país.

Sobre la vacunación a menores de 12 años

La ministra comentó que la cartera de Estado se encuentra analizando información científica que avale la vacunación a niños entre 6 y 11 años, para implementarlo en el país, desde mediados de octubre y noviembre. 

Asímismo, en días pasados, el presidente Guillermo Lasso anunció que a partir de enero todos los ecuatorianos comenzarían a recibir la tercera dosis de la vacuna.

Hasta el momento, según datos oficiales, más de 10,7 millones de ecuatorianos han recibido las dos dosis de las vacunas. El 13 de septiembre, Ecuador inició la vacunación para jóvenes de entre 12 años y 15 años. En el país se utilizan las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y CanSino.

Finalmente, el gobierno buscará alcanzar en los próximos meses la denominada inmunización comunitaria, vacunando al 85% de su población.

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Los jueces del Tribunal Primero de lo Penal de Cañar, Mirian Pulgarín, Diana Naula y René García, ratificaron que los derechos de los 15 galenos fueron vulnerados, en lo referente a lo laboral y su seguridad jurídica.

Asimismo, ordenaron al Ministerio de Salud que, en  90 días, convoque a un concurso de méritos y oposición, y declare ganadores a los profesionales.

La Defensoría sustentó la demanda en la Ley de Apoyo Humanitario. Esta señala que, para combatir la crisis del COVID-19, otorgará estabilidad laboral a los profesionales de la salud, que trabajaron durante pandemia con un contrato ocasional o un nombramiento provisional, en cualquier centro sanitario de la Red Pública.

Los 15 médicos laboraron desde abril del 2020, en el hospital Homero Castanier, atendiendo a pacientes con COVID-19.

La Defensoría, en Cañar, acompañará a los 15 profesionales, hasta que se cumpla la resolución judicial y les otorguen sus nombramientos.

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Quito, 20 abr (La Calle). – El estado de salud de los especialistas que combaten a la COVID-19 en Ecuador es una preocupación permanente, aunque no para el Gobierno. Y no se trata solamente de la salud física bastante mermada por la falta de insumos, sino también preocupa su salud mental y psíquica.

Ha pasado un año y meses desde el inicio del colapso en el sistema de salud, a causa de la pandemia. Los médicos, enfermeras, trabajadores de limpieza, es decir profesional de primera línea, no descansan para salvar la vida de sus pacientes.

El especialista David Jaramillo, explica que el personal de salud está sufriendo de cuadros de impotencia y culpabilidad, debido a la situación que viven a diario con los familiares de pacientes Covid.

“Muchos de ellos presentan estrés postraumático que afecta la parte emocional, conductual y el área cognitiva. Dentro de las consecuencias emocionales que presentan los médicos están la frustración, culpa, irritabilidad y aislamiento de su círculo social”, dijo el especialista.

La frustración que tiene el personal de salud se acrecienta con la conducta que tienen muchos ciudadanos en plena emergencia sanitaria. Las autoridades desmantelan fiestas clandestinas, reuniones y aglomeraciones, mientras la realidad en los hospitales vive un estado alarmante.

Ira y frustración

Jorge Luis Vélez, médico intensivista del Hospital Pablo Arturo Suárez, conversó con Radio La Calle acerca de su trabajo en el área de terapia intensiva.

“Lo primero que hago cuando me siento en mi escritorio es ver la lista de pacientes. Observo una saturación total del área UCI. Inmediatamente me invade una sensación de frustración e ira a la vez. Tengo la necesidad de estar ahí, es una mezcla de emociones entre carga moral y profesional. No me queda más que seguir porque si no quién se queda”, explicó.

“Si en algún momento alguien de la población común viviría en carne propia la realidad de los hospitales, en ese momento las personas dejarían la reuniones innecesarias para otro rato”, comentó.

Mario Montalvo, médico intensivista está cansado y triste. “Estamos cansados de ver morir personas y afuera parece que no pasa nada. Ayer que salía del trabajo me sentía con una sensación de molestia, un enojo que yo mismo no puedo explicar porque al salir a la calle uno observa que la gente no colabora”, dice casi con resignación ante el estado de la situación.

Frente a este problema, el país no cuenta con un sistema de prevención en el sistema de salud. A nivel latinoamericano no existe una cultura de salud mental.

Ayuda para los médicos

A nivel de hospitales se desarrolla tratamientos de acompañamiento al personal médico de manera independiente. El objetivo es ayudar al personal con el manejo de su salud mental en su área laboral. 

“Un ejemplo de estos acompañamientos se presentan en el Hospital General Docente de Calderón. Ahí se realizan técnicas de descargas emocionales con el personal. Se conversa con todo el grupo que trabaja en estas áreas principalmente para evitar el sentimiento de culpa que genera el deceso de sus pacientes”, cuenta Edison Martínez Rivas, psicólogo clínico del Hospital General Docente de Calderón.

Hablar de la COVID-19 con los especialistas de salud les genera ansiedad. Esta característica aparece en la mayoría del personal que llega a su hogar al terminar su jornada y debe mostrarse diferente a su familia. Una penosa situación que puede agravarse ante la aparición de la variante brasileña del COVID en Ecuador.

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En un video que ya circula en las redes sociales se puede observar a la pareja en la fila para recibir la vacunación. De acuerdo con la denuncia ciudadana,  Salomón Doumet Zambrano, médico en terapia del dolor del Hospital es padre de Salomón.

Lista de vacunados

Cruz y Doumet se unen a la vergonzosa lista de vacunados que no tienen prioridad para recibir vacunas, pero que igualmente fueron inoculados. En esta lista aparece Diego Oquendo y Rodrigo Paz. No obstante, el ministro de Salud, Rodolfo Farfá no rebelará la lista de vacunados de forma pública.

«De ningún modo», dijo el ministro en una entrevista. Justificó la negativa en que la Fiscalía General del Estado ya cuenta con la información de los vacunados y eso ya es suficiente, de acuerdo con Farfán.

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Víctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha cuestionó que esta petición hecha por el Fiscalía es el resultado de una “falta de planificación del proceso de vacunación por parte del Ministerio de Salud”.

Criticó además el secretismo de parte de la autoridad sanitaria respecto a la campaña de vacunación, el cronograma y las variantes técnicas utilizadas en este proceso de inmunización de la población.

De acuerdo con David González, presidente de la Federación Nacional de enfermeras y enfermeros del Ecuador, el panorama está claro. “El ministro de Salud sabe la función que cumple cada persona en las unidades de salud, pero si recordarle que debería priorizar a los hospitales Covid y sucesivamente a los demás módulos de Salud”.

En el caso de su lugar de trabajo en el Hospital Pablo Arturo Suárez, las primeras dosis no fueron suficientes para el personal. “Escogieron a los trabajadores. No sabemos como lo hicieron, si al azar o de otra forma. Hay muchos a los que no han vacunado. Todavía hay compañeros en primera línea que no se contagiaron, pero tampoco se han vacunado. Esperamos que en esta segunda etapa podamos recibir la inmunización”. En ese hospital, el personal de enfermería tuvo 70 fallecidos y 3.000 contagiados.

Indignación ciudadana

Con el hashtag #VacunaGateEC usuarios de Twitter cuestionaron el pedido hecho por la fiscal Salazar aduciendo que la vacunación debe ser priorizada para medidos, enfermeras y más personal de la salud que se encuentra en primera línea de combate a la pandemia.

La exministra de Salud Carina Vance en su cuenta de Twitter @CarinaVanceEC fustigó que “la Fiscalía investigaba denuncias en contra del Ministerio de Salud por abuso de poder al priorizar a su familia antes que al personal de la salud y ahora, en vez de hacer algo al respecto, se ponen primero en la fila, antes que el personal de salud”.

El pedido de Fiscalía aparece en virtud de que de los 2.076 funcionarios que trabajaron durante la pandemia, 568 tuvieron Covid y 10 fallecieron.

La fiscal general, Diana Salazar dijo en un comunicado que de entrar en la fase uno, ella accederá al final.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, con el segundo lote de vacunas culminará la Fase Cero en el plan de vacunación. Las 16.380 se repartirán en 15 provincias del país. Las nueve restantes tendrán que esperar al tercer lote que, de acuerdo con Pfizer, arribará al país la cuarta semana de febrero.

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“Gracias por la información, detectamos esto y se procedió a la inmediata destitución. Ella no está en los listados que maneja el MSP y el IESS y no aceptaremos que nadie se meta por la ventana. La vacunación es estrictamente para quienes el MSP establezca y reforzaremos controles”, indicó el funcionario.

El plan piloto de vacunas, de acuerdo con el Ministerio de Salud, corresponde a 4.000 médicos que recibirán las dos dosis de la vacuna. El pasado 20 de enero arribaron al país un lote de 8.000 vacunas y se esperan más dosis hasta finales de febrero.

Funcionarios que se vacunan

El ministro de Salud fue también de los primeros en vacunarse contra el Covid-19, Zevallos eligió la ciudad de Guayaquil y antes de vacunarse dio declaraciones a los medios.

“Es un momento de enorme orgullo y yo he escogido venir a Guayaquil como lo hice el mes de marzo cuando trasladé el Ministerio de Salud acá para contener la tragedia que se vivía en esos momentos. Escogí venir a Guayaquil y me voy a vacunar aquí. Es lo que yo quiero hacer en homenaje a todas las personas, a todos los médicos”, dijo.

El gobierno solicitó a la farmacéutica Pfizer cuatro millones de dosis en primera instancia. El MSP informó que hay negociaciones para adquirir las vacunas del programa COVAX que permite a los países en vías de desarrollo acceder a vacunas de forma equitativa. Sin embargo, no hay un pronunciamiento oficial para saber si llegarán esas dosis al país. Actualmente existen tres vacunas que ya se administran contra este virus: Pfizer, Oxford-Astraseneca y la Sputnik V.

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Exigen que se cumpla el Artículo 25 de la Ley Humanitaria. “Exhortamos a las autoridades que cumplan con el compromiso que hicieron en las mesas técnicas que hemos trabajado”, dijo el doctor José Jácome, vicepresidente de la Comisión Médica Voluntaria del Ecuador.

Jácome dice que no existe un documento oficial del trabajo y los compromisos establecidos en las mesas técnicas. Por esa razón, el personal de talento humano está haciendo “las cosas a su antojo”.

El Artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario establece

Por su parte, el Colegio Nacional de Técnicos en Atención Primaria en Salud (Taps) presentarán una acción de protección en la Corte Constitucional. “El ministro de Salud Juan Carlos Zevallos nos planteó realizar una mesa técnica la semana pasada. Lamentablemente no cumplió con el tiempo, por eso presentaremos esta acción”, dijo a Radio La Calle,  Víctor León, asesor jurídico del Colegio Nacional  de lo Taps.

“El Ministro de Salud no los considera como profesionales, aun cuando tienen un título de tercer nivel. Se están vulnerando derechos de igualdad”, añadió León.

La mañana de este martes, el presidente de este gremio discutirá el tema en una mesa técnica de la Asamblea Nacional (AN). Son 2.500 técnicos afectados a nivel nacional que esperan respuestas por parte de la Asamblea, de lo contrario tomarán acciones legales.

Concentración Deportiva de Pichincha

La Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) también salió a exigir sus derechos. Jaime Ruiz, presidente de la CDP explicó a Radio La Calle que “la Comisión de Salud, sin el debate suficiente, envió un informe para tratar la Ley Orgánica del Deporte en el país”. Ruiz afirma que se trata de una ley que “ha destrozado el deporte ecuatoriano, ha desparecido las asociaciones provinciales por deporte y ha fortalecido la manipulación en el deporte de los gobiernos de turno”.

Según Jaime Ruiz, los afectados son alrededor de 200.000 profesionales del deporte, 3.000 deportistas en Pichincha en proceso formativo; además de organizaciones, trabajadores y clubes de deporte parroquial, barrial y estudiantil.

Los trabajadores de la CDP permanecen tres meses con sueldos impagos. Entregará una demanda de pago inmediato y un amparo para los deportistas, entrenadores y trabajadores del deporte ecuatoriano en el Ministerio de Economía y Finanzas.

“No podemos estar al arbitrio de una propuesta gubernamental que pretende usar el deporte para fines políticos”, finalizó Ruiz.

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En su programa «De Frente con el presidente» y acompañado del ministro de Trabajo, Andrés Isch, Moreno dijo que «si no fuera por la Ley Humanitaria, el escenario hubiese sido desastroso. La Ley permitía hacer acuerdo entre empresarios y empleados, arrendadores y arrendatarios. En el primer caso permitió el 6.7% de aumento del empleo y el 11% del paso de la informalidad a la formalidad», expresó.

Denuncias resueltas

Isch añadió que existen 40.000 denuncias que fueron resueltas por el Ministerio de Trabajo por desvinculaciones durante la pandemia y que no existen denuncias sobre los acuerdos entre los empleadores. No obstante y por mencionar un ejemplo, los trabajadores de Explocen se mantienen en huelga por el despido de los empleados de la compañía y el Ministerio de Trabajo no ha intervenido de manera definitiva para subsanar el problema.

El Ministro agregó que 75.000 empleos se salvaron, 260.000 empleos formales se crearon y 5.000 empresas realizaron acuerdos de preservación de empleos. Todo, igualmente, bajo el efecto de la Ley Humanitaria.

Posgradistas, desemparados y sin respuesta

Horas antes del programa del Mandatario, los médicos posgradistas realizaron una protesta pacífica en contra del Reglamento de La Ley Humanitaria.

El documento, expedido por Moreno, indica en el artículo 40 sobre el concurso de méritos y oposición en relación a los profesionales de la salud. El mismo indica que el puntaje se basará en requisitos previos a la contratación con la mediación del Ministerio de Trabajo.

“La Ley decreta la estabilidad laboral para todo el personal de salud que trabaja durante la pandemia. Lamentablemente, emitieron un reglamento que contradice la normativa afectando los derechos de los médicos. Es por eso que queremos que se derogue el reglamento 10 y 40. Únicamente se toma en cuenta al personal médico que trabajó directamente con el paciente Covid-19, cuando hay todo un personal que está atrás de ello”, dijo la dirigente Ana Lucía Orozco a Radio La Calle.

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En compañía de gremios de salubristas, la Subcomisión de Salud respaldó las exigencias que los médicos del país presentaron al Gobierno. Estos trabajadores, quienes han enfrentado la pandemia del Covid-19, exigen un nuevo reglamento para la aplicación de la Ley Humanitaria. Para ellos el actual no respeta el espíritu inicial de la normativa ni les garantiza estabilidad laboral.

Los trabajadores de la salud continuarán con movilizaciones y plantones

Ismael Espinoza, representante de la Confederación de Trabajadores de la Salud, afirmó que continuarán con plantones, exigiendo el respeto a sus derechos. Además, afirmó que, si no se cumplen sus demandas, apoyarán procesos de juicio político contra los representantes del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública. “Nos sentimos embaucados por el Gobierno. Con el reglamento actual deshicieron todo lo que está en la Ley Humanitaria”, sentenció el vocero de los médicos.

El presidente de la Comisión de Médicos Voluntarios del Ecuador, Carlos Ulfe, secundó las palabras de su colega. A criterio de Ulfe, si el Gobierno no cumple con los plazos y no garantiza un reglamento que respete lo estipulado en la Ley Humanitaria, demostrará que “no hay la voluntad de ayudar a los salubristas”.

Posición de la Subcomisión de Salud

Angel Sinmaleza, presidente de la Subcomisión de Salud, manifestó las resoluciones del ente legislativo. La subcomisión exige que, en un plazo de 48 horas, el ejecutivo reforme el reglamento para la aplicación de la Ley Humanitaria. Los legisladores también piden que se vuelva a contratar a los trabajadores de la salud desvinculados.

Si en ese lapso el Gobierno no cumple con las exigencias del ente legislativo, la Subcomisión de Salud presentará solicitudes de juicio político contra quienes hayan irrespetado los derechos de estabilidad laboral concedidos al personal de salud por medio de la Ley Humanitaria. (JEB).

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Periodista y docente universitario

Recuerdo tanto ese sábado 21 de marzo. El Gobierno nacional anunciaba que Juan Carlos Zevallos asumía la cartera de Salud tras la renuncia de Catalina Andramuño. Mientras la muerte rondaba en el país, sobre todo en Guayaquil, el régimen se deshacía de una carga política, de una figura que se fue pateando al perro.

Para refrescar la memoria, Andramuño dimitió con una carta en la que revelaba que Richard Martínez, ministro de Finanzas y mandamás de la política económica, no había cumplido con las asignaciones correspondientes para enfrentar la pandemia. En buen romance, no se daba la plata para dotar a nuestros médicos, enfermeras y camilleros de las mascarillas y trajes para tratar a pacientes con Covid-19.

Como era de esperarse, tras la carta de Andramuño, las cachiporreras pagas del Gobierno en redes sociales y el coro mediático minimizaron la denuncia hecha por la exministra y no escatimaron en halagos para el nuevo funcionario. Y, en honor a la verdad, la hoja de vida de Zevallos daba esperanzas de tener una mejor respuesta ante la tragedia que avanzaba como tsunami. Pero todo fue una ilusión.

Primer acto

Zevallos, en una de las cadenas nacionales que emitía el Gobierno por la emergencia, apenas dos días después de su posesión lanzó su primera mentira. El ministro afirmaba que llegarían al país 200 mil pruebas de Covid-19 entre el 23 y el 29 de marzo.

Había dos objetivos para esa promesa. El primero, aplacar las críticas por la falta de reacción ante el contagio exponencial que abatía al Ecuador por esos días. Se ofrecían esas pruebas para distribuirlas en Quito y Guayaquil y con eso desarrollar planes de contención. Ni lo uno, ni lo otro.

El segundo objetivo fue político. Andramuño, desbordada por la crisis, días antes de su renuncia había prometido que iban a llegar al país 2 millones de pruebas. Sí, suena a disparate, suena a demagogia en plena pandemia, pero nadie, absolutamente nadie en el Gobierno salió al paso a explicar cómo sería el proceso, si llegarían en partes, en varios meses. Ni el fotogénico Otto Sonnenholzner ni la omnipresente María Paula Romo dijeron algo.

Lo cierto es que en el peor momento de la crisis (las dos últimas semanas de marzo y las dos primeras de abril) nunca llegaron las pruebas. Recién a mediados de mayo empezaron a caer a cuentagotas. Zevallos, recién estrenado, le incumplió al país. Una omisión que -en ese momento- costó la vida de más de 10 mil personas, solo en Guayaquil.

Segundo acto

El pasado 19 de junio, la Asamblea Nacional aprobó la denominada “Ley de Apoyo Humanitaria” que, entre otros temas, contemplaba una suerte de reconocimiento a los servidores de la salud que estuvieron en primera línea durante el peor pico de la pandemia.

El artículo 25 de la normativa establece como excepción, y por esta ocasión, que los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo, en algún centro de atención sanitaria de la Red Integral Pública de Salud (RIPS) y sus respectivas redes complementarias, previo concurso de méritos y oposición, se los declarará ganadores del respectivo concurso público y, en consecuencia, se procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo.

Sin embargo, y a pesar de estar estipulado en la ley, el Gobierno no cumple con los servidores de salud. Peor aún, el propio Zevallos ha salido en medios de comunicación a realizar contorsiones para eludir la responsabilidad de contratar a ese personal. Y eso que fue el mismo régimen el que envió el proyecto al Parlamento.

Quizás el momento más repugnante fue cuando la Policía Nacional, a cargo de María Paula Romo, trató como delincuentes a los médicos posgradistas que exigían sus derechos. Los policías repartieron gases lacrimógenos -habrá que ver si estaban caducados- y tolete. Luego vendrían unas disculpas a regañadientes de encargado policial en la capital, pero ni una palabra por parte de Romo o de Zevallos. Primero héroes, luego gaseados en las calles.

Tercer acto

“El personal sanitario que fue contagiado (por el coronavirus) y que murió, no contrajo el virus en los hospitales sino en el ámbito social y el personal mismo llevó la enfermedad a los hospitales, obviamente sin mala intención, pero en total desconocimiento de cuáles eran las normas para protegerse». Más que conocidas las últimas declaraciones de Zevallos. No es la primera vez, ya en abril pasado había afirmado algo similar para un medio internacional.

 El miércoles 28 de octubre, flanqueado junto a Juan Sebastián Roldán y Jorge Wated, el Ministro de Salud no corrigió su afirmación, al contario, la sostuvo y aseguró que lo “descontextualizaron” con “fines electoreros” (SIC). Luego remató publicando en sus redes sociales, las ‘verdaderas’ declaraciones dadas a TC Televisión. Más ridículo. Con esa, ‘aclaración’ solo se embarró más.

Señor Zevallos, demuestre al país que fue el personal médico el que llevó el virus a los hospitales. Y hágalo de un manera académica, científica, propia de su formación profesional. Si no tiene cómo sustentar su afirmación, baje la soberbia y pida perdón a sus colegas y a las familias de doctores, enfermeras, camilleros, auxiliares, posgradistas, conductores de ambulancias que murieron o que padecieron/padecen Covid-19.

Le pido que se disculpe, porque dudo que tenga el decoro de renunciar. No queremos más actos infames. Tampoco más insultos a quienes arriesgan su vida en los hospitales. No queremos más agravios a un pueblo que muere en silencio.

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Los oficios señalan que las declaraciones emitidas por el titular de la salud son “desatinadas” e “irresponsables” hacia el personal médico de primera línea que falleció en el contexto de la pandemia. También exigen disculpas públicas y su renuncia a esta cartera de Estado. Además, en uno de los comunicados es declarado persona no grata.

Así mismo, las asociaciones médicas critican al Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre el manejo de la pandemia al no dotar a sus trabajadores de Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados.

Los comunicados

“(El Colegio resuelve) Rechazar de manera enérgica y categórica las tendenciosas, infundadas y maliciosas aseveraciones realizadas por el Dr. Juan Carlos Zevallos (…) Exigir en el ámbito que corresponda al ministro compruebe técnica y científicamente esas aseveraciones”, indica el comunicado del Colegio de Médicos de Pichincha en su Twitter.

“Rechazamos dichas aseveraciones, en donde se acusa al personal de salud de “contagiarse socialmente. Además de llevar la infección al ámbito hospitalario” sin ningún sustento científico”, reza el oficio del Colegio Médico Provincial del Guayas.

“El Colegio de Médicos del Azuay rechaza estas declaraciones absurdas, incoherentes, irresponsables e inapropiadas de un médico y científico. Exigimos que presente las estadísticas de sus afirmaciones o las debidas disculpas”, publicó en su cuenta de Facebook el gremio azuayo.

https://www.facebook.com/ColegioMedicosAzuay/posts/3438829466211172

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En entrevista con el Noticiero Ecuador Radio, Víctor Álvarez presentó la posición de los médicos. Álvarez criticó las acciones de Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Trabajo. Las decisiones de las autoridades impidieron el acceso de los profesionales de la salud a los beneficios establecidos en la Ley Humanitaria. A criterio Álvarez, pese a que el Ministro de Salud podría tener buena voluntad, hay barreras en el Ejecutivo que impiden el cumplimiento de la norma.

Ahora, la exigencia de los médicos es sencillamente el cumplimiento de la Ley Humanitaria. “Necesitamos estabilidad”, concluyó Álvarez.

La posición del MSP: no hay recursos

El Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, respondió a los médicos. “La Ley Humanitaria no cuenta con el presupuesto adecuado. Estamos haciendo todo lo posible para que los primeros miles de sujetos inicien su contratación hasta diciembre”, se excusó Zevallos.

Adicionalmente, Zevallos deslegitimó las exigencias de los médicos. “Esa inconformidad no tiene asidero, cuando estamos haciendo todo lo posible, con unas arcas fiscales muy escuetas”, sentenció Zevallos.

¿Qué dice la Ley Humanitaria?

Según el artículo 25 de la Ley Humanitaria, los trabajadores de la salud, que hayan prestado sus servicios en el marco de la emergencia sanitaria, bajo la modalidad de contrato ocasional o nombramiento provisional, deberán ser declarados ganadores del respectivo concurso y se les garantizará su estabilidad. (JEB).

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