La jueza admitió a trámite el recurso, pero no dio paso a la medida cautelar solicitada por Villavicencio. El legislador solicitaba que se deje sin efecto la sanción determinada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Para Manosalvas, el caso no puede ocasionar daños irreversibles al demandante. Explicó que ante la eventualidad de que se determinen vicios del proceso, el demandante volverá a ejercer sus funciones luego de la suspensión.

Para el viernes 18 de noviembre está prevista la audiencia que analizará la acción de protección presentada por Villavicencio. La causal es dejar sin efecto la suspensión de 31 días determinada por el CAL, después de las expresiones ofensivas a la legisladora Patricia Núñez (UNES).

A favor de la sanción votaron, Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea; Marcela Holguín, primera vicepresidenta; Darwin Pereira, segundo vicepresidente; y, los vocales Esteban Torres y Ronny Aleaga.  La medida cautelar fue dirigida a los cinco asambleístas, quienes fueron citados a la audiencia. (A.G.M)

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Este artículo de la normativa señala que «el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes».

Tras el fallo judicial, el legislador Fausto Jarrín, de UNES, se abstuvo de continuar con la moción para cambiar el orden del día. «Llegamos a instalar este pleno con la grosera y afrentosa intromisión de la Función Judicial en las capacidades del legislativo» expresó Jarrin.

Asimimso, sostuvo que en razón de las medidas cautelares que la presidenta de la Asamblea consiguió «en contra de toda lógica de autonomía» se abstuvo de solicitar el cambio en el orden del día. «No voy a violar la normativa constitucional», aseveró.

Con esta resolución, el Pleno de la Asamblea Nacional no podrá conformar la comisión multipartidista para evaluar al Consejo de Administración Legislativa.

Las reacciones

Legisladores, analistas políticas y ciudadanos expresaron su rechazo a la resolución del sistema judicial. Hace poco el vicepresidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela, aseguró que una resolución favoreble podría considerarse como una intromisión en la Función Legislativa.

Por su parte, el abogado André Benavides dijo que con la abstención de Jarrín para el cambio del orden del día ya se puede solicitar la revocatoria de medidas cautelares. «Lo que corresponde ahora es presentar la denuncia por incumplimiento de funciones para la destitución de la presidenta de la Asamblea», explicó.

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Además, para Quintana, el pedido de LLori es improcedente, pues no cumple con los cuatro requisitos que la Jurisprudencia Constitucional ha determinado, porque debería darse por “una grave e inminente amenaza de violar un derecho fundamental”, lo que ha criterio del profesional no ocurre.

“Un juez honesto debería rechazar por improcedente el pedido de medida cautelar y sancionar a quienes han patrocinado a Guadalupe Llori por abuso del derecho”, enfatizó Quintana.

Por su parte, Llori informó que presentó una medida cautelar ante la justicia «para evitar que se vulnere el debido proceso y la seguridad jurídica en la Asamblea Nacional, respecto a la conformación de una comisión pluripartidista ad-hoc».

Insistió que no se puede irrespetar la ley y los pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado. Asimismo, dijo que el cambio del orden del día presentado por el legislador de UNES, Fausto Jarrín, será tramitado conforme la Ley.

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