«Se NIEGA la petición de Medidas Cautelares realizada por el accionante, puesto que como bien lo refiere el máximo órgano de interpretación constitucional, al no demostrarse el peligro en la demora y la verosimilitud de la protección requerida, esta puede ser conseguida por medio de una garantía de conocimiento», dice parte de la decisión.

La respuesta también aclara que «las medidas cautelares pueden ser activadas cuando ocurren tanto amenazas como vulneraciones o violaciones de los derechos constitucionales, sin embargo los efectos en uno u otro caso son distintos».

El abogado Carlos Quinchuela había solicitado está figura legal ya que, según el jurista, los operadores del metro de Quito no cuentan con licencias para manejar los trenes. Sin embargo, el gerente del metro, Víctor Hugo Villacrés y la empresa operadora Metro de Medellín han recalcado que los operadores cuentan con el certificado y las horas de capacitación debidas para ponerse al frente de los 18 trenes de este medio de Transporte.

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John Rodríguez, el magistrado en cuestión falló a favor del excandidato a alcalde de la capital manabita, José Miguel Mendoza, quien quedó en segundo lugar. Mendoza solicitó medidas cautelares ya que siente que sus derechos fueron vulnerados ¿la razón? el alcalde electo, Javier Pincay no se presentó al debate obligatorio el pasado 15 de enero.

La resolución deja «sin efecto, sin validez ni eficacia legal toda convocatoria a la sesión inaugural del Concejo Cantonal de Portoviejo» para el periodo 2023-2027. El juez también prohíbe sesionar en la sesión inaugural y elegir vicealcaldesa como dicta la norma legislativa del GAD de Portoviejo.

El magistrado dispone que las medidas cautelares rijan hasta que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emita un pronunciamiento de última instancia. Pincay justificó su inasistencia al debate debido a que se estaba recuperando de un atentado en su contra ocurrido en diciembre de 2022.

Al momento, el alcalde electo publicó en sus redes la invitación a seguir el evento de posesión a las 16:00. (MIB)

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«He presentado una petición de medidas cautelares para que no se trate la revocatoria del Estado de Excepción, hasta que se dé la mediación anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional», escribió Guarderas en un tuit.

«Esta petición de medidas cautelares tiene por objeto evitar que se consume una grave vulneración de derechos constitucionales. A través de esta medida no se pretende que usted señor Juez, se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de los actos que amenazan con violar los derechos constitucionales», dice parte de texto de la petición.

El pasado 18 de junio, Guarderas se reunió con Saquicela para solicitarle que la Asamblea no trate en una sesión de Pleno la derogatoria del estado de excepción. No obstante, el presidente del Legislativo anunció que la sesión del Pleno para analizar el tema se llevaría a cabo este 20 de junio a las 17:15. MIB

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El legislador del Partido Social Cristiano (PSC) Luis Almeida, en su escrito ingresado en la Unidad Judicial de Quito, solicitó al Juez constitucional Pedro Troya que deje sin efecto las medias cautelares dictadas el pasado 27 de mayo. Según argumenta, es “inoportuna y extemporánea por cuanto la Comisión dejó de existir el 26 de mayo de 2022″. Esto, ya que ese día se presentó el informe y, por lo tanto, “se ha presentado la medida cautelar contra un legitimado pasivo inexistente”.

Por lo que, aclaró al magistrado que el fallo que ordena abstenerse de continuar con sus funciones o tratar de cualquier asunto se lo hizo a una comisión que concluyó con su tarea.

Asimismo, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, notificó a los miembros de la Comisión Pluripartidista de la decisión de la Unidad Judicial Penal de Quito. Además, solicitó que se le concediera las medidas cautelares que plantearon los asambleístas Sofía Sánchez y Salvador Quishpe.

Por lo que, dichos asambleístas junto con el coordinador nacional del movimiento Pachakutik (PK), Marlon Santi, reclamaron que la conformación de dicha instancia se hizo con la presencia del legislador Peter Calo (PK-R). Según el coordinador, Calo no contaba con la aprobación de la bancada ni de la agrupación política para participar.

Dicha comisión se designó por el pleno de la Legislatura el 26 de abril de 2022 para que sustancie una denuncia planteada en contra de Llori, por el legislador del Partido Social Cristiano (PSC) Esteban Torres, por supuesto incumplimiento de funciones.

La investigación

El 25 de mayo concluyó la investigación y aprobó un informe recomendando su destitución en calidad de presidenta de la Asamblea Nacional. No obstante, la medida cautelar dispuso que “se abstengan de tratar cualquier tema puesto en su conocimiento.

Esto debido a que la conformación de la Comisión Pluripartidista ad hoc fue creada sin respetar la representación. Además, de no acatar el derecho de decisión democrática” de Pachakutik, pues no postularon un delegado.

Asimismo, el juez que tramitó la causa, Pedro Troya, determinó que la Presidencia y el pleno de la Función Legislativa se abstengan de conocer y tratar el informe. Por lo que, ordenó que se conforme una nueva Comisión Pluripartidista respetando el artículo 61 de la Constitución y la Ley de la Función Legislativa.

Esto para que Pachakutik y otras organizaciones políticas designen a sus delegados antes de tratar la denuncia.

Bajo esos fundamentos, Llori informó que se abstendrá de conocer, tratar y resolver el informe aprobado por la Comisión. Por lo que “devolvió” el documento “por cuanto viola derechos constitucionales, atenta al debido proceso y seguridad jurídica”.

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«Un juez constitucional no puede establecer el apropiado o inapropiado funcionamiento de otro poder del Estado al cual no representa», señaló en el documento.

«Tengo el honor de ser asambleísta electo por el Movimiento Pachakutik, brazo político de la CONAJE, mi línea de acción ha sido defender el proyecto de lucha histórica del movimiento indígena, enfrentar las pretensiones neoliberales y nunca pactar traicionando la lucha y sangre de mis hermanos, que, desde las calles, desde la dirigencia y hoy desde mi curul de la Asamblea Nacional defiendo», enfatizó.

Asimismo, dijo que los dirigentes que solicitaron las medidas cautelares pretenden seguir engañando y defendiendo el proyecto de GuilLermo Lasso, bajo el pretexto de “gobernabilidad”. «Violan mis derechos como Asambleísta y exdirigente y militante activo en el Movimiento Pachakutik, al hacer pronunciamientos inequívocos, ilegales, inconstitucional y valiéndose nuevamente de un juez», señaló.

Explicó que el Pleno de la Asamblea lo designó miembro de la Comisión Pluripartidista Ad Hoc según el art. 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), siendo miembro del Movimiento Pachakutik. «Jamás es necesario tener el visto bueno, permiso o ser delegado de un compañero jefe de bancada», insistió.

Señaló que se establece la creación de una Comisión Pluripartidista Ad Hoc, no de una Comisión multibancadista. Sostiene que con ese argumento e interpretaciones vagas y demostrando mala fe,se otorgó la medida cautelar y, de esta forma, pretenden disuadir el trabajo de la Comisión Pluripartidista Ad Hoc..

«Mis principios no los traicionaré, por más que pretendan amenazar con ilegales
procesos de expulsión de mi movimiento, buscando desconocerme como asambleísta y adherente de Pachakutik. Todas las acciones desarrolladas las últimas semanas, solo han demostrado que el Gobierno de Lasso, pretende seguir bloqueando a la Asamblea Nacional evitando que se cambie las autoridades con complicidad de supuestos dirigentes, que responden a acuerdos de supuesta gobemabilidad entre estos dos poderes del Estado», sostuvo.

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“Tenemos que decirles, paren de llorar frente a los hechos ilegales que ustedes quisieron perpetrar armando una comisión supuestamente multipartidista, donde no había ni un delegado con la venia de la organización política Pachakutik. Otra cosa es que ustedes querían poner ahí, a dedo, a alguien que se prestaba para eso (refiriéndose al miembro de la comisión Peter Calo, de los rebeldes de Pachakutik”, dijo el asambleísta.

Añadió que Pachakutik no presentó ningún delegado en esa comisión donde “querían hacer lo que les da la gana con las autoridades de la Asamblea Nacional y sobre todo con nuestro proceso de lucha. Vamos a defender estas medidas cautelares, pero sobre todo a hacer respetar a nuestra organización política”.

Medidas cautelares

Salvador Quishpe, junto a Sofía Sánchez y Marlon Santi, es una de las personas que solicitó medidas cautelares contra los cinco miembros de la Comisión pluripartidista AD HOC que fiscalizó a Guadalupe Llori. De acuerdo con el pedido, buscan “evitar la violación o amenaza de violación de los derechos de participación, al debido proceso y la seguridad jurídica”.

Las medidas, presentadas el pasado 20 de mayo, fueron aceptadas por un juez de la Unidad Judicial Penal de Quitumbe.

El pasado 25 de mayo, con cinco votos a favor, la Comisión Pluripartidista AD HOC se aprobó el informe de evaluación a la presidenta Guadalupe Llori por incumplimiento de funciones, tras la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres. MIB

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“La presidenta Llori presentó una acción de protección relacionado con el debido proceso y la seguridad jurídica. Ustedes han sido testigos que en las dos reuniones del CAL del miércoles 6 de abril y el lunes 11 se dieron violaciones al procedimiento. Lo primero fue que el CAL, por un pedido de cambio del orden del día del asambleísta Darwin Pereira trató un tema que todavía estaba en competencia dentro de los tres días de la presidencia de la Asamblea. Se violó el procedimiento y por eso está presentada una denuncia en la Fiscalía”, explicó Salazar a los medios.

Agregó que ese procedimiento se ha transmitido a los jueces constitucionales. También habló del caso de la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres (PSC) contra Llori. “Firmó como Luis Esteban Torres Torres y en la Notaría declaró Luis Esteban Torres Cobo. Es inaudito y no procedente que un documento diga una cosa. No se cumplió con la ley”.

Medidas cautelares

Salazar dijo que la idea es que cuando el juez constitucional revise todo el procedimiento, determine la declaración de vulneración de derechos de la presidenta Llori. “Con esta declaratoria se pide como reparación integral que se deje sin efecto la resolución del CAL. Si eso sucede todo regresa al momento anterior y no procede la creación de la Comisión Pluripartidista AD HOC”.

El procurador jurídico informó que las medidas cautelares que planteó Llori en contra de la petición desde el Pleno de la Comisión de evaluación siguen vigentes, de manera que el Pleno no podría armar esta Comisión ya que tampoco existe un pedido de revocatoria de las medidas cautelares. MIB

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“La burda y absurda injerencia de la justicia en el poder Legislativo. Nosotros rechazamos las actuaciones de estos jueces con estas medidas cautelares a la carta. Justamente cuando la Asamblea Nacional, que es un poder independiente, tenía que resolver un tema de suma importancia para su funcionamiento y el futuro de los ecuatorianos”, dijo el legislador Esteban Torres en su intervención.

Además del rechazo a la intromisión de la justicia en el Legislativo, la bancada presentará una queja contra los jueces. “No solo nos quedaremos en el rechazo, promoveremos una queja contra estos jueces firmada por más de 70 asambleístas y los que se quieran sumar. También acciones para que los miembros del Consejo de la Judicatura par que expliquen lo que sucede con la justicia y el poder Legislativo. Presentaremos un cambio del orden del día en la próxima sesión para que el tema no quede sin discusión.

Pedidos de denuncia

Las bancadas del PSC y Unión por la Esperanza (UNES) presentaron pedidos de denuncia por incumplimiento de funciones contra Guadalupe Llori y los siete miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), respectivamente.

Asimismo, el asambleísta Gruber Zambrano (BAN) de la bancada oficialista presentó una demanda contra los miembros de CAL apoyada por la bancada de Pachakutik. Zambrano asegura que hay incumplimiento de funciones por la demora en la aprobación de proyectos de ley, la vacancia legislativa y la calificación de juicios políticos. MIB

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«La administración de justicia no podía entrometerse en el poder legislativo porque va en contra de los pilares fundamentales de la democracia», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

El vicepresidente sostuvo que el criterio del Procurador General del Estado no se compadece con la realidad legal de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Saquicela también manifestó que la presidenta de la Asamblea Nacional tiene la obligación legal y moral de poner a consideración del Consejo de Administración Legislativa (CAL) estas denuncias hasta el viernes 8 de abril.

“Tenemos que recibir las denuncias en el CAL y ver si es que la denuncia es en contra de uno de los vocales”, comentó el vicepresidente.

Saquicela afirmó que se necesita el cambio de la presidencia en la Asamblea por el bien del país, del Pleno y por el bien de las leyes, pero debe darse dentro de un marco constitucional.

“Si se queda Guadalupe Llori que se quede y que abra un marco de diálogo. Es necesario el diálogo al interior de la Asamblea Nacional con todas las fuerzas políticas”, expresó Saquicela.

También sostuvo que al país no le interesa quien esté al frente de la Asamblea, sino que funcione este poder del Estado. “La Asamblea debe buscar una agenda real que beneficie a la ciudadanía”, manifestó el vicepresidente.

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La primera reacción fue por parte del asambleísta de UNES, Fausto Jarrin, quién se abstuvo de modificar el orden día con la petición de integrar la comisión de evaluación, por la aceptación de las medidas cautelares que solicitó Guadalupe Llori.

Asimismo, Paola Cabezas, de UNES, anunció que irán por la revocatoria de la medida cautelar a favor de Guadalupe Llori y analizarán la opción de presentar la denuncia en el CAL. «Esto es cuestión de tiempo, lo de la medida cautelar es una boya salvavidas, pero esto es cuestión de tiempo, señora Llori, usted no puede seguir ahí», aseguró.

Por su parte el Partido Social Cristiano (PSC) expresó que “la solicitud de medida cautelar (…) no cumple con ninguno de los requisitos establecidos en la sentencia No. 66-15-JC/19 de la Corte Constitucional. En ese sentido, constituye una intento burdo, ilegal e inconstitucional más con la finalidad de no responder ante el Pleno de la Asamblea Nacional e impedir su trabajo.”

Mientras que UNES cuestionó el accionar de Llori al solicitar la medida cautelar y comunicó: “Los ecuatorianos nos preguntamos: ¿para qué quiere quedarse en el cargo de una Institución a la que ella misma demanda? Rechazamos el abuso de su designación para proteger sus intereses personales.”

Asambleístas de Pachakutik escribieron en la red social Twitter, que se trata de una medida desesperada de Llori por mantener el poder.

El asambleísta, Peter Calo, escribió: “Ante una ofuscada ceguera de mantener el pacto con el gobierno neoliberal empieza a utilizar la justicia para encubrirse, demandamos independencia de funciones. El pleno se ve impedido de ejercer sus funciones Constitucionales, nuestra postura de rebeldía sigue firme.”

Por su parte la legisladora de Pachakutik, Patricia Sánchez, expresó que se trata de “clara intromisión de otra Función del Estado en la Función Legislativa.”

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, también expresó que la medida cautelar pedida por Guadalupe Llori es “improcedente” y su aceptación sería una «intromisión» en las atribuciones de la Asamblea.

Por otro lado, el jefe de la Bancada del Acuerdo Nacional, Juan Fernando Flores, expresó: “La Bancada del Acuerdo Nacional respalda la institucionalidad de la Asamblea Nacional y no a una persona, siempre hemos sido claros. ¡No nos oponemos a la evaluación del CAL siempre que se respete la Ley, norma y los procedimientos democráticos!»

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Esta reparación ordena a los asambleístas que se “abstengan de conocer, debatir y resolver el pedido del proyecto de resolución del Pleno de la Asamblea Nacional para la creación de la Comisión ad hoc pluripartidista para investigar las acciones del Consejo de Administración Legislativa». Asimismo, dispuso a la Defensoría del Pueblo que efectúe el seguimiento de la sentencia.

El sistema judicial resolvió el pedido minutos antes de que se instalara la sesión del Pleno en la que se propondría cambiar el orden del día para incluir una moción de creación de una comisión pluripartidista para evaluar al Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Luego de conocer el fallo, el Legislador de UNES, Fausto Jarrin, se abstuvo de pedir el cambio del orden del día. Dijo que no violará la normativa constitucional ni pedirá a sus colegas que lo hagan. Sin embargo, los invitó a negarse a participar en el “circo” que quieren convertir la Asamblea Nacional.

Asimismo, desde las diversas bancadas criticaron que Llori haya utilizado este mecanismo para suspender la conformación de la comisión evaluadora. Hasta el momento no existen posiciones oficiales desde los bloques legislativos.

Por su parte, el expresidente Rafael Correa cuestionó: “¡Increíble! Los jueces determinando lo que puede tratar la Asamblea. Es obvio que es una maniobra del Gobierno. ¿Tanto vale el servilismo de Llori? ¿La destrucción de lo poco que queda de Estado de derecho?”

Varios abogados y los propios legisladores, como Virgilio Saquicela, han reiterado que una resolución favorable para Guadalupe Llori sería una intromisión del poder Judicial en la Función Legislativa.

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“La solicitud de medida cautelar presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional no cumple con ninguno de los requisitos establecidos en la sentencia No. 66-15-JC/19 de la Corte Constitucional. En ese sentido constituye un intento burdo, ilegal e inconstitucional más con la finalidad de no responder ante el Pleno de la Asamblea Nacional e impedir su trabajo”, dice parte del comunicado.

¿Qué le pasa a Lupita?

La Bancada de UNES se preguntó en su comunicado ¿Qué le pasa a Lupita? “Guadalupe Llori, luego de repetir que no se aferra al cargo, presentó con el Procurador Judicial de la Asamblea, como si fuera su abogado particular, una acción de medidas cautelares para que no la saquen del puesto. Los ecuatorianos nos preguntamos: ¿para qué quiere quedarse en el cargo de una institución a la que ella misma demanda?”.

UNES reiteró la falta de soporte para la presidenta en el Legislativo. “Cada vez más sola y sin apoyo pasa de amenazas y mentiras a procesos judiciales. Rechazamos el abuso de su designación para proteger sus intereses personales”. MIB

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Mediante un documento, firmado por el juez constitucional Patricio Vidal, se deshace la resolución adoptada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE Nacional).

El fallo, además, ordena al COE Nacional esta o “cualquier otra autoridad” se abstenga de nuevas resoluciones sobre el caso.

Con lo que la Explosión Azul se realizará “sin problema, con un aforo de por lo menos el 50%, con apego irrestricto de las normas de bioseguridad”.

En principio, el organismo que emite las disposiciones y restricciones en la pandemia había solo habilitado las suites para el evento.

Sin embargo, la dirigencia “millonaria” empezó a buscar la manera para que los aficionados no se pierdan la presentación de la plantilla.

Y lo consiguieron a través del juez titular de la Unidad Judicial Penal Valdivia Sur (Guayaquil), quien denegó lo dispuesto por el COE Nacional.

En el comunicado del “bombillo” se anuncia que “resolución del COE sin efecto, por orden de juez Constitucional”.

Al tiempo que añade “todas las localidades habilitadas” y continuó la venta de entradas, las cuales habían tenido buena respuesta de los aficionados.

Hasta el lunes se habían vendido la mitad de entradas tanto para las localidades de palco General Gómez y para la tribuna San Martín.

Explosión Azul se vivirá desde las 19:00

Aprobado el aforo con el 50% de los aficionados en el estadio George Capwell de Guayaquil, la fiesta se vivirá desde las 19:00.

Juegos artificiales, música y un show completo servirán de previa a la presentación de los jugadores que afrontarán la Liga Pro y la Libertadores.

El plato fuerte será el partido amistoso frente a Millonarios de Colombia, programado para las 20:00.

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“Hemos presentado una medida cautelar para evitar la vulneración de derechos constitucionales, que pretende implementar el señor Fernando Balda a través de la “depuración” y su discurso de odio. La democracia no puede tolerar la apología de la violencia política”, publicó AJP vía Twitter.

Sobre la medida cautelar

La medida fue interpuesta tras las publicaciones de Fernando Balda en sus redes sociales. En Facebook, el ciudadano realiza apología de discriminación y odio político, indica el colectivo. Además, llama a registrar una base de imágenes de personas, que a su criterio, serían “corruptas y desestabilizadoras”.

También añade que la información recolectada a través de su página será entregada a la Presidencia de la República. Esto con el fin de “depurar las instancias gubernamentales de correístas”, según Balda.

Frente a esta situación, AJP solicita a la autoridad judicial la “eliminación de sus redes sociales de los mensajes que hemos mencionado en la presente demanda, así como elimine la página web (http://depuracionec.com)”

La demanda se realizó en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en la Mariscal Sucre, en Quito.

La caza de brujas de Balda

El ciudadano Fernando Balda anunció, este lunes, una plataforma que, a su juicio, permitirá depurar las instituciones públicas de funcionarios «correístas».

«Hacemos el lanzamiento oficial de la web http://depuracionec.com para ayudar al Presidente Guillermo Lasso a depurar las instancias gubernamentales de infiltrados correístas que representan estancamiento, corrupción y amenaza de desestabilización», escribió en su Twitter.

No quedó allí. Balda se refirió a los funcionarios «correístas» como «corruptos» y una «plaga» que debe controlarse. «Los correístas corruptos son la peor plaga y debe ser neutralizada en la sociedad. Si no lo hacemos volverán a saquear el Ecuador y reinará la impunidad. No importará quién gobierne, lo corromperán y se tomarán el gobierno y el país. Por ello debemos actuar antes que sea tarde».

Ya, pero…¿qué es una medida cautelar?

En Ecuador, una medida cautelar es una figura jurídica busca prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho. Solo aplica en ámbitos constitucionales y existen dos tipos: medidas cautelares reales y personales.

Las reales refieren a las resoluciones que dicta el poder judicial sobre cosas o bienes. Mientras que las personales son aquellas que velan por los derechos constitucionales de una persona.

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Su abogado Sebastián Espinosa indicó que el exministro de Hidrocarubros sufre de hipertensión, diabetes, trastornos de ansiedad y depresión, y necesita tratamiento especializado. Pareja tuvo que ser llevado de emergencia al Hospital regional de Ambato luego de ingerir una dosis excesiva de pastilla que formaban parte de su tratamiento médico. La dosis, sin embargo, no fue letal.

CAPAYA cumple cinco sentencias por el caso Petroecuador: peculado (10 años); cohecho (5 años); delincuencia organizada (6 años), enriquecimiento ilícito (10 años) y tráfico de influencias (6 años).

¿Qué sucede con Glas?

El grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas visitó, el pasado 9 de diciembre, la cárcel de Latacunga en el contexto de la crisis carcelaria. Allí se entrevistaron con el exvicepresidente Jorge Glas que solicita, por segunda vez, la prelibertad por razones de seguridad y salud.

“El Grupo de Trabajo le urge al Gobierno del Ecuador tomar acciones inmediatas para resguardar la seguridad y el bienestar del Sr. Glas Espinel, incluyendo el otorgamiento de medidas alternativas a la detención, incluyendo la liberación anticipada u otras medidas no privativas de libertad”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también otorgó medidas cautelares en su favor. El Estado ecuatoriano todavía no ha cumplido con esta decisión.

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«Cuando hay una disposición de la justicia constitucional en la que se evidencia la violación de mis derechos, eso nulita cualquier cosa. Yo gané en las urnas y derroté a 17 candidatos en una lid electoral limpia», dijo el alcalde en el audiovisual.

El burgomaestre agregó que están trabajando la defensa con todos los recursos de la Constitución y la justicia internacional. «La ley nos asiste para defender los derechos de un ser humano no de un alcalde que le puede caer bien o mal a la gente», precisó.

Los hechos

El pasado 7 de julio, una jueza aceptó la adopción de medidas cautelares a favor de Yunda. De acuerdo con el proceso de la Corte, se vuoneraron los derechos del alcalde durante el proceso de remoción en el Municipio el 3 de junio.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó lo decidido por el Concejo Municipal. Las medidas cuatelares mantienen a Yunda en la alcaldía por otro período de tiempo.

Fiscalía investiga presuntas irregularidades en el proceso de sorteo, elección de juez y tratamiento del caso Yunda en la Corte Provincial. Las oficinas de los involucrados fueron allanadas.

Se prevé que los concejales asistan a la reunión del Concejo que convocó Yunda y está programada para este martes.

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“La Defensoría del Pueblo considera que la venta de los activos, como equipos, las 66 radiorepetidoras de radio FM, las 93 estaciones ECTV, las 18 estaciones pequeñas ECTV a escala nacional. Las imprentas, las 4 unidades móviles, el patrimonio audiovisual generado, entre otros insumos de propiedad de los medios públicos. La venta puede menoscabar el derecho a la libertad de expresión de quienes todavía trabajan en los mismos”, dice parte del comunicado del organismo.

La medida cautelar que se solicita es “comunicar al Gerente de Medios Públicos en liquidación, al Gerente General de la Empresa Pública de Comunicación Ecuador EP y al Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que no se realice la venta o subasta de los activos de los medios públicos”. La razón de esta acción es que dicha subasta no debería adoptarse a solo dos meses de que culmine la gestión del actual Gobierno. Además, se pide que la medida esté vigente hasta el 24 de mayo de 2021, día en el que se producirá el cambio de gobierno.

Subasta en Medios Públicos

El pasado 9 de marzo, la Empresa de Medios Públicos en liquidación anunció la subasta del inventario de bodega.

«La empresa Medios Públicos invita a las personas naturales y jurídicas para que participen en el proceso de subasta del inventario de bodega. Cajas de papel, cartulinas, cajas de tinta e insumos de imprenta», explica un vídeo para difundir el proceso.  Los ítems a subastarse se encuentran en la bodega de Guayaquil en la calle Carlos Julio Arosemena kilómetro 1.5.

No es la primera subasta. El pasado 24 de febrero también se remataron los vehículos que eran propiedad de Medios Públicos. «Todoterreno, vehículos y motocicletas de su propiedad conforme lo prescrito en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los bienes públicos».

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La tarde de este lunes 15 de marzo, Fiscalía determinó estas medidas cautelares para Abarca y otras dos personas procesadas por presunto delito de peculado en la compra de pruebas PCR.

«Agradezco a mi familia Alma Lucía y Mateo Martinez a mi abogado defensor Nicolás Salas, a mis amigas, a los salubristas que luchan día a día contra la pandemia, a las organizaciones de mujeres, a Linda Guamán y al señor Alcalde Jorge Yunda por su solidaridad. ¡Libertad!», escribió la Secretaria de Salud en su Twitter.

Abarca también expresó su agradecimiento al defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago.

El pasado 12 de marzo, Ana Lucía Martínez Abarca, hija de Ximena Abarca expresó: “su estado de salud se está deteriorando; ella tiene una condición respiratoria que requiere manejo hospitalario, requiere de oxígeno y eso la Corte y la Fiscalía no lo han considerado».

Fiscalía abrió esta investigación en febrero de 2021. El pasado 16 de febrero, la Corte Provincial dictó medidas cautelares para Ximena Abarca y otras seis personas por presunto delito de peculado en la compra de pruebas PCR para Covid-19.

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«La medida cautelar busca evitar un daño irreparable al proceso electoral. Si el sistema informático es sometido a un peritaje judicial, la fecha de la segunda vuelta electoral podría modificarse. Esto afectaría al sistema democrático en el Ecuador», explica el comunicado.

De acuerdo con los fundamentos de Arauz, la apertura de una indagación previa en medio del proceso electoral es una interferencia que viola el artículo 16 de la Ley Electoral. Este artículo prohíbe la participación de las instituciones ajenas al Consejo Nacional Electoral en el proceso de elecciones.

Pedido de Fiscalía

En un comunicado la Fiscalía General del Estado dijo que las diligencias por las denuncias contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) no interfieren en el proceso de elecciones.

De acuerdo con la institución, se inició un proceso de investigación el pasado 18 de febrero por la denuncia de los asambleístas electos de Pachakutik por una supuesta anomalía en el almacenamiento de las actas electorales. «Se solicitó a la Corte Nacional de Justicia que autorice el registro y la retención de información. Lo que no significa la incautación de la base de datos que reposa en el CNE».

La Fiscalía señaló que obtuvo la autorización del juez Luis Rivera para realizar «la diligencia respectiva que no interfiere con el proceso electoral». Según la FGE, todas las acciones de Fiscalía relacionadas a este tema se desarrollan con el conocimiento de la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

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“El juez Jhayya ha dado paso al pedido del fiscal para revisar las medidas sustitutivas ¡Paren las injusticias! No es necesario revisar las medidas, no es necesario encarcelarme porque NO he pedido asilo a ninguna embajada”, escribió Pabón en su cuenta oficial de Twitter.

El pedido indica que “se convoca a audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de medida cautelar y protección para el lunes 7 de septiembre a las 11:00”. Frente a esto la prefecta añadió que “la audiencia será el lunes, tengan la seguridad que estos días me encontrarán trabajando por Pichincha y su gente”.

Los hechos

El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán acusó a la prefecta Paola Pabón de solicitar asilo político. Santillán indicó al juez que existe una alerta de información que textualmente dice: “Teniendo como antecedente que varias personas que se han encontrado cumpliendo medidas cautelares han aprovechado estas circunstancias para salir del país”.

Cortina de humo

“Me parece demasiada casualidad que esto suceda después de un fin de semana donde los dedos apuntan a quienes han generado corrupción en este país (…) Qué mejor cortina de humo que encarcelar a la prefecta de Pichincha, qué mejor cortina de humo que enviarla de nuevo a Latacunga”, dijo en rueda de prensa.

Pabón reiteró que no solicitó asilo al gobierno mexicano. “No he solicitado asilo ni a la embajada de México ni a ninguna otra. Que quede claro. No he solicitado asilo político y no lo solicitaré. Porque soy la prefecta de Pichincha, no estaré por los tejados, no golpearé las puertas de la embajada. Estoy aquí y aquí enfrentaré este juicio”, expresó.

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