“He trabajado de manera continua, de manera eficiente tal es así que incluso no he reclamado horas extras, no he hecho uso de mi hora de almuerzo y he puesto de mis propios recursos para el desarrollo de mis actividades, es decir que todos los materiales como maquillajes, sombras, herramientas para estilizar cabello son de mi propiedad”, recoge el documento que publicó el portal digital La Historia.

La situación que describió Chávez fue lo que la motivó a renunciar a su puesto. Trabajó 13 años bajo el Código de Trabajo y uno por el régimen de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). Ante la noticia, comunicadores que trabajaron con ella mostraron su solidaridad en redes sociales.

“Rosita es un gran ser humano, muy trabajadora y sencilla, siempre dispuesta a colaborar con buena actitud y amabilidad. Fue mi compañera en Ecuador TV por una década y tengo el mejor concepto de ella. Un posible caso de discriminación que debe investigarse”, escribió el periodista Fabricio Cevallos.

“Trabajé con Rosita durante madrugadas y largas jornadas. No me sorprende en lo absoluto el trato de la actual administración. No atinan. Ella con orgullo lucía su vestimenta de Otavalo, entre lágrimas la escuché la última vez, “ni el saludo me responden”, expresó la comunicadora Ana María Suárez.

¿Qué dijo el gerente de Medios Públicos?

El gerente de Medios Públicos, Galo Roldós Arosemena respondió sobre este caso en un tuit que después borró casi inmediatamente. “Rosita maquilló a Gabriela Obando en Ecuador TV en horas laborables a manera de chaucha/cachuelo, usando infraestructura y bienes del Estado. Al ser descubiertas fraguaron ese sinsentido difamatorio que caerá por su propio peso. Laboramos con cariño junto a todas la etnias del Ecuador”.

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El mandatario Comentó que al revisar los balances de los medios incautados se encontraron con cifras muy complicadas pues, en algunos casos, los medios tienen pasivos mucho más altos que los activos.

“Eso complica el proceso de venta de estos activos, pero no nos vamos a dar por vencidos, vamos a insistir porque es dinero del pueblo que tiene que recuperarse en efectivo para poder invertirlo en programas sociales”, expresó el mandatario.

Además, recalcó que se planteó una reforma en la que los medios públicos pasen a ser 33% propiedad del Gobierno, 33% de la Asamblea Nacional y 33% de la sociedad civil, representada por la academia, es decir, por las universidades.

“Lastimosamente los procesos burocráticos son muy lentos en el campo del Ejecutivo y son mucho más lentos en el campo legislativo”, reiteró Lasso.

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Sin embargo, la víspera el presidente Guillermo Lasso recibió a puerta cerrada a los obreros y a los despedidos de diario El Comercio. A ellos les ofreció garantías para que la empresa, propiedad del mexicano Ángel González, cumpla con los pagos pendientes de noviembre, diciembre y décimo tercer sueldo. 

De acuerdo con Fundamedios, la crisis económica, producto de la falta de pago en las liquidaciones de los extrabajadores de El Comercio afecta a la salud mental de esos ciudadanos. Bastó esa alerta, sin un sustento serio que lo avale, para que Lasso vaya y se ponga a los pies de sus aliados. 

Desde el gobierno no hay anuncios oficiales al respecto, y, por supuesto, entre la ciudadanía hay muchas dudas respecto de la reunión debido a que la situación de los comunicadores no es distinta a la de miles de obreros en el país, que no tienen acceso al poder. 

El Comercio ha sido un medio aliado del gobierno, con ausencia de voces críticas y más bien dócil ante un poder que le resulta cómodo. 

¿Qué pasa con otros periodistas?

El antecesor de Guillermo Lasso, Lenín Moreno, inició el remate de los bienes de la empresa de Medios Públicos en liquidación. En febrero de 2021,  invitó a las personas naturales y jurídicas a participar en el primer proceso de remate de vehículos.

La venta de los bienes de la empresa pública es la cereza en el pastel de destrucción de los Medios Públicos que empezó en mayo del 2020. Para el 24 de julio de ese añi, oficialmente despidieron a 509 empleados y, con ello, precarizaron el trabajo de los comunicadores.

Esos periodistas debieron esperar largos meses para recibir sus liquidaciones, y hay casos en lo que todavía no existe el dinero para ese rubro. Pero a Lasso eso no le importa. 

No son los únicos…

Los trastornos de salud mental como depresión, ansiedad y estrés no sólo están presentes en los trabajadores de El Comercio, sino en las más de 6 millones de personas que trabajan en la informalidad o no tienen un empleo.

También están presentes en los trabajadores de los medios incautados que han solicitado al Ejecutivo ayuda para el pago de sus liquidaciones, un deber que solo ha quedado en promesas de campaña. Hasta la fecha no ha existido una reunión entre estos extrabajadores y el presidente.

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Para conseguir ese objetivo, Lasso buscará reformar la Constitución y permitir que grupos económicos y sus miembros puedan comprar acciones en estos medios.

«Venderlos (a los Medios Públicos) a través de sus actas. Tenemos una trampa que puso el gobierno anterior. En la Constitución se prohíbe al dueño de acciones en un medio de comunicación, tener otra actividad económica», dijo Lasso en una rueda de prensa con medios internacionales.

Respecto a esa norma, el candidato abrió la posibilidad incluso de incluir la figura de subasta. «Si queremos un cambio de fondo debemos hacer una reforma constitucional para eliminar la disposición y tener una mayor participación en una subasta pública de las acciones de los medios incautados fundamentalmente», agregó.

¿Que dice la Constitución?

El artículo 312 de la Constitución ecuatoriana prohíbe a los grupos financieros tener participación permanente en otras actividades ajenas a la económica.

«Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social a entidades, miembros o accionistas de grupos financieros», dice textualmente la Carta Magna.

Situación de los Medios Públicos

La empresa pública atraviesa un proceso de liquidación desde mayo pasado cuando el presidente Moreno anunció su eliminación. Decenas de trabajadores vivieron penosos momentos a la espera de su liquidación.

Los medios públicos se empezaron a vender por partes. En febrero de este año empezaron las subastas de bienes como vehículos y el material de bodega de diario El Telégrafo y su editorial. Ante estas acciones, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, solicitó se detengan las subastas por atentar con la libertad de expresión.

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“La Defensoría del Pueblo considera que la venta de los activos, como equipos, las 66 radiorepetidoras de radio FM, las 93 estaciones ECTV, las 18 estaciones pequeñas ECTV a escala nacional. Las imprentas, las 4 unidades móviles, el patrimonio audiovisual generado, entre otros insumos de propiedad de los medios públicos. La venta puede menoscabar el derecho a la libertad de expresión de quienes todavía trabajan en los mismos”, dice parte del comunicado del organismo.

La medida cautelar que se solicita es “comunicar al Gerente de Medios Públicos en liquidación, al Gerente General de la Empresa Pública de Comunicación Ecuador EP y al Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que no se realice la venta o subasta de los activos de los medios públicos”. La razón de esta acción es que dicha subasta no debería adoptarse a solo dos meses de que culmine la gestión del actual Gobierno. Además, se pide que la medida esté vigente hasta el 24 de mayo de 2021, día en el que se producirá el cambio de gobierno.

Subasta en Medios Públicos

El pasado 9 de marzo, la Empresa de Medios Públicos en liquidación anunció la subasta del inventario de bodega.

«La empresa Medios Públicos invita a las personas naturales y jurídicas para que participen en el proceso de subasta del inventario de bodega. Cajas de papel, cartulinas, cajas de tinta e insumos de imprenta», explica un vídeo para difundir el proceso.  Los ítems a subastarse se encuentran en la bodega de Guayaquil en la calle Carlos Julio Arosemena kilómetro 1.5.

No es la primera subasta. El pasado 24 de febrero también se remataron los vehículos que eran propiedad de Medios Públicos. «Todoterreno, vehículos y motocicletas de su propiedad conforme lo prescrito en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los bienes públicos».

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“Con estos antecedentes, y debido a la situación jurídica que atraviesa la Empresa Pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador – Medios Públicos EP en Liquidación, la Representante Legal informa a usted, que a fin de dar cumplimiento a los Decretos Ejecutivos señalados anteriormente, debe dar por terminada la relación laboral al cargo de DIRECTOR EDITORIAL PERIODICOS, el mismo que lo desempeñará hasta el día de hoy  17 de marzo de 2021”, dice el documento.

Maldonado deberá presentar varios documentos como: Entrega del formato paz y salvo, con las respectivas firmas de responsabilidad. 2. Informe de Fin de Gestión aprobado por su Jefe Inmediato (anexo). 3.  Declaración Patrimonial Jurada de Bienes por Fin de Gestión (Contraloría General del Estado) (con fecha 17 de marzo de 2021) 4.  Entrega de credenciales y/o tarjeta magnética otorgados por la empresa. 5.  Entrega de bienes (con su respectiva acta de descargo).

Carla Maldonado y Medios Públicos

De acuerdo con su perfil en Linkedin, Maldonado ingresó a diario El Telégrafo en junio de 2019 y llegó al puesto de Directora del medio en enero del 2020. Entre sus títulos están: Máster en Estudios de la Recepción Mediática; Especialista Superior en Comunicación, Posgrado en Política Internacional, Licenciada en Comunicación. Trabajó como corresponsal en Italia-Diario El Comercio-; Diario Expreso, Diario El Telégrafo; Pública FM-Empezando el Día.

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«Todoterreno, vehículos y motocicletas de su propiedad conforme lo prescrito en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los bienes públicos», dice la información de la extinta empresa pública.

Las bases y condiciones están desde el 23 de febrero en la página https://subastas.mediospublicos.ec.

El fin de los medios públicos

La venta de los bienes de la empresa pública es la cereza en el pastel de destrucción de los Medios Públicos que empezó en mayo del 2020. Para el 24 de julio de ese añi, oficialmente despidieron a 509 empleados y, con ello, precarizaron el trabajo de los comunicadores.

De acuerdo a fuentes internas, De los 20 reporteros que existían en la sede Quito de El Telégrafo, tan solo quedó una periodista. Lo mismo ocurrió con los casi 15 periodistas que pertenecían al departamento de Noticias de Ecuador TV en Quito. Ahora, en ese espacio existe una sola periodista. Quienes aún continúan laborando en Medios Públicos deben sortear el sobretrabajo de cubrir diversas noticias en poco tiempo y cumpliendo con diversas plataformas.

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Tras 33 años de trabajo en el canal, Arnaza fue despedido. Se especulaba que se acogió a la jubilación, pero esta información ya fue desmentida.

“Al momento era una piedra en el zapato de la nueva administración porque no acepté firmar dos contratos para vincular a una locutora y un programa que se hará los domingos. Les señalé que ellos pueden traer a quien quiera al canal pero que asuman sus responsabilidades y no me la endosen para cuando aparezca Contraloría”.

Señala Armanza en un mensaje dirigido al equipo del medio.

Según las afirmaciones de Armanza, se insinuó que él solicitó su jubilación para esconder la verdadera razón de su salida. Para el exdirector, es una irresponsabilidad que en medio de la situación causada por el Covid-19, que incluyó despidos, se pretenda invertir en un nuevo proyecto, contratando más personal. Además, considera que su despido intempestivo se llevó a cabo sin considerar los 33 años de esfuerzo profesional dentro del canal.

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Al grito de “liquidaciones”, los exempleados de la empresa pública hacían sonar su cacerola frente al edificio. Los ciudadanos pidieron al Ministerio de Finanzas que entregue el monto destinado a sus pagos.

El 4 de septiembre pasado, también protestaron frente a las instalaciones de Ecuador TV. “El doctor [Edison] Toro (gerente de Medios Públicos) nos ha dado apertura. Él nos ha explicado que la situación de las liquidaciones. Burocráticamente ha hecho lo posible para que se gestionen los recursos para el pago. Está consciente de que el plazo venció el 24 de agosto, al cumplirse un mes de la liquidación. Una vez que Finanzas transfiera el monto, ellos tienen todo listo”, dijo una de las extrabajadoras, que agregó que el gerente no quiere «lavarse las manos» ante este pedido.

El 4 de agosto, un mes antes, los trabajadores protestaron en los exteriores del edificio de diario El Telégrafo en Guayaquil. Sus consignas estuvieron orientadas, sobre todo, al gerente de Medios Públicos Edison Toro y al ministro de Economía, Richard Martínez.

Antecedentes

500 trabajadores fueron despedidos el pasado 24 de julio en el proceso de liquidación de Medios Públicos (EP). La última vez que recibieron su salario fue el 23 de junio, correspondiente al mes de mayo.

El 80% de la plantilla de Medios Públicos salió de sus puestos. El proceso de liquidación como empresa pública dio paso a una nueva estructura en la que ahora trabajan alrededor de 109 personas. “Los medios de comunicación públicos no desaparecen, se transforman (…) El proceso consiste en la extinción de los medios públicos para optimizar la empresa. Los medios se consolidan como medios populares, inclusivos”, indicó Edison Toro en esa ocasión.

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Antecedentes

Son más de dos años en los que el Gobierno aún no ha pagado sus asignaciones pendientes con los extrabajadores de los Medios Públicos. Los manifestantes son extrabajadores de medios como Cablevisión, Unimasa, Super K-800. Así como, las revistas La Onda, El Agro, Samborondón, Costa y Valles. Ninguno de ellos ha recibido por completo sus liquidaciones y aportes del IESS, a pesar del descuento en el rol de pagosde que estos últimos fueron descontados de sus roles de pagos.

Mediante Decreto Ejecutivo 227, de noviembre del 2017, el Gobierno Nacional declaró a los medios incautados por el Estado como medios privados. Ellos pasaron a cargo de la Empresa de Medios Públicos. Esta empresa estatal debía ocuparse de los activos y pasivos de las empresas de comunicación, pero varias de ellas han entrado en proceso de liquidación y los sueldos y aportaciones no han sido cancelados hasta la fecha.

Eduardo Velarde, exgerente general de la empresa de Medios Públicos, compareció ante la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional el 22 de enero del 2020. Allí aseguró que se iban a pagar los montos pendientes con los extrabajadores, pero pidió más tiempo debido a las dificultades jurídicas por la administración de los medios incautados.

Pero la promesa sigue sin cumplir y Velarde ya no es parte de la Empresa Pública. Desde febrero pasado, varios extrabajadores realizan plantones simbólicos en los exteriores de TC Televisión en Guayaquil y en la Empresa de Medios Públicos en Quito. Ya han pasado dos años desde el proceso de liquidación de los medios públicos, y sus extrabajadores solo exigen lo que les corresponde por ley. (DR)

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500 trabajadores fueron despedidos el pasado 24 de julio en el proceso de liquidación de Medios Públicos (EP). La última vez que recibieron su salario fue el 23 de junio, correspondiente al mes de mayo.

El 3 de agosto, los trabajadores hicieron uso del Twitter para expresar su pedido y su descontento a través del hashtag #MiSueldoMiDerecho. La petición se convirtió en tendencia en Ecuador.

El gerente de Medios Públicos, Edison Toro indicó que los sueldos y liquidaciones se pagarán a tiempo, algo que no ha sucedido. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena no compareció frente a la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional alegando que esa no es su responsabilidad.

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La última vez que los trabajadores de los Medios Públicos vieron una remuneración a sus labores fue el 23 de junio de 2020. Para entonces, el pago correspondía al mes de mayo. Sin embargo, esta vez, tras dos meses más de trabajo, no han recibido contestación sobre su salario.

Frente a ello, los empleados optaron por las redes sociales para exigir el pago justo de los salarios. Entre ellos se encuentran las más de 500 personas despedidas el pasado 24 de julio. Incluso se encuentran personas que hace casi un año no reciben sus liquidaciones por los servicios prestados en su paso por la empresa.

Pero esta no será la única medida que plantearán los trabajadores. Para este martes 4 de agosto, prevén cumplir con el «Cacerolazo de la Dignidad» que se tratará de un plantón pacífico en los exteriores de Diario El Telégrafo en Guayaquil. La cita está prevista en la Avenida Carlos Julio Arosemena km 1 ½ a las 10:00.

«Más de 500 periodistas, personal administrativo y obreros de planta fueron despedidos el pasado 24 de julio sin recibir sus salarios. Entre los desvinculados hay personas que no se pueden jubilar por retrasos en las aportaciones al IESS. Existen personas en estado de vulnerabilidad y sin recursos para solventar el alimento diario de sus familias», explicaron en la invitación.

Incluso, dieron a conocer que sí hubo exigencias en torno a su trabajo, pero no han recibido respuestas sobre las dos remuneraciones pendientes. En conversación con Radio La Calle, periodistas informaron que según los directores, el pago de salarios está previsto para este miércoles 5 de agosto.

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«Si se toman medidas regresivas como el cierre de la empresa de Medios Públicos se generará responsabilidad para quienes tomaron esa decisión», advirtió Burbano. Esta responsabilidad, dijo, puede llegar desde cada uno de los afectados así como de la misma DPE.

Según Burbano, la Defensoría está analizando iniciar acciones constitucionales ante la Corte Constitucional como a jueces de instancia. La misión es defender los derechos de los trabajadores de Medios Públicos y de cada uno de los trabajadores despedidos el 24 de julio. Incluso, aclaró que podrán acudir a instancias internacionales por «la regresividad en el ejercicio de algunos derechos», alertó.

Violación a la Constitución

En su comparecencia, Burbano también apeló al trabajo de fiscalización de los asambleístas. Por ello, dijo que deben observar las decisiones contra los trabajadores y contra la ciudadanía en general. Esta postura fue respaldada por la legisladora Silvia Salgado, del Partido Socialista. «No podemos admitir un gobierno o un Estado que en plena crisis haya aprovechado el momento para debilitar el Estado y la institucionalidad pública», criticó.

Salgado, además, resaltó que el cierre de Medios Públicos viola la Constitución. Por ello, pidió que se demande la inconstitucionalidad de la decisión del cierre de la empresa comunicacional pública.

Importancia de Medios Públicos

Frente a la pandemia por Covid-19, el Ejecutivo planteó usar las plataformas de los Medios Públicos para transmitir la educación desde casa. La Defensoría aclaró que esta medida debió buscar el fortalecimiento de la empresa para cumplir con el derecho a la educación pública.

Por su parte, apeló a la Constitución para alertar que la misma estipula la existencia de medios de comunicación públicos y comunitarios. El fin consiste en respetar la doble dimensión del derecho a la libertad de expresión.

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Cuando se habla de los medios públicos que acaban de cerrar, hay que hacer una diferencia importante. Unos fueron públicos en su esencia, esto es, aquellos que correspondían a la necesidad que tiene todo Estado de poseer medios de comunicación para difundir de manera democrática y masiva contenidos de interés nacional. Otros, fueron los medios de comunicación incautados por el Estado desde 1999.

Hagamos un poco de memoria.

Antes de 1999 muchos medios de comunicación: canales de televisión, radios y periódicos, eran de propiedad de banqueros. Cuando quebraron los bancos, los medios de comunicación de propiedad de los banqueros quebrados, pasaron a manos del Estado para tratar de cubrir el hueco patrimonial que dejó cada entidad financiera.

No obstante, eso no pasó. A los medios públicos se sumaron entonces los medios incautados y se formó una especie de frente comunicacional del gobierno, que, con el tiempo y las aguas, se agruparon en un solo paquete llamado medios públicos.  Lo que no se pudo vender a tiempo, o no se quiso vender, con los años se convirtió en una carga pesada.  Estos días han sido despedidos cientos de empleados de los medios públicos entre personal administrativo, periodistas, camarógrafos, utileros, choferes, etc. 

No era necesario hacerlo de esta manera. Vender los medios incautados habría sido la mejor opción. Obviamente en un país de códigos, en un país decente. La otra alternativa era despedir pagando las indemnizaciones correspondientes a la antigüedad de cada trabajador. Pero no se hizo así. Había que liberar las frecuencias porque eso es lo que vale. Todo lo demás, es un pasivo que a nadie le interesa comprar, incluidas las contingencias laborales y tributarias.

En cuanto a los medios públicos propiamente dichos, su existencia está absolutamente justificada. El Estado debe patrocinar, en el sentido de auspiciar y financiar, la difusión de la cultura; contenido y entretenimiento de alto nivel, prescindiendo de lo comercial. Desaparecerlos es una regresión absoluta. Es renunciar a cumplir con el deber que tiene el Estado de educar; difundir cultura; y promover el conocimiento. Es claudicar en aras de los intereses bancarios y empresariales que, veinte años después, han resucitado para contaminar con su sesgo informativo a la opinión pública. Han vuelto para enfermar la democracia; encubrir la corrupción; y, para hacerlo, necesitan frecuencias.

En lo personal, creo que los medios públicos, esto es un canal de TV, una radio nacional y una agencia de noticias deben volver a operar en cuanto esta enfermedad de la democracia que es el gobierno de Lenin Moreno termine. Sin embargo, para que el proyecto de medios de comunicación públicos reviva, es necesario hacer una profunda autocrítica: los medios públicos no debieron ser usados jamás para difundir la obra del gobierno ni su ideología. Tampoco debieron usarse para agredir a los opositores políticos. 

Hay una interesante discusión de si el periodismo debe ser militante u objetivo. Dudo mucho que haya en el mundo un periodista objetivo, ajeno en su actividad profesional a su forma de pensar, su cosmovisión, su ideología e incluso sus creencias religiosas. Por lo tanto, en mi opinión, más que la objetividad, debe buscarse calidad, veracidad y especialidad en los contenidos.  En este contexto, los medios públicos son una gran herramienta democrática que permite a la sociedad acceder a aquella información que los medios de comunicación corporativos pueden sesgar dados los intereses de sus dueños o auspiciantes. 

En este gobierno se ha comprado la complicidad de la prensa corporativa frente a la corrupción y la represión con frecuencias y pauta oficial. Y al silenciarse los medios públicos, la consecuencia es que queda la vía libre para que una sola voz pueda manipular a su antojo a la opinión pública. Por cierto, esta voz de los medios corporativos, es la voz de la banca y de los políticos corruptos. 

Es verdad que los medios digitales se mantienen militantes; pero también es verdad que no se han masificado; y, por ende, su grado de penetración en la opinión pública es menor.

Defender los medios públicos, es defender la democracia.

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Este jueves, periodistas de El Telégrafo confirmaron a Radio La Calle que recibieron una llamada personal por parte de Maldonado. Ella también funge como directora del medio público. La misión: «saber si quiero quedarme a seguir trabajando o prefiero que me liquiden de una vez».

La llamada telefónica de Maldonado fue dirigida únicamente a aquellos periodistas que no se encuentran tildados como «correístas» por ella mismo.

Es por eso que, según los empleados de El Telégrafo, las llamadas telefónicas no llegaron a aquellos funcionarios que no pertenecen al círculo cercano a Maldonado. Entre los excluidos están aquellos que presentaron denuncias por acoso laboral contra la directora.

El mayor número de personas que se acogieron a la opción de liquidación llegó desde la redacción de Guayaquil.

Desacato al Ministerio de Trabajo

El 27 de mayo de 2020, el Ministerio de Trabajo emitió el Acuerdo Ministerial MDT-2020–0119. En él, ordenó que, para las desvinculaciones de los colaboradores de las instituciones en proceso de supresión, los directivos deben considerar tres puntos.

El primero a tomar en cuenta gira en torno a las evaluaciones de desempeño: serían desvinculados los trabajadores que tengan una calificación porcentual igual o inferior a 89.99%.

El segundo punto se refiere a los contratos de servicios ocasionales. Los directivos deben liquidar a los servidores que mantengan contratos bajo la figura de servicios ocasionales.

Finalmente, el Ministerio de Trabajo también ordenó que liquiden a los empleados que mantengan nombramiento provisional.

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Según Holguín, este proyecto “podría estar incumpliendo el artículo 55 del Código del Trabajo” además de que ya “ha generado preocupación en los trabajadores de los medios públicos, pero también en los trabajadores de la comunicación a nivel nacional”.

El artículo 55 del Código del Trabajo se refiere a la remuneración por horas suplementarias y extraordinarias. Donde se explica que, la jornada de trabajo podrá exceder por una hora más, con la remuneración y los recargos correspondientes. Así como también que, la jornada nocturna, entendiéndose por tal la que se realiza entre las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho a igual remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento.

Por lo tanto, el proyecto del que se habla estaría infringiendo este artículo en la medida en que pretende que los empleadores de los medios públicos cumplan turnos con horas extra, jornadas nocturnas y fines de semana, por el mismo pago.

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