La iniciativa surge tras documentarse 71.270 procesos judiciales por delitos sexuales entre agosto de 2014 y mayo de 2025. El informe resaltó que uno de cada cinco casos (22%) involucró a niños, niñas y adolescentes.

Según el documento al que accedió La Calle, el Ejecutivo fundamenta la medida en datos alarmantes: 6 de cada 10 víctimas de violación en Ecuador son menores de edad. El texto subraya fallas institucionales que han normalizado la impunidad, pese a que el 97% de los casos se denuncian ante la Fiscalía.

Detalles de la propuesta:

1. Castración química: Aplicable a toda persona con «sentencia condenatoria ejecutoriada por violación», aunque el contexto enfatiza su uso para proteger a menores.
2. Registro reservado: Busca impedir que condenados trabajen en escuelas, transporte infantil o centros de salud.

El gobierno citó experiencias internacionales: Chile y Colombia con registros de inhabilitación, e Indonesia y siete Estados de EE.UU. con castración química para agresores de menores. Destacó estudios que señalan una reducción de reincidencia al 2%-5% tras intervenciones médicas, frente a tasas cercanas al 50% sin ellas.

Trámite constitucional

La propuesta fue enviada a la Corte Constitucional el 11 de julio. De ser admitida, requerirá aprobación de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo argumenta que el sistema judicial actual es «insuficiente» ante patrones de reincidencia, agravados por el crimen organizado que usa violencia sexual «para dominación o reclutamiento».

Aquí la propuesta de la reforma:

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El hecho se produjo el 11 de diciembre a las 21h00 en el sur de la ciudad. Según testigos, varios sujetos dispararon en contra de una vivienda que alojaba a una familia cristiana de seis integrantes. Todos fueron heridos de gravedad.

»Lamentablemente fallecieron cuatro menores de 5 meses, 3 años, 5 años y 7 años. La madre se encuentra con un pronóstico reservado en el hospital», informó el comandante de la Zona 8, Víctor Herrera.

Agregó que la Policía se percató el hecho violento no iba dirigido a ese familia sino a la casa adyacente. Los uniformados allanaron el domicilio y encontraron alrededor de 40 mechaletas que eran utilizadas para ataques con explosivos. Herrera resaltó que la institución necesita cambios urgentes en las leyes para combatir la delicuencia. (AGM)

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Pesé a que la problemática es grande y de preocupación total, el Estado no ha brindado mayor garantía para cuidar a los niños, niñas y adolescentes del país. El conflicto para detener a los implicados en estes actos es que en la mayoría de casos, los afectados enfrentan dificultades para denunciar el hecho por miedo a represalias o a que nadie les crea.

Cada 14 de agosto, en el país se conmemora la lucha contra la violencia sexual en las aulas. Esta fecha se conmemora desde el 2021 tras la sentencia de reparación en el caso Paola Guzmán Albarracín. Durante el gobierno de Lenin Moreno, el Estado ecuatoriano aceptó su responsabilidad tras la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH).

Según un estudio de la Unicef (2020), 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida. De esta cifra, varias de ellas sufrieron esta agresión mientras asistían a sus instituciones educativas. Sin embargo, las mujeres no han sido las únicas víctimas de este delito, ya que también hay casos de hombres que denuncian este hecho.

Las denuncias por este delito son mínimas, ya sea por el proceso difícil de aceptación, por las trabas en los establecimientos o por el silencio de los infantes.

En los últimos años, los sucesos por violencia sexual han aumentado, aunque en varios de estos acontecimientos la sentencia tarda. Uno de los últimos casos fue el de una institución al norte de Quito, que permitió la agresión a más de una docena de niños de entre 3 y 5 años por parte del conserje.

Expertos recomiendan que los padres de familia estén alertas a los cambios de humor de sus hijos. Asimismo, que los representantes deben crear un espacio seguro y de confianza para que el menor comente lo que le sucede.

El caso de Paola Guzmán Albarracín

En 2002, Paola Guzmán Albarracín de 16 años se suicidó tras enterarse que estaba embarazada de su agresor sexual, quien la obligó a abortar. La víctima fue abusada durante dos años por el vicerrector de su institución en Guayaquil.

Sin embargo, la sentencia de reparación le tomó a la familia 18 años, pues en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que Guzmán se quitó la vida por sufrir violencia sexual en su institución educativa. La CIDH falló en contra del Estado ecuatoriano.

En las resoluciones de esta sentencia está que el Ecuador debe tener estadísticas actualizadas por este delito. Además, que debía implementar programas de orientación, asistencia y apoyo a víctimas de violencia sexual en las aulas. Asimismo, se debía promover un plan de educación sexual y reproductiva para los menores de edad. (DCJ)

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La UNE responsabilizó al gobierno del presidente, Guillermo Lasso porque se va sin resolver el problema de la deserción escolar. «Meses atrás advertimod y presentamos propuestas para solucionar este conflicto en el país», reza el documetno.

Los datos

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de julio 2022, 195.188 infantes de entre 5 y 17 años abandonaron sus estudios para trabajar y ayudar económicamente en sus hogares, debido a la pobreza.

Asimismo, hasta diciembre de 2022, el INEC registró que 300 adolescentes eran privados de libertad (PPL), lo que representa el 1% del total de presos. La Policía Nacional explicó que estas cifras demuestran que los menores de edad abandonaron la educación para unirse a bandas delictivas.

Entre enero y junio del año actual, 1,326 niños y adolescentes, de edades comprendidas entre 12 y 17 años, fueron detenidos por estar relacionados con delitos como tenencia ilegal de armas, sicariato, microtráfico y robo, entre otros, según la Policía.

El dato subraya que el abandono escolar y la pobreza son factores que llevan a jóvenes a delinquir, pues más de 53,000 alumnos no se inscribieron para el año lectivo 2022-2023. Además, 192 menores de edad han perdido la vida debido a la guerra entre mafias.

El pedido de UNE

Desde UNE, se exige que se deje de enfocar en el diagnóstico y se actúe con acciones concretas. «La única forma de que niños y adolescentes regresen a las aulas es brindando cuidado a su salud», redactaron.

Además, se debe proporcionar a los menores de materiales de estudio, alimentación y espacios educativos seguros y libres de violencia. «Se debe generar oportunidades de empleo para sus padres», es otra alternativa que proponen. (M.W.)

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El 16 de noviembre, Emerson de 13 años almorzaba en un restaurante cerca de la peluquería de sus padres. Tras un ataque de balas al local, dos proyectiles en su abdomen y cabeza le quitaron la vida.

“Escuché los disparos, pero nunca imaginé que mi hijo estaba adentro. Cuando salí a la calle, vi gente alrededor. Un señor me dijo: ‘Tu hijo, tu hijo, está en el piso’, salí corriendo y lo subí en un taxi. Lo llevé al Hospital Universitario, pero por la gravedad lo derivaron al Francisco de Icaza. Allí murió minutos después de su ingreso’’, dijo el padre del menor, Wilson a Diario El Expreso.

Según el jefe del distrito Pascuales, Víctor Molina, el blanco de los criminales era el dueño del comedor, Yandri Párraga, quien está herido de gravedad. Sin embargo, en el atentado resultó herido el menor de edad.

Otro caso…

Siete horas después de esta tragedia, una bebé fue herida de bala en la parroquia Pascuales. Dos sujetos en moto arremetieron contra una joven de 19 años, quien llevaba a su hijastra de dos meses en brazos. En el suceso también fue víctima un adulto mayor.

La viabilidad del plan ‘Escuelas Seguras’

Estos casos son una muestra de la violencia de la que son víctimas los menores de edad. El estado de excepción durará hasta el mes de diciembre. Solo en la Zona 8, más de 15 mil alumnos de 37 escuelas particulares reciben clases virtuales.

En rueda de prensa, las autoridades estatales manifestaron que es fundamental que los alumnos vuelvan a clases presenciales. Para ‘garantizar’ su seguridad promovieron el plan ‘Escuelas Seguras’.

La iniciativa promete el patrullaje policial alrededor de las instituciones educativas que estén en zonas de conflicto. Además de la presencia de cuatro a seis uniformados fuera de los planteles desde el inicio hasta el final de la jornada escolar. Desde el ECU 911, se implementarán cámaras colocadas de manera estratégica. (A.G.M).

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El Servicio Integrado de Seguridad ECU 9-11 informó que la alerta ingresó a las 13:25 de este viernes. El incidente provocó que tres menores de edad resultaran afectados. Además, información preliminar menciona que los menores salieron expulsados aproximadamente 15 metros cayendo sobre un auto.

A su vez, Bomberos de Quito comunicaron que un menor de edad fue trasladado al hospital Un Canto a la Vida, ubicado en el sur de la ciudad, para su estabilización debido a su condición de salud. Los menores sufrieron varias contusiones y uno de ellos una fractura en el brazo derecho.

El parque de diversiones se encuentra en las calles Línea Férrea y Leónidas Dublés S52. Miembros de la policía acordonaron el lugar. Además, funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) acudieron al sitio.

Según reportes, el parque de diversiones funcionaba sin permisos, por lo que las autoridades buscan al responsable.

En las imágenes compartidas por el Cuerpo de Bomberos se observa al juego mecánico inclinado hacia un costado sobre fierros doblados.

Redes Sociales

Ante el suceso, varios usuarios en Twitter comentaron sobre la falta de control del Municipio en dichas áreas.

“Está más que claro que el Municipio de Quito nunca controla nada, ellos dan permisos de funcionamiento sin siquiera ir a darse una vuelta para ver q mismo están aprobando. Plata botada», declaró André Arévalo, en su cuenta de Twitter.

“Cualquier hijo de vecino ve un terreno vacío y se monta unos juegos mecánicos y el Municipio de Quito bien gracias”, dijo Patricio Andrade.

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